Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140374
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.374-RC, "D'Gregorio María Laura E. —Fiscal Adjunta interinamente a cargo de la Fiscalía de Casación—. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 124.437 del Tribunal de Casación penal, Sala IV, seguida a Chaparro, Roberto Marcelo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño, Mancini, Bouchoux.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Juzgado de Garantías n° 6 del Departamento Judicial de General San Martín, a través del pronunciamiento dictado el 19 de diciembre de 2022, declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Roberto Marcelo Chaparro, en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y la edad de la víctima, ocurrido el 19 de marzo de 2007 en la localidad y partido de San Miguel en perjuicio de A. D. M. y, en consecuencia, dispuso el sobreseimiento del nombrado en relación con ese delito. Dicha resolución fue confirmada por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental (v. resol. digital de 17-III-2023).
Disconforme, el Ministerio Público Fiscal dedujo un recurso de casación que fue rechazado por el Tribunal de Alzada el 11 de abril de 2023; ello motivó la interposición de queja ante el órgano intermedio.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, por sentencia dictada el 9 de noviembre de 2023, en lo que importa destacar para la solución del caso, abordó la queja fiscal y la rechazó por improcedente (v. sent. digitalizada).
Contra lo así resuelto, la señora fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 22-XI-2023), que fue declarado admisible por resolución de 29 de diciembre de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 12-IX-2024), dictada la providencia de autos el 16 de septiembre de 2024 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En primer término, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio se denunció que el Tribunal de Casación realizó un juicio erróneo sobre la legitimidad recursiva del Ministerio Público Fiscal; incurriendo en absurdo y arbitrariedad por interpretación y aplicación irrazonable de una norma, que la desnaturaliza.
Afirmó que la decisión de declarar mal concedido el recurso de casación es arbitraria por contener una fundamentación aparente y por haber realizado una remisión al fallo "Colman" —causa P. 117.199 de esta Suprema Corte— que estimó equivocada.
Consideró arbitraria la interpretación realizada sobre los arts. 448, 450 y 452 del Código Procesal Penal con vulneración al debido proceso y a la correcta administración de justicia. En sustento de su postura, citó el fallo "Arce" de la Corte federal.
Argumentó que la condición de parte que ostenta el fiscal para intervenir en la determinación de la vigencia de la acción penal le permite impugnar también la decisión desfavorable que se adopte al respecto, más si se invocó una cuestión federal con la suficiencia y carga técnica necesarias; por lo tanto, aseguró que la fundamentación aparente y descontextualizada efectuada por la Casación restringió el alcance que debe tener el recurso con relación a las cuestiones federales planteadas por la acusación, las cuales en el caso estaban vinculadas con el control de convencionalidad.
Reiteró que los planteos desarrollados imponían su tratamiento por parte del Tribunal de Casación, como único modo de que la cuestión pudiera ser luego sometida a conocimiento de esta Corte.
I.2. También denunció arbitrariedad del fallo casatorio y un tránsito aparente por esa instancia con relación a la aplicación del régimen de prescripción de la acción penal previsto en el Código de fondo, en tanto el tribunal revisor debía constatar si dicho régimen armoniza con la normativa constitucional e internacional reclamada, en tanto el caso involucra a una víctima de violencia sexual que merece especial consideración por su condición de mujer y niña.
Señaló que el plazo máximo de doce años que estipula el Código Penal debe necesariamente empezar a contarse desde que la víctima menor de edad pueda ejercer la acción correspondiente en virtud de lo dispuesto por el art. 72 del mismo cuerpo legal.
Apreció que la interpretación postulada por la Cámara departamental y convalidada por la Casación desnaturaliza la jurisprudencia convencional y la obligación de juzgar el caso con perspectiva de género y de infancia. Asimismo, dijo que normas de inferior jerarquía —en el caso, las vinculadas con la prescripción de la acción penal— no pueden ser invocadas para incumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en esta materia.
I.3. Finalmente, denunció arbitrariedad por autocontradicción y afectación al debido proceso legal (art. 18, Const. nac.), ello en tanto los jueces de Casación sostuvieron que la queja era improcedente y a la vez —solapadamente— se expidieron sobre el fondo de la cuestión, al afirmar que lo resuelto "constituye derivación razonada del derecho vigente". Aunque aclaró que, a su parecer, esa opinión sobre el fondo fue "superficial" e "irrazonable".
Por todo lo expuesto, consideró que la falta de fundamentación adecuada permite descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido, pues la decisión del Tribunal de Casación afectó la garantía del debido proceso.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo (v. dictamen digital de 12-IX-2024).
III. Coincido con lo dictaminado.
IV. De manera liminar, cabe efectuar una reseña del derrotero procesal de la causa.
IV.1. Como se reseñó en los antecedentes, el Juzgado de Garantías n° 6 del Departamento Judicial de General San Martín resolvió declarar la extinción de la acción penal por prescripción y sobreseer a Roberto Marcelo Chaparro en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y la edad de la víctima, ocurrido el 19 de marzo de 2007 en San Miguel en perjuicio de A. D. M. (arts. 59 inc. 3, 62 y 67 en sentido contrario, Cód. Penal y 323 inc. 1, CPP).
IV.2. A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías departamental abordó el recurso fiscal y lo rechazó, confirmando el auto atacado.
Para así resolver, consideró que la solución que había postulado ese ministerio, análoga con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, además de no estar legislada resultaba contraria a los principios pro homine, irretroactividad de la ley penal y juzgamiento en plazo razonable; a su vez, destacó la falta de similitud del caso con el precedente Bulacio vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, invocado por el recurrente para demostrar la violación del derecho de acceso a la justicia.
Sostuvo que la solución propuesta por la fiscalía (computar como evento de inicio del curso de la prescripción la fecha en que la víctima realizó la denuncia), exhibía dos aspectos que la tornaban inabordable: a) que la operatividad del instituto de la prescripción, que en nuestro ordenamiento es de orden público, dependería exclusivamente de la voluntad de la víctima; b) la falta de sistematicidad de la solución propuesta con los criterios imperantes para llenar lagunas legales.
Por otro lado, desechó la posibilidad de realizar un control de convencionalidad y consideró que, en el caso, no podía sostenerse que a la víctima se le haya vedado el acceso a la justicia, ni que su derecho de acceder a ella se hubiese visto desmerecido por la garantía del imputado a ser juzgado en tiempo y forma razonable.
IV.3. En contra de la decisión anterior dedujo recurso de casación el Ministerio Público Fiscal.
Explicó que en el caso un instituto interno (la prescripción regulada en el Código Penal) entra en colisión con los preceptos estipulados por la Convención sobre los derechos del niño, la cual goza de rango constitucional (art. 75 inc. 22, Const. nac.), y que, al tratarse de una víctima que es niña y mujer, también resultan de aplicación tanto la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), como la Convención de Belém do Pará.
Sumado a lo anterior, consideró arbitrario el apartamiento de lo estipulado en los instrumentos internacionales antes mencionados; y, finalmente, dijo que ello implicó generar una responsabilidad internacional al Estado argentino (conf. fallo "Espósito" de la CSJN).
IV.4. El Tribunal de Alzada, por resolución de 11 de abril de 2023, declaró inadmisible el recurso de casación.
Luego de exponer que en materia recursiva el Tribunal de Casación en los plenarios n° 2.924 y 5.627 se había pronunciado en favor del criterio restrictivo acerca de la interpretación de cuáles eran las resoluciones impugnables ante esa sede, reafirmando el principio de taxatividad en la determinación del objeto de los recursos, indicó también que el mismo tribunal intermedio, en causa n° 3.983 ,"SALERNO, Claudio D." (de 28 de diciembre de 2004), había establecido que el examen de admisibilidad formal que debe realizar, en primer término, el Tribunal de grado, incluye la constatación de todos los requisitos formales correspondientes a la vía impugnativa intentada, entre los que están aquellos establecidos en los arts. 450 y 451 del Código Procesal Penal. Seguidamente, hizo una transcripción del art. 450 y consideró relevante que "...a partir de la reforma de nuestra Carta Magna en el año 1994, el art. 75 inc. 22 incorporó los Tratados y Pactos Internacionales como parte integrante del Bloque constitucional, que expresamente prevén el derecho a recurrir el fallo ante un Juez o Tribunal (art. 8, inc. 2, ap. 'h' de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el art. 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); siendo el mismo, por lo tanto, una garantía de carácter fundamental, expresa y autónoma que debe ser respetada a los efectos de no violentar el derecho al debido proceso y la defensa en juicio consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional".
Consideró que esa garantía constitucional se materializa en la posibilidad de revisión de la sentencia o resolución adversa cuando se alegan vicios que perjudican al impugnante, y que en el caso estaba abastecido el derecho al recurso y así la garantía al doble conforme, de modo que se imponía el rechazo del recurso (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2."h", CADH; 14.5, PIDCP y 433, 450, sigs. y concs., CPP).
IV.5. Contra ello, el señor Fiscal General departamental, doctor Marcelo Fabián Lapargo, dedujo queja por denegatoria de recurso de casación, y alegó que la limitación normativa aplicada debía ceder frente al planteo de una cuestión federal, pues la resolución de la Cámara había hecho una "aplicación inadecuada de una norma de derecho común que la desvirtúa y vuelve inoperante" (en relación con el art. 67, Cód. Penal) que implicó, asimismo, una colisión con derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará, entre otros instrumentos.
IV.6. La Sala IV del tribunal intermedio, en lo que interesa para el caso, rechazó por improcedente la queja deducida por el acusador al considerar que el caso no solo no encuadraba en ninguno de los supuestos del art. 450 del Código Procesal Penal, sino que, paralelamente, el representante del Ministerio Publico Fiscal carecía de legitimación para impugnar.
Adelantó que esa sala compartía los fundamentos esgrimidos por la Cámara, ya expuestos en causa n° 123.842, "A. H. M s/ Recurso de casación interpuesto por Fiscal" (TCP IV de 8-VIII-2023 RS-831-2023) entre otras, a los que se remitió en honor a la brevedad; indicó que la situación resultaba parangonable y tenía su génesis en lo que se denomina en doctrina como "doble conforme", y verificó que aquí mediaba un "doble conforme negativo".
En síntesis, afirmó que una vez que el imputado obtuvo el doble conforme judicial, la acusadora no tiene más recursos para agravar su situación. Citó, en apoyo de su postura, lo resuelto por esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el fallo "Colman" (causa P. 117.199) y transcribió el art. 450 del ordenamiento procesal.
Seguidamente, se explayó sobre el "doble conforme" mediante citas de autores y lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castillo Petruzzi y otros.
Sentado ello, evaluó si en el caso se encontraban en juego agravios de naturaleza federal, y consideró que "...la argumentación desplegada por el quejoso se agota en apuntar dogmáticamente sobre la responsabilidad internacional del Estado pero sin hacerse cargo de la colisión de derechos, de igual jerarquía, puesta de manifiesto por la cámara en su decisión, todo lo cual pone en evidencia la insuficiencia del reclamo, al desentenderse de ese particular fundamento, sin haber demostrado con la suficiencia y carga técnica requeridas para la apertura de esta instancia (concurrencia de los requisitos sistematizados en la Acordada 4 del 2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación [...]), que los hechos debatidos en la causa tengan vinculación directa con un agravio federal (Fallos: 256: 281 y sus citas) o que el planteo se funde en arbitrariedad (Fallos 302;865, 304;1052). Tampoco ha efectuado un planteo federal suficiente, en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias sobre la que edifica su queja. A su vez no consigue demostrar siquiera conjeturalmente que, según el prisma de la pretoriana jurisprudencia del máximo Tribunal, el fallo impugnado podría subsumirse en un caso de arbitrariedad de sentencia, en razón del carácter excepcional de tales supuestos y la inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece ese recaudo a fin de habilitar su instancia revisora (doct. C.S.J.N., Fallos: 324:1295; 328:3165, entre muchos)".
Destacó que no se advertía ninguna situación de excepción, gravedad institucional o menoscabo a las facultades propias del Ministerio Fiscal que ameritara la intervención de ese tribunal; a la vez que consideró que la decisión de la Cámara era una derivación razonada del derecho vigente (conf. arts. 106 y 210, CPP), por existir el estado de certeza necesario para cerrar el procedimiento de manera anticipada.
A continuación, realizó una transcripción de lo decidido por el Tribunal de Alzada departamental el 17 de marzo de 2023, y concluyó en que lo resuelto carecía de la arbitrariedad denunciada, siendo que —además— el temperamento adoptado había sido ratificado por esta Suprema Corte en la causa P. 135.109 (sent. de 23-II-2022).
Así, ratificó la inadmisibilidad del recurso de casación de la fiscalía.
V. Ahora bien, a partir de la descripción efectuada y tal como afirma la recurrente, el fallo en crisis incurrió en arbitrariedad por contener defectos de fundamentación que lo descalifican como acto jurisdiccional válido (conf., mutatis mutandis, SCBA causas P. 90.213, sent. de 20-XII-2006; P. 88.382 y P. 91.483, sents. de 8-X-2008; P. 121.046, sent. de 13-VI-2018; CSJN Fallos: 294:376; 308:641; 310:1707; 314:1404; 315:449; 318:495; 324:1721; e.o.).
En efecto, asiste razón a la impugnante en cuanto cuestionó el pronunciamiento del tribunal revisor al rechazar por improcedente la queja deducida, pues aquel comenzó diciendo que el caso no encuadraba en ninguno de los supuestos contemplados por el art. 450 del Código Procesal Penal bonaerense, por cuanto el imputado había obtenido el doble conforme y la parte acusadora no tenía más recursos para agravar su situación, de conformidad con lo decidido en el caso "Colman" —causa P. 117.199— por esta Suprema Corte; para luego analizar la presencia de alguna cuestión federal y concluir que en el caso no advertía ninguna situación de excepción, gravedad institucional o menoscabo de facultades que ameritara la intervención de ese tribunal.
Como se pudo apreciar en la reseña efectuada, en el recurso de casación se presentaron agravios portadores de una cuestión federal suficiente sustentados en la alegada arbitrariedad de la sentencia de la Cámara y su no convencionalidad, ello en virtud de haberse denunciado la errónea interpretación de la normativa de fondo aplicable al caso (vinculada con la prescripción regulada en el Código Penal), en pugna con disposiciones constitucionales y tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y supralegal.
También acierta la parte en cuanto a lo desacertado de la cita efectuada por el órgano casatorio del precedente "Colman" (causa P. 117.199, resol. de 21-V-2020), ya que lo allí resuelto versaba sobre la doble conformidad revisora respecto de la significación jurídica y la pena impuesta al supuesto de hecho objeto de litigio; nada de lo cual acontece en el presente caso, donde el cuestionamiento se dirige contra una doble declaración de prescripción de la acción penal.
Así entonces, y más allá de la escueta referencia al fallo de la Cámara que confirmó la declaración de prescripción, lo cierto es que el Tribunal de Casación debió abordar con suficiente fundamentación aquel embate vinculado con la denuncia de arbitrariedad de lo resuelto en los pronunciamientos anteriores, a fin de posibilitar el eventual tránsito de la causa por las instancias superiores locales en cumplimiento de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" (Fallos: 310:324).
Lo decidido precedentemente desplaza el tratamiento de los agravios reseñados en los apartados I.2. y I.3., en tanto el caso deberá volver a la instancia previa para que se aborden a cabalidad los planteos llevados en el recurso de casación.
VI. Por todo lo expuesto, y sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde casar la sentencia y devolver los autos a la instancia anterior para que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí resuelto, oportunidad en la que necesariamente deberá expedirse respecto de la alegada arbitrariedad de la sentencia recurrida en la aplicación de las disposiciones legales en materia de prescripción y por el conflicto que se entendió existente con las disposiciones constitucionales e internacionales emanadas de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y supralegal (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Abro respetuosa disidencia.
Aun marginando las objeciones que podrían formularse al abordaje del recurso casatorio en el cual la Sala interviniente se pronuncia por su inadmisibilidad en virtud de la interpretación que realiza de las normas del art. 450 del Código Procesal Penal, así como del doble conforme judicial a la luz de lo fallado por esta Corte en el caso "Colman" —causa P. 117.199, resol. de 21-V-2020, con otra integración y de la cual no he participado—, cabe advertir que también procedió a verificar si se presentaba alguna situación de excepción que pudiera por eso franquear la vía emprendida.
En esa inteligencia, pasó a evaluar si entraban en juego agravios de pretenso cariz federal descartando que lo formulado en esos términos resultare suficiente, en tanto consideró que el quejoso se ocupó de apuntar
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