Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139972
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.972, "D'Gregorio, María Laura E. -fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 123.046 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Orellana, Carlos Norberto", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Martín, el 21 de diciembre de 2022, condenó a Carlos Norberto Orellana a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, reiterado en dos oportunidades y privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, todos en concurso real (arts. 40, 41, 45, 119 párrafos primero, tercero y cuarto inc. "d" y 142 inc. 1, Cód. Penal).
La Sala I del Tribunal de Casación Penal hizo lugar al recurso de la especialidad interpuesto por la defensa del referido Orellana contra la sentencia de condena, dispuso la exclusión probatoria de la declaración testimonial rendida por G.D.H. y absolvió al nombrado respecto de los delitos de mentas (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 14.5., PIDCP; 8.2.h., CADH y 1, 209, 210, 211, 371, 373, 450, 454, 459, 460, 530, 531 y concs., CPP).
Frente a ello, la señora fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por la Sala recurrida (v. resol. de 24-X-2023).
El señor Procurador General sostuvo la impugnación fiscal y propició su acogimiento (v. dictamen digital). Dictada la providencia de autos, presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal por parte de la defensa oficial (v. escrito de 9-X-2024) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La recurrente denuncia arbitrariedad del fallo por fundamentación aparente y errónea aplicación de la doctrina sentada por la Corte federal en el fallo "Benítez", en el entendimiento de que no se han atendido las particulares circunstancias que rodean esta causa.
Indica que existen sustanciales diferencias entre lo dispuesto en estos actuados y el precedente federal invocado para sustentar el veredicto absolutorio.
Destaca que la imputación fue conocida por el acusado en todo momento, pudiendo ejercitar su derecho a ser oído y a ofrecer prueba, sin menoscabo a la garantía de la defensa en juicio.
Resalta que el testimonio brindado por la víctima ante el fiscal del caso —excluido por el revisor como material probatorio— fue conocido por la defensa e, incluso, por el propio imputado, ya que al momento de declarar en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal negó las conductas allí atribuidas.
En esta senda asevera que si bien una condena basada únicamente o en grado decisivo sobre declaraciones que el imputado no ha podido confrontar en ningún momento del trámite sería incompatible con el debido proceso, "...la falta de control puede quedar compensada cuando existen otras pruebas idóneas o cuando la sentencia no se ha fundado solamente en la prueba no sometida al examen de la defensa".
Estima que esto es lo sucedido en autos, ya que el testimonio incorporado por lectura aparece rodeado y robustecido por otros medios de prueba producidos en el debate oral —testimonial, pericial, fotográfica— que fueron controlados debidamente por la parte y confirman la tesis acusatoria.
Asevera que debió apreciarse la prueba incorporada por lectura como cuadro probatorio contundente contra el imputado, a saber: el informe de fs. 11 que da cuenta de que la víctima presentó una herida cortante en mano derecha, las diversas imágenes fotográficas en las que se observan las lesiones que presentaba la víctima en manos, pierna, como, asimismo, las que muestran lesiones del causante, hematomas en brazos, cortes en el rostro y en el pecho. También el acta de secuestro de ropa interior de fs. 16, una bombacha de color blanca, con detalles negros, que llevaba colocada la víctima al momento del presunto acto sexual, sin haberse higienizado, a fin de ser remitida al laboratorio químico pericial. Reconocimiento médico de G.D.H. efectuado por la doctora Musso, surgiendo de aquel como conclusión que la víctima presentó: al examen genitoanal normal. Heridas cortantes suturadas en dedo mayor e índice de mano derecha, excoriaciones lineales en base del cuello, región media, brazo izquierdo, mulso izquierdo, entre otras. Todas de data estimada 24 a 72 horas, que impresionan de origen traumático por elemento con filo. Informe químico pericial del que emerge que en el material obtenido de la bombacha remitida se detectó presencia de sangre humana y de componentes de plasma seminal humano. Acta de fs. 89 que da cuenta de la presentación espontánea del imputado ante la Seccional Segunda de José C. Paz, el día 19 de noviembre de 2020, a las 15:00 hs., oportunidad en la que refirió que mantuvo una discusión con su ex pareja de la cual resultara herido de arma blanca. Informe médico de ese mismo día —fs. 92— efectuado en la persona de Orellana, del que surge que este presentaba lesión contuso cortante de pequeña magnitud en mejilla izquierda, hombro izquierdo y en región superior del pericardio, lado derecho, efectuado en el hospital Mercante.
Expresa que la Casación se limitó a enumerar, de modo acrítico, el contenido de los elementos de prueba valorados en la sentencia de origen, excluida la declaración de la víctima, afirmando la existencia de una duda insuperable respecto a la materialidad ilícita y la autoría, sin adecuada motivación, lo que convierte al fallo en arbitrario.
Apunta que estas circunstancias muestran la diferenciación con las particulares del precedente "Benítez", donde la prueba había sido incorporada por lectura.
Concluye que el revisor al reputar —sin esa declaración— insuficiente la prueba y aducir un estado de duda insuperable, dictó una sentencia inmotivada y, por ende, arbitraria por apartamiento de las constancias de la causa.
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso y propició su acogimiento (v. dictamen digital).
III. Disiento con su opinión. El remedio incoado no prospera.
Las alegaciones que porta la pieza impugnativa que se pretenden apoyar en la doctrina de la arbitrariedad por fundamentación aparente y apartamiento de las constancias de la causa no logran superar una mera discrepancia con el criterio del a quo, sin evidenciar los déficits de motivación que le reprocha al acto sentencial, ni tampoco una administración irrazonable del principio favor rei.
Contrariamente a lo sostenido por la parte, y más allá de remitir al examen de cuestiones de hecho y prueba, el fallo que se pone en tela de juicio cuenta con suficientes argumentos que lo sustentan, lo que lleva a descartar la tacha de arbitrariedad, que supone siempre un desacierto extremo o una equivocación tan grosera que aparezca como algo inconcebible dentro de una racional administración de justicia (CSJN Fallos: 314:678; 319:1728; e.o.). De modo tal que, no ha sido posible corroborar con la certeza requerida para un juicio de condena, la hipótesis acusatoria. De allí la insuficiencia impugnativa (arts. 495, CPP y 15, ley 48).
III.1. De acuerdo con el fallo originario, el sentenciante tuvo por acreditado lo siguiente: "Hecho I.- que en fecha 18 de noviembre de 2020 a las 4.30 horas de la madrugada aproximadamente, en el domicilio sito en la calle Bruguetti y Viena, Barrio Frino de la Localidad y Partido de José C. Paz, lugar donde reside el imputado de autos, éste abusó sexualmente de la Sra. G.D.H., ejerciendo violencia sobre la misma consistente en ponerle una tijera en el cuello, agarrarla de los pelos, desnudarla, propinarle un golpe en la ceja y tirarla a la cama, para luego introducirle su pene por la vagina hasta eyacular en su interior".
"Hecho II.- que en fecha 18 de noviembre de 2020 a las 8.30 horas aproximadamente, en el domicilio sito en la calle Bruguetti y Viena, Barrio Frino de la Localidad y Partido de José C. Paz, lugar donde reside el imputado de autos, abusó sexualmente de la Sra. G.D.H., ejerciendo violencia sobre la misma consistente en amenazarla con golpearla con una botella de cerveza que tenía el aquí imputado, agarrarla de los pelos, tirarla contra la cama, golpearla la cabeza, para luego penetrarla por la vagina".
"Hecho III.- que en fecha 18 de noviembre de 2020 en el rango horario de las 4.00 horas hasta las 8.30 horas aproximadamente, en el domicilio sita en la calle Bruguetti y Viena, Barrio Frino de la Localidad y Partido de José C. Paz, lugar donde reside el imputado de autos, privó ilegítimamente de su libertad a la Sra. G.D.H., mediante la utilización de amenazas con un fierro y una botella, manteniéndola contra la pared, ordenándole que no se mueva, agarrando el fierro si la víctima lo hacía y mantenerla encerrada con candado".
Encuadró tales sucesos en la figura de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, reiterado en dos oportunidades y privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, todos en concurso real y encontró a Carlos Norberto Orellana autor de dichos ilícitos. Señaló que tales extremos se hallaban acreditados a partir del relato de la víctima —incorporado por lectura al debate—, quien ante su hermano Juan Herrera, su padre Rubén Herrera y personal policial —Joana Marecos y Tamara Quiróz—, relató la secuencia de los lamentables sucesos que la tuvieran como damnificada, de manera similar, concreta, y haciendo referencia a los mismos detalles. También tuvo en cuenta los testimonios brindados por Cabrera, León, Gómez, Montes y los hijos de Orellana, Walter y Diego y las declaraciones de las profesionales Musso, Fiquepron y Malerba.
III.2. Ante el Tribunal de Casación interpuso recurso la defensa del imputado, solicitando, en lo que interesa destacar, la exclusión de la declaración de la víctima incorporada al juicio por lectura. Denunció que la nombrada no había sido escuchada en el debate y que su declaración no pudo ser controlada por el imputado y su defensa, vulnerándose así las garantías de defensa en juicio, inmediatez, contradictorio, debido proceso legal, presunción de inocencia e in dubio pro individuo (arts. 18, Const. nac y 1, CPP). Advirtió que la declaración en cuestión resultaba dirimente y que, sin su valoración, el tribunal del juicio nunca podría haber arribado a una condena ya que el resto de los elementos de prueba descriptos en el fallo no configuran un cuadro probatorio cargoso con entidad suficiente para emitir juicio de responsabilidad penal con la certeza que la instancia exige. En consecuencia, requirió la absolución de Orellana.
III.3. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, a través del voto del doctor Carral, al que adhirió el doctor Maidana, hizo lugar al recurso.
Para así decidir rememoró que ante la petición de la Fiscalía —en el curso del debate— de incorporación por lectura de la declaración aportada por la víctima dada la imposibilidad de ubicarla pues estaría transitando una "situación de calle", con oposición de la defensa fundada en la imposibilidad de controlar la prueba de cargo y en la transgresión del principio de inmediación, las juezas de grado resolvieron su ingreso por lectura por tratarse del supuesto excepcional previsto en el art. 366 del Código Procesal Penal, sin perjuicio del valor que se le otorgue, junto con el resto de los elementos de prueba, en cuanto la confirmen o no.
Apreció que las juezas sustentaron sus conclusiones en prueba de cargo que la defensa no tuvo oportunidad adecuada de controlar, en desmedro del derecho consagrado por los arts. 8.2.f. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3.e. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lesionando el debido proceso que implica para el acusado, no haber contado con la posibilidad de controlarla.
Entendió ineficaz el argumento utilizado por las sentenciantes, pues si bien indicaron que analizarían el contenido de la declaración testimonial "...al amparo y en el contexto que permite construir el resto del material de juicio [...] es decir, [...] una valoración en conjunto con elementos que, [...], darán sustento a los extremos vertidos en la misma o los desacreditarán, ello enmarcado en el respeto del debido proceso y del derecho de defensa en juicio, que en el caso [al] no existir la inmediación pueden considerarse de algún modo afectados o en riesgo de operatividad, o al menos deberá analizarse su eventual compromiso con el grado de control que sobre el resto del caudal probatorio han tenido las partes", en rigor dicha explicación no resultó suficiente de acuerdo a los criterios interpretativos de la Corte Suprema en el precedente "Benítez" (cfr. Fallos: 329:5556).
Advirtió que en casos como el presente "...no es la legitimidad del procedimiento de incorporación por lectura, el cual, bajo ciertas condiciones, bien puede resultar admisible, sino que lo que se debe garantizar es que al utilizar tales declaraciones como prueba se respete el derecho de defensa del acusado" (cons. 13°); objetando, en definitiva, la decisión del tribunal de juicio que fundó la condena en prueba de cargo "...que la defensa no tuvo oportunidad adecuada de controlar" (cons. 11°).
Destacó que se estableció que "...el derecho de examinación exige que el imputado haya tenido una oportunidad adecuada y apropiada de desafiar y cuestionar a un testigo o cualquiera que hubiera hecho declaraciones en su contra" (cons. 14°) e invocó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castillo Petruzzi vs. Perú en el que —interpretó la Corte— se había estimado relevante que la defensa no hubiera podido contrainterrogar a los testigos durante la instrucción ni con posterioridad (cons. 15°).
Apuntó que la doctrina de "Benítez" puede resumirse del siguiente modo: "Si durante la instrucción la recepción de un testimonio tiene lugar con intervención de las partes y con posibilidad de la defensa de repreguntar, entonces ese control será considerado suficiente en caso de que luego, en la etapa de debate, resulte imposible la nueva comparecencia de ese mismo testigo".
Citó el informe del caso 12.681 del 5 de octubre de 2021, en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entendió que, tomando en cuenta que la prueba practicada sin participación de la defensa fue una declaración testimonial y que ella resultó evidencia sustancial para condenar, esta situación constituyó una violación del art. 8.2.f. de la Convención, que consagra, entre otros, el derecho de toda persona procesada penalmente, a interrogar a los testigos, tanto de cargo como de descargo.
Precisó que, si bien es cierto que, conforme a los estándares citados, el derecho a interrogar a los testigos puede ser restringido en circunstancias excepcionales, tal limitación debe estar fundamentada en razones de mucho peso, tales como el riesgo a la vida e integridad personal de los declarantes, y siempre que se dispongan medidas de compensación respecto del derecho de defensa de la persona procesada.
Concluyó que si en el marco del proceso "...no se ofreció a la defensa una oportunidad útil y efectiva para interrogar a la testigo de cargo, que tampoco está disponible en la audiencia de juicio, su declaración no controlada por la defensa no puede ser tomada como base de la sentencia, encontrándonos -en rigor- ante un supuesto de exclusión probatoria (art. 211, CPP)" y, por ello, debe examinarse cuál es el peso relativo que pudo haber tenido esa prueba al fundar el veredicto de culpabilidad. Es decir, evaluar si la exclusión señalada afecta la suficiencia probatoria de la materialidad ilícita y la autoría, en relación al delito de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegal de la libertad que se le enrostra.
Advirtió que ni la acusación ni el juzgador señalaron algunas de las excepciones que podrían habilitar el ingreso de la testifical, usualmente receptadas por la jurisprudencia que tiene arraigo en la cláusula de confrontación como garantía fundacional, como la declaración del moribundo o, en especial, el de la doctrina norteamericana (Forfeiture by wrongdoing) aplicable cuando es el propio acusado quien ha provocado la incomparecencia del testigo, situación que pareciera estar muy lejos de lo acontecido en el caso bajo examen.
Referenció que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Observación General 32 del año 2007, emite opinión sobre la exégesis de la regla del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ámbito regulatorio que dio lugar a interpretaciones alambicadas que va desde "Lucá c/Italia", "Urtenpertinger c/Austria" en 1986 (utilizado por nuestra Corte federal) hasta cierta devaluación en "Al-Khawaja y Tahery c. Reino Unido" en 2011, para retomar el criterio tradicional sobre el alcance de las excepciones en "Balta et Demir c. Turquía" (2015). En la resolución de cita, la ONU ha señalado, interpretando el apartado "e" del párrafo 3 del art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que "...como aplicación del principio de igualdad de medios, esta garantía es importante para asegurar una defensa efectiva por los acusados y sus abogados y, en consecuencia, garantiza a los acusados las mismas facultades jurídicas para obligar a comparecer e interrogarlos y contrainterrogarlos que las que tiene la acusación". Sobre esos presupuestos ha precisado que, si bien esa exigencia no otorga un derecho ilimitado a obtener la comparecencia de cualquier testigo, debe asegurar "...la oportunidad de interrogar a los testigos de cargo e impugnar sus declaraciones en alguna etapa del proceso".
Subrayó que no se trata de un impedimento en razón de la forma en que ha sido colectada la evidencia, sino de una prohibición de valoración que queda, en este caso, sujeta a la posibilidad de confrontación del contenido de esa fuente personal de prueba y que por más que el Estado haya agotado sus recursos para tratar de asegurar esa confrontación una vez que la persona ya no está disponible, "...lo que se encuentra en juego es el debido proceso y la defensa material en juicio".
Así excluyó del cuadro probatorio disponible la declaración testimonial brindada por G.D.H. a fs. 22/23.
Por empalmarse el conflicto que tensiona el derecho de defensa del imputado con el control de las declaraciones de víctimas en situación de vulnerabilidad, observó que debía explorarse si los extremos de la imputación se fundaron, como prueba única y decisiva, en la declaración testimonial citada o si subsiste evidencia válida y suficiente o, a todo evento, existe un "curso causal probatorio independiente" que permita sostener válidamente la decisión en crisis. Citó al efecto el precedente CSJN "Gallo López, Javier" (expte. G.1.359.XLIII, rta. 7 de junio de 2011).
Luego de reseñar las pruebas producidas en el debate y las incorporadas a aquel por lectura, recordó que las magistradas valoraron las manifestaciones que la víctima efectuó a su hermano Juan y a su padre Rubén Herrera, a las funcionarias policiales Joana Marecos y Tamara Quiróz, así como las brindadas por las profesionales Musso, Fiquepron y Malerba. También examinaron la versión del acusado y la prueba de descargo, con el objeto de analizar las distintas hipótesis confrontadas.
Relató que Juan Herrera dijo, que ese día ella fue al domicilio donde residía en ese momento, que era verano, medio veranito o primavera y que la vio a las 7 a.m.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.