Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140627
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.627, "Aquino, Héctor Omar. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 118.455 del Tribunal de Casación Penal, Sala III" y "D'Gregorio, María Laura E. —fiscal adjunta interinamente a cargo de la Fiscalía de Casación—. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 118.455 y su acumulada n° 118.458 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a Aquino, Héctor Omar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza condenó a Héctor Omar Aquino a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo coautor de los delitos de homicidio simple y homicidio simple en grado de tentativa, en concurso real entre sí (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 42, 44, 45, 55 y 79, Cód. Penal), y a la pena única de veintiún años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de aquella y de la de tres años de prisión y costas dispuesta por el Juzgado de Garantías n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza en orden a los delitos de robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y robo simple en grado de tentativa (v. sent. de 2 de mayo de 2022).
Contra este pronunciamiento interpusieron recursos de casación la defensa oficial en favor de Aquino y el señor agente fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Temática Especializada en Homicidios departamental.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 30 de marzo de 2023, rechazó los recursos por improcedentes (v. sent. digital).
Frente a lo así decidido, la señora fiscal titular interina ante dicha instancia, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Y lo propio hizo el señor defensor oficial adjunto ante el aludido órgano, doctor José María Hernández, quien articuló idéntica vía a favor de Héctor Omar Aquino. Ambos recursos fueron admitidos por la Sala recurrida (v. resol. de 1 de marzo de 2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 6 de noviembre de 2024), dictada la providencia de autos (v. proveído de 8 de noviembre de 2024) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la señora fiscal interina de Casación?
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la defensa oficial a favor de Héctor Omar Aquino?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La representante del Ministerio Público Fiscal denuncia que la sentencia impugnada es arbitraria, pues importó un tránsito solo aparente ante el Tribunal de Casación. Sostiene que el órgano revisor respondió al recurso de la parte acusadora mediante afirmaciones dogmáticas; declara, asimismo, la afectación a las garantías del debido proceso y de imparcialidad del juzgador, así como un notorio apartamiento de las constancias de la causa.
Señala que, mediante una arbitraria, fragmentada y parcializada ponderación de los elementos probatorios, la Casación hizo una incorrecta administración del principio del in dubio pro reo con el fin de no aplicar la figura prevista en el art. 80 inc. 6 del Código Penal.
En esa senda, destaca que encontrándose firme la base fáctica y la coautoría material responsable de Aquino, el tribunal debió circunscribir su escrutinio a determinar si en el caso se había configurado una afectación al principio de congruencia y la consecuente violación al derecho de defensa en juicio, o si la base fáctica que hacía a la materialidad ilícita reprochada había sido mantenida adecuadamente por el acusador durante las distintas instancias procesales.
Recuerda que aun cuando la fiscalía reconoció que hubo una mutación en la calificación de los hechos, el imputado no tuvo ninguna sorpresa en cuanto a la base fáctica, pues en todas las instancias se reconoció el acuerdo común entre él y los otros dos sujetos para matar a Lasalas y Rodríguez.
Asevera que la Casación incurrió en un exceso de jurisdicción al inmiscuirse en cuestiones que llegaron firmes a su conocimiento y sentenciar que no se daban en el caso los elementos requeridos por la figura penal reclamada, valorando a tal fin el testimonio aportado por la víctima sobreviviente Rodríguez y el modo en que se acreditó el acuerdo de voluntades entre los sujetos activos para atacar.
A continuación, insiste con la arbitrariedad de la sentencia por tránsito aparente ante el órgano casatorio, por haberse empleado afirmaciones que se apartan de las constancias de la causa.
En ese carril, destaca que se pretendió construir una suerte de duda sobre el rol de los otros dos sujetos no identificados que acompañaban a Aquino en la empresa criminal, insinuando que el acuerdo de voluntades de dar muerte no había sido debidamente acreditado.
Transcribe la declaración de la víctima Rodríguez a efectos de identificar y argumentar respecto de la parcialidad con la que fue analizado su testimonio. Detalla que además de aludir a que "...dos hombres -cuyas identidades se desconocen- se escondieron en un árbol para luego sentir el impacto" Rodríguez refirió haber visto a un joven haciendo señas hacia otro lado, y al momento de oír el impacto de bala, escuchó una voz desconocida que decía "tirá, tirá".
Asimismo, alega que el revisor pasó por alto que las manifestaciones de Rodríguez hallaron corroboración en el informe pericial efectuado por Carla Claribel Rivadaneira, quien indicó que los disparos fueron todos de afuera para adentro del automóvil en el que se trasladaban las víctimas y que pudo haber una o más bocas de fuego. En función de ello, entiende probado que los tres sujetos acometieron contra los damnificados.
En suma, solicita que la Suprema Corte declare arbitrario lo resuelto por el tribunal intermedio y que reenvíe las actuaciones a fin de que jueces hábiles dicten un nuevo pronunciamiento.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto (v. dictamen digital).
III. Sin embargo, considero que el recurso resulta insuficiente para revertir lo decidido.
Las alegaciones que porta la pieza impugnativa —y que se pretenden apoyar en la doctrina de la arbitrariedad por fundamentación aparente— no logran superar una mera discrepancia con el criterio establecido por la Casación, sin evidenciar los déficits de motivación que le reprocha al pronunciamiento.
Contrariamente a lo sostenido por la parte, la decisión cuenta con fundamentos suficientes que descartan esa tacha (conf. doctr. CSJN Fallos: 301:909; 319:1728; e.o.) en la medida en que los agravios fueron tratados y resueltos por el tribunal del recurso, sin que se logre evidenciar un error grosero o palmario cubierto por la doctrina del absurdo o la arbitrariedad (conf., por muchos, doctr. CSJN Fallos: 331:477).
Para una mejor compresión efectuaré una breve reseña de lo actuado.
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, preliminarmente, indicó que tendría en consideración para resolver las estipulaciones probatorias alcanzadas por las partes y admitidas por ese órgano, por lo cual los hechos reconocidos y no controvertidos no requerían ser probados. Las estipulaciones fueron las siguientes:
A. El 19 de mayo de 2021, siendo aproximadamente entre las 21:00 y 23:00 hs., Antonio Juan Bautista Lasalas junto a su pareja Aldana Cristina Romina Rodríguez se hallaban a bordo del rodado marca Chevrolet Astra dominio DBG-241, transitando por la calle Agustín Molina al 8.700 en la localidad de Virrey del Pino.
B. Al llegar a inmediaciones de la calle Agustín Molina, entre Arena y Gualeguay, de la localidad de Virrey del Pino, recibieron numerosos impactos de proyectiles expulsados por armas de fuego, algunos de los cuales dieron contra la humanidad de cada uno de ellos.
C. Antonio Juan Bautista Lasalas recibió el impacto de proyectil expulsado por arma de fuego en el cráneo, concretamente en la región occipital, lo cual le provocó fractura de esfenoides derecho, efracción de masa encefálica del hemisferio cerebral derecho, hematoma subdural y hemorragia subaracnoidea derecha, todo lo cual le generó la muerte.
D. Del sector del hueso esfenoides derecho de Antonio Juan Bautista Lasalas se obtuvieron un proyectil y una esquirla de proyectil, disparados por arma de fuego.
E. En la región infraclavicular izquierda de Antonio Juan Bautista Lasalas se observó el paso de un segundo proyectil disparado por arma de fuego, sitio del que se obtuvo una esquirla del mismo.
F. Aldana Cristina Romina Rodríguez recibió el impacto de proyectil disparado por arma de fuego en pierna y mano derecha, lo cual le generó lesiones de carácter grave.
G. En el rodado Chevrolet Astra patente DBG-241 fueron habidos ocho orificios compatibles con el pasaje de proyectiles disparados por arma de fuego, más dos proyectiles deformados.
En base a ello, a las evidencias introducidas por lectura y a las declaraciones testimoniales producidas durante el juicio, el tribunal encontró acreditado que "El 19 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 21:25 horas, en las inmediaciones de la calle Agustín Molina N° 8758, entre Arena y Gualeguay, de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, Partido de La Matanza, tres sujetos de sexo masculino que portaban armas de fuego no habidas a la fecha, actuando de común acuerdo, interceptaron la marcha del vehículo Chevrolet Astra dominio DBG-341 en el que circulaban Antonio Juan Bautista Lasalas y Aldana Cristina Romina Rodríguez y, con claras intenciones de causarles la muerte, les efectuaron numerosos disparos de los cuales al menos uno impactó en el cráneo de Lasalas, lo que le produjo una lesión de tal magnitud que terminó con su vida, no logrando su cometido por razones ajenas a la voluntad de los agresores respecto de Rodríguez que, sin perjuicio de ser alcanzada por al menos dos proyectiles que impactaron en su pierna y mano derecha, logró sobrevivir a la agresión y fue rápidamente trasladada a un centro médico para su atención".
Los jueces destacaron que, a Héctor Omar Aquino, tanto en las dos primeras ocasiones en que fue oído como en el correspondiente requerimiento de elevación a juicio —pieza procesal que fija en principio el ámbito de conocimiento fáctico del tribunal— se le atribuyó haber concurrido, de común acuerdo y con claras intenciones de matar, a la muerte de Antonio Juan Bautista Lasalas y al conato de muerte de Aldana Cristina Romina Rodríguez.
Relataron que, en el debate, el señor fiscal introdujo en sus lineamientos iniciales, como circunstancia de hecho, que los sujetos habían actuado con conocimiento y voluntad de dar muerte "...en el marco de un acuerdo previo"; sin embargo, no amplió la acusación, imposibilitando así el derecho del acusado de conocer esta nueva circunstancia fáctica base del agravamiento de la imputación inicial y proveer, en consecuencia, a su defensa material, "...motivo por el cual proceder a resolver conforme la ampliación del hecho efectuada por el Sr. Fiscal importaría un exceso respecto de los sucesos que fueron objeto de imputación y debate en el proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los litigantes tuvieron oportunidad de desplegar su actividad acusatoria o defensiva (Fallos: 329:4634)".
Con ese límite, e independientemente de que aquel "acuerdo previo" fuese o no suficiente para tener por acreditado el concurso premeditado del art. 80 inc. 6 del Código Penal, el tribunal condenó a Héctor Omar Aquino a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de homicidio simple y homicidio simple en grado de tentativa, en concurso material entre sí (arts. 40, 41, 41 bis, 42, 44, 45, 55 y 79, Cód. Penal).
IV.2. Frente a ello, la fiscalía departamental presentó recurso de casación donde, en lo que importa, se agravió de la calificación otorgada al hecho y reclamó la aplicación del art. 80 inc. 6 citado.
Consideró que los sucesos se mantuvieron inalterados y que se los desnaturalizó con una interpretación forzada del idioma, pues el término "común acuerdo" resulta tener el mismo alcance jurídico que el de "acuerdo previo", por lo que abastece la figura reclamada.
Tras repasar la prueba producida en el juicio, señaló, en aras de circunscribir su agravio, los extremos concordantes con la competencia positiva requerida:
Fueron tres o más los agresores.
Todos tenían armas de fuego.
Todos dispararon.
Los dos sujetos pasivos recibieron heridas generadas por proyectiles expulsados por armas de fuego.
Lasalas falleció a consecuencia de esas mismas heridas, al tiempo que Rodríguez resultó con lesiones de importancia en todo su cuerpo.
El motivo desencadenante fue una deuda dineraria.
Según dijo, "...hubo acción conjunta de tres o más agentes que objetiva y subjetivamente han asumido el desarrollo del hecho y sus consecuencias. Tres o más, se han puesto de acuerdo en ir a matar, y lo hicieron, pero gracias a una antojadiza interpretación, se negó su análisis".
Postuló que correspondía, en consecuencia, la pena de prisión perpetua.
IV.3. La Sala III del Tribunal de Casación Penal rechazó la pretensión por improcedente.
Para así decidir, luego de reseñar los fundamentos por los que el órgano de la instancia descartó el tipo agravado propuesto por la fiscalía, el doctor Borinsky, cuyo voto concitó la adhesión simple del doctor Violini, señaló que "...más allá del límite al que hace referencia el recurrente, [...] no se dan en autos los elementos requeridos por la figura penal reclamada", ya que esta "...requiere que la concurrencia de las personas responda a una convergencia de voluntades previamente establecida, extremo que no surge acreditado en autos".
Agregó que, si bien de los elementos ponderados surge la intervención de tres hombres, "...los dichos de Rodríguez, víctima y testigo presencial del evento, no resultan suficientes para demostrar que quienes se encontraban con Aquino, se hayan puesto de acuerdo con aquél para cometer el hecho, adviértase que la nombrada describió que dos hombres -cuyas identidades se desconocen- se escondieron en un árbol para luego sentir un impacto".
Concluyó, teniendo en cuenta que el acuerdo previo para matar que caracteriza la figura agravada del art. 80 inc. 6 "...exige la demostración contundente de un previo concierto de voluntades que contemple la acción de matar", que la calificación asignada a los hechos era derivación razonada del derecho vigente (v. sent. digital).
V. Como adelanté, la impugnante no ha logrado evidenciar —en el marco de excepcionalidad de la doctrina de arbitrariedad que invoca— que la sentencia en crisis no aparezca fundada, con especial consideración y realce de las constancias de la causa que el señor juez ponente del Tribunal de Casación se encargó de examinar.
Las críticas se asientan en la denuncia de arbitrariedad por fundamentación aparente, pero se desentienden de los argumentos brindados por la Casación para confirmar la calificación legal asignada a los sucesos, tras un análisis puntual y abarcativo de las constancias del caso.
Entonces, más allá de su discrepancia con el pronunciamiento atacado, la parte no logra evidenciar en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
Cabe señalar que existe un consenso generalizado en que la planificación anticipada y la pluralidad de intervinientes que concurren al hecho dan sentido a la agravante ("...el que matare a otro [...] con el concurso premeditado de dos o más personas"), en tanto disminuyen la posibilidad de defensa del sujeto pasivo (v. causa P. 134.264, sent. de 19-VIII-2021, y sus citas; e.o.). En igual sentido, esta Corte tiene dicho que la figura calificada "...se satisface con la convergencia de voluntades concretada, según la cual todos los complotados contribuirían con su concurso a la finalidad delictuosa común" (conf. causa P. 46.289, sent. de 2-IX-1997).
Ahora bien, se vislumbra que el argumento del Tribunal de Casación se basó en que el componente subjetivo de la calificante en trato, esto es, el acuerdo previo de tres o más personas para matar en conjunto, no se había comprobado con el grado de certeza necesario. Pues, frente a la prueba disponible, no lucía acreditado que los otros dos sujetos no identificados estuvieran confabulados con Aquino para cometer el hecho.
Lo así concluido no patentiza la arbitrariedad que se le achaca a la luz de los elementos probatorios reunidos en el caso; en especial, los dichos de Rodríguez en cuanto describió que mientras "Omi" (Aquino) se acercaba, dos hombres no identificados se escondieron detrás de un árbol, para luego sentir un impacto.
Por el contrario, la fiscalía postuló, para fundar el encuadre en la figura calificada más gravosa, que los otros dos sujetos, coactuando con Aquino, también abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban los damnificados; para eso, hizo foco en elementos fácticos que —en su visión— no habrían sido correctamente considerados por el órgano revisor (los dichos de la víctima Rodríguez y el informe pericial de Rivadaneira). Sin embargo, tales elementos no alcanzan para demostrar que estemos frente a desaciertos u omisiones graves en el tratamiento y evaluación de la prueba tomada como base por la Casación para fallar como lo hizo.
Cabe recordar lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto sostuvo que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (Fallos: 310:234).
De tal modo, la impugnación no logra demostrar que lo decidido configure un caso de arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa (art. 495, CPP).
Finalmente, en atención a los términos en que sentenció el tribunal de juicio (v. punto IV.1.) y en que la propia fiscalía planteó el recurso de casación (v. punto IV.2.), tampoco se vislumbra que el órgano revisor haya incurrido, al dar su respuesta, en un exceso jurisdiccional.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denuncia la revisión aparente del fallo de condena en cuanto a la valoración de la "nocturnidad" como pauta agravante y a la fundamentación y proporcionalidad del monto de pena (arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP). Asimismo, manifiesta que existió una violación del principio de culpabilidad (art. 19, Const. nac.) y que se inobservó la doctrina de esta Suprema Corte sobre los arts. 40 y 41 del Código Penal a fin de ponderar la "nocturnidad" como agravante.
Recuerda que en el recurso de casación se había denunciado la falta de acreditación de un específico ánimo del autor para llevar adelante su empresa criminal durante la noche; luego, señala que el tribunal intermedio abordó dicho reclamo reeditando las razones dadas por el órgano de juicio y haciendo hincapié en lo facilitador de esa circunstancia para la acción criminal.
Explica que, para desechar el agravio, el revisor se limitó a confirmar mediante una resp
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