Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139731
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el defensor particular a favor de M. E. C., con costas (art. 495 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Carlos Tomás Beldi en dieciocho (18) jus por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.731, "C., M. E. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 125.177 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, el día 27 de marzo de 2023 condenó a M. E. C., a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente (art. 119, segundo párrafo, en función del párrafo cuarto inc. "f", Cód. Penal).
Frente a lo así resuelto, el defensor particular del nombrado —doctor Carlos Tomás Beldi— interpuso recurso de casación.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de julio de 2023, trató los agravios llevados en el recurso y los rechazó por improcedentes, confirmando la condena en su totalidad.
Contra la sentencia de casación, el aludido abogado defensor interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue declarado parcialmente admisible por la Sala recurrida, solo en cuanto a la denuncia de inconstitucionalidad del art. 119 segundo párrafo del Código Penal (v. resol. digital de 15-VIII-2023). Tal decisión fue cuestionada por la parte mediante una queja, que tramitó ante esta Corte como causa P. 139.501-Q y que fue rechazada (v. resol. digital de 4-XII-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 5-VIII-2024), dictada la providencia de autos el 25 de septiembre de 2024 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El defensor particular —en lo que interesa destacar conforme la admisibilidad resuelta— denunció la inconstitucionalidad de la figura de abuso sexual gravemente ultrajante (art. 119, segundo párrafo, Cód. Penal).
Sostuvo que el Tribunal de Casación, al descartar el mismo planteo de inconstitucionalidad llevado ante su sede, omitió valorar que la gravedad de la pena depende de su proporcionalidad con la infracción, aspecto que el defensor refiere haber objetado, al considerar que la figura cuestionada se equipara en su pena con el abuso sexual agravado por acceso carnal y con el homicidio.
Por otra parte, invocó los precedentes "Cuvillana", "Martínez, José" y "Gómez", en los que la Corte federal descalificó la constitucionalidad de la escala penal prevista para el robo de automotores en el decreto 6.582/58, considerando que el caso del "sometimiento gravemente ultrajante" era asimilable a aquellos, pues se trata de un tipo penal "abierto".
Estimó que, debería reducirse el margen de discrecionalidad interpretativa para no vulnerar los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad, pero que tanto la doctrina como la jurisprudencia evidencian que no hay acuerdo en qué debe entenderse por un "sometimiento gravemente ultrajante", con definiciones diversas, contradictorias e imprecisas, influenciadas por la formación, pautas culturales y principios morales y éticos de cada intérprete, lo cual —destacó— importa un mecanismo inaceptable al tiempo de interpretar y aplicar la ley.
Precisó, con apoyo en doctrina de autores, que la norma dispuso para tal calificante una pena de reclusión o prisión de cuatro a diez años, mientras que, en el supuesto del abuso sexual con acceso carnal, la pena es de seis a quince años. Sin embargo, resaltó que al establecer la agravación para ambas figuras no aplicó el mismo criterio de diferenciación entre ellas, sino que estableció una única escala para ambas —de ocho a veinte años—.
II. El señor Procurador General dictaminó y se pronunció por el rechazo del recurso interpuesto (v. dictamen digital de 5-VIII-2024).
III. Previo a ingresar al fondo del reclamo, efectuaré una reseña de los antecedentes del caso:
III.1. El tribunal de origen tuvo por acreditada la materialidad ilícita en los siguientes términos: "...sin poder precisar fecha exacta, pero entre los años 2013 y hasta el 2015, mientras la menor víctima de autos A. J. P. contaba entre sus 9 y 11 años de edad, un sujeto del sexo masculino abusó sexualmente de la misma. El abuso sexual consistió en que el sindicado en diversas oportunidades tocó a la menor en sus partes íntimas, pecho y vagina, tanto por encima como por debajo de sus prendas, mientras que en una oportunidad, por la tarde, obligó a la niña a tocarlo en su pene por encima de sus ropas, luego se abrió el pantalón e hizo que la niña viera su pene a la vez que la besaba en la boca; como así también en otra ocasión intentó besarle los pechos a la vez que le decía frases como que sus pechos estaban más grandes. Todas estas agresiones sexuales, por su duración y circunstancias de realización, resultaron gravemente ultrajantes para la menor. Los hechos ocurrieron aprovechando la situación de convivencia preexistente en el domicilio que ambos habitaban sito en …; … y en … 11 de la localidad de Boulogne del partido de San Isidro, ya que en esa época, el imputado resultaba ser pareja de la madre de la niña-María José Molina, denunciante de autos- ".
Rechazó, en lo pertinente, la petición de inconstitucionalidad del art. 119 párrafo segundo en función del cuarto, inc. "f" del Código Penal efectuada por el mismo defensor en los alegatos de cierre, por considerar que, en el caso, no surgía que la disposición que fija el tope mínimo y máximo aplicable a la figura cuestionada colisionara con los principios de culpabilidad y proporcionalidad.
En lo medular y con sustento en el precedente "Gramajo" de la Corte federal, destacó que la proporcionalidad de la sanción debe darse con respecto a la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el suceso. Sostuvo que la respuesta punitiva en abstracto debe ser proporcional al grado de injusto del supuesto de hecho y del bien jurídico tutelado, circunstancias que —afirmó— están contempladas en la tipificación del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, y su escala legal aplicable.
Luego señaló que el juzgador debe imponer —dentro de la escala— una pena en concreto que sea proporcional al grado de injusto, y estimó que, en el caso juzgado, la de C. guardaba estricta proporción de acuerdo con las acciones desplegadas y la afectación e importancia del bien jurídico tutelado.
Por último, con cita de un precedente del Tribunal de Casación Penal, refirió que el Código Penal tipifica en forma progresiva diferentes agresiones sexuales, exhibiendo así que el abuso sexual gravemente ultrajante se ubica en una posición intermedia entre el abuso sexual simple y la violación.
Con ese marco, condenó a M. E. C., a la pena de doce (12) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, conforme se hiciera referencia en los antecedentes del caso.
III.2. El defensor particular impugnó tal pronunciamiento mediante la vía de casación invocando análogos agravios a los aquí traídos (v. págs. 25/32, rec. de casación en formato digital).
III.3. A su turno, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, con sustento en doctrina de esta Suprema Corte y de la Corte federal, luego de referirse al sistema de control de constitucionalidad, su excepcionalidad, y las cargas del litigante que activa tal control, rechazó el planteo.
Puntualmente, sostuvo que la calificante impugnada no presenta problemas de vaguedad o indeterminación en cuanto a los términos con los que se describe la acción típica, reafirmando —tal como lo estimara el tribunal de juicio— que se enmarca en una agravación progresiva del abuso sexual simple, condicionando su aplicación a la verificación de pautas referidas a la duración o circunstancias de su realización.
Concluyó que la fórmula bicondicional elegida por el legislador, exige el acaecimiento de extremos ("duración o circunstancias de realización") para que se configure el delito en cuestión, con lo que descartó la crítica referida a la vaguedad de la norma.
IV. Ante esta tercera instancia, el abogado de C. insiste con iguales argumentos a los llevados ante los jueces del juicio y a los magistrados revisores. Esta es una deficiencia que impide que progrese el planteo (doctr. art. 495, CPP).
Es que el litigante persiste en afirmar que la figura en cuestión es inconstitucional porque —a su modo de ver— posee una escala penal que no es proporcional, si se la compara con la del abuso sexual agravado por acceso carnal o con la del homicidio. Y esta es una apreciación subjetiva inepta para sustentar un planteo de este tenor, a la par de que no advierte la respuesta que ya le brindaron los jueces de primera instancia y los revisores: explicaron que la escala penal del abuso sexual gravemente ultrajante se enmarca en un sistema de progresividad punitiva a partir de la figura de abuso sexual simple.
En efecto, esta Corte tiene dicho que el art. 119 segundo párrafo del Código Penal, incorporado por la reforma de la ley 25.087 (B.O., 14-V-1999), es un subtipo agravado progresivo, pues a los actos de significación sexual atrapados por el abuso sexual simple se les añadió el carácter de gravemente ultrajantes cuando "conllevan en sí mismos un alto grado de ultraje y humillación" (Creus-Buompadre, Derecho Penal, Parte Especial , Astrea, Bs. As., 2007, V. 1, págs. 206/207 y, de modo similar, Donna, Derecho Penal, Parte Especial , Tomo I, Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2008, págs. 553/554; D'Alessio, Código Penal Comentado y Anotado, Parte Especial , La Ley, Bs. As., 1ª ed., 2005, págs. 169/170; Baigún-Zaffaroni, Código Penal , Bs. As., Hammurabi, 2009, T. 4, pág. 517; v. mis votos en causas P. 123.760, sent. de 9-IX-2015 y P. 120.152, sent. de 27-IV-2016).
Luego, el argumento de que se trata de un tipo penal "abierto" que vulnera los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad, y que no hay acuerdo en qué debe entenderse por "sometimiento gravemente ultrajante", también obtuvo una respuesta del tribunal revisor que no ha sido objetada.
Es que, según lo narrado párrafos más arriba, Casación halló abastecida la observancia del principio de legalidad pues precisó que la calificante se aplica cuando se acreditan pautas referidas a la "duración" o a las "circunstancias de su realización", extremos que agregan elementos al tipo básico que se erigen como condición necesaria y suficiente para que se configure el ilícito en trato.
El recurrente no formula ningún tipo de argumento tendiente a explicar por qué la textura abierta de las pautas a las que alude la norma, habría provocado en el caso concreto reprochado a C., un uso empírico contrario a los principios establecidos en la Constitución nacional. De ese modo, el reclamo se devela como puramente dogmático y nunca abandona el plano teórico y conceptual.
Finalmente, el señalamiento del recurrente referido a que el abuso sexual agravado por acceso carnal y el gravemente ultrajante tienen escalas distintas, pero cuando se califican por alguna de las circunstancias indicadas en los incs. "a" a "f", la escala es la misma (de ocho a veinte años), no aporta ningún argumento de peso para sustentar la invalidación constitucional de la norma. En efecto, el señalamiento aislado de esa particularidad sin un desarrollo mínimo de razones, impide vincular la técnica legislativa aplicada a esta figura con algún tipo de colisión de derechos constitucionales.
V. En suma, las genéricas y reiteradas consideraciones del impugnante que sostienen la inconstitucionalidad de la norma peticionada, dan cuenta de que su planteo no procede y que debe ser rechazado por insuficiente (doctr. art. 495, cit.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el defensor particular a favor de M. E. C., con costas (art. 495 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Carlos Tomás Beldi en dieciocho (18) jus por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/03/2025 14:05:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/03/2025 17:04:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/03/2025 18:32:07 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/03/2025 09:05:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/03/2025 09:28:59 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/03/2025 09:34:50 hs. bajo el número RS-51-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia