Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140155
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.155-RC, "Franco, Liliana María Magdalena s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley en causa n° 125.272 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento dictado el día 24 de octubre de 2023, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro de fecha 10 de abril del mismo año, que condenó a Liliana María Magdalena Franco a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autora del delito de homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación (art. 80 último párr., Cód. Penal).
Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 1-XI-2023), que fue declarado parcialmente admisible por resolución del tribunal intermedio del día 29 de noviembre de 2023 (v. resol. digital), sin que contra ello se hubiese deducido queja (v. informe de 28-XII-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 9-IV-2024), dictada la providencia de autos (10-IV-2024), presentada la memoria por parte de la defensa oficial (v. escrito digital de 21-IV-2024) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Como se indica en el relato de antecedentes, la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley fue concedida parcialmente para el abordaje de la denuncia de infracción a la ley sustantiva (art. 34 inc. 6, Cód. Penal), sin que la defensa articulara contra ello queja (v. informe de 28-XII-2023). Con tal extensión será abordado el reclamo.
I.2. El señor defensor oficial sostiene que su asistida fue víctima de violencia de género por parte de Ubaldo Daniel Mareco y que, en ese contexto, la violencia contra la mujer debió ser entendida como una agresión ilegítima en los términos del art. 34 inc. 6 apartado "a" del Código Penal.
Destaca la presencia de diferentes factores de vulnerabilidad en cabeza de Liliana Franco: mujer, pobre, que se prostituía para vivir, a quien se le suicidó una hija, con un cuadro de consumo problemático de sustancias psicoactivas y que fue víctima de un delito contra la integridad sexual y de violencia de género. Nota que este último factor (víctima de violencia de género) está respaldado por el testimonio de Brenda Agüero, quien dio cuenta de que en ocasiones Mareco iba al lugar donde Franco se prostituía, la golpeaba y le quitaba el dinero, siendo que en varias oportunidades la vio con los ojos morados y marcas de agresión.
Entiende que los únicos elementos que aportan algo valioso sobre la dinámica del hecho son las declaraciones de las personas que se presentaron en el lugar inmediatamente después, y según ellos Franco sostuvo que su accionar fue realizado creyendo que iba a ser agredida por Mareco. Es decir que esta versión de lo ocurrido Franco la sostuvo desde el momento mismo del homicidio, y no hay ningún elemento de prueba que se contraponga a ella, salvo que se oriente el accionar judicial mediante estereotipos de género.
Según la defensa, primero se creó una imagen estereotipada de Liliana Franco como una mujer agresiva —mediante testimonios de familiares y allegados de la víctima— y, luego, haciendo hincapié únicamente en eso, se descartó la hipótesis de la defensa, a pesar de que tenía mayor fuerza probatoria que la presentada por la acusación.
Expone que hay dos declaraciones que abonan la violencia de género (la de la acusada y la de Brenda Agüero), y que los peritajes psicológicos también podrían haberse interpretado en ese sentido.
Cita el fallo "R., C. E." de la Corte federal, donde se afirmó, entre varias cuestiones, que la violencia basada en el género debe entenderse como una "agresión ilegítima" en los términos del art. 34 inc. 6 del Código Penal y que la "inminencia" debe ser considerada desde una perspectiva de género.
Finalmente, reclama que, de no compartirse la solución propiciada, se debe aceptar que existió un error de prohibición indirecto, pues aun cuando se entienda que no medió agresión ilegítima, el carácter cíclico de la violencia de género debió conducir a interpretar que Franco obró convencida de que tal agresión era inminente. Y no podía exigírsele a la nombrada tomar recaudos para advertir el error, por estar inmersa en una situación límite.
Hay que decir que la defensa parte de considerar que no está en discusión la presencia de dolo homicida, al menos eventual, puesto que —según expresa en la impugnación— ello no interfiere con la aplicación de las causales de justificación o exculpación propiciadas.
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso.
III. La señora defensora oficial a cargo interinamente de la Defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, acompañó memoria en favor de su asistida (art. 487 párr. tercero, CPP).
IV. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador, el reclamo no progresa.
Preliminarmente, detallaré el derrotero del caso.
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro tuvo por acreditado que "…el día 12 de enero de 2020 siendo las 23:30 horas aproximadamente, en las inmediaciones de la finca ubicada en la calle Eva Perón nro. 865, de la localidad de Villa Rosa, partido del Pilar, Provincia de Buenos Aires, una persona del sexo femenino, con claras intenciones de provocar la muerte de su ex pareja, Ubaldo Daniel Mareco, le hincó un cuchillo —del tipo campo de aproximadamente 24 cm. de largo— en su pierna izquierda, generando así una herida letal y minutos posteriores, al ingreso en el nosocomio local, fue constatado su óbito".
El tribunal encontró a Liliana María Magdalena Franco autora del delito de homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación (art. 80 último párr., Cód. Penal). Las circunstancias extraordinarias se fundaron en el cuadro psiquiátrico y psicológico de la acusada, así como en la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encontraba.
En efecto, los señores jueces dijeron que "...teniendo en cuenta el estado psicológico de Franco al momento del hecho, sus características de personalidad y dinámica vincular, no parece descabellado sostener que dichos factores actuaron como agentes posibilitadores e impulsores del comportamiento desarrollado por la misma, si bien no caben dudas [de] que comprendió cabalmente la criminalidad de su conducta y dirigió sus acciones en consecuencia". En otras palabras, sin excluir la imputabilidad y el dolo, les asignaron a tales factores la capacidad de reducir el ámbito de determinación de la autora y consecuentemente la reprochabilidad de su conducta y el grado de culpabilidad.
Sostuvieron —con cita de doctrina— que "...las circunstancias extraordinarias de atenuación pueden surgir en forma simultánea con el hecho o ser preexistentes, en cuyo caso pueden desarrollarse en un plazo corto o largo", y que "...pueden originarse en la relación que la víctima mantiene con el sujeto activo, proceder de la misma víctima o incluso surgir de circunstancias relativamente extrañas a las relaciones personales". En general, "...deben ser situaciones injustas, dolorosas, reprochables, difíciles de asimilar o justificar y que han sido sufridas por el autor del homicidio en forma directa o indirecta, y que frente a cada caso concreto ameritan la atenuación de la pena".
En ese sentido, los magistrados ponderaron los resultados del examen psiquiátrico de la acusada, del cual se desprende que "denota inestabilidad", que se trata de una adulta joven que cuenta "...con el antecedente de inestabilidad afectiva y consumo de sustancias psicoactivas, por lo que requirió tratamiento psiquiátrico", que muestra "...un patrón conductual desadaptativo desde la adolescencia temprana, con una muy baja tolerancia a la frustración, frecuentes episodios de descontrol impulsivo, incurriendo en conductas promiscuas", con un "conflictivo" desarrollo de su historia vital y el consiguiente deterioro de las relaciones familiares.
Tuvieron en cuenta, además, la existencia de una personalidad "...organizada anómalamente, con posibles experiencias negativas en su infancia y adolescencia temprana", y que tuvo "...dos intentos de suicidio en la adolescencia mientras residía en la Pcia. de Entre Ríos", lugar del cual emigró a los veintisiete años, "...escapándose de una relación de pareja que la forzaba al ejercicio de la prostitución, medio de vida que continúa ejerciendo hasta la actualidad y que comenzó a sus 13 años de edad, como forma, según expresara, de 'ganar dinero rápidamente'".
También calibraron los resultados del examen psicológico, del cual surge la presencia de "...indicadores de una hipertimia de características displacenteras compatibles [con] un cuadro depresivo de grado grave asociado a riesgo suicida, reactivo a la pérdida de su hija" (que se quitó la vida con posterioridad al hecho juzgado, el 19 de enero de 2021), e "...indicadores de una significativa crisis que se refleja en signos de vivencias de daños, relaciones traumatizantes o persecutorias, altos índices de ansiedad paranoide asociados a situaciones que despiertan en la examinada temor y preocupación, junto a la presencia de afectos displacenteros condicionados por las especiales circunstancias biográficas".
En definitiva, se entendió que "...las condiciones personales y familiares —adicción crónica a las drogas (cocaína), ejercicio de la prostitución como único medio de vida, suicidio de una hija adolescente, y relaciones afectivas signadas por la violencia, el abandono y la desprotección— deben inevitablemente ser evaluadas como originadores de la mentada atenuación a la hora de interpretar y juzgar" el hecho atribuido a Franco, quien "...creció y se desenvolvió durante gran parte de su vida en un contexto de vulnerabilidad que se mantuvo como una constante".
Vista la calificación legal asignada, descartadas las eximentes y causales de justificación, y merituada una pauta atenuante, el tribunal fijó para Liliana Franco la pena de catorce años de prisión.
IV.2. Contra lo resuelto, la defensa oficial interpuso recurso de casación. Se quejó por lo que entendió fue una errónea subsunción de la conducta de Franco en el art. 80 inc. 1 del Código Penal y por la no aplicación de la causa de justificación de legítima defensa (art. 34 inc. 6, Cód. cit.).
Dijo que no existió dolo directo de matar, y que se valoraron como certeras todas las declaraciones testimoniales del entorno de Mareco (sus hermanas, su cuñado, hijas, yerno, amigo), pese a que la familia no estaba de acuerdo con su relación con la acusada, porque ella era prostituta, lo que explica la escasa simpatía que le tenían.
A su vez, detalló ciertas contradicciones entre los testimonios de cargo, y consideró que ellas incidían no solo en la credibilidad de las personas allegadas a Mareco, sino que también daban cuenta de la intención de poner a Franco en una situación de acoso respecto de su expareja.
Cuestionó que se le haya dado tanto crédito a la familia y al entorno de Mareco, "...que parecen no tener problema alguno en mentir para perjudicar a Franco". Señaló que por más que se quiso instalar la versión de que tras la separación era Franco quien insistía en reunirse con Mareco y que aquel no quería verla ni hablar con ella, lo que no se explica es por qué el día que se produjo el deceso fue Mareco quien se presentó en la vivienda de Franco.
En suma, la defensa entendió que la valoración parcial de la prueba impactó en el análisis del dolo homicida.
De igual forma, criticó el descarte de los testimonios de Franco y de Brenda Agüero, que daban cuenta de una situación de violencia de género preexistente. Dijo que no era lógico descreer de la acusada, "...quien señaló que no tuvo intención de matarlo, que estuvieron peleando, discutiendo (como era común según los dichos del entorno) y que, en la creencia de que Mareco iba a pegarle una patada, tomó un cuchillo que tenía en el piso, puesto que estaba comiendo en la vereda, y para defenderse le lastimó la pierna a aquel. Es decir, no le dio un puntazo en cualquier parte del torso para afectarle un órgano vital. No, fue en la pierna, porque veía venir una patada, ocurriendo la desgracia de que cortó la arteria femoral de Mareco".
Destacó que no podía exigirse a su asistida, sobre todo por su comprobada situación de vulnerabilidad, el conocimiento sobre la ubicación de la arteria femoral. "Lo más probable desde el punto de vista del sentido común de una persona media es que si tiene la intención y la voluntad de matar y tiene un cuchillo en la mano le aplique cortes o puntazos direccionados a los órganos vitales, fácilmente ubicables en el sector del tórax, sin necesidad de saber demasiado de anatomía humana. Pero ello no fue así, Liliana creyó que le iban a pegar una patada y se defendió golpeándole una pierna a quien veía como su agresor. Todo en un contexto de consumo de cocaína, cuya condición de adicta fue acreditada en el proceso. Si a esto sumamos que, al ver a Mareco que se caía y sangraba, Franco se fue a lavar las manos a su casa para tomar su celular, dejó allí el cuchillo en la misma bacha de la cocina donde se lavó, tomó el teléfono y pidió ayuda al 911 en tres ocasiones; lejos está dicha situación de constituir indicios que permitan valorar su acción como contenedora de un dolo directo de matar a su ex pareja".
A continuación, apreció como determinante el relato de los dos vecinos, María Alejandra Ferreyra y Leandro Emanuel Daniele, que vieron a Franco parada al lado de un hombre (Mareco) pidiendo auxilio, llorando y gritando. Incluso, Daniele vio y escuchó que un grupo de personas se acercaron a Franco, le preguntaron qué había pasado y ella les respondió que "él le quiso pegar una patada".
Recordó que el tribunal descreyó del relato de Franco con el argumento de que si los testigos escucharon sus gritos de auxilio entonces también deberían haber escuchado la pelea y discusión previa a la que ella aludió, de modo que, si no la escucharon, la pelea no existió. Sin embargo, la defensa caracterizó este modo de razonar como arbitrario y parcial, pues "...hay innumerables circunstancias por las cuales pudieron no haber oído la discusión previa" (el tono de voz, que uno de los testigos estaba viendo la televisión).
También trajo a colación el testimonio de la policía Brenda García, la primera en tomar contacto con Franco y a quien ella le expresó —a instantes de ocurrido el hecho— que estaba sentada en la vereda, que pensó que el hombre la iba a agredir y que lo hincó con un cuchillo. Añadió que en el juicio se había acreditado, con el relato de una vecina de nombre Clara Méndez, que era frecuente que Franco estuviese sentada en la vereda, y que incluso comiera allí.
Luego, la defensa reparó en que el informe de autopsia es compatible con el relato de Franco, en particular cuando describe que la trayectoria del arma blanca fue "levemente de abajo hacia arriba" (pues Franco dijo que estaba sentada, que se acercó Mareco y que tomando el cuchillo del suelo se lo hincó en la pierna).
A fin de cuentas, afirmó que Franco tuvo dolo de lesionar a su agresor, no de matarlo: lo que quiso hacer fue herir a Mareco en la pierna para evitar recibir una patada de su parte. Y que —por ende— el caso, desde el punto de vista jurídico-penal, debía resolverse aplicando el instituto de la legítima defensa por la agresión previa ilegítima de parte de Mareco (art. 34 inc. 6, Cód. Penal).
Volvió sobre la prueba para señalar que, contrariamente a lo que sostuvo el órgano de grado, sí hay otros elementos, además de la versión de la acusada, para acreditar la existencia de una agresión ilegítima. En concreto, el intercambio que escuchó el vecino Daniele entre Franco y los paseantes, ocurrido minutos después del hecho.
Como hipótesis subsidiaria, la defensa pidió la calificación de la conducta como una legítima defensa putativa. Sostuvo que si bien en el juicio se había inclinado por peticionar un exceso en la legítima defensa (art. 35, Cód. Penal), un nuevo estudio de la cuestión la convencía de que la solución jurídica más adecuada era la del error de prohibición. Pues de considerarse no probada la agresión ilegítima por parte de Mareco, el error que Franco tuvo fue sobre la concurrencia de ese presupuesto objetivo de justificación. "Liliana creyó estar defendiéndose, recuérdese que se encontraba sentada en la vereda, era ya tarde en la noche, estaba comiendo, cuando arribó Mareco y comenzaron a discutir. A este respecto, Franco expresó que aquel le tiró del pelo y le manifestó que la iba a matar 'a patadas' [...] Cuando se hallaba en esa situación, con este hombre parado y muy cerca suyo, cualquier movimiento que hubiera realizado el mismo, luego de haberla amenazado [con] matarla 'a patadas', tendría que haber sido interpretado como un comienzo de ejecución de la agresión mediante la modalidad anunciada".
Frente a las circunstancias en que ocurrieron los hechos, la parte consideró que ese error era inevitable, por lo cual correspondía la eliminación del estrato de la culpabilidad y la absolución de Franco (art. 34 inc. 1, Cód. Penal).
Asimismo, postuló que las condiciones de vulnerabilidad de su defendida, que fueron consideradas para la atenuación extraordinaria de la pena —erróneamente, a su parecer—, podían ser valoradas para interpretar que Liliana Franco efectivamente creyó ser agredida aquella noche.
Cerró el recurso solicitando la absolución de su defendida o, en subsidio, la aplicación del mínimo de la escala penal, a la luz de la falta de antecedentes penales, el cuadro psiquiátrico y psicológico que registra, y la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encuentra (con cita de los arts. 40 y 41, Cód. Penal).
IV.3. La Sala I del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso articulado por la defensa y confirmó la sentencia de condena.
Dijo que en el juicio se enfrentaron dos hipótesis: por un lado, la señora fiscal sostuvo la acusación del modo en que finalmente quedó plasmada en la materialidad ilícita —aunque sin considerar las circunstancias extraordinarias de atenuación— y, por el otro, la señora defensora adujo que el obrar de Franco se encontraba justificado por haber actuado en legítima defensa o, en subsidio, en un exceso en el ejercicio de la legítima defensa.
Notó que los jueces del debate descartaron la hipótesis defensista por no haberse acreditado la existencia de una agresión previa de la víctima —como primer requisito para el andamiaje de la causal de justificación alegada— ni tampoco el contexto de violencia de género invocado por Franco, que evidenciaría una situación general de peligro. Para eso, analizó las distintas declaraciones de la acusada a lo largo del proceso.
En la etapa anterior al juicio —y por escrito— Franco dijo que no había querido matar a Mareco, sino que lo sucedido había sido consecuencia de su excesivo consumo de cocaína ese día: como siempre discutían y en algunas oportunidades él le había pegado, cuando insinuó que le iba a dar una patada, ella tomó el cuchillo que estaba en el suelo y extendió el brazo para defenderse, provocando la lesión en la pierna sin intención de matarlo.
A su vez, en
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