Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140403
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.403, "Garcés, Martín Alejandro s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 127.336 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, condenó a Martín Alejandro Garcés a la pena única de diecinueve años de prisión, multa de tres mil pesos e inhabilitación absoluta por el término de la condena, y privación —mientras dure la pena— de la patria potestad, de la administración de sus bienes y de disponer de ellos por actos entre vivos, manteniendo la declaración de reincidencia, comprensiva de la pena de doce años de prisión, impuesta el día 25 de marzo de 2014 por la Sala I del Tribunal de Casación Penal, en la causa 62.206, caratulada "Garcés, Martín Alejandro s/ recurso de casación", por resultar autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego —dos hechos—, en concurso real con abuso de arma con lesiones, lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de guerra, en concurso real (arts. 79 —en función del art. 42—, 104 segundo párr., 90, 41 bis, 189 bis inc. 2 cuarto párr. y 55, Cód. Penal); y la pena de nueve años de prisión, tres mil pesos de multa e inhabilitación absoluta por el término de la condena, con más la declaración de reincidente por segunda vez, dictada el día 31 de agosto de 2016 por el Tribunal Oral en lo Criminal federal de Bahía Blanca en la causa 8.580/2014/TO1 que lo condenó como autor responsable del delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo (arts. 45, Cód. Penal y 5 inc. "c" y 11 inc. "c", ley 23.737), accesorias legales y costas (v. sent. digital de 31-VII-2023).
Frente a ello la defensa oficial del imputado interpuso recurso de casación, que fue rechazado por improcedente por la Sala I del Tribunal de Casación Penal mediante sentencia del día 8 de noviembre de 2023.
Contra ello, el señor defensor oficial adjunto doctor José María Hernández dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue admitido por la Sala recurrida (v. resol. digital de 28-XII-2023).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denuncia la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal.
Luego de repasar los antecedentes de autos, aduce que el tribunal intermedio incurrió en contradicción con su primer pronunciamiento dictado el día 11 de julio de 2023 en el que sostuvo que nos encontramos frente a un supuesto de unificación de condenas; siendo que, en la resolución ahora impugnada, se rechazó el recurso validando una unificación de penas, afirmando que la sentencia que impuso la pena total es razonable y fundada.
Indica que, sobre la base de la confusión del procedimiento de definición de la pena total (se afirma falsamente que se trata de un supuesto de unificación de penas, luego de haber sostenido lo contrario en su primera intervención), la resolución confunde la firmeza de los hechos sobre los que se fundan las condenas a unificar con el carácter atenuante o agravatorio que tienen los mismos.
Explica que se inaplicó el régimen de unificación de condenas previstas en el art. 58 del Código Penal que se había sostenido con anterioridad —y que corresponde en el particular— y tal inexactitud agravia a esa parte por cuanto impacta directamente en la forma de resolver la pena única que en definitiva se impuso a Garcés.
El proceso en trato —en su parecer— implica la conformación de una nueva escala penal, que estará dada por las reglas establecidas en el art. 55 del Código Penal en función de las penas mínimas y máximas previstas para cada uno de los delitos por los que fue condenado, y conlleva la obligación por parte del órgano jurisdiccional de analizar los argumentos que traen las partes en este nuevo proceso y fundamentar la aplicación al caso de las pautas establecidos en los arts. 40 y 41 del referido cuerpo legal.
Solicita se anule la sentencia en crisis y se dicte un nuevo pronunciamiento acorde a derecho.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no puede prosperar, a tenor de los argumentos que expone en su dictamen (conf. art. 495, CPP).
III. Previamente corresponde reseñar lo acontecido en el caso:
III.1. El Tribunal Criminal n° 3 de Bahía Blanca, por sentencia del día 22 de octubre de 2013, encontró a Martín Alejandro Garcés autor penalmente responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego —dos hechos—, en concurso real con abuso de arma con lesiones, lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de guerra, en concurso real, y lo condenó a catorce años de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente. Dicha sentencia fue revocada por la Sala I del Tribunal de Casación, que condenó al nombrado a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, más la declaración de reincidencia. Fallo que adquirió firmeza el día 15 de noviembre de 2017.
Por su parte, el Tribunal Oral en lo Criminal federal de Bahía Blanca, por decisorio del día 31 de agosto de 2016, en la causa FBB 8.580/201/TO1 condenó al nombrado como autor responsable del delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, a una pena de nueve años de prisión y tres mil pesos de multa, con más la inhabilitación absoluta por el término de la condena y privación, mientras dure la pena de la patria potestad, de la administración de sus bienes y de disponer de ellos por actos entre vivos, declarándoselo reincidente por segunda vez.
El señor agente fiscal departamental, doctor Diego Torres, en su presentación del día 13 de febrero de 2023, solicitó la unificación de penas en los términos del art. 58 del Código Penal, en el monto de veintiún años de prisión.
La defensora oficial del condenado consideró que pretender una unificación aritmética o composicional a escasos meses del vencimiento de las penas resultaba un perjuicio para su asistido, quien había cumplido casi en su totalidad y en forma paralela las dos causas. Solicitó la imposición de una pena única de doce años de prisión; y en forma subsidiaria, una pena de doce años y cinco meses de prisión, que es el resultado de la suma de la pena mayor con el resto de pena que debe cumplir en la menor.
El órgano de la instancia consideró procedente la unificación de penas y condenó a Garcés a la pena única de diecinueve años de prisión, multa de tres mil pesos e inhabilitación absoluta por el término de la condena, y privación mientras dure la pena de la patria potestad, de la administración de sus bienes y de disponer de ellos por actos entre vivos, manteniendo la declaración de reincidencia (sent. de 10-III-2023).
III.2. Frente a ello la defensa oficial presentó recurso de casación donde denunció la arbitrariedad del procedimiento de individualización de la pena. Cuestionó el método seguido para determinar el quantum punitivo, por haberse escogido el más rígido y perjudicial a los intereses de su defendido. Señaló que no se han expuesto cuáles han sido los parámetros de mensuración tenidos en cuenta al imponer la pena única. Resaltó la demora del representante del Ministerio Público Fiscal para solicitar la unificación. Sostuvo que el monto punitivo resultó desproporcional. Reclamó la omisión de expresión de la pautas agravantes y atenuantes contempladas.
III.3. La Sala I del Tribunal de Casación dictó sentencia el día 11 de julio de 2023 (causa 124.565) hizo lugar al recurso de la defensa por los motivos que expuso, casó la sentencia y reenvió los autos al Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca para que dicte una nueva decisión ajustada a derecho.
Sostuvo que en autos "...concurre un supuesto de unificación de condenas, en tanto se trata de dos hechos que se hallan relacionados bajo el supuesto de un concurso real —art. 55 del CP— que, por razones técnicas ajenas al enjuiciado, determinó la promoción de procesos por separado (art. 58 segunda parte del CP)".
Consideró que la decisión del tribunal de grado había incurrido en "...un déficit de motivación que configura un supuesto de sentencia arbitraria" y, sobre la base de esta conclusión se resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
III.4. Así reingresadas las actuaciones, el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca destacó que se trataba de "...un caso de unificación de condenas, donde deben aplicarse las reglas de concurso real ya que se tratan de dos hechos que por circunstancias ajenas al encausado tramitaron por separado, cuando debían haberse juzgado simultáneamente".
En esa senda ponderó al método composicional como el más adecuado para la determinación de la pena única, atendiendo a las agravantes meritadas en la causa 2.552 de registro de ese tribunal —modificada por la sentencia dictada por la Sala I del Tribunal de Casación Penal en la causa 62.206— que son "...el modo de ejecución del hecho (haber premeditado el ataque durante por lo menos media hora, llegar súbitamente y abrir fuego en un lugar concurrido); y la extensión del daño causado a la víctima"; y en la causa 8.580/2014/TOI del Tribunal Oral en lo Criminal federal, que se computaron como agravantes los antecedentes condenatorios del encausado y su condición de reincidente, sin meritarse en ninguno de los precedentes citados circunstancias atenuantes.
En atención a lo señalado condenó al nombrado Garcés a la pena única de diecinueve años de prisión, multa de tres mil pesos, e inhabilitación absoluta por el término de la condena, y privación mientras dure la pena de la patria potestad, de la administración de sus bienes y de disponer de ellos por actos entre vivos, manteniendo la declaración de reincidencia, comprensiva de las condenas antes reseñadas (v. sent. unificatoria digital de 31-VII-2023).
III.5. Contra ello la defensa oficial presentó un nuevo recurso de casación, donde planteó arbitrariedad en la individualización de la pena impuesta. Ausencia de motivación. Violación del derecho de defensa al optar el tribunal por unificar la pena siguiendo el método más estricto, esto es una suma casi aritmética, sin considerar que una de las penas ya estaba agotada. Denunció desproporcionalidad de la pena impuesta y omisión de consideración de los baremos obligatorios de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Solicitó se revoque el fallo y se fije la pena única en doce años de prisión.
III.6. La Sala I del órgano casatorio rechazó por improcedente el recurso homónimo.
Preliminarmente destacó que el fallo sometido a revisión fue dictado como consecuencia de la sentencia de esta Sala en la causa 124.565, caratulada "Garcés Martín Alejandro s/ recurso de casación" rta. 11-VII-2023, a través de la cual se dejó sin efecto el pronunciamiento de unificación y se remitió para el dictado de una nueva decisión ajustada a derecho.
Más allá de sostener la concurrencia de un supuesto de unificación de penas, de seguido, mencionó que la unificación de penas y/o condenas se fundamenta en la necesaria unidad de la reacción penal en aras de lograr una unidad de trato punitivo y evitar que un sujeto que cometió una pluralidad de infracciones quede sometido a distintos regímenes, a expensas de una multiplicidad de manifestaciones de la coerción penal, de modo desordenado y con posibilidad irracional de exceso punitivo. Por eso, la unidad de coerción material debe expresarse siempre bajo los parámetros de una "pena total", se trate de una unificación de penas o del caso de una unificación de condenaciones.
Luego de referenciar que el órgano de mérito sin alterar las declaraciones contenidas en las sentencias objeto de unificación, consideró justo, en consonancia con las agravantes y atenuantes contempladas, merced a lo dispuesto en los arts. 40 y 41 del Código Penal, imponer a Martín Alejandro Garcés la pena única de diecinueve años de prisión, subrayó que no advertía una desproporción en el monto de la sanción aplicada, ni ausencia de fundamentación al respecto (arts. 55 y 58, Cód. Penal).
Apuntó que el sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal argentino —de penas relativas— en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, solamente permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico racional del proceso de decisión.
Apreció que no existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena y que la evaluación conjunta de los ilícitos, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, no permiten arribar a un monto con exactitud matemática.
Con cita de doctrina destacó que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano.
Advirtió que el tribunal, teniendo en consideración las constancias de autos, administró las pautas relativas a los arts. 40 y 41 de la ley de fondo y utilizó el método composicional para fijar la pena que estimó justa. Concluyó, en fin, que la sanción impuesta se ajustaba "...a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad y constituyen la medida de la culpabilidad de los actos atribuidos". Por lo que rechazó el recurso intentado.
IV. Como se anticipó, las manifestaciones de la parte vinculadas a la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal resultan imprósperas (conf. art. 496 cit.).
De la lectura del fallo unificatorio efectuado en virtud del reenvío de la Sala I del Tribunal de Casación se advierte que el caso de autos quedó subsumido en el supuesto de unificación de condenas.
Cabe señalar que esta Corte tiene dicho que la norma del art. 58 del Código Penal prevé dos supuestos en los que corresponde la unificación de penas (conf. doctr. causa P. 130.344, sent. de 24-X-2018; e.o.):
1. "Cuando '...después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto' (parágrafo 1, 1ª parte, 1ª disposición)".
2. "Si se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación a las reglas de los arts. 55, 56 y 57 del Código Penal (parágrafo 1, 1ª parte, 2ª disposición)".
Esta segunda disposición, que rige la situación de autos, capta un supuesto de violación a las reglas del concurso lo que amerita se ultrapase la autoridad de una sentencia firme para que puedan reunirse ambas en un solo fallo, salvándose los principios que gobiernan la acumulación de las penas y los inconvenientes derivados del cómputo de la prisión preventiva, cuando se hubieren seguido simultáneamente, por separado, dos procesos distintos.
De modo que pese a la contradicción que pudiera existir entre el primer pronunciamiento del órgano casatorio, del día 11 de julio de 2023, en el que afirmó que el caso de autos se enmarcaba en el supuesto de unificación de condenas, y el segundo fallo que mencionó la unificación de penas, según se desarrolla en el dictamen de la Procuración General, no se advierte el perjuicio irrogado a Garcés teniendo en consideración que los agravios defensistas se refieren al método de unificación utilizado y a la desproporcionalidad de la pena total impuesta, requiriendo su disminución.
La actuación del órgano de mérito, confirmada por el Tribunal de Alzada, que —previo oír a las partes— se remitió a las agravantes fijadas en las respectivas sentencias cuyas condenas unificó, es conteste con la doctrina de esta Suprema Corte sobre el punto sin que el impugnante haya agregado ningún argumento novedoso apto para conmoverla (conf. causas P. 69.230, sent. de 10-IX-2003; P. 129.738, sent. de 27-II-2019; e.o.).
En el marco de las causas P. 129.738, sentencia de 27-II-2019 y P. 134.862, sentencia de 10-XII-2021, se resolvió que no viola lo dispuesto por el art. 58 del Código Penal la sentencia unificatoria que se remite, como en el presente caso, a las circunstancias severizantes declaradas en las condenas a unificar.
Las pautas agravantes que el órgano de mérito tuvo en consideración configuran hechos que la sentencia unificatoria no puede alterar. Lo que sí puede hacer el fallo de unificación es dar un peso distinto a esas circunstancias, lo que efectivamente ocurrió en el caso, pues la condena única es menor a la suma aritmética de las penas originarias (conf. causas P. 69.230 y P. 129.738, cits.).
En definitiva, la etapa de unificación del art. 58 del Código Penal no brinda una oportunidad para volver a discutir la existencia de las agravantes y atenuantes consideradas en los fallos originarios.
También se ha resuelto que la resolución que para unificar las penas respectivas las suma lisa y llanamente, no siendo el caso de autos, no incurre por esa sola circunstancia en violación del citado art. 58 pues si bien esta disposición no impone dicha metodología, tampoco la excluye (conf. doctr. causas P. 97.971, sent. de 13-XII-2006; P. 104.743, sent. de 15-IV-2009; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; e.o.).
Por todo lo expuesto, cabe concluir que la unificación de condenas cumplió con las exigencias del art. 58 del Código Penal pues, previo garantizar el contradictorio entre las partes, tomó en consideración las agravantes ponderadas y la ausencia de atenuantes en las sentencias cuyas condenas unificó aplicando el método composicional, lo que da cuenta de que asignó un distinto peso a dichas pautas.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/05/2025 11:51:21 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:25:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2025 16:21:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/05/2025 12:26:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2025 12:28:48 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/05/2025 12:38:06 hs. bajo el número RS-69-20
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