Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139611
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Matías Joel Alem, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.611, "Alem, Matías Joel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 123.402 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza, el día 22 de diciembre de 2022 condenó a Matías Joel Alem, a la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, omnicomprensiva de igual pena impuesta en la causa 6.123 del tribunal, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado criminis causae en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego (arts. 40, 41, 45, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 segundo párr., Cód. Penal), en relación con la muerte violenta de Elvio Ramón Vera y el atentado contra su propiedad y de su familia, el día 14 de noviembre de 2019, en la localidad de Ciudad Evita, de este partido; y la de tres años de prisión y costas del proceso, acordada por ante ese mismo órgano en la causa 6.137, con fecha 10 de noviembre de 2021, respecto del delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego, según hecho cometido el día 30 de octubre de 2019 en la localidad de Ciudad Evita (arts. 18, CPP; 5, 40, 41, 55 y 58, Cód. Penal).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial de Alem, la doctora Graciela Marta Chaumeil interpuso un recurso de casación. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 4 de abril de 2023, lo rechazó.
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo entonces recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 9-VIII-2023), el que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. resol. digital de 17-VIII-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 24-IV-2024), dictada la providencia de autos (v. proveído de 25-IV-2024) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa oficial de Matías Joel Alem mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestionó el rechazo por parte del Tribunal de Casación Penal del pedido de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua aplicada a su asistido.
Recordó la argumentación ensayada ante la instancia anterior sobre la pena perpetua efectiva, resultado de la aplicación de los arts. 13 y 80 inc. 7 del Código Penal, con la consecuente afectación del fin resocializador de las penas privativas de la libertad y la vulneración a la prohibición de imponer penas que resulten crueles, inhumanas y degradantes (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 5.2 y 5.6, CADH).
Luego de transcribir parte de lo resuelto por el tribunal revisor sobre el punto, alegó arbitrariedad y errónea revisión del fallo impugnado en violación del art. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por haber formulado afirmaciones genéricas y dogmáticas.
I.1. Seguidamente, se refirió a que la imposición de una pena a prisión perpetua viola el derecho a la vida (art. 4.1, CADH), como consecuencia de la aplicación de los arts. 13, 14 y 80 inc. 7 del Código Penal, en conjunción con la edad del imputado.
Citó el caso Baldeón García vs. Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que dicho tribunal ha concebido el derecho a la vida extendiéndolo de su sentido biológico al incluir el derecho a vivir con dignidad y a desarrollar un proyecto de vida.
Describió la realidad carcelaria de la Provincia de Buenos Aires advertida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que registra hacinamiento y malas condiciones materiales, trayendo a colación lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lori Berenson Mejías vs. Perú .
Sostuvo que, en el presente caso, el encierro a perpetuidad ocasiona la afectación del derecho a la vida y convierte a la sanción penal en una paulatina pena de muerte. Citó lo fallado por el citado tribunal internacional en los casos Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago .
I.2. Por otro lado, denunció la violación del art. 5 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y explicó que el encierro de por vida implica "...una pena de eliminación social", pues Alem será apartado para siempre de la sociedad en contra de la finalidad de reforma y readaptación social de los condenados.
Puso de manifiesto su relación con la dignidad humana y el retorno de la persona a la sociedad, lo cual —a su juicio— no podría cumplirse con la imposición de una pena a perpetuidad en tanto culminara cuando se extinga su vida.
I.3. Por otro lado, aludió nuevamente a la prohibición expresa del art. 18 de la Constitución nacional respecto a las penas crueles, inhumanas, degradantes o infamantes, y que, en función del art. 75 inc. 22 de la misma, la Convención que lleva ese nombre porta ese mismo rango constitucional.
Con base en tales argumentos solicitó que se declare su inconstitucionalidad y el consecuente reenvío de las actuaciones a fin de que se fije una nueva pena, respetuosa de los derechos humanos que se reputan vulnerados.
I.4. Finalmente, refirió a la oportunidad del planteo, la inconveniencia de diferir la decisión sobre el punto porque importaría someter al imputado a la incertidumbre de saber si "...morirá en la cárcel o si tiene la expectativa vital de recuperar alguna vez su libertad ambulatoria".
II. Coincido con la Procuración General en cuanto se pronunció por el rechazo de la queja traída.
III.1. El planteo de presunta falta de una revisión amplia —compatible con el art. 8 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos— por parte del Tribunal de Casación respecto del agravio de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua llevado ante su sede, no es de recibo.
A contrario, el órgano revisor lo abordó y lo descartó. Primero, tuvo en consideración la excepcionalidad que implica declarar la invalidez constitucional de una norma, cuestión grave y manifiesta que estimó que no se observaba en el caso, dado que los artículos criticados por el recurrente habían sido establecidos por leyes del Congreso nacional que se presumen válidas, y que la interpretación propiciada en el recurso se introducía en temas relativos de la política criminal del Estado.
Agregó que esta Suprema Corte también estableció similar estándar, exigiendo como indispensable para la suficiencia de una impugnación de carácter constitucional la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas y que exista una relación directa entre aquella y estas.
Sentado lo anterior, Casación consideró que en el caso no se violentaba ningún principio constitucional, sino que se trataba de un ámbito discrecional del legislador fundado en razones de política criminal, sin que quepa analizar la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones.
Indicó que no se transgrede el contenido de los arts. 16, 28 y 31 de la Constitución nacional, a la par que recordó que el control de constitucionalidad que les incumbe a los tribunales se reduce al examen de si la ley es o no razonable.
Luego de citar doctrina de autores en torno a la prisión perpetua, señaló que —con excepción de la prohibición expresa contenida en el art. 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño— de las previsiones de los tratados internacionales incorporados a la Constitución no surgía incompatibilidad alguna con la pena de prisión perpetua, afirmando que, si bajo el recaudo de una potencial soltura se permite válidamente aplicar la pena de prisión perpetua a un menor de edad, con más razón, se habilitaría tal pena al delincuente mayor, reafirmando la inexistencia de normativa constitucional que lo prohíba. Negó también que de modo implícito hubiese contradicción con los derechos humanos siempre que se respete —al igual que en el caso de aquellas temporalmente determinadas— la integridad de la persona condenada (con cita de los arts. 5, CADH, Pacto de San José de Costa Rica —ley 23.054, B.O. de 27-III-1984 -ADLA 1984- B, 1250—; 5, DUDH; 7 y 10, PIDCP; 11 y 16, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes).
Se refirió a lo resuelto por el Tribunal Constitucional Alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; destacó que las penas a prisión perpetua no obstan a la resocialización del condenado, toda vez que del art. 1 de la ley 24.660 surge que "La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender, y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad".
Adunó que el Estado mantiene la función de arbitrar todos los medios necesarios para lograr esa finalidad resocializadora y que no se incumple con ella aun cuando se marque una preferencia al objetivo de prevención especial siempre que no se obstaculicen otros fines que el legislador adopte.
Mencionó el sistema del art. 13 del Código Penal para la libertad condicional y concluyó que la pena perpetua, en el caso de la ley argentina es relativamente determinada, aunque no susceptible de ser precisada temporalmente a través de un término fijo. Interpretó que ello se desprende del art. 16 del Código Penal, en la medida en que subordina la extinción de las penas perpetuas a la concesión eventual de la libertad condicional (reunidos los requisitos del art. 13) y a su cumplimiento satisfactorio durante cinco años.
Por otra parte, indicó que la indeterminación de la pena perpetua proviene de la imposibilidad de precisar su fecha de extinción, pero que ello resultaba constitucional, siempre y cuando se les conceda a los condenados, a su debido momento, la oportunidad de retornar al medio libre. En apoyo de esa interpretación, a continuación, citó los precedentes G.239.XL "G. I., A. F. s/ libertad condicional", sentencia de 4-VII-2006 y M.1022.XXXIX "M., D. E. y otros s/ recurso de hecho", sentencia de 7-XII-2005, ambos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y la causa P. 84.479 de esta Suprema Corte.
III.2. De la reseña efectuada no se advierte ni la arbitrariedad ni la vulneración de la garantía consagrada en el art. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referida por el recurrente, en tanto el tribunal revisor contestó el planteo y lo rechazó brindando las razones por las cuales la petición de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua no era procedente (art. 495, CPP).
En efecto, para el tribunal revisor, la declaración de inconstitucionalidad debe obedecer a una cuestión grave y manifiesta —circunstancia no observada en el caso—, a la par que citó doctrina de esta Suprema Corte al respecto; destacó que la redacción de la norma atacada es una cuestión de política criminal y de técnica legislativa; indicó que las penas a perpetuidad no son absolutas; se refirió a los tribunales internacionales y a lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación quienes sostuvieron que las penas a perpetuidad no resultan contrarias a la prohibición de tratos crueles, degradantes o inhumanos en la medida que admitan de alguna forma y, a su debido tiempo, la oportunidad de retornar al medio libre; que las penas a prisión perpetua no obstan a la resocialización del condenado (conf. art. 1, ley 24.660), ni tampoco incumple con la normativa internacional (conf. arts. 5.6, PSJCR y 10 inc. 3, PIDCP).
III.3. Por otro lado, cabe destacar que, frente a lo así resuelto, las críticas traídas por el recurrente de la mano de la violación de la reforma y readaptación social del penado, y que la pena perpetua es cruel, inhumana y degradante, además de ser una reedición de las llevadas a la instancia intermedia, solo dejan entrever una opinión discrepante a la del juzgador en orden a la imposición de la sanción perpetua, pero con ello, no logra evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas (doctr. art. 495, CPP).
Frente al desvalor de acto que se aprecia en las conductas reprochadas —homicidio agravado criminis causae en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego—, el recurrente no se encarga de demostrar por qué la pena de prisión perpetua sería inadecuada y desproporcionada respecto de la culpabilidad de Alem.
En suma, dado que la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho (conf. CSJN Fallos: 329:3680), el reclamo queda huérfano de sustento pues se devela como puramente dogmático y no abandona nunca el plano teórico si el recurrente no realiza un análisis circunstanciado del injusto del hecho a fin de demostrar que la reacción punitiva rígida impuesta a los autores es contraria a las normas constitucionales y convencionales que cita (conf. mi voto en la causa P. 120.347, sent. de 15-X-2015).
La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Maldonado" ("Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa n° 1174-" expte. letra M n° 1.022, Libro XXXIX), sostuvo que la pena perpetua es absoluta y por lo tanto, no exige, de hecho, ningún esfuerzo argumental adicional para su determinación, agregando que este tipo de penas —tal como la prisión perpetua— no admiten agravantes o atenuantes pues el legislador ha declarado, de iure , "...que todo descargo resulta irrelevante: son hechos tan graves que no admiten atenuación alguna", y concluyó que "...en los casos de plena culpabilidad por el hecho, este recurso legislativo resulta, en principio, admisible" (cons. 14°).
De igual modo el entonces señor Procurador General de la Nación, Esteban Righi, sostuvo que la pena de prisión perpetua no vulnera per se la Constitución nacional ni los instrumentos internacionales incorporados a ella (conf. dictamen de 27 de marzo de 2007, in re "Chueke, Daniel Isaac y otros s/ homicidio agravado por el vínculo etc. -causa n° 1029-" C.2641.XXXIX RHE), postura reiterada por el actual señor Procurador interino, Eduardo Casal (v. dictamen de 20 de abril de 2017, causa "Álvarez, Guillermo Antonio y otros s/ robo con armas" CCC 70150/2006/T01/1/2/RH1).
III.4. Por otra parte, el cariz impugnativo que integra el agravio relativo a la violación del derecho a la vida (conf. arts. 4.1 y 5.6, CADH), es extemporáneo.
El recurrente introdujo ese agravio en el recurso extraordinario en tratamiento, de manera que no formuló tal grave pretensión de confrontación constitucional en la primera ocasión posible a efectos de que los jueces de la causa puedan considerarla y decidirla (CSJN Fallos: 328:3165; v. recurso de casación en presentación digital de 23-III-2022).
En dicho marco, la intempestiva formulación no observa el estándar aplicado por la Corte federal en la materia por el cual se establece que "...el planteamiento de la cuestión federal debe hacerse en condiciones tales que habiliten al tribunal de última instancia en el orden local, a pronunciarse sobre ella en la sentencia definitiva" (CSJN Fallos: 147:371; en Suplementos de Actualización. Secretaria de Jurisprudencia de la CSJN, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recurso extraordinario y recurso de queja: Parte I, 1ra. Edición, Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2011, pág. 132).
III.5. Finalmente, sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran formularse, las argumentaciones de la defensa en torno a la oportunidad del planteo y la certeza sobre cuándo le correspondería solicitar la libertad, se desentienden de lo efectivamente resuelto por el tribunal intermedio que propuso un examen conglobado de las reglas de los arts. 13, 14, 16 y 53 del Código Penal, en función de los delitos del art. 80 del mismo digesto sustantivo, estableciendo el modo de computar el tiempo de encierro a fin de determinar el agotamiento de la pena a perpetuidad —atendiendo, en su caso, a la ley vigente al momento del hecho según la reforma de la ley 25.892—. Por eso, al haber dotado de la certeza reclamada respecto al tope temporal en el que eventualmente correspondería dar por agotada la pena perpetua, que como dijo es indeterminada, pero determinable, desestimó la queja relativa a la cuestión constitucional formulada.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Matías Joel Alem, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/03/2025 14:05:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/03/2025 17:04:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/03/2025 18:32:06 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/03/2025 09:05:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/03/2025 09:28:59 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/03/2025 09:34:48 hs. bajo el número RS-50-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia