Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140422
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se casa la sentencia impugnada y se devuelven los autos al tribunal de origen para que, previa audiencia de visu con Oscar Guillermo Martínez, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.422, "Martínez, Oscar Guillermo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 136.806 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Mancini, Carral.
El Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Morón, por sentencia del 23 de noviembre de 2016, condenó a Oscar Guillermo Martínez a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito de homicidio en grado de tentativa agravado por ser cometido con arma de fuego (hecho I, del 19 de octubre de 2013, víctima Moreyra); robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causae agravado por uso de arma de fuego en grado de conato (hecho IV, del 15 de agosto de 2015, víctima Domínguez), y robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa (hecho V, del 16 de agosto de 2015, víctima Vizcarra), todos en concurso real (arts. 40, 41, 41 bis, 42, 44, 55, 79, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 párrafo segundo, Cód. Penal).
Contra dicho pronunciamiento, la defensa oficial del imputado interpuso recurso de casación en el que —en lo que resulta de interés— se agravió de las pautas de mesura de la pena, sobre la incidencia de algunas atenuantes, que se dejen sin efecto las agravantes ponderadas y por estimar, además, excesivo el monto determinado, solicitó la imposición del mínimo de la escala penal.
Examinado por la Sala III del Tribunal de Casación, tales reclamos fueron —por mayoría— rechazados y convalidado el fallo en todos sus términos (v. sent. digital de 23-IV-2019).
Frente a ello la defensa presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Esta Corte, mediante sentencia del 13 de abril de 2021, hizo lugar al recurso extraordinario y revocó la sentencia dictada por el a quo en el nivel de la determinación de la pena, disponiendo el reenvío al Tribunal de Casación para que, conforme lo fallado, se dicte un nuevo pronunciamiento (art. 496, CPP).
Reingresados los autos a la instancia intermedia, el 2 de noviembre de 2021 el señor defensor oficial adjunto peticionó ante el Tribunal de Casación Penal que la demora en el proceso revisor fuera estimada como circunstancia atenuante sobreviniente. De la mano de doctrina de esta Suprema Corte en la que se adoptó tal temperamento, requirió la audiencia de contacto de visu del art. 41 inc. 2 del Código Penal a esos fines (v. presentación digital).
A su turno la Sala III del órgano revisor —con nueva integración— hizo lugar al planteo efectuado por la defensa en el recurso homónimo, casó la resolución dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 6 de Morón, obliteró el estado de prófugo mantenido por el imputado como circunstancia agravante de la pena, readecuó la sanción y fijó la nueva en diecinueve años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, manteniendo incólumes las restantes cuestiones tratadas en la resolución citada (v. sent. digital de 8-II-2022).
La defensa oficial dedujo recurso extraordinario de nulidad por omisión de tratamiento de la mentada pauta atenuante de pena sobreviniente, que fue declarado inadmisible por la Sala recurrida, frente a lo cual presentó queja ante este Tribunal.
Por resolución del 16 de marzo de 2023 esta Corte admitió la queja y declaró mal denegado el recurso extraordinario de nulidad (art. 486 bis, CPP). Asimismo, hizo lugar al referido remedio extraordinario, declaró la nulidad de la sentencia recurrida y devolvió los autos a la Sala III del Tribunal de Casación Penal para que, a la mayor brevedad posible, brinde tratamiento al agravio omitido referido a la circunstancia atenuante sobreviniente (arts. 491 y 492, CPP y 31 bis, ley 5.827 —conf. texto según ley 13.812—).
Al expedirse en función de ese último reenvío, la referida Sala rechazó por improcedente el planteo efectuado por la defensa respecto a considerar la dilación indebida del proceso como pauta atenuante en la determinación de la pena y, como corolario, que pudiera tener impacto en el monto punitivo, sin costas (arts. 40 y 41, Cód. Penal; v. sent. de 4-VII-2023).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue admitido por el tribunal intermedio (v. resol. de 29-XII-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 4-X-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurrente tacha la sentencia de arbitraria por apartamiento de las constancias de la causa e inadecuado tratamiento del agravio relativo a la violación del derecho a ser oído y ser juzgado en un plazo razonable (arts. 7.5. y 8.1., CADH); se queja de la falta de reconocimiento de su impacto en el monto punitivo aplicado pese al transcurso —entonces— de más de seis años de trámite revisor de la sentencia de condena. Denuncia violación de la doctrina legal de esta Corte en los casos P. 129.222 y P. 110.833, entre otros, y apartamiento injustificado del precedente de la Corte Suprema de Justicia "Espíndola y Pelayes" (Fallos: 342:584).
Destaca que el pedido fue introducido en la primera intervención concedida a esa defensa, previo al dictado del nuevo pronunciamiento que, en función del reenvío, debía resolver nuevamente la parcela del recurso de casación relativa a la pena impuesta; y, dado el carácter "sobreviniente" del postulado acerca de la vulneración del plazo razonable, su temporaneidad ha sido reconocida por esta Suprema Corte en diversos precedentes (conf. causa P. 129.222).
Luego de una reseña de los fundamentos esgrimidos por el Tribunal de Casación, sostiene que de acuerdo a inveterada doctrina de esta Corte la excesiva duración del proceso puede subsumirse entre las "condiciones personales" mencionadas en el art. 41 inc. 2 del Código Penal, doctrina de la cual —según adujo— se apartó arbitrariamente el tribunal a quo.
Destaca que en el caso no se advierte complejidad en los ilícitos, pluralidad de imputados o víctimas, ni conductas irregulares de su pupilo durante el trámite de los recursos deducidos, no obstante haber insumido esa etapa más de seis años.
Luego de invocar el precedente P. 70.200, sentencia de 27-VIII-2008 de esta Corte, concluye que "...al momento de resolver el Tribunal de Casación no podía prescindir del atraso que alcanzaba el proceso revisor", lo cual hizo de manera injustificada, merced a un tratamiento inadecuado de la cuestión, obstando la posibilidad de subsanar la situación mediante una reducción compensatoria en el momento de la pena dictada. Citó en apoyo el precedente causa P. 88.303 (sent. de 25-III-2009).
Por lo expuesto solicitó que se anule la sentencia recurrida y se reenvíen los autos al inferior a fin de dictar un nuevo fallo ajustado a derecho, y se valore la excesiva duración del proceso revisor como pauta sobreviniente con aptitud para atenuar la pena.
II. El señor Procurador General se expidió por el rechazo del recurso (v. dictamen digital de 4-X-2024).
III. Disiento con su opinión. El recurso progresa a tenor de doctrina mayoritaria de esta Corte.
IV.1. En ocasión de decidir lo que fuera reseñado en los antecedentes (sent. de 4-VII-2023), en virtud del reenvío dispuesto por esta Corte, la Sala III del órgano revisor —con la integración de los señores jueces Kohan y Natiello— rechazó la petición de la defensa vinculada con la ponderación de la excesiva duración del proceso en la etapa impugnativa como circunstancia atenuante de la pena, en el entendimiento de que en esa faena, los elementos centrales a tener en cuenta por el sentenciante son la magnitud del injusto penal y la culpabilidad de acto, tanto en lo relativo a la cuantía o monto de la pena como también respecto de la clase de pena y su forma o modalidad de cumplimiento.
Explicó que la magnitud del injusto y el grado de reprochabilidad del acto serían los criterios a tener en consideración en la determinación de la pena dentro de las escalas penales fijadas por el legislador, siendo las circunstancias enumeradas en el art. 41 del Código Penal referencias ejemplificativas que indicarán un menor o mayor grado de cada uno de dichos conceptos, que esencialmente remiten al grado de disvalor objetivo y a la culpabilidad respecto del hecho cometido, siempre vinculadas con las características o calidades de la personalidad del autor que sean reveladoras de mayor o menor contenido de injusto en su accionar.
Sostuvo que "...la demora en el trámite recursivo resulta un factor exógeno a las circunstancias a considerarse a los efectos mensurativos de la pena, dado que no se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el art. 41 del Código Penal. De la lectura simple de dicha norma emerge sin dificultad el hecho de que el establecimiento de la pena debe realizarse atendiendo a circunstancias puntuales que son de índole objetivo (las cuales se relacionan con el hecho delictivo perpetrado) y subjetivas (ligadas a las condiciones personales del condenado) y todas están dirigidas a situaciones anteriores a la comisión del delito e inciden en los motivos que lo llevaron a delinquir".
Apuntó que las circunstancias posteriores a la comisión del delito (v.gr.: sujeción o no al proceso por parte del imputado, condiciones carcelarias, etc.) no tienen incidencia en la cuantificación de la pena.
Afirmó que los patrones mensurativos de los arts. 40 y 41 del Código Penal refieren al aspecto objetivo del hecho delictivo y a las características o calidades de la personalidad del autor, por lo que la duración del proceso ninguna relación tiene con las reglas contenidas en el art. 41 referido. Cita, entre otros, el precedente P. 110.833, sentencia de 4-V-2011 de esta Corte.
IV.2. Sintetizando lo antedicho, el tribunal intermedio abordó el punto que había quedado preterido y lo rechazó por entender que la demora en el trámite recursivo resulta un factor exógeno a las circunstancias a considerar a los efectos de mensurar la sanción, dado que no se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el art. 41 del Código Penal.
Se advierte que tales apreciaciones resultan contrarias a lo establecido por esta Corte sobre el punto. La doctrina mayoritaria del Tribunal, tal como refiere el recurrente, tiene dicho que el inadecuado tratamiento procesal a que se vio sometido un imputado (en cuanto a la indebida dilación del proceso penal) puede hallar apropiada reparación en las reglas de individualización de la pena y en las que legislan lo relativo a las condiciones de su ejecución, sin perjuicio de las enmiendas que se ofrecen desde otros ámbitos (conf. doctr. causas P. 88.303, sent. de 25-III-2009; P. 110.833 —citado por el a quo—; P. 109.935, sent. de 11-V-2012; P. 113.790, sent. de 26-IX-2012; P. 90.759, sent. de 23-X-2013; P. 126.655, sent. de 9-VIII-2017; P. 126.473, sent. de 16-VIII-2017; P. 129.222, sent. de 20-II-2019; e.o.).
Las diferentes expresiones de los arts. 40 y 41 del Código represivo, en cuanto permiten ponderar en la determinación judicial de la pena, entre otros factores, las "condiciones personales" del procesado, imponiéndole a los jueces el deber de "tomar conocimiento directo y de visu" con aquel "en la medida requerida para cada caso" (art. 41, inc. 2, Cód. Penal), pueden servir de guía para encauzar la solución pretendida. Pues, al contemplar esa fórmula la posibilidad de que circunstancias posteriores a la ejecución del hecho repercutan menguando la pena proporcional a la culpabilidad, brinda un medio adecuado para reparar los efectos de la exorbitante morosidad judicial o la indebida dilación (conf. mi voto en causas P. 88.303 y P. 129.222, citadas, entre muchas).
Por lo expuesto, considero que la sentencia es arbitraria. El órgano intermedio debió haber realizado la valoración correspondiente a fin de determinar, si conforme las constancias de autos, podía o no meritarse como pauta atenuante la excesiva duración del proceso como fuera pretendido por la defensa.
Ello, más allá del deber del a quo de verificar en el caso concreto si la parte se ha ocupado de evidenciar la concurrencia del conjunto de circunstancias que tanto la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y este Superior Tribunal provincial imponen valorar a los fines de fallar sobre la infracción de la garantía del plazo razonable en la tramitación del proceso revisor.
En consecuencia, corresponde casar el fallo impugnado y reenviarlo al Tribunal de Casación para que, previa audiencia de visu con Oscar Guillermo Martínez, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini dijo:
Discrepo con la solución propuesta por el distinguido colega que abre el acuerdo, pues entiendo que el fallo recurrido debe confirmase.
En efecto, coincido con los jueces de la anterior instancia en cuanto a que no corresponde computar la prolongación del proceso como circunstancia de atenuación, pues aun con fundamento en el derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas y en el perjuicio ocasionado al imputado como su resultado, de todos modos resulta una contingencia ajena a las pautas previstas en el art. 41 del Código Penal, que tampoco se vincula con la culpabilidad evidenciada en el hecho concreto, al resultar posterior al mismo.
De quebrarse esta lógica, que en apariencia tendría exclusivo sustento en la ubicación temporal de la circunstancia pretendidamente atenuante, se asumiría el grave riesgo de lesionar el concepto del derecho penal de acto, desentendiéndose de su vinculación con la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad evidenciado en el hecho imputado.
En función de lo dicho hasta aquí, y sin que se encuentre en el caso fundamentación que justifique una solución distinta, a la cuestión planteada voto por la negativa.
El señor Juez doctor Carral, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se casa la sentencia impugnada y se devuelven los autos al tribunal de origen para que, previa audiencia de visu con Oscar Guillermo Martínez, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/05/2025 14:15:54 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2025 15:37:13 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2025 15:41:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/05/2025 18:15:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2025 12:40:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2025 12:47:28 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/05/2025 13:54:58 hs. bajo el número RS-71-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia