Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140903
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, por insuficiente (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.903, "D'Gregorio, María Laura E. -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley causa n° 125.192 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a Ayala, Héctor Alberto", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
El Juzgado en lo Correccional n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, mediante pronunciamiento dictado el 26 de diciembre de 2022, declaró la extinción de la acción penal y sobreseyó a Héctor Alberto Ayala en el marco de la suspensión de juicio a prueba que tuvo por cumplida.
El Ministerio Público Fiscal apeló esa decisión y la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, hizo lugar al recurso. En consecuencia, dispuso que se difiera el tratamiento sobre la extinción o no de la acción penal hasta que recayera resolución definitiva en un proceso paralelo seguido a Ayala.
Frente a ello, la defensa oficial presentó recurso de casación.
La Sala II del Tribunal de Casación, mediante sentencia dictada el 14 de junio de 2023, hizo lugar al recurso de la especialidad, dejó sin efecto lo resuelto por la Cámara y reimplantó el sobreseimiento dictado.
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (resol. de 12-IV-2024).
Oído el señor Procurador General —dictamen de fecha 27 de febrero de 2025—, presentada la memoria, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso en examen la señora fiscal ante el Tribunal de Casación, doctora María Laura D'Gregorio, denunció arbitrariedad en la interpretación del art. 76 ter del Código Penal, en particular en lo que respecta al requisito para tener por cumplido el presupuesto "...comisión de un nuevo delito" durante el período de prueba de la suspensión de juicio a prueba.
Afirmó que, contrariamente a lo decidido por la Casación, para revocar una suspensión de juicio a prueba, resulta suficiente la comisión de un hecho delictivo durante el período de prueba, sin perjuicio de que la sentencia de condena recaiga con posterioridad al vencimiento de ese plazo.
A su entender, la interpretación contraria —exigencia de que la sentencia de condena recaiga durante el tiempo de suspensión del proceso— se aparta de la literalidad de la norma, se contrapone a los fines de prevención especial positivos sobre los que se asienta el instituto en cuestión y torna inoperante la aplicación del art. 76 ter del Código Penal.
Agregó que en el presente caso se imputó que Ayala cometió el segundo hecho durante los últimos meses de vigencia del plazo de la suspensión, por lo que resultaba prácticamente imposible que dentro de ese marco recayera el fallo de condena.
Concluyó que, de cometerse un nuevo delito durante el período de prueba, el pronunciamiento sobre la extinción de la acción penal debe diferirse hasta tanto recaiga sentencia firme sobre la nueva imputación que se afirma cometida durante la probation.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso interpuesto (v. dictamen digital de fecha 27-II-2025).
III. La señora defensora oficial ante la instancia intermedia, doctora Ana Julia Biasotti, acompañó una memoria y solicitó el rechazo del recurso.
IV. El recurso no procede (conf. art. 495, CPP).
Previo a ingresar al fondo del reclamo corresponde efectuar una reseña de los antecedentes del caso.
IV.1. El señor juez titular a cargo del Juzgado en lo Correccional n° 5 de San Martín, con fecha 26 de diciembre de 2022, sobreseyó a Héctor Alberto Ayala por extinción de la acción penal, en tanto consideró que se habían cumplido los extremos contemplados en el art. 76 ter, cuarto párrafo, primera parte del Código Penal respecto a la suspensión de juicio a prueba concedida con fecha 2 de diciembre de 2021.
Ante el recurso presentado por la fiscalía, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de dicha departamental, por mayoría, revocó el sobreseimiento y dispuso diferir el tratamiento de la extinción de la acción penal, hasta tanto recayera pronunciamiento definitivo en la posterior causa registrada contra Ayala.
Contra ello, la defensa oficial dedujo recurso de casación.
IV.2. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, hizo lugar a la impugnación y reimplantó la decisión del órgano de mérito cuanto sobreseyó a Héctor Alberto Ayala.
Luego de realizar una breve síntesis de los antecedentes del caso, de la fundamentación ensayada por el Ministerio Público Fiscal y de lo normado por el art. 76 ter, cuarto párrafo del Código Penal, destacó como dato cierto que Ayala estaba imputado por un delito presuntamente cometido dentro de aquel período; y que no era posible afirmar sin quebrantar seriamente el principio de inocencia (art. 18, Const. nac.) que, al tiempo en que el órgano jurisdiccional fue requerido, Ayala habría cometido ese hecho ilícito, dado que no constaba una condena firme que lo declare.
Con ese marco, afirmó que la reanudación del juicio correspondería ante un delito cometido durante el período de prueba y para ello debería haberse dictado una sentencia condenatoria previo a decidirse respecto de la acción suspendida. Razonó entonces que, en todo caso, aquella condición tendría lugar fuera del momento en el que el órgano de la instancia había dispuesto resolver el caso, por lo que no había posibilidad de revocar lo decidido.
En ese sentido, indicó que no compartía lo resuelto por la Cámara por cuanto importaba dilatar la resolución de una causa sin ningún respaldo legal, sin que fuera posible acudir a las normas reguladoras del instituto de la prescripción para integrar el régimen de la suspensión de juicio a prueba que no prevé aplazamiento del período de prueba en aquellos para condicionar el dictado de una resolución final en perjuicio del imputado.
Por lo expuesto, al no haberse verificado la comisión de un nuevo delito, correspondía declarar extinta la acción penal en los términos del art. 76 ter del Código Penal tal como hizo el juzgado de instancia.
V. Como se adelantó, la impugnación resulta insuficiente (art. 495, CPP; conf. en lo pertinente, mi voto en causa P. 137.721, sent. de 6-III-2024).
El pleito —según lo plantea la impugnante— discurre respecto de la interpretación del cuarto párrafo del art. 76 ter del Código Penal que establece lo siguiente:
"Si durante el tiempo fijado por el tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal".
Del párrafo transcripto —del cual surgen tres circunstancias que el órgano judicial debe verificar como condición para el dictado del sobreseimiento por extinción de la acción penal— la recurrente cuestiona el alcance del enunciado resaltado.
Sin embargo, en su argumentación, la señora fiscal coincide con el criterio del fallo cuestionado —y con el juez de primera instancia— en cuanto a que, la condición impeditiva "...comisión de un delito", entraña el dictado de una condena firme que así lo establezca.
En tal sentido, no hay disputa: solo una sentencia de condena firme, acredita la condición impeditiva para avanzar hacia la extinción de la acción penal.
La discrepancia se relaciona con el momento en que debe quedar cristalizada esa aserción, y a tal fin, la impugnante plantea un escenario binario, de dos tesis opuestas: la primera sostiene que la sentencia de condena firme tuvo que haber recaído dentro del tiempo de prueba fijado por el juez/tribunal que otorgó la suspensión del proceso; mientras que la segunda acepta que la condena pueda dictarse y adquirir firmeza luego del plazo de suspensión.
En ese marco, por un lado, argumenta que solo la segunda tesis es la correcta y es derivación de la norma, mientras que, por otro lado, le achaca al fallo casatorio haber adoptado la primera, incompatible con el derecho positivo vigente.
Pues bien, la recurrente sostiene que para revocar la suspensión de juicio a prueba alcanza con que el nuevo hecho haya sido cometido durante el período de concesión de la probation, independientemente de la fecha en que se dicte y adquiera firmeza la condena respecto del mismo.
Pero, por otro lado, la fiscalía —y aquí radica el déficit principal del agravio— le achaca al fallo recurrido haber adoptado el temperamento criticado. Precisamente le reprocha el haber exigido que previo al plazo de expiración por el que la misma fue concedida, se hubiere pronunciado una sentencia condenatoria por la comisión de un delito cometido en ese lapso.
Sin embargo, del fallo casatorio no surge tal postura. Recordemos que Ayala fue sobreseído en primera instancia porque el señor juez verificó que estaban cumplidas las condiciones establecidas por la norma del art. 76 ter del Código Penal. Apelado el fallo por la acusación, la Cámara departamental, por mayoría, revocó ese sobreseimiento al considerarlo "prematuro", dado que estimó que, ante la imputación que el encausado registraba ante el Juzgado de Garantías n° 3 —la IPP 41673-22—, correspondía esperar el resultado final de aquella.
Esta decisión, recurrida por la defensa, es la que el Tribunal de Casación evaluó y dejó sin efecto. Para ello consideró que, al momento en que el señor juez de primera instancia estuvo en condiciones de resolver, Ayala no registraba una sentencia de condena firme, por lo que la decisión de la Cámara, que condicionaba el dictado de la resolución sobre la suspensión de juicio a prueba, a las resultas del fallo final a dictarse en el otro proceso, no encontraba respaldo en el ordenamiento legal. Por tal motivo, la dejó sin efecto y confirmó el sobreseimiento primigenio.
En ninguno de los párrafos del voto de la doctora Budiño, a quien adhirió simplemente el señor juez Mancini, se advierte la circunstancia que la recurrente le reprocha al fallo, esto es, que Casación haya exigido que, previo al plazo de expiración de la suspensión del juicio a prueba, se hubiere pronunciado una sentencia condenatoria por un delito cometido en ese lapso.
Esto muestra la deficiencia de la justificación del agravio con respecto a lo concretamente resuelto en el fallo (art. 495, cit.; conf. mi voto en causa P. 137.721, cit.).
VI. Asimismo, lo relatado deja en evidencia que no se trata entonces de un caso de discrepancia en la interpretación de la regla del art. 76 ter del Código Penal.
En efecto, de acuerdo con lo ya dicho, la fiscalía coincide en que el enunciado normativo "no cometer delitos" supone la existencia de un fallo de condena que así lo acredite. No hay entonces un problema vinculado con el alcance semántico de un término, o que su uso empírico genere dificultades en el caso. Lo que subyace como objeto del recurso es la pretensión de que esta Corte adopte, de lege ferenda, una solución reguladora para un universo de casos que presenten la circunstancia de que el imputado sometido a probation, registra otra causa penal en trámite por una imputación acaecida durante el período de prueba.
Empero, ello no es posible. En primer lugar, porque desborda el objeto de la impugnación en examen, ceñido a determinar la suficiencia argumentativa del agravio concedido en términos de la excepcional doctrina de la arbitrariedad de sentencias (por arbitrariedad normativa).
En segundo lugar, porque inciden múltiples variables que impiden articular una pauta genérica. Así, cumplido el plazo por el cual el imputado se sometió a prueba, se inicia un procedimiento de recolección de informes, documentos y demás elementos convictivos tendientes a posicionar al juzgador en condiciones de verificar el cumplimiento de las obligaciones que le permitan decidir la cuestión. Y esa tarea demanda la articulación de diferentes actos procesales y, por lo tanto, insume tiempos disímiles, de acuerdo con las características propias de cada caso.
A modo de ejemplo, la información sobre la existencia de otra causa penal en trámite contra el mismo imputado, podría generar como premisa básica, la necesidad de acumular ambos procesos por razones de competencia y conexidad, lo que habilitaría —a diferencia del caso aquí analizado que era de extraña jurisdicción— los consecuentes trámites de inhibitoria o declinatoria.
Es decir que ante la circunstancia de que el imputado sometido a probation registre otra causa penal en trámite por una imputación acaecida durante el período de prueba, los órganos judiciales adoptan diferentes decisiones con sustento en cuestiones circunstanciales. En otras palabras, se trata de un conjunto de casos abierto a múltiples posibilidades y a variables interpretativas y valorativas diversas que impiden articular una pauta general a cumplir.
Es por ello que el análisis debe ser particularizado y no como —a contrario— la parte recurrente pretende: que una puntual práctica judicial (consistente en paralizar un proceso a la espera de la definición en el otro) sea interpretada como regla integradora del texto legal.
Es esa ansia interpretativista la que lleva a la fiscalía a proponer —en definitiva— un argumento "productor", es decir, un argumento que busca producir una norma nueva, norma que no puede ser imputada a la disposición del art. 76 ter, cuarto párrafo del Código Penal puesto en examen. Y en tal sentido, "...una cosa es atribuir significado a una disposición preexistente y otra es formular una norma inédita" (v. Guastini, Riccardo, Estudios sobre interpretación jurídica, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, pág. 29).
En conclusión y con sustento en las razones expuestas, propongo rechazar por insuficiente el recurso interpuesto.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En el acotado marco en que ha sido admitido el recurso articulado por la representante del Ministerio Público Fiscal contra la decisión del Tribunal de Casación de la que se da cuenta en los antecedentes, esto es con fundamento en la excepcional doctrina de la arbitrariedad de sentencia, por haber efectuado el a quo, según esa parte, una interpretación desnaturalizadora del art. 76 ter del Código Penal, el reclamo —por las razones que desarrolla la colega ponente— deviene en el caso insuficiente para justificar dicho déficit.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Kohan, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, por insuficiente (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2025 12:58:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/06/2025 15:41:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2025 12:16:23 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2025 14:43:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2025 16:30:49 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/06/2025 16:52:42 hs. bajo el número RS-84-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia