Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140357
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.357-RC, "Ceballos, Jonathan Lucas Matías s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley en causa n° 116.785 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, el día 12 de marzo de 2021, rechazó un pedido de extinción de la acción penal por violación del plazo razonable. Apelada esa decisión la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías departamental, con fecha 24 de febrero de 2022, confirmó lo decidido.
La defensa oficial de Jonathan Ceballos interpuso un recurso de casación que fue declarado inadmisible y acudió en queja al Tribunal de Casación. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento dictado el día 15 de diciembre de 2022, rechazó el recurso de queja.
Contra ello, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito digital de 7-II-2023), el cual fue concedido por resolución del día 26 de diciembre de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 25-II-2025), dictada la providencia de autos el día 28 de febrero de 2025 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación denunció la violación del plazo razonable de duración del proceso, así como a ser juzgado sin dilaciones indebidas (conf. arts. 8.1, CADH; 9.3 y 14.3 apdo. "c", PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac.).
En sustento de su pretensión trajo a colación los fallos "Mattei", "Mozzatti", "Kipperband" y "Podestá" de la Corte federal y aseguró que la decisión del Tribunal de Casación, en cuanto soslayó el tiempo transcurrido en el caso de autos, lo fue en desmedro a obtener un pronunciamiento judicial que defina la situación procesal en tiempo razonable.
A continuación, efectuó una enumeración de los parámetros a ponderar a fin de determinar la violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable conforme lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recordó el caso Acosta Calderón vs. Ecuador del citado tribunal internacional.
Destacó que la presente causa versó sobre un supuesto sumamente simple ocurrido en el año 2008, cuya etapa de investigación se desplegó sin dificultades, que Ceballos fue detenido el día 9 de septiembre de 2008 y que el día 10 de noviembre de 2010 ya había sido dictada la sentencia de condena; por lo que consideró que en el caso no existió un supuesto de complejidad de la misma.
En cuanto a la actividad procesal de su defendido, expuso que no realizó acciones dilatorias y su actuar consistió en estar a derecho y limitarse a la interposición de impugnaciones en las oportunidades legales y dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente.
Respecto a la conducta de las autoridades judiciales, señaló su demora al considerar que no hubo otro factor que lograra explicar dicho fenómeno.
Afirmó que el Estado con todos sus recursos y poder, no tiene derecho a llevar a cabo un proceso de una duración indebidamente prolongada —insumidos casi doce años solo de etapa recursiva y un total de catorce años al momento de interposición del recurso extraordinario—; debiendo sumarse la "afectación actual en la situación jurídica de la persona" conforme la exigencia en la causa P. 128.829, sentencia de 7-III-2018 de esta Suprema Corte.
Aseveró que el tribunal revisor afirmó que el recurrente no demostró el perjuicio derivado de la afectación constitucional denunciada, en tanto ello exigía de su parte un mayor esfuerzo argumental que la simple alusión al paso del tiempo. Al respecto, la defensa entendió que la demora resultó injustificada por la sola circunstancia de haber transitado un proceso de unificación que no demandaba una etapa recursiva de doce años de duración.
A su vez, consideró que tampoco explicó Casación a qué circunstancias puntuales debió haber realizado un mayor esfuerzo argumental dado que, esa parte, había indicado los elementos que —en su parecer— tornaron irrazonable la duración del proceso y los parámetros normativos tenidos en cuenta para esa conclusión.
Finalmente, se refirió al precedente "Espíndola" de la Corte de Nación y solicitó que la resolución del Tribunal de Casación Penal sea anulada por ser contraria al derecho a ser juzgado en plazo razonable y sin dilaciones indebidas; y, subsidiariamente de considerar que por el momento no se consumó la violación aquí denunciada, puede igualmente reputarse que ella indefectiblemente se producirá en caso de que continúe el curso de estos obrados, por lo que se impone resolver en sentido contrario al criterio del tribunal intermedio.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso.
III. Preliminarmente corresponde señalar el recorrido que tuvo la causa vinculada con esta impugnación.
III.1. De las actuaciones digitalizadas, y particularmente de la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, surge que Ceballos fue condenado por sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental, a la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, sanción comprensiva de la sanción impuesta en la causa 3.058 del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Morón —por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, ambos en concurso real entre sí, pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y reincidencia y la dictada por el tribunal local en orden al delito de homicidio criminis causae en concurso material con el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo en grado de tentativa—.
Contra esa condena la defensa presentó oportunamente un recurso de casación que, al ser rechazado por improcedente, motivó la interposición de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que resultó desestimado por inadmisible por esta Corte (v. causa P. 118.589, resol. de 31-VIII-2016), motivando ello la continuación del trámite procesal hasta arribar a la Corte federal (por vía de queja, ante la inadmisibilidad del recurso extraordinario federal; causa 2.663/17, según el sistema de consulta informático del Poder Judicial de la Nación, surge que continúa su trámite ante esa sede).
También surge que el imputado fue detenido el día 9 de septiembre de 2008; que la inicial pretensión del encartado giró en torno a la obtención de la prescripción de la acción penal en las presentes actuaciones al considerar que había transcurrido el plazo indicado en el art. 62 inc. 2 del Código Penal citando en sustento de su reclamo un fallo de la Corte federal; por su parte, el tribunal de grado entendió que lo solicitado no debía prosperar.
III.2. Interpuesto contra ello recurso de apelación, la Sala I del Tribunal de Alzada confirmó la decisión anterior de no hacer lugar al pedido de prescripción.
Para así resolver, comenzó por recordar la normativa aplicable al caso de autos de conformidad con los arts. 62 inc. 1 y 67 del Código Penal; a partir de entonces, entendió que era suficiente con observar que la sentencia de condena a Ceballos a la pena de prisión perpetua había sido dictada el día 10 de noviembre de 2010 (por el hecho cometido el día 16 de julio de 2008), dando la pauta de que —en el caso— no había transcurrido el término señalado para extinguir la acción.
Seguidamente, abordó la crítica de la defensa en torno a la vulneración de la garantía constitucional vinculada a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas; sobre ello, el tribunal hizo notar que la actual situación del imputado se correspondía a las diferentes presentaciones que había ido efectuando a su favor; y que debía tenerse en cuenta que si bien el Código Penal argentino no prevé un estándar referido al plazo razonable de duración del proceso como causal de prescripción de la acción penal, la Corte federal había sido constante en indicar que ello no podía traducirse en un número fijo de días, semanas, meses o años, ya que dependía en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso; y en ese camino, era de relevancia considerar la naturaleza del delito.
Citó el voto minoritario del fallo "Kipperband" de la Corte federal y el caso "Ramos, Sergio Omar" también del Alto Tribunal nacional. En ese sentido, expuso que en el caso de Ceballos no se podía obviar la naturaleza de los delitos por los cuales había recaído condena (ya había sido juzgado en todas las instancias de la jurisdicción provincial); por lo cual, a su entender, no se estaba ante un caso de violación del plazo razonable.
III.3. La defensa de Ceballos dedujo contra ello recurso de casación, y que, habiendo sido denegado por inadmisible por la Cámara, interpuso queja ante el tribunal intermedio.
III.4. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 15 de diciembre de 2022, la rechazó.
Para así decidir, comenzó por señalar que —al contrario de lo que había expresado la defensa en el recurso— la resolución impugnada no era revocatoria de la de primera instancia, por tanto, no se hallaba abarcada por el art. 450 del Código Procesal Penal, ni tampoco aparecían circunstancias que pudieran dejar a un lado dicha taxatividad siendo que además se hallaba abastecida la garantía al doble conforme; y que la pretendida vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, no se había expuesto con la suficiencia y la carga técnica necesaria para lograr la excepcional apertura de la impugnación que se intentaba.
Expuso que el recurrente se había limitado a hacer mención del tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones (especialmente desde el momento que fue dictada la sentencia condenatoria), pero no lo relacionó con la particular situación del caso, pretendiendo que de esa sola circunstancia surgiera evidente el perjuicio para su defendido, sin considerar la doctrina que surge de los precedentes dictados sobre el tema por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue recogido por esta Suprema Corte; agregó que ante la ausencia de una regulación específica de la duración máxima del proceso penal, se presentan dificultades para determinar cuál es el plazo razonable de duración del mismo; y frente a ello, trajo a colación el precedente P. 76.357, sentencia de 30-IV-2004 de esta Corte en su vinculación con la llamada "teoría de la ponderación" de conformidad con el voto del señor Juez Soria en la citada causa en cuanto a que "...no es dable fijar el plazo razonable «en abstracto» ni establecerlo en un número preciso de días, semanas, meses o años, sino que los jueces deben evaluar, caso a caso, si la prolongación de un proceso ha sido o no razonable, teniendo en cuenta la magnitud del retraso, sus motivaciones, el perjuicio ocasionado, el comportamiento del imputado, el de las autoridades, entre otros criterios a ponderar".
Seguidamente, el Tribunal de Casación hizo referencia a la pena única de prisión perpetua impuesta al imputado Ceballos, así como también a su actividad procesal hasta la tramitación de un recurso federal en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A juicio de la Casación, compartiendo la postura de los jueces anteriores, consideró necesario tomar en cuenta la naturaleza de los hechos imputados, y que ya había sido juzgado en otro expediente que a la postre dio lugar a esta unificación y dictado de reincidencia, siendo que además el doble conforme que surge de la homologación de la condena, conlleva a que no se esté frente a un supuesto en el que se vulneren los principios de inocencia, defensa en juicio, debido proceso y ser juzgado en un plazo razonable.
Sentado lo anterior, el Tribunal de Casación consideró que el recurrente debió haber realizado un mayor esfuerzo argumental más allá de aludir al paso del tiempo sin sentencia firme a la vez que desestimó la referencia a un fallo de esta Suprema Corte (causa P. 90.308), por considerar que fue dictada en un contexto diferente.
Finalmente, concluyó que en el caso no se advertía un supuesto de violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, ni del derecho a la libertad, como tampoco de los principios de legalidad, defensa en juicio y debido proceso.
IV. Comparto lo dictaminado por el señor Procurador General, en tanto también considero que el recurso es insuficiente.
De la reseña de antecedentes se puede advertir que la argumentación ensayada por la parte recurrente no abastece todos y cada uno de los parámetros establecidos para la aplicación de la solución excepcional y extraordinaria que pretende (conf. art. 495, CPP).
IV.1. En primer lugar, corresponde destacar que la doctrina del plazo razonable que invoca el recurrente tiene como principio el reconocer que nuestro ordenamiento jurídico no contiene ninguna regla que determine un límite temporal exacto de duración del proceso penal y que para determinar el plazo máximo razonable debe acudirse a la "teoría de la ponderación", no pudiéndose fijar el mismo en abstracto, sino examinando las circunstancias particulares de cada supuesto.
En tal sentido, para demostrar la aplicabilidad de la extraordinaria solución requerida se exige una labor que implica examinar ciertos parámetros relevantes merced a los cuales el juzgador pueda valorar las diversas circunstancias que rodean el caso, tal como enseña la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; entre otros: la complejidad del asunto, el comportamiento de los demandantes y el de las autoridades judiciales (TEDH Eckle v. Alemania, n° 1982/4, 15-VII-1982; Kemmache v. Francia, serie A núm. 218, pág. 27, apdo. 60, 27-XI-1991; Pélissier y Sassi v. Francia, n° 25444/94, apdo. 67, CEDH 1999-II, [10]; Jetzen v. Luxemburgo, n° 2008/16, 4-III-2008; entre muchos).
En igual sentido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha fijado estándares para la determinación de la razonabilidad del plazo insumido, debiendo considerarse cuatro elementos, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales (CIDH casos Genie Lacayo vs. Nicaragua, párr. 77; Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, párr. 164; Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas, sent. de 3-IV-2009, Serie C No. 196, párr. 112; Bayarri vs. Argentina. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sent. de 30-X-2008, Serie C No. 187, párr. 107; Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas, sent. de 4-VII-2007, Serie C No. 165, párr. 26 y Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr. 149) y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada (CIDH casos Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, párr. 155 y Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, párr. 164).
IV.2. En ese contexto, debe destacarse —tal y como lo señala el señor Procurador General— el contenido de las sentencias que evidencian la gravedad del delito por el cual Ceballos fue condenado a una pena única de prisión perpetua, particularmente el de homicidio agravado en concurso material con robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo, en grado de tentativa, además de haber sido declarado reincidente; tratándose de sucesos dolosos graves, los cuales ya obtuvieron la doble conformidad convencional. El tribunal revisor, expuso en ese sentido que debía tomarse en cuenta la "naturaleza de los hechos imputados" y que ya había sido juzgado en otro expediente que a la postre dio lugar a la unificación y dictado de reincidencia; concluyendo que no se estaba frente a un supuesto de violación de la citada garantía del plazo razonable del proceso, ni de los principios de legalidad, defensa en juicio y debido proceso.
IV.3. En efecto, la entidad del delito es una variable relevante que no puede dejar de ser tomada en cuenta a los fines de resolver la insubsistencia de la acción por transgresión de dicha garantía, conforme resulta de diversos pronunciamientos de la Corte federal en los cuales —con el mismo objetivo que ahora nos ocupa— examinó los montos de las escalas penales respectivas y/o el pedido de pena efectuado por la fiscalía (CSJN casos "Acerbo, Néstor Horacio s/ contrabando causa n° 51.221", al compartir el dictamen de la Procuración, sent. de 21-VIII-2007, cons. 5° y "Kipperband", Fallos: 322:360, voto de la minoría conformada por los señores jueces Petracchi y Boggiano, cons. 21°; conf. causas P. 131.933, sent. de 29-X-2020; P. 131.186, sent. de 2-IX-2020; P. 135.053, sent. de 12-IV-2024; e.o.).
IV.4. En definitiva, el recurrente se limitó a señalar de modo abstracto el tiempo insumido en este juicio y a acompañar citas jurisprudenciales, sin hacer referencia concreta a las particularidades del expediente que justifiquen la concurrencia del conjunto de circunstancias que se impone valorar a los fines de fallar sobre la infracción de la garantía del plazo razonable en la tramitación del proceso —más allá de alguna escueta mención sobre dichos parámetros—, conforme la doctrina que emerge de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Supremo Tribunal provincial.
La referencia genérica a la mora de los tribunales jurisdiccionales quienes según el recurrente fueron los responsables del retraso del proceso, no alcanza para demostrar la violación de la mentada garantía sin considerar en toda su dimensión la existencia de diversas particularidades que no pueden soslayarse al momento de analizar ese aspecto del tópico, tales como las que fueran detalladas precedentemente.
En cuanto a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocados por el recurrente, cabe señalar que ningún intento ha sido efectuado para justificar que la solución allí adoptada pudiera ser trasladable —sin más— a este caso a pesar de las particularidades que los diferencian.
IV.5. Por lo tanto, la índole de los hechos juzgados y la condenada en estas actuaciones —pena única de prisión perpetua, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, comprensiva de la impuesta en la causa n° 3.058 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Morón, por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, ambos en concurso real entre sí, de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales con más declaración de reincidencia y la dictada por el órgano local referido, en orden al delito de homicidio agravado por la causa en concurso material con robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo, en grado de tentativa— constituye un obstáculo, para propiciar la extinción de la acción por la causal en estudio e impide tener por configurados los presupuestos excepcionales que deben conjugarse para aplicar la jurisprudencia establecida por la Corte de la Nación a partir de los precedentes "Mattei" (CSJN Fallos: 272:188); "Mozzatti" (CSJN Fallos: 300:1102); "Moyal" (sent. de 23-X-2007) y los que le siguieron (conf. en lo pertinente causas P. 131.186, sent. de 2-IX-2020; P. 131.933, cit.; e.o.).
Por todo ello, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Kohan, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, vot
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