Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138469
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.469, "Duarte, Cristian Raúl s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 60.471 del Tribunal de Casación Penal, Sala II" y su acum. causa P. 138.357-Q, "Duarte, Cristian Raúl s/ Queja en causa n° 60.471 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Maidana.
El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, mediante sentencia del día 25 de junio de 2013, condenó a Cristian Raúl Duarte a la pena de prisión perpetua por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con homicidio agravado por el empleo de arma y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el día 17 de julio de 2014 hizo lugar al recurso homónimo presentado por la defensa del imputado, casó la sentencia y recalificó los hechos bajo las previsiones del delito de homicidio simple doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad, en tres hechos, uno en grado de tentativa, los que concurren materialmente entre sí y, en consecuencia, readecuó la pena impuesta a Duarte en veintinueve años de prisión.
Contra dicho resolutorio, la defensa presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ante esta Corte, que fue declarado inadmisible (v. causa P. 125.105, resol. de 30-III-2016).
Posteriormente esta Corte denegó por inadmisible el recurso extraordinario federal (v. resol. de 2-III-2017).
Interpuesto el recurso de queja por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por decisorio del día 22 de agosto de 2019 dejó sin efecto la sentencia apelada, devolviendo los autos al tribunal de origen con el fin de que se dicte nuevo pronunciamiento.
Reingresadas las actuaciones este Tribunal hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley y ordenó al revisor que, debidamente integrado, lleve a cabo el juicio de determinación de pena con las pautas explicitadas en el acápite IV (v. causa P. 125.105, resol. de 20-XI-2019).
Luego de diversos pasos procesales la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, por sentencia del día 3 de mayo de 2022, en atención a lo resuelto oportunamente por ese Tribunal y por esta Corte, eliminó como agravante de la pena la presencia de menores y ponderando las restantes pautas atenuantes y severizantes, impuso a Cristian Raúl Duarte la pena de veintisiete años de prisión, accesorias legales y costas. Sin costas en esa instancia (arts. 40, 41, 41 bis, 41 quater, 42, 45, 55 y 79, Cód. Penal).
La señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado parcialmente admisible por el tribunal recurrido (v. resol. de 10-II-2023).
Presentada la queja pertinente, fue admitida por resolución de esta Corte el día 10 de julio de 2023, y concedida la vía impugnativa deducida.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La señora defensora oficial denuncia violación al derecho a ser oído y al principio de inmediación (arts. 18, Const. nac. y 8.1, CADH). Arbitrariedad de la sentencia por falta de fundamentación (arts. 18 y 33, Const. nac.).
Asevera que se omitió ponderar en la sentencia de determinación de pena la impresión personal causada en la audiencia de visu y las circunstancias expuestas por el imputado en oportunidad de celebrarse la misma.
Detalla que el día 5 de abril de 2022 se llevó a cabo la audiencia de conocimiento personal con la presencia de Duarte quien, ante la señora jueza Budiño, relató la manera en que capitalizó el tiempo de encierro que lleva cumplido, obteniendo diferentes logros en las áreas educativa, familiar y personal, recordando su arrepentimiento ya expresado al momento de ser juzgado y el excesivo transcurso de tiempo del presente proceso, solicitando que los mismos operen como atenuantes de la pena.
Resalta que en oportunidad de dictarse la sentencia el señor juez Mancini —quien no estuvo presente en la audiencia de visu— lideró el acuerdo, a cuyo voto adhirió la señora jueza Budiño por los mismos motivos y fundamentos, sin hacer ninguna referencia a la impresión causada por el imputado, ni a lo por él expresado.
Sostiene que dicho accionar convirtió el trámite de la audiencia en una mera formalidad sin incidencia en la determinación de la pena, apartándose de la doctrina sentada por la Corte federal en el precedente "Pin", como así también de lo dispuesto por este Tribunal en las causas P. 73.366, sentencia de 31-VIII-2007; P. 85.467, sentencia de 10-IX-2008; entre otros.
Afirma que habiendo transcurrido más de diez años desde que sucedieron los hechos, la nueva determinación de la pena requería un análisis de las condiciones personales del imputado a fin de evaluar el quantum punitivo en miras a los principios de culpabilidad, proporcionalidad y resocialización.
I.2. Como segundo motivo de agravio, plantea la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, al descartarse la ponderación de nuevas circunstancias propuestas por esa parte como atenuantes de la pena, con el único argumento de que las mismas resultan posteriores al hecho.
Indica que los progresos llevados a cabo por su defendido en el ámbito de detención, la excesiva duración del proceso y el arrepentimiento demostrado por el imputado, fueron propuestos por la defensa como pautas atenuantes de la pena, siendo rechazadas por el órgano casatorio por ser posteriores al hecho. Alega que se vulneró la doctrina legal de esta Corte, conforme a la cual al momento de fijar la pena deben considerarse todas aquellas situaciones que, aun siendo posteriores al hecho, repercuten menguando la misma.
Sostiene que se trata de un acto jurisdiccional inválido, peticiona se case la sentencia impugnada, se remita al inferior, para que debidamente integrado, celebre una nueva audiencia de visu y dicte una decisión respetando las garantías constitucionales.
I.3. En último término, vuelve a calificar la sentencia de arbitraria por falta de fundamentación en la determinación de la pena, con denuncia de violación del debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.).
Explica que en autos se vulneró la normativa y doctrina que establece que los jueces deben expresar las razones por las cuales disponen una cierta cantidad de pena, la cual debe oscilar entre un mínimo y un máximo, en tanto el órgano recurrido efectuó un juicio genérico apartado de la totalidad de las constancias de la causa y sin explicar el peso de la pautas atenuantes y agravantes ponderadas.
Señala que, de tal manera, se impuso la nueva pena de veintisiete años de prisión, sin brindar razones que justifiquen ese monto (arts. 40 y 41, Cód. Penal; 106, 210 y 371, CPP). En sustento, alude a los precedentes "Laportilla", "Ruiz" y "Spíndola" de esta Suprema Corte y "Castillo Mercedes", "Ramírez Fernando Román" y "Romano Hugo Enrique" de la Corte federal.
En definitiva, solicita se case la sentencia y se reenvíe al tribunal revisor para que —debidamente integrado— dicte una nueva sentencia conforme a derecho.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por acreditado en el veredicto el siguiente hecho: que "...que el día 21 de julio de 2011, siendo aproximadamente las 22:30 horas, en circunstancias que Ezequiel Tufaro, Alan Gabriel Diez y Gonzalo Nicolas Luque se encontraban en la pasarela del edificio nº 6, cuarto piso del complejo habitacional ubicado en la calle Manuel Estevez nº 1000 de la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda, fueron sorprendidos por un sujeto de sexo masculino, acompañado por dos menores de edad del mismo sexo, los que mediando un plan previamente trazado y de acuerdo a voluntades consistente en dar muerte a los nombrados, uno de ellos efectuó disparos hacia los mismos con el arma de fuego que portaba con el fin propuesto, impactando en la integridad física de Ezequiel Tufaro, Alan Gabriel Diaz y Gonzalo Nicolas Luque, lesiones estas que por su gravedad a la postre provocaron el óbito de los dos últimos citados; y lesiones graves respecto de Tufaro, asimismo se encontraba a metros del lugar un cuarto sujeto menor de edad, el que prestó una colaboración sin la cual el hecho no se habría cometido consistiendo su accionar en permanecer en la entrada del edificio asumiendo una actitud vigilante, de campana, además de infundirle confianza a los imputados con su presencia en el lugar para lograr cometer el hecho y manteniendo la puerta de ingreso al edificio abierta para asegurar la huida de los restantes sujetos".
Encontró a Cristian Raúl Duarte coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado (en dos hechos) en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa (arts. 41 bis, 42, 45, 55 y 80 inc. 6, Cód. Penal).
En lo que interesa, se valoraron como atenuantes la condición de primario del imputado y, como agravantes, el mayor disvalor del resultado, en virtud de las lesiones sufridas por Tufaro —de carácter grave—, el mayor disvalor de la acción a partir de la cantidad de disparos efectuados —los que aumentaron el grado de vulnerabilidad de los sujetos pasivos— y dentro de un complejo habitacional, lo cual debe reflejarse como un plus en el reproche penal, y la participación de menores de edad, Jorge Duarte, Matías Salinas y Nahuel Quiroga de catorce años (art. 41 quater, Cód. Penal).
III.2. Contra tal pronunciamiento, la defensa oficial de Duarte articuló recurso de casación denunciando la absurda y errónea valoración de la prueba (arts. 1, 209, 210 y 373, CPP). Entendió que no aparecían integrados los elementos que conforman el tipo objetivo del homicidio agravado contenido en el art. 80 inc. 6 del Código Penal, y como consecuencia directa de ello solicitó la recalificación del hecho enrostrado bajo las previsiones del delito de homicidio simple (art. 79, Cód. Penal). Asimismo consideró erróneamente aplicados los arts. 41 bis y 41 quater del Código Penal.
III.3. La Sala IV del Tribunal de Casación en el pronunciamiento dictado el día 17 de julio de 2014, hizo lugar al recurso y, en consecuencia, casó la sentencia, recalificó los hechos bajo las previsiones del delito de homicidio simple doblemente calificado, por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad, en tres hechos, uno en grado de tentativa los que concurren materialmente entre sí, por los que Duarte deberá responder a título de coautor, y readecuó la pena impuesta en veintinueve años de prisión, accesorias legales y costas del proceso.
III.4. Contra dicho resolutorio, la defensa presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ante esta Corte, que fue declarado inadmisible (v. causa P. 125.105, resol de 30-III-2016).
Posteriormente este Tribunal denegó por inadmisible el recurso extraordinario federal (v. resol. de 2-III-2017).
Interpuesto el recurso de queja por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por decisorio del día 22 de agosto de 2019 dejó sin efecto la sentencia apelada, devolviendo la causa con el fin de que se dicte nuevo pronunciamiento.
Reingresadas las actuaciones esta Corte hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley y ordenó al Tribunal de Casación que, debidamente integrado, lleve a cabo el juicio de determinación de pena con las pautas explicitadas en el acápite IV (v. causa P. 125.102, resol. de 20-XI-2019).
El día 18 de diciembre de 2019, la defensa solicitó que previo a resolver se corra vista de las actuaciones a fin de conocer la integración del órgano y para la asistencia del imputado.
Recibido el legajo en la Sala IV del Tribunal de Casación con fecha 4 de febrero de 2020, se corrió el traslado requerido, y con fecha 29 de mayo de ese año, peticionó la remisión de las actuaciones a la presidencia del Tribunal de Casación, para la nueva integración de Sala. El día 6 de julio de 2020, los magistrados de la Sala IV se excusaron y remitieron las actuaciones a la Sala II. El día 5 de agosto de 2020, los jueces integrantes de las Sala II rechazaron la excusación realizada, ante lo cual, con fecha 27 de agosto, la defensa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El día 23 de diciembre de 2020 la Sala IV declaró inadmisible el recurso deducido, por lo que el día 10 de febrero de 2021 se interpuso recurso de queja por ante esta Corte, que admitió la queja e hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y comunicó al Tribunal de Casación que, en forma urgente, debía adoptar las medidas para cumplir con lo dispuesto en la causa P. 125.102 (v. causa P. 134.717-Q, resol. de 29-X-2021).
Con fecha 11 de marzo de 2022 se aceptó la excusación de los señores jueces Natiello y Kohan, quedando la sala interviniente integrada por el doctor Mancini y la doctora Budiño.
III.5. La defensa solicitó se designe audiencia de visu y se valoren circunstancias sobrevinientes (v. escrito presentado el 25-III-2022).
Requirió se considere la excesiva duración del proceso, como una circunstancia atenuante posterior al hecho en el marco de las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal (arts. 8.1, CADH y 15, Const. prov.). Citó en apoyo el precedente de esta Corte causa P. 110.833, sentencia de 4-V-2011.
Destacó que la etapa recursiva iniciada con posterioridad a la sentencia de condena y especialmente, luego del primer fallo del Tribunal de Casación insumió más de siete años. El proceso en total ya supera ampliamente los diez años, período durante el cual Cristian Raúl Duarte permaneció en prisión preventiva, ello desde el día 21 de julio de 2011.
Indicó que el proceso no ha revestido complejidad alguna; la instancia de investigación y debate fue concretada en menos de dos años (el 27-XI-2011 Duarte fue detenido, dictándose la sentencia de condena el 25-VI-2013) y ante el órgano de revisión ambas partes desistieron de la celebración de audiencia, presentando el memorial que faculta la norma (art. 458 in fine, CPP). La demora registrada en toda la etapa de revisión de la sentencia de condena, aún sin desconocer el cúmulo de tareas que pesa sobre los tribunales, no puede ser atribuible al imputado quien debe ser resarcido por el tiempo transcurrido, con directo impacto en su condición de restricción de libertad.
III.6. Conforme lo peticionado el día 5 de abril de 2022 se llevó a cabo la audiencia de conocimiento del imputado, en la que la señora jueza doctora María Florencia Budiño, entrevistó a Duarte por video conferencia a través de la plataforma Microsoft Teams, de conformidad a los medios tecnológicos disponibles (art. 6, Acuerdo 480/2020 SCBA). Oído que fue, la defensa solicitó se tengan en cuenta al momento de resolver la capitalización del tiempo en detención, los logros obtenidos de su asistido, su progreso en el área educativa, su arrepentimiento y el plazo razonable que ya fuera invocado en el escrito presentado.
III.7. Así llegamos a la sentencia en crisis dictada por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el día 3 de mayo de 2022, que en atención a lo resuelto oportunamente por ese tribunal y por esta Corte, eliminó como agravante de la pena la presencia de menores y ponderando las restantes pautas atenuantes y severizantes, impuso a Cristian Raúl Duarte la pena de veintisiete años de prisión, accesorias legales y costas. Sin costas en esa instancia (arts. 40, 41, 41 bis, 41 quater, 42, 45, 55 y 79, Cód. Penal).
Para así decidir preliminarmente señaló que conforme lo resuelto por ese Tribunal de Casación Penal en la causa, los hechos materia de juzgamiento han quedado calificados como homicidio simple doblemente calificado, por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad, en tres hechos, uno en grado de tentativa, en concurso real de delitos (arts. 41 bis, 41 quater, 42, 45, 55 y 79, Cód. Penal).
Indicó que, en cuanto a las atenuantes invocadas por la defensa, ni la extensión temporal del proceso, ni la manifestación de arrepentimiento, como tampoco los progresos en el ámbito de detención —circunstancias posteriores a los hechos— servían en el caso para aportar una disminución en la sanción.
Por otro lado, señaló que el ajuste en la calificación legal imponía quitar como agravante la presencia de menores para evitar la doble valoración prohibida.
Concluyó ponderando las restantes circunstancias atenuantes y agravantes (v. fs. 20 y vta. de este legajo), por lo que consideró adecuado fijar la sanción en veintisiete años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 40 y 41, Cód. Penal).
IV. El agravio vinculado a la vulneración del derecho a ser oído y del principio de inmediación por omitir ponderar la impresión personal causada y las circunstancias expuestas por el imputado, no prospera.
De lo expuesto surge que la audiencia de visu fue celebrada a pedido de la defensa y el revisor hizo referencia a la misma en oportunidad de dictar sentencia, rechazando los planteos efectuados.
Cabe destacar que el art. 41 inc. 2 del Código referido condiciona la exigencia del contacto directo con el acusado, a través de la locución "...en la medida requerida para cada caso" esto es, conforme el razonable margen de apreciación del magistrado de estimar la necesidad, conveniencia y medida de ese conocimiento (conf. doctr. causa P. 79.495, sent. de 15-III-2002).
Por lo demás, los precedentes invocados (causas P. 73.366, sent. de 31-VIII-2007 y P. 85.467, sent. de 10-IX-2008) —en lo que atañe a los costados federales de la problemática en examen, que, la parte también apoya en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— exhiben notas fácticas y jurídicas que los diferencian sustancialmente de la situación planteada en la presente, de las cuales la defensa se desentiende por completo.
En cuanto interesa a los indicados en primer lugar, fueron allí analizados recursos extraordinarios interpuestos ante esta Corte por la fiscalía que, declarados procedentes, originaban la necesidad de una nueva mensuración punitiva —una y casi dos décadas después de ocurridos los hechos de tales procesos, respectivamente— por lo que se consideró pertinente poner de resalto lo establecido en el art. 41 inc. 2 última parte del Código Penal.
El precedente federal citado revela una situación diversa de la ahora en juzgamiento, toda vez que en el caso "Pin", la Corte federal remitió a los considerandos 18° y 19° de la causa "Maldonado" al advertir que los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (que revocaron la absolución dispuesta en primera instancia e impusieron pena) no tomaron conocimiento de visu del condenado antes de individualizar la sanción, mientras en el caso de autos, se celebró la audiencia de visu previo a la imposición de la sanción, que se redujo por el descarte de una severizante.
Por otro lado, conforme lo señala la Procuración General en su dictamen la parte omitió exponer en que consistiría el perjuicio que provocó la circunstancia de que no hayan sido conside
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.