Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 141098
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Héctor Adrián Enrique, con costas (conf. arts. 488 segundo párr., 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 141.098, "Enrique, Héctor Adrián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° RC-133 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores, mediante sentencia dictada el día 4 de octubre de 2023, en lo que aquí importa, rechazó el recurso deducido por la defensa oficial de Héctor Adrián Enrique contra la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 3 que, en el marco de un juicio abreviado, lo condenó a la pena de un año y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de lesiones graves, amenazas agravadas y daño en concurso real con atentado contra la autoridad agravado.
Frente a lo así decidido, el señor defensor general del Departamento Judicial de Dolores, doctor Daniel Ignacio María Arias Duval, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Alzada, mediante resolución dictada el día 28 de diciembre de 2023, admitió la impugnación por considerar que las denuncias de arbitrariedad por indebida fundamentación, defensa en juicio, debido proceso y derecho a la revisión amplia del acápite vinculado a la determinación de la pena se plantearon con la suficiencia y carga técnica necesarias.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa oficial, luego de reseñar los antecedentes del caso, tachó de arbitrario el fallo y denunció la violación del derecho de defensa en juicio, culpabilidad, proporcionalidad, debido proceso y doble conforme, por errónea revisión de la determinación de la pena impuesta y de su modalidad de cumplimiento (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP).
Afirmó que se debió condenar a su asistido a la pena de un año de prisión —el mínimo de la escala penal—, en lugar de un año y dos meses; y establecerse el carácter condicional de su ejecución. Agregó que no se fundó la imposición de la pena de cumplimiento efectivo (conf. art. 26, Cód. Penal).
Señaló que el Tribunal de Alzada no dio debida respuesta a los agravios vinculados con la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y solicitó, con cita de doctrina autoral, que al momento de evaluar la culpabilidad y mesurar la pena, se pondere la vulnerabilidad del individuo.
En esa línea, insistió en la afectación del derecho a la revisión amplia del acápite de la pena, pues —a su entender— la Cámara no abordó debidamente tales planteos.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación.
III. Coincido con lo así dictaminado. El recurso no procede.
III.1. En primer lugar, cabe enfatizar que la defensa ha dejado incólume lo concerniente a la materialidad ilícita de los hechos atribuidos a su asistido, ocurridos el día 22 de agosto de 2022; así como la intervención responsable en coautoría (art. 45, Cód. Penal); la falta de eximentes —que, por otro lado, no han sido invocadas—; la calificación legal actuada (arts. 90, 149 bis primer párr. —segunda parte—, 183, 237 —en función del 238 incs. 1, 2 y 4— y 55, Cód. Penal); incluso en lo que respecta al concurso material de delitos; y lo afirmado en cuanto a que no se han valorado —porque las partes tampoco lo han propuesto— la existencia de atenuantes o agravantes de pena.
Con tal piso de marcha, el tramo de la impugnación en el que la parte denuncia la violación del derecho de defensa en juicio, culpabilidad, proporcionalidad, debido proceso y doble conforme, vinculado al monto de pena impuesto y confirmado por la Cámara, resultan manifiestamente insuficientes (conf. art. 495, CPP).
En efecto, quien recurre se limitó a formular críticas genéricas sin un mínimo anclaje en las particulares características del caso, dejando incontrovertidos los fundamentos con base en los cuales el tribunal intermedio confirmó el fallo de mérito.
Cabe recordar que la Cámara, luego de señalar que en el acuerdo de juicio abreviado no se plantearon agravantes ni atenuantes y que el órgano de mérito le impuso la pena pactada por las partes, agregó que la condena está muy por debajo del término medio de la escala penal en abstracto (que individualizó entre uno a seis años). A su vez, de manera coincidente con la doctrina de esta Suprema Corte sobre tal tópico, sostuvo que el punto de ingreso a la escala penal no necesariamente debe ser el mínimo de la escala penal (conf., e.o., causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 136.927, sent. de 15-V-2024).
Frente a tales argumentos —alcance del acuerdo de juicio abreviado, ausencia de atenuantes y agravantes, punto de ingreso a la escala penal y cercanía de la condena impuesta al mínimo legal—, la defensa oficial no efectuó críticas en concreto tendientes a demostrar defecto o vicio lógico alguno en el razonamiento del sentenciante, así como tampoco afectación de las garantías constitucionales que mencionó de manera genérica y dogmática con idoneidad como para encajar en la doctrina de arbitrariedad en que sustenta su reclamo.
En función de lo expuesto, corresponde desestimar este tramo del recurso por manifiestamente insuficiente (conf. art. 495 cit.).
III.2. Por otra parte, el tratamiento del embate vinculado a la modalidad de ejecución de la pena devino inoficioso (conf. art. 488, CPP).
Tal cual se desprende del informe de fecha 23 de abril de 2024, la pena de cumplimiento efectivo oportunamente impuesta a Héctor Adrián Enrique —que aquí se impugna— venció el día 22 de octubre de 2023.
En función de ello, los agravios de pretenso cariz federal vinculados a su modalidad de cumplimiento, perdieron virtualidad en tanto el nombrado agotó su cumplimiento, correspondiendo, en consecuencia, declarar inoficioso su tratamiento (doctr. art. 488 párr. segundo, CPP —según ley 11.922 y modif.—).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Héctor Adrián Enrique, con costas (conf. arts. 488 segundo párr., 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:26:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2025 15:45:34 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2025 16:19:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/05/2025 12:25:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2025 12:27:37 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/05/2025 12:37:50 hs. bajo el número RS-66-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia