Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139951
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.951, "Mercuri, Marcos Antonio s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 114.507 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que, con fecha 29 de octubre de 2021, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana condenó a Marcos Antonio Mercuri a la pena de treinta años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple, robo doblemente agravado por el uso de arma blanca y por lesiones graves en grado de tentativa, robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo acreditar, robo doblemente agravado por el uso de arma blanca y por el uso de arma impropia y robo agravado por el uso de arma blanca, todos ellos en concurso real entre sí (arts. 42, 45, 55, 79, 166 incs. 1 y 2 párrafos primero y último, Cód. Penal).
La defensa oficial del imputado apeló el fallo y la Sala II del Tribunal de Casación Penal confirmó la condena (v. sent. de 6-VI-2022).
Frente a lo así decidido, el señor defensor adjunto ante dicha instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 23-VI-2022), que fue declarado admisible por el órgano revisor (v. resol. digital de 2-IX-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 1-VIII-2024), dictada la providencia de autos (v. proveído de 2-X-2024) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por haberse ponderado indebidamente circunstancias agravantes y, a su vez, desconsiderado atenuantes propuestas por esa parte. Asimismo, planteó la infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana, del debido proceso legal y del derecho de defensa, y la violación al derecho al doble conforme. Invocó los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 1, 18 y 28 de la Constitución nacional.
Sostuvo que el fallo impugnado constituyó un tránsito aparente por la instancia revisora, que frustró el derecho al doble conforme e incurrió en arbitrariedad al rechazar sus agravios.
Cuestionó la pena de treinta años de prisión impuesta a su asistido por desmesurada, destacando que casi triplica a la de doce años y ocho meses de prisión que oportunamente había sido acordada en el pacto de juicio abreviado luego dejado sin efecto.
Enfatizó que la enorme desproporción entre ambas penas representa una suerte de plus de castigo para su asistido, quien tenía la expectativa de alcanzar la libertad a los doce años y ocho meses "...y luego sin explicación alguna y de modo 'excesivamente violento' se lo conden[ó] a treinta años de prisión".
Añadió que el monto de pena aplicado resulta irrazonable por el delito de homicidio simple y cuatro hechos de robo calificados, tomando en cuenta que ninguno de ellos fue perpetrado con armas de fuego. Dijo que la sanción no se fundó en las circunstancias comprobadas de la causa sino en el mero arbitrio del juzgador; en consecuencia, requirió que se case la sentencia y se devuelva la causa para que el Tribunal de Casación fije una pena proporcional a los hechos examinados.
Con relación a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, criticó el tratamiento otorgado al planteo de desvaloración de las pautas atenuantes de la pena —y su ponderación como agravantes— enfatizando que oportunamente la defensa había explicado que el informe de concepto y solvencia daba cuenta de un entorno contenedor y con posibilidades de trabajo posterior a la comisión de los delitos, por lo que —sostuvo— no se podía concluir que esa contención existiera anteriormente. Más aún cuando —según dijo— existían circunstancias comprobadas en la causa que descartaban dicha contención, como el informe psiquiátrico incorporado por lectura al debate y el informe psicológico.
Estimó que las características de personalidad de su defendido fueron arbitrariamente ponderadas como agravantes y erróneamente desvaloradas como atenuantes, en tanto condicionaron su capacidad de motivarse en la norma, y por ello merecen traducirse en un menor grado de reprochabilidad.
Por último, dijo que el tribunal revisor incumplió con la garantía de la revisión amplia, al no verificar la aplicación del método histórico con el límite normativo que a este impone el principio in dubio pro reo.
En apoyo de su reclamo, citó los fallos Herrera Ulloa vs. Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como lo resuelto en la causa P. 98.023, sentencia de 22-VIII-2007 de esta Suprema Corte.
En definitiva, concluyó que la decisión impugnada frustró el derecho al doble conforme (arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP) y confirmó la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
II. El dictamen de la Procuración General se pronunció por el rechazo del recurso. Coincido con él.
III. Preliminarmente, efectuaré un breve repaso de las circunstancias relevantes de la causa.
III.1. El 12 de febrero de 2019, las partes se constituyeron ante el tribunal de la instancia y pactaron un acuerdo de juicio abreviado por el que convinieron que los sucesos imputados a Marcos Antonio Mercuri en calidad de autor penalmente responsable eran constitutivos de los delitos de homicidio simple (hecho I), robo doblemente agravado por uso de arma blanca y por lesiones graves en grado de tentativa (hecho II), robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse (hecho III), robo doblemente agravado por el uso de arma blanca y por el uso de arma impropia (hecho IV) y robo agravado por el uso de arma blanca (hecho V), todos en concurso real entre sí. Asimismo, se pactó la imposición de una pena de doce años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, sin computar atenuantes y valorando como agravantes los antecedentes penales condenatorios que el nombrado registraba.
III.2. El 7 de mayo de 2019, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana dispuso tener por resuelto dicho acuerdo y continuar con el trámite ordinario (art. 338 y concs., CPP).
Para así resolver, comenzó señalando que si bien asistía razón a la defensa oficial en cuanto a que el art. 397 del Código Procesal estatuye taxativamente las causales de desestimación de una solicitud de juicio abreviado por parte del juez, para su aplicación es requisito la existencia de un acuerdo vigente y válido entre las partes.
Continuó señalando que, en el caso, la fiscalía había denunciado la rescisión del acuerdo antes del análisis jurisdiccional de admisión, y la había justificado en la expresa disconformidad de la madre y de los hermanos de quien resultaría víctima mortal de uno de los hechos (el I), explicando que no tuvo en cuenta sus opiniones al concertar el pacto en la errónea creencia de que la manifestación del progenitor del fallecido expresaba la voluntad unánime de todo el grupo familiar.
El tribunal estimó que los motivos traídos por el Ministerio Público Fiscal encontraban sustento en la legislación que reconoce la creciente importancia de las víctimas y damnificados en el proceso penal. A ello sumó que la petición de rescindir el pacto contaba también con el aval del padre de la víctima, constituido en particular damnificado, quien participó del acto que concluyó en aquel acuerdo, y que a ello solo se enfrentaba la inmotivada oposición de la defensa.
III.3. Tal pronunciamiento suscitó un planteo de nulidad que fue rechazado por el órgano de la instancia, y apelado que fue dicho decisorio, la Cámara de Apelaciones departamental, el 17 de julio de 2019, resolvió desestimarlo y confirmar la decisión que tuvo por resuelto el pacto de juicio abreviado.
III.4. Al dictar la sentencia de condena de la que se dio cuenta en los antecedentes, el Tribunal en lo Criminal n° 1 —en lo que aquí interesa destacar— tuvo por acreditados los siguientes hechos:
Hecho I (IPP 18-00-001546-17/00). Ocurrido el día 17 de marzo del año 2017 aproximadamente a las 4:50 hs. en circunstancias en que Juan Manuel Macedo junto con Sabrina Elizabeth Vargas y Célica Vanina Pardo se disponían a ascender al vehículo marca Ford Fiesta dominio DJY-234, propiedad de Vargas, el cual se encontraba estacionado en la vía pública, más precisamente sobre la calle 19 de marzo entre las arterias Rómulo Noya y Ameghino de la localidad y partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires, cuando fueron abordados por un sujeto de sexo masculino, delgado, de tez blanca pálida, nariz pronunciada, cabellos cortos, vestido con campera a rayas y pantalón oscuro, luego identificado como Marcos Antonio Mercuri, quien sin mediar palabra se acercó a Macedo y lo empujó colocándole una mano a la altura del pecho para inmediatamente después asestarle en dicha región un puntazo con un elemento filoso del tipo cuchilla que portaba en su otra mano con claras intenciones de provocarle la muerte, momento en el cual Macedo y sus acompañantes salieron corriendo del lugar en busca de ayuda con dirección hacia la intersección de las calles Ameghino y Rómulo Noya, lugar donde Macedo cayó desvanecido en virtud de las heridas que presentaba, siendo asistido por el profesional que arribara en ambulancia, quien dispuso su traslado al hospital de Zárate donde finalmente falleció como consecuencia de una perforación en el corazón y ruptura de grandes vasos que llevaron a producir un shock hipovolémico e inhibición de la función cardíaca.
Hecho II (IPP 18-02-000610-17/00). Acontecido el día 2 de febrero de 2017, a las 5:20 hs., en ocasión en que Milagros Iglesias se encontraba junto a Giuliano Zandalazini a bordo de su vehículo marca Volkswagen Gol Trend, dominio NVM-545, estacionado en calle De la Torre esquina Tres de Febrero de la localidad y partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires, siendo que Iglesias se encontraba sentada en el asiento del lado derecho del rodado con la ventanilla baja cuando son sorprendidos por un masculino, que luego sería individualizado como Marcos Antonio Mercuri, quien mediante intimidación con una cuchilla de 30 cm de largo, comienza a decirle "denme todo", al mismo tiempo que hacía ademanes como para cortarla, ante lo cual Iglesias cambia de lugar con Zandalazini y logra poner en marcha el vehículo, mientras su amigo luchaba con Mercuri, ocasionándole este último lesiones cortantes a Zandalazini en miembro superior izquierdo, cuero cabelludo y miembro inferior derecho, no logrando el agresor sustraerles ningún elemento por razones ajenas a su voluntad, dándose a la fuga junto a otro sujeto no identificado que lo esperaba a metros del lugar a bordo de una motocicleta Honda Bis color gris. Las lesiones ocasionadas a Zandalazini resultaron ser de carácter graves, demandando un tiempo de curación mayor a los treinta días.
Hecho III (IPP 18-02-001199-17/00). Sucedió el día 5 de marzo de 2017, a las 9:00 hs., cuando Micaela Belén Antívero circulaba en su bicicleta por calle Cuyo, entre las arterias General Paz y Suipacha de la referida localidad de Zárate; en tales circunstancias es interceptada por un individuo, que a la postre resultó ser Marcos Antonio Mercuri, quien se encontraba a bordo de una motocicleta y mediante intimidación con arma de fuego se apodera ilegítimamente de una cartera color marrón propiedad de Antívero, la cual contenía en su interior documentación personal, tarjetas bancarias y un celular marca Samsung J7 color dorado, correspondiente al abonado número 03487-15515439, para luego darse a la fuga.
Hecho IV (IPP 18-02-001464-17/00). Acaecido el día 17 de marzo de 2017, a las 5:40 hs., en momentos en que Débora Esther Burgos iba caminando hacia su trabajo por la calle Pueyrredón y Güemes de la señalada ciudad de Zárate, cuando es sorprendida por una persona luego identificada como Marcos Antonio Mercuri, quien se baja de una motocicleta color negra y mediante intimidación con un arma blanca comienza a hacer ademanes como para cortarla, para luego pedirle que le entregue el dinero, a lo que la víctima le dice que no tiene nada, insistiendo Mercuri con la exigencia de la entrega de dinero, guardando el cuchillo y extrayendo un arma de fuego con la cual le efectúa un golpe sobre la cabeza lesionando a Burgos, para inmediatamente después arrancarle el morral que tenía la víctima colocado con todas sus pertenencias personales, dándose a la fuga en la motocicleta en que había llegado.
Hecho V (IPP 18-02-001458-17). Ocurrió el día 17 de marzo de 2017, a las 6:30 hs., mientras Dora Angélica Pinedo se encontraba esperando el colectivo en las calles Paso y Sarmiento de la localidad de Zárate, partido homónimo, siempre de esta provincia, quien es sorprendida por un hombre, individualizado posteriormente como Marcos Antonio Mercuri, que vestía una campera negra y jeans color negro, quien mediante intimidación con un elemento punzante, amagando con cortarle el cuello, le sustrajo su cartera con todas sus pertenencias personales, para luego irse caminando por calle Sarmiento, hasta la mitad de la cuadra donde se sube a una motocicleta color negra y se retira del lugar con los bienes robados.
El tribunal descartó la concurrencia de pautas atenuantes para computar.
Con relación al pedido de que se ponderase como atemperante de la sanción el fracaso del Servicio Penitenciario provincial en el tratamiento de resocialización de sus internos, explicó que ello no podía ser analizado de modo global sino particular, y que —en ese sentido— Mercuri, pese a haber transitado los diversos regímenes de la pena, no logró reunir suficientes herramientas para una adecuada reinserción y volvió a delinquir.
Además, desechó la valoración como atenuante del "buen informe socioambiental" —según petición defensista—, en el entendimiento de que, si el acusado contaba con una familia contenedora, con posibilidades de trabajo y demás al momento de los hechos, tenía más instrumentos para mantenerse actuando dentro de la norma y motivarse en ella; sin embargo, no lo hizo.
Por último, desestimó contar como atenuantes de la pena los informes psicológico y psiquiátrico, por entender que las características de la personalidad de Mercuri no aparecían como limitantes de su determinación personal. Notó que los hechos juzgados fueron precedidos por un análisis de la situación: el nombrado acechó a sus potenciales víctimas y el nivel de violencia de sus acometimientos no fue en todos los casos el mismo. De ello coligió que sus asaltos no constituyeron actos compulsivos.
En cuanto a las pautas agravantes, compartió con la fiscalía la valoración de los antecedentes condenatorios de Mercuri, así como su reiteración delictiva, destacando que se le atribuyeron cinco hechos. También computó el aprovechamiento de la nocturnidad para lograr consumar los delitos.
A continuación, reiteró que los dictámenes psicológico y psiquiátrico no hablaron de una personalidad deficitaria, sino todo lo contrario. Al respecto, destacó la exorbitante violencia desplegada por el imputado en los dos primeros sucesos, puesto que acometió de manera letal contra las víctimas, sin previo aviso y sin que los atacados pudieran siquiera imaginar la entidad de la agresión.
Rechazó el cuestionamiento al pedido de pena de la fiscalía, que al cierre del debate solicitó treinta y cinco años de prisión. Para ello, comenzó señalando que el acuerdo de juicio abreviado por doce años y ocho meses, dejado sin efecto por el tribunal de mérito y luego recurrido, ya había quedado consolidado al dictado de ese fallo.
Recordó que el art. 398 del Código Procesal Penal establece en su anteúltimo párrafo, última parte, que el pedido de pena formulado por el fiscal no vinculará al Ministerio Público que actúe en el debate. De modo que la norma era clara y no dejaba lugar para una interpretación distinta.
Por otro lado, expresó que "...la[s] negociación[es] que llevan a cabo las partes a la hora de escoger la vía del juicio abreviado son ajenas a los jueces del Tribunal, en donde las partes harán concesiones y exigencias, evaluando lo más conveniente para el interés de sus representados, y, por lo tanto, los motivos que llevaron a formular ese acuerdo los desconocemos, aunque, evidentemente, cada uno de sus intervinientes analizaron los pros y las contras para pautar la sanción punitiva"; dijo también que "...eso en modo alguno sujeta al titular del Ministerio Fiscal a mantenerse bajo esos mismos parámetros en el marco de un juicio oral, menos aún al Tribunal, cuyo límite para aplicar pena no se encuentra vedado por ninguna normativa, al menos de índole procesal, que se lo impida".
III.5. Contra esa decisión, la defensa oficial de Mercuri articuló recurso de casación. Allí, criticó inicialmente el modo en que se individualizó la sanción penal impuesta a su asistido a partir del pedido de pena efectuado por el titular de la acusación pública, enfatizando que es casi el triple de aquella que se estimó en el acuerdo deshecho. Esgrimió que la pena de treinta años finalmente impuesta transgredió la teoría de los actos propios, pues el tribunal no debió superar el máximo de doce años y ocho meses de prisión.
Por otra parte, denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal al haberse desestimado las pautas atenuantes propuestas por esa parte y computado agravantes —en su criterio— de modo incorrecto.
III.6. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 6 de junio de 2022, rechazó el recurso de la defensa.
Para así decidir, sostuvo que se ajustaba a derecho la ponderación como agravante de la existencia de antecedentes del imputado "...por cuanto la insistencia delictual, denota un mayor reproche derivado de la mayor peligrosidad evidenciada en el nuevo hecho concreto". A lo que agregó que tal circunstancia resulta una pauta específicamente contemplada en el art. 41 inc. 2 del Código Penal, en cuanto alude a "...los demás antecedentes y condiciones personales..." del inculpado.
Dijo que la valoración de la reiteración delictiva y el aprovechamiento de la nocturnidad para la consumación de los hechos no implicó violación legal alguna, y que tampoco el recurrente se ocupó de denunciarla fundadamente.
Luego, coincidió con los argumentos del sentenciante de grado para rechazar la ponderación como atenuante del contenido de los informes socioambiental y psicológico. A la vez, resaltó distintas circunstancias de los actos imputados que, a la par que desacreditaban la pretendida atenuación, daban lugar a una mayor reprochabilidad: el examen de situación que precedió a cada hecho delictivo y la violencia que acompañó a los dos primeros. La Casación compartió con los jueces de grado que la indefensión aprovechada por el atacante resultó rayana en la alevosía, y que por ende debía operar como un factor de agravación de la pena.
Conforme lo anterior, estimó abastecida la exigencia de fundamentar la decisión y tratados correctamente los factores atenuantes y agravantes, con mención de las citas de las normas sustantivas y procesales pertinentes, todo lo cual —dijo— impedía aseverar que la elección del monto de pena haya sido irrazonable.
En cuanto a la postulada reducción de la sanción al
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.