Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140215
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal general adjunto de San Isidro (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.215, "Iribarren, Cosme -Fiscal General adjunto de San Isidro- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 84.096 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala II, seguida a Dure, Horacio Ezequiel", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Juzgado en lo Correccional n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, por sentencia dictada el 29 de noviembre de 2021, condenó a Horacio Ezequiel Dure a la pena de un año de prisión y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de encubrimiento calificado por el ánimo de lucro (arts. 29 inc. 3, 40, 41, 45, 277 inc. 3 apdo. "b" en función del inc. 1 apdo. "c", Cód. Penal); y a la pena única de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas; comprensiva también de la dictada en la causa n° 4.398 por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Isidro, de tres años de prisión en suspenso cuya condicionalidad quedó revocada (arts. 27 y 58, Cód. Penal).
Frente a ello la defensa oficial en representación de Horacio Ezequiel Dure interpuso recurso de apelación.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías departamental, el 10 de mayo de 2022, declaró admisible el recurso interpuesto, confirmó la sentencia recaída en los hechos de la causa, pero redujo la pena única y la fijó en tres años de prisión, de efectivo cumplimiento, y costas (arts. 27, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 58 y 277 inc. 3 apdo. "b" en función del inc. 1 apdo. "c", Cód. Penal; v. sentencia digital).
Contra ello, el señor fiscal general adjunto de San Isidro, doctor Cosme Iribarren, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue admitido por la sala recurrida (v. resol. de 16-VI-2022).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal por el señor defensor oficial adjunto, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La fiscalía denunció arbitrariedad en tanto, a su modo de ver, la Cámara no brindó la argumentación jurídica suficiente para explicar la decisión de disminuir la pena que, a su vez, consideró absurda.
Recordó la importancia de fundamentar los fallos a fin de no violentar el debido proceso (art. 18, Const. nac.), apreció que los argumentos brindados por la Cámara revisora resultaban magros y genéricos para motivar la pena única.
Luego de reseñar lo decidido por el órgano revisor, indicó que la unificación se efectuó utilizando el método composicional, por resultar más respetuoso de la Constitución nacional y de las normas procesales respectivas, lo que en su opinión no es un argumento válido, toda vez que el método aritmético también es respetuoso de la carta magna.
Expuso que, a los fines de justificar la decisión, la Cámara solamente invocó al art. 41 del Código Penal e hizo una somera remisión a pautas que catalogó como atenuantes para luego simplemente fijar un monto punitivo sensiblemente menor al impuesto en primera instancia. Agregó que —a su modo de ver— no se brindaron explicaciones de cómo las mismas, en base a su valor, podían propiciar aquella modificación sustancial, esto es, el modo en que se las ponderó. A la vez, estimó que omitió valorar las pautas agravantes tenidas en consideración por el juez de grado.
Especificó que en el caso se realizó una inclusión muy singular de circunstancias que poco tienen que ver con las previstas por el legislador para la determinación de la pena de forma directa. Y si el revisor hubiese considerado que tenían una relación indirecta, debió haberlo explicado.
Afirmó que las cuestiones mencionadas como pautas atenuantes no hacen a la determinación de la pena, por lo que no deberían haber tenido incidencia en la cuantificación.
En segundo término, refirió que la solución aplicada resulta absurda pues bajo el ropaje de la utilización del método composicional se suprimió la segunda pena impuesta —de un año de prisión—, al dejar solo indemne la sanción de tres años de prisión impuesta en la sentencia dictada por el Tribunal n° 5 de San Isidro.
Concluyó que se fijó una pena única por fuera de las pautas previstas por el art. 58 del Código Penal, que no resulta una derivación razonada del derecho vigente basada en las constancias de la causa, pues se aplicó erróneamente la ley.
Solicitó se revoque el pronunciamiento en crisis y se disponga el dictado de un nuevo fallo ateniendo a las disposiciones legales enunciadas.
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso articulado y postuló su favorable acogimiento. Sin embargo, el recurso resulta insuficiente para revertir lo decidido.
Las alegaciones que hace el recurrente —y que pretende apoyar en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias— no son más que una discrepancia con el criterio jurídico del tribunal revisor, sin evidenciar los déficits de motivación que le reprocha.
Contrariamente a lo que se sostiene en el recurso, la decisión cuenta con fundamentos suficientes, sin que se logre evidenciar un error grosero o palmario cubierto por la doctrina del absurdo o la arbitrariedad (conf., por muchos, doctr. CSJN Fallos: 331:447).
III. Una breve reseña de los antecedentes del caso permitirá ilustrar adecuadamente el sentido de la solución propiciada.
III.1. En oportunidad de dictar sentencia, el juez en lo correccional, en lo que importa, indicó que, en los alegatos, la fiscalía solicitó la pena única de cuatro años y seis meses de prisión, comprensiva de la que era objeto de juicio y la pena de tres años de prisión en suspenso dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 departamental en la causa nº 4.398.
Por su parte la señora defensora, manifestó que, en caso de recaer sentencia, la unificación se llevara a cabo a través del sistema de composición.
En su decisión, el magistrado explicó que el art. 58 del Código Penal dispone que el juez que dicta la sentencia unificatoria no puede alterar las declaraciones de los hechos contenidas en los pronunciamientos anteriores, por lo cual, tuvo en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes meritadas en ambos fallos. A su vez, especificó que Dure cometió el segundo hecho dentro del plazo establecido en el art. 27 del Código Penal, lo que era demostrativo de una falta total de interés en adaptar su conducta a las reglas de convivencia social, más aún por haber sido condenado por igual delito, lo cual demostraba un total desprecio por la justicia.
Así fijó la pena de cuatro años de prisión, debiendo descontarse los tiempos de detención sufridos en ambas causas, quedando revocada la ejecución condicional de aquella.
III.2. En el recurso de apelación la defensa, en lo que importa, cuestionó el monto de la pena impuesta y su modo de cumplimiento. Propuso, a través de la utilización del modo composicional, que se disminuyera estableciéndose una pena única de tres años de prisión en suspenso, por tratarse de un individuo que ha reencausado su vida y se ha reinsertado en la sociedad.
III.3. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, luego de haber mantenido una audiencia de conocimiento con el imputado, confirmó parcialmente la sentencia de condena de Horacio Ezequiel Dure y redujo la sanción a tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
Reseñó que Dure había sido condenado en esta causa a la pena de un año de prisión en orden al delito de encubrimiento calificado por el ánimo de lucro (art. 277 inc. 3 apdo. "b" en función del inc. 1 apdo. "c", Cód. Penal). Que asimismo registraba una condena en la causa nº 4.398 del Tribunal en lo Criminal n° 5 departamental, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser autor de los delitos de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.
Explicó que se trataba del supuesto en el cual un imputado tras haber sido condenado a una condena condicional comete un nuevo delito sin que hubieran transcurrido los cuatro años que establece el art. 27 del Código Penal para tener por no pronunciada la condena impuesta.
Coincidió con la defensa en que debía aplicarse el método composicional (art. 58, Cód. Penal), por entender que era el que tiende a lograr una dosificación de la sanción más justa para garantizar que la pena unificada sea razonable y proporcional al juicio de reproche y a las circunstancias personales del acusado.
En síntesis, teniendo en cuenta el ilícito cometido, las atenuantes verificadas, la impresión favorable que causara el imputado en ocasión de ser entrevistado (con domicilio estable, trabajo, y deseo de terminar sus estudios), estimó conveniente reducir el monto de pena única estableciéndolo en tres años de prisión, de efectivo cumplimiento, con costas.
IV. Como lo anticipara, el impugnante no logra evidenciar —en el marco de excepcionalidad de la doctrina de arbitrariedad que invoca— que la sentencia en crisis carezca de fundamento legal.
Analizando el contenido de lo reseñado se puede apreciar que las afirmaciones expuestas en la impugnación no son eficaces para considerar que la Cámara careció de fundamentos jurídicos válidos en su sentencia.
En efecto, los magistrados de la Sala segunda brindaron los motivos fácticos y jurídicos de su decisión: estimaron el ilícito cometido, las atenuantes verificadas, más la favorable impresión que les causó Dure en ocasión de ser entrevistado a tenor del art. 41 del código Penal. Por lo demás, la preferencia por el criterio composicional —por estimarlo constitucionalmente prevalente sobre el aritmético—, no deja de ser un argumento admisible, pues el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni el art. 58 del Código Penal, impone o excluye dicha metodología.
Tampoco se advierte —como lo propone el impugnante—, que la solución aplicada resulte "...absurda por haberse suprimido una de las sanciones que se unifican", cuando en rigor, lo que decidieron los jueces revisores fue disminuir el monto total de la sanción, pero con efectivo cumplimiento de la pena.
En definitiva, el recurrente no logra exhibir —ni siquiera en modo incipiente— la existencia de graves defectos de fundamentación o razonamiento del fallo cuestionado, que encajen en el elenco de supuestos de la doctrina de la arbitrariedad que invoca (CSJN Fallos: 310:234).
Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y acá la parte solo expresa un criterio divergente al del tribunal que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal general adjunto de San Isidro (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/05/2025 11:51:18 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:25:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2025 16:21:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/05/2025 12:26:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2025 12:28:47 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/05/2025 12:38:05 hs. bajo el número RS-68-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia