Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140286
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.286, "Betiga, Leonardo David s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 112.445 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Mancini, Bouchoux.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, integrada con los señores jueces Maidana, Carral y Violini, mediante sentencia dictada el día 11 de febrero de 2022, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Leonardo David Betiga contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 de San Martín que lo había condenado a la pena de tres años y dos meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. En consecuencia, descartó dos pautas agravantes (condena anterior y comportamiento reticente con la policía) y mantuvo el mismo monto de pena.
Contra ese pronunciamiento interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, que fue declarado admisible por el órgano intermedio.
Esta Suprema Corte, mediante sentencia dictada el día 10 de noviembre de 2022, hizo lugar al recurso extraordinario, declaró la arbitrariedad del fallo dictado por la Sala I en lo atinente a la fundamentación de la pena y ordenó devolver la causa para que se dicte una nueva decisión ajustada a derecho (causa P. 137.011-RC).
Luego, la defensa oficial solicitó que se designe una nueva integración del Tribunal de Alzada por considerar que los señores jueces Maidana, Carral y Violini ya habían emitido opinión sobre el monto de la pena. La causal de recusación no fue admitida por los magistrados recusados y posteriormente el órgano competente rechazó el planteo (resol. de 23-II-2023 —firmada por Maidana, Carral y Violini— y resol. de 29-VIII-2023 —suscripta por Budiño y Borinsky—). Contra ello, la parte presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Alzada, mediante resolución dictada el día 8 de noviembre de 2023, desestimó por inadmisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley contra el rechazo de la recusación (conf. art. 482, CPP en sentido contrario).
A su vez, la citada Sala I, integrada con los señores jueces Maidana, Carral y Violini, mediante sentencia dictada el día 9 de noviembre de 2023, por mayoría, decidió mantener la pena de tres años y dos meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia impuesta a Leonardo David Betiga.
Contra lo decidido por el órgano revisor, el señor defensor adjunto de Casación, doctor Hernández, interpuso un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado admisible (resol. de 20-XII-2023).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, presentada la memoria y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor de Casación adjunto, en primer lugar, denunció la infracción de la garantía de imparcialidad.
En tal sentido, en los antecedentes del caso puntualizó que, luego del reenvío dispuesto por esta Suprema Corte y radicada nuevamente la causa en la Sala I del Tribunal de Casación, la defensa solicitó que se designara una nueva integración con fundamento en que "...los Sres. Jueces integrantes de la Sala I, Dres. Carral, Violini y Maidana, habían emitido opinión sobre las cuestiones debatidas en el presente, lo que impide [que] sean quienes nuevamente se aboquen al tratamiento del caso (art. 18, CN, 15 de la Const. Pcial., 47 inc. 1º y 13º, CPP)".
Frente a ello, recordó que se rechazó el pedido de recusación; y que, a continuación, la defensa oficial interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció la violación de la garantía de imparcialidad.
Añadió que la Sala I declaró inadmisible el mencionado recurso extraordinario por no cumplir con el recaudo de definitividad del art. 482 del Código Procesal Penal.
Destacó que un día después de declarar inadmisible el carril extraordinario, la Sala I dictó sentencia "...reexaminando la cuestión como lo ordenara la Suprema Corte y manteniendo el monto de pena originalmente impuesto".
I.1. Sentado lo anterior, en cuanto al fondo del reclamo, afirmó que en el caso se consolidó la violación de la garantía de imparcialidad (conf. arts. 8.1, CADH y 14.1, PIDCP).
Dijo que en el primer fallo de Casación (sent. de 11-II-2022) se hizo lugar parcialmente al recurso de la defensa y se descartaron dos pautas agravantes, pero se mantuvo el monto de pena impuesto en primera instancia. Indicó que se pretendió fundar tal temperamento en que "...el reenvío para que un nuevo tribunal sustancie y decida la cuestión, sujeto a dicha interpretación y sin posibilidad de variar el panorama de mensura, constituiría una dilación que debemos evitar (artículos 15 de la Constitución de la Provincia y 2º del Código Procesal Penal)".
Resaltó que esta Suprema Corte descalificó por arbitrario tal pronunciamiento y dispuso el reenvío para que se dictara uno nuevo sobre el fondo del asunto.
Alegó que más allá de la fundamentación genérica expuesta por el órgano revisor, aun cuando los jueces no explicitaron ("...guardaron in pectore") las razones que les hicieron confirmar el monto de pena, "...se han pronunciado ya sobre el sentido en que a su entender debería resolverse la cuestión planteada".
Frente a ello, sostuvo que se imponía la excusación de los magistrados para no continuar su intervención en el trámite subsiguiente de la causa y así resguardar la imparcialidad objetiva. En su apoyo, citó el precedente "Llerena" de la Corte nacional.
Concluyó que la garantía de imparcialidad exigía que el reenvío se cumpliera con una sala integrada con jueces diferentes a los preopinantes, pues solo así se hubiera garantizado la mayor objetividad posible en la revisión del monto de la pena.
I.2. Como segundo agravio, denunció la infracción de los principios de proporcionalidad y culpabilidad (arts. 18 y 19, Const. nac. y 9, CADH) en lo que respecta al modo en que se fundó la pena.
Indicó que al descartar dos pautas agravantes la Casación determinó que el hecho presenta un menor contenido de injusto —al quitar la resistencia al momento de la aprehensión— y de culpabilidad —al eliminar la condena anterior como agravante— lo que necesariamente debió reflejarse en una reducción de la pena.
Razonó que "...no puede ser sopesado de la misma manera un injusto consistente en que un sujeto viaja arriba de un tren portando un arma de fuego en horas de la noche que aquel injusto caracterizado con un sujeto, que presenta antecedentes condenatorios, que portó un arma de fuego a bordo de un transporte público en horas de la noche y que, luego de ser detenido en la estación férrea, asumió una actitud renuente a la autoridad, negándose a brindar datos filiatorios. Las circunstancias agravantes adicionadas en este último escenario fueron casadas por el Tribunal de Casación, sin que ello se vea reflejado en la dosificación de la pena".
I.3. Por último, se agravió de la violación de la garantía de la non reformatio in peius (art. 18, Const. nac.).
Alegó que cuando solo existe un recurso de la defensa, el Tribunal de Alzada no puede empeorar la situación del recurrente. Sin embargo, al descartar dos pautas agravantes y mantener el monto de pena impuesto en primera instancia, el Tribunal de Casación modificó la valoración del hecho —de su injusto o de su culpabilidad— considerándolo más grave de lo que lo consideró el órgano de primera instancia, en perjuicio de su defendido y en desmedro de la citada garantía. En su apoyo, citó el fallo "Escudero" de la Corte nacional, entre otros.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación; coincido con lo así dictaminado.
III. La denuncia de violación de la garantía de imparcialidad no puede prosperar (conf. art. 496, CPP).
III.1. Si bien el planteo en cuestión reviste un claro contenido procesal, y entonces —por vía de principio— resulta ajeno a la competencia de este Tribunal en el marco de lo establecido por el art. 494 del Código Procesal Penal, lo cierto es que se vincula directamente con garantías constitucionales, de modo que puede ser motivo de abordaje en el marco del recurso interpuesto a los efectos de no restringir el derecho de defensa con menoscabo del debido proceso consagrado en el art. 18 de la Constitución nacional (conf. doctr. CSJN causas "Strada" y "Di Mascio").
III.2. Sentado lo anterior, y previo a ingresar al fondo del reclamo, cabe destacar que el planteo es oportuno.
En efecto, del expediente digital se desprende que, con fecha 12 de diciembre de 2022, la defensa oficial solicitó que el reenvío ordenado por esta Suprema Corte se cumpliera con una nueva integración de la Sala I, al considerar que los señores jueces Carral, Violini y Maidana ya habían emitido su opinión sobre el monto de la pena, por lo que no correspondía que se volvieran a expedir sobre el punto (conf. arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov. y 47 incs. 1 y 13, CPP).
Frente a tal pedido, la Sala I del Tribunal de Casación (integrada por los señores jueces Carral, Violini y Maidana) mediante resolución dictada con fecha 23 de febrero de 2023, no admitió la causal de recusación. En los fundamentos de la resolución, afirmó que esta Suprema Corte al momento de ordenar el reenvío nada dijo sobre la intervención de jueces hábiles. Agregó que siendo que se casó el fallo por contener una fundamentación aparente en la individualización de la pena ello "...equivale a su ausencia", por lo que no es posible afirmar que se haya emitido opinión.
A su turno, la señora jueza Budiño y el señor juez Borinsky, mediante resolución dictada el día 29 de agosto de 2023, aceptaron lo resuelto por los jueces de la Sala I y desestimaron la causal de recusación.
Contra ello, la defensa oficial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante resolución dictada el día 8 de noviembre de 2023, desestimó la impugnación por inadmisible, al hallar incumplido el recaudo del art. 482 del Código Procesal Penal.
Si bien la defensa oficial no dedujo queja ante esta Suprema Corte (conf. art. 486 bis, CPP), lo cierto es que no es posible afirmar que haya abandonado el planteo pues, un día después de la declaración de inadmisibilidad de la vía extraordinaria, la Casación dictó sentencia sobre el fondo del asunto, pese a no encontrarse firme lo resuelto en torno a la recusación (conf. art. 486 bis cit.).
En suma, la integración del tribunal que habría de dictar sentencia debió quedar firme antes de que este procediera a cumplir su cometido, por estar cuestionada —precisamente— la estructura del procedimiento sobre la que se asienta la sentencia (conf. causas Ac. 85.638, resol. de 4-IX-2002; P. 77.838, sent. de 18-XI-2009; P. 110.734, "Prellezo", sent. de 11-XII-2013; todas en sentido contrario).
Por tales motivos, corresponde abordar —sin más— la denuncia de violación de la garantía de imparcialidad.
IV. Como se adelantó, el agravio no procede (conf. art. 496, cit.).
Conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, "...la imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de prejuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia" (CSJN causa "Llerena", Fallos: 328:1491, voto del señor juez Zaffaroni y de la señora jueza Highton, cons. 10°).
En el caso, no se advierte en el desempeño funcional de los jueces integrantes de la Sala I en sus dos intervenciones (sentencias dictadas el 11-II-2022 y el 9-XI-2023), a la luz del concreto alcance del reenvío dispuesto por esta Suprema Corte en el marco de la causa P. 137.011 (sent. de 10-XI-2022), que estos hayan actuado con falta de neutralidad, prejuicios o interés personal (conf., con sus diferencias, causas P. 87.253, sent. de 23-IV-2008; P. 106.345, resol. de 3-III-2010; P. 105.552, resol. de 11-VIII-2010 y P. 108.840, sent. de 21-III-2012).
Tal como lo pusieron de manifiesto oportunamente los jueces de la Sala I del Tribunal de Casación (v. resol. de 23-II-2023), el reenvío dispuesto por esta Suprema Corte en el marco de la citada causa P. 137.011 tuvo por finalidad que se fundara debidamente la decisión del voto mayoritario de mantener el monto de pena pese a haber descartado dos pautas agravantes.
En otras palabras, el alcance de la arbitrariedad advertida por esta Suprema Corte con el consecuente reenvío radicó —puntualmente— en la ausencia de fundamento razonado que explicara de qué manera, pese a haber descartado agravantes, el Tribunal de Alzada pudo mantener el mismo monto de pena.
De ahí que la defensa oficial, al sostener que los jueces de la Sala I ya se habían pronunciado sobre el punto y que no se garantizó la "objetividad" en la "...revisión del monto punitivo", no comprendió el específico alcance del reenvío (conf. art. 495, CPP).
Es que la arbitrariedad por la cual este Tribunal oportunamente dispuso el reenvío no radicó en la conclusión a la que arribó la Casación de mantener el monto de pena —aspecto sobre el cual no se hizo ninguna consideración— sino en una cuestión lógica anterior, que consistió en la ausencia de fundamento razonado para explicar por qué, a pesar de descartar pautas agravantes, dejó inalterada la sanción de tres años y dos meses fijada en la instancia de origen.
De este modo, el reenvío tuvo por finalidad que el Tribunal de Alzada explicitara los fundamentos por los cuales, pese a descartar pautas agravantes, mantuvo la pena impuesta en la instancia, cuando el delito por el que fue condenado Betiga tiene una escala penal que va de uno a cuatro años de prisión.
En efecto, el propio señor defensor oficial reconoció que los fundamentos para mantener el mismo monto de la pena quedaron in pectore, y es precisamente dicho aspecto el que comprendió el reenvío: completar la premisa que estuvo ausente en la primera sentencia casatoria, que radica en explicar los motivos para mantener el monto de la pena pese a haber descartado pautas agravantes.
En suma, el cumplimiento del reenvío —teniendo en especial consideración sus alcances— por parte de los mismos jueces que intervinieron previamente en la etapa casatoria no afectó la garantía en cuestión, pues se pronunciaron sobre un aspecto ausente en el fallo anterior.
Por todo lo expuesto, cabe concluir que la defensa oficial le otorgó un alcance indebido a la garantía constitucional a ser juzgado por un tribunal imparcial (arts. 18, Const. nac.; 8.1, CADH y 14.1, PIDCP), invocando el art. 47 inc. 1 del Código Procesal Penal sin advertir que —precisamente— los jueces de la Sala I, en el reenvío, se pronunciaron sobre un punto ausente en el fallo anterior.
V. Igual suerte corresponde al planteo de violación de los principios de proporcionalidad y culpabilidad (conf. art. 495, CPP).
V.1. De la lectura del fallo de Casación se advierte que el voto mayoritario (señor juez Carral con adhesión simple del señor juez Violini) afirmó que "...la circunstancia que el Tribunal haya impuesto una pena que excede el mínimo de la escala penal, como así también la exclusión en es[a] instancia de dos de las pautas agravantes consideradas, no habrán de tener consecuencia en el monto de la sanción, pues en parte se encuentra cimentada".
Agregó que "...tomando en consideración las características del hecho, pues el acusado portó un arma de fuego a bordo de un transporte público en horas de la noche, se revela una conducta ciertamente peligrosa".
En función de ello, sostuvo: "Considerando [...] el disvalor de los hechos por los que Betiga fue condenado, la pena a recaer sin obviar criterios de prevención especial no puede pasar por alto también el necesario enfoque de prevención general, de modo que la reacción punitiva estatal no pierda la correlación de proporcionalidad, sino que a su vez no incurra en una defraudación de las expectativas sociales por una escasa extensión del reproche y entonces el fortalecimiento del sistema por la negación del delito resulte afectando así la confianza en el ordenamiento jurídico".
Mencionó que "Desde el punto de vista constitucional, la reprochabilidad, como fundamento y medida de la responsabilidad penal, establece como criterio rector que la sanción a imponer no puede superar la gravedad de la culpabilidad, en tanto debe guardar proporción con el hecho ilícito incriminado".
Concluyó que, por tales razones, en función del reenvío ordenado, correspondía mantener la pena de tres años y dos meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia.
V.2. Ahora bien, de la reseña efectuada se advierte que el voto de la mayoría afirmó que, a pesar de descartar dos pautas agravantes, la pena impuesta en primera instancia resultaba respetuosa de los principios de culpabilidad y proporcionalidad, así como también, permitía cumplir no sólo con los fines de prevención especial sino también de prevención general.
En tal sentido, hizo especial referencia al contexto en que se enmarcaron los hechos (portación de un arma de fuego a bordo de un transporte público en horas de la noche), aspecto sobre el cual la defensa oficial nada dijo en su impugnación.
En resumen, la parte no se hizo cargo de demostrar de qué manera la obliteración de las pautas agravantes en cuestión exigía una reducción de la pena cuando, por el contrario, el Tribunal de Alzada expuso motivos fundados con anclaje en las particularidades del hecho que le permitieron afirmar que la pena impuesta en la instancia resultaba ajustada a derecho (conf. art. 495, CPP).
Las denuncias de infracción de los principios de culpabilidad y proporcionalidad, sin hacerse cargo de las concretas circunstancias fácticas a las que hizo referencia el Tribunal de Casación para mantener el monto de la sanción decidido en primera instancia pese a haber descartado pautas agravantes, parece desconocer la doctrina de esta Suprema Corte que establece que el criterio divergente de la parte acerca de la incidencia sobre el monto de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 64.969, sent. de 12-III-2003; P. 73.338, sent. de 25-VI-2003; P. 132.795, sent. de 13-VIII-2020; e.o.).
VI. Finalmente, la denuncia de violación de la garantía contra la reformatio in peius tampoco es de recibo (conf. art. 495, cit.).
Se insiste en que el hecho de que la Casación haya descartado pautas agravantes no la obligaba a reducir el monto de pena de manera automática —como parece pretender la parte— siempre que diera razones suficientes para ello.
Acá, el tribunal revisor dio razones suficientes para justificar su temperamento a la luz de los arts. 40 y 41 del Código Penal, tomando en especial consideración las limitaciones que imponen los principios de culpabilidad y proporcionalidad (conf., con sus diferencias, mi voto en causa P. 132.095, sent. de 20-X-2020).
En definitiva, la defensa oficial no se hizo cargo del conjunto de fundamentos con los cuales el Tribunal de Casación justificó su decisión de mantener la pena impuesta en la instancia (v. ptos. V.1. y V.2.).
Sus embates, edificados sobre la idea de que descartar pautas agravantes exigía disminuir la pena, sin hacer
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