Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135232
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.232, "Rodríguez, Juan Agustín s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad en causa nº 99.167 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Carral, Violini.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza, mediante el pronunciamiento del 13 de junio de 2019, aprobó el cómputo de pena practicado en cuanto determinó que Juan Agustín Rodríguez se encontrará en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional a partir del 29 de mayo del año 2022 (v. fs. 1/2 vta.).
Deducido recurso de casación por la defensa (v. fs. 12/18), la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia del 13 de julio de 2020, rechazó por improcedente el remedio homónimo intentado (v. fs. 46/49).
El señor defensor adjunto de Casación, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 58/70 vta.), el que fue declarado parcialmente admisible por el órgano intermedio en cuanto a la denuncia de violación al principio de legalidad y ultraactividad de la ley más benigna e inconstitucionalidad de los arts. 2 y 3 de la ley 27.362 (v. fs. 71/74), y contra la parcela denegada la parte no presentó queja (v. informe actuarial de fs. 91).
Oído el señor Procurador General a fs. 78/81, dictada la providencia de autos a fs. 83, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se reseñarán los agravios, sin que corresponda hacer referencia a los embates que quedaron fuera del ámbito de competencia de esta Corte.
II. Sentado lo anterior, el señor defensor oficial alegó que la aplicación al caso de la ley 27.362 viola el principio de legalidad por ser más gravosa que la vigente al momento de los hechos y porque se aplicó de manera retroactiva, cuando se debió emplear ultraactivamente el art. 7 de la ley 24.390 anterior a la reforma de la ley 25.430 (conf. arts. 2, 3 y 24, Cód. Penal; 7.5 y 9, CADH y 15.1, PIDCP; v. fs. 61/62 vta.).
Se refirió al título de la mencionada ley 27.362 así como a su art. 1, en los que se hace referencia a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, y dijo que el hecho cometido por su asistido no encuadra en ninguno de ellos por ser un delito común. Ponderó también el contexto sumarísimo en que se sancionó esa norma (luego del cuestionado fallo "Muiña" de la CSJN), todo lo cual, a su entender, demuestra que la intención del Poder Legislativo no fue reglamentar la interpretación del art. 7 de la ley 24.390 para todos los delitos sino exclusivamente para los referenciados en la ley 27.156, a los que alude el art. 1 de la ley 27.362, y que están directamente conectados con los arts. 2 y 3 de la misma norma (v. fs. 63 y vta.).
Destacó que debe regir el art. 2 del Código Penal en lo que respecta al cómputo privilegiado previsto por la ley 24.390 para todos los hechos cometidos durante su vigencia, pudiendo -conforme lo establece el art. 3 del Código Penal- aplicarse separadamente la ley más favorable al cómputo de la prisión preventiva (v. fs. 64).
Aclaró que la situación de su asistido no está abarcada por la ley 27.362, por lo que su aplicación extensiva y retroactiva es arbitraria, violatoria del principio de legalidad y lesiva de la libertad ambulatoria. Agregó que dicha norma pretende efectuar una "interpretación auténtica" de la ley 24.390 luego de transcurridas más de dos décadas desde la sanción de esta última, y que ello importa una clara afectación al principio de irretroactividad de la ley penal (v. fs. 65).
Resaltó que la interpretación de la ley 24.390 en relación con los delitos comunes resultaba pacífica hasta la entrada en vigencia de la ley 27.362. En su apoyo, citó el precedente "Arce" de la Corte nacional, en el que -según dijo- se estableció con absoluta claridad que "...lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante [la] vigencia [de la ley 24.390], siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante la vigencia de dicha norma..." (fs. 65 vta.), al tiempo que se consolidó "la aplicación del principio de la ley penal más benigna al cómputo de la prisión preventiva" (fs. 67). En tal sentido, aseveró que como Rodríguez fue condenado por hechos cometidos durante la vigencia de la ley 24.390, aun cuando no haya estado detenido en los términos del art. 7 de la mentada norma durante su vigencia, es decir, previo a la derogación dispuesta por la ley 25.430, la doctrina de "Arce" es completamente aplicable (v. fs. 65 y vta.).
De seguido, en lo que respecta al alcance que debe darse a las leyes interpretativas dictadas por el Congreso y a la exégesis que efectúa la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trajo a colación el fallo "Valot, Eduardo Afredo c/ AFIP" (sent. de 17-V-2005). Advirtió que ese tipo de leyes pueden ser un "embuste de etiquetas" y, en esencia, modificar el régimen legal y concluyó que, por tales motivos, no puede prevalecer la interpretación auténtica por sobre la asignada por la Corte federal en el caso "Arce" (v. fs. 66/67).
En igual dirección, afirmó que atendiendo "...al carácter material que revisten las leyes n° 24.390 (B.O. 21/11/1994); 25.430 (B.O. 01/06/2001) y 27.362 (B.O. 10/05/2017), pese a que el cambio de valoración efectuado se documentó a través de la legislación, por imperio del principio de legalidad y por la aplicación universal del principio de ley más benigna (CSJN 'Cristalux', Fallos 239:824), debe respetarse la ley vigente a la fecha de comisión [del]/los hecho/s" (fs. 67 vta.).
Resaltó que "...se ha dejado planteada la inconstitucionalidad de la ley 27.362, más precisamente, y atendiendo a la naturaleza jurídica que regula, a los arts. 2° y 3° de la señalada norma, por afectación irrazonable al principio de legalidad y, fundamentalmente de la división de poderes que debe reinar en nuestra República (cfr. art. 1° de la CN) y la supremacía de la carta magna". Entendió que la articulación de tal agravio fue tempestiva en tanto el revisor se adentró oblicuamente a su tratamiento al convalidar la aplicación de esa ley, cuya inconstitucionalidad había sido postulada en el memorial.
Apuntó que "...la interpretación auténtica de la ley es un recurso que sólo resulta legítimo cuando se presenten interpretaciones disímiles en torno a una cuestión, presupuesto que no acontece en el presente dado que hasta la sanción de la ley 27.362 la jurisprudencia pacíficamente aceptaba la aplicación del cómputo privilegiado en función de la fecha de comisión del hecho, resultando indiferente que [el sujeto] hubiese estado detenido o no durante la vigencia de la ley 24.390" (fs. 68 vta.).
Por último, propició la ultraactividad de la ley penal más benigna (art. 2, Cód. Penal), dado que la ley a la que hizo referencia el revisor -27.362- es posterior a los hechos del proceso e inclusive -como consecuencia directa de ello- a la privación de la libertad de Rodríguez (v. fs. 69 vta.).
En suma, solicitó que se haga lugar a su planteo y se habilite la revisión del cómputo de pena de su defendido.
III. El señor Procurador General aconsejó desestimar el recurso (v. fs. 78/81).
Coincido con él; la impugnación no prospera.
IV. Previo a ingresar al fondo del reclamo es necesario realizar una reseña de los antecedentes del caso.
IV.1. Surge que por sentencia del 24 de abril de 2007 la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza condenó a Juan Agustín Rodríguez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por cometerse con alevosía ocurrido el 28 de julio de 1997, sentencia que se encuentra firme (v. fs. 1 y vta.).
El nombrado fue detenido el 30 de mayo de 2002; el 19 de junio de ese mismo año se dictó su prisión preventiva; y permaneció privado de la libertad hasta el 14 de diciembre de 2006, cuando se resolvió concederle una morigeración de la medida de coerción con la obligación de presentarse ante el tribunal del juicio a comienzo de cada mes (v. fs. 1 vta.).
Luego, con fecha 16 de diciembre de 2016 la defensa solicitó que se declare el vencimiento de la pena impuesta a Juan Agustín Rodríguez, "...toda vez que para ese entonces el nombrado llevaba holgadamente cumplido el recaudo temporal que surge del juego armónico de los arts. 13 y 16 del C.P. -vigente[s] a la fecha de comisión del hecho- y lo dispuesto por el art. 7° de la ley 24390" (fs. 13 vta.). En el mismo escrito pidió de manera subsidiaria la excarcelación en términos de libertad condicional, en el entendimiento de que desde la concesión de la morigeración de la prisión preventiva Rodríguez había cumplido con la obligación impuesta.
El 12 de julio del 2017, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental (actuando en forma originaria) rechazó el planteo principal y subsidiario formulado por la parte por aplicación de lo establecido por los arts. 2 y 3 de la ley 27.362, lo cual a criterio de ese órgano impedía la aplicación del cómputo privilegiado establecido por el art. 7 de la ley 24.390.
Frente a ello la defensa interpuso recurso de casación, que fue rechazado por la Sala V del Tribunal de Casación Penal con fecha 20 de marzo de 2018.
Continuada que fue la vía recursiva ante esta Suprema Corte, por resolución del 2 de mayo de 2019 (causa P. 131.467) se declaró inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en virtud de revestir Rodríguez en ese momento la calidad de penado con sentencia firme, motivo por el cual resultaba abstracto expedirse acerca de los agravios traídos a consideración en tanto versaban sobre los requisitos para obtener la soltura del nombrado durante el proceso de la causa principal. Sin embargo, la Corte aclaró que lo expuesto no importaba la convalidación de la interpretación efectuada por el tribunal intermedio ni implicaba dar por precluidos los argumentos de la defensa, que podían ser discutidos en la instancia de ejecución.
Ello así, la parte planteó ante al tribunal de origen el vencimiento de la pena de prisión, pues -en su opinión- Rodríguez llevaba cumplido el recaudo temporal que surge del juego armónico de los arts. 13 y 16 del Código Penal y el art. 7 de la ley 24.390; de manera subsidiaria, abogó por que se le conceda la libertad condicional (v. fs. 14).
Por resolución del 13 de junio de 2019 el tribunal aprobó el cómputo de pena efectuado por el secretario, del que surge que Juan Agustín Rodríguez fue privado de su libertad el 30 de mayo de 2002; que se dictó su prisión preventiva el 19 de junio de ese año; y que el 14 de diciembre de 2006 le fue concedida la morigeración de la medida de coerción con la obligación de presentarse ante el órgano del juicio del día 1 al 5 de cada mes (obligación que había sido observada hasta el momento del cómputo). En atención a ello, y dado que "...a la fecha en la que tuvo lugar el hecho delictivo por el cual fue condenado Rodríguez se hallaba vigente el art. 13 del C.P. según ley 11.221; y que no resulta de aplicación el cómputo privilegiado previsto en la ley 24.390...", se estableció que el nombrado se encontraría en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional a partir del día 29 de mayo de 2022 (v. fs. 1/2 vta.).
IV.2. La fiscalía consintió este cómputo. Quien quedó disconforme fue la defensa, que presentó recurso de casación (v. fs. 12/18).
Allí alegó que la resolución en crisis violentaba los principios de legalidad y ultraactividad de la ley penal más benigna, en razón de no haber aplicado al caso lo normado por el art. 7 de la ley 24.390 (arts. 18, Const. nac.; 9, CADH y 15, PIDCP). Sostuvo que el art. 2 del Código Penal deja en claro que el parámetro básico a partir del cual debe aplicarse la ley penal es el hecho ilícito que da lugar a la acción, y que la excepción a ese principio es la retroactividad de la ley penal más benigna, único supuesto en el cual cabe aplicar una ley que no se encontraba vigente al momento de la comisión del hecho. A su vez, dijo que el art. 3 del Código Penal "...refuerza el principio de retroactividad de la ley penal más beneficiosa, al admitir que el juez aplique 'separadamente' la que mayores derechos reconozca a la persona", es decir que "...autoriza incluso a componer una tercera norma combinando las distintas que hayan estado vigentes desde la comisión del hecho hasta el agotamiento de la sanción" (fs. 15 y vta.).
En base a ello, y dado que el delito objeto de juzgamiento sucedió mientras se encontraba vigente la ley 24.390 -en concreto, el 28 de julio de 1997-, entendió que correspondía aplicar el cómputo previsto en su art. 7. Alegó que el hecho de que el Estado no haya privado de su libertad a Rodríguez antes de la derogación de la ley 24.390 no puede perjudicar su situación, ya que cualquier persona imputada de un delito cometido durante su vigencia adquirió el derecho a que su prisión preventiva superior a los dos años sin sentencia firme se compute conforme a lo allí dispuesto, tal y como ocurre en el caso. Pues si bien la ley 24.390 fue derogada por la 25.430, sus previsiones -dijo- se aplican de acuerdo con el principio de ultraactividad de la ley penal más benigna. Luego, como según los arts. 2 y 3 del Código Penal debe seleccionarse la ley más benigna entre la ley vigente al momento del hecho delictivo, las intermedias y la vigente al momento de la sentencia, y en tanto el art. 7 de la ley 24.390 modifica al art. 24 del Código Penal (ley sustantiva), "...los autores de delitos en fecha anterior al 1° de junio de 2001 -fecha de entrada en vigor de la ley 25.430- tendrán siempre derecho a que se considere como ley vigente al momento del hecho, o como ley intermedia, a la ley 24.390" (fs. 15 vta.).
Para la defensa, además, esta postura fue sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Arce" y sostenida en "Montivero" y "Bocazzi". Y no puede ser dejada de lado tras la sanción de la ley 27.362 (v. fs. 16 y vta.).
La afirmación contenida en el art. 3 de la ley 27.362, de que esa norma es "la interpretación auténtica" del art. 7 de la 24.390, es -según planteó la parte- un artilugio mediante el cual se pretenden soslayar los principios constitucionales en juego. No se trataría realmente de una interpretación porque la limitación no puede considerarse incluida dentro de la resistencia semántica de la norma originaria, "...lo que por otra parte resultaría ilógico dado que habría que pensar que se legisló previendo ya la derogación de la norma" (fs. 16 vta.).
Afirmó que la ley 27.362 se sancionó como respuesta al fallo dictado por el Máximo Tribunal federal en favor de Luis Muiña, con la finalidad de excluir a los delitos de lesa humanidad del cómputo privilegiado de la prisión preventiva; y que tal "interpretación auténtica" fue confirmada por el mismo Tribunal en el fallo "Hidalgo Garzón", lo cual -a su parecer- indica que la inaplicabilidad del cómputo privilegiado opera solo para los delitos de lesa humanidad (v. fs. 16 vta. y 17).
Consideró que su defendido llevaba holgadamente cumplido el recaudo temporal que surge del juego armónico de los arts. 13 y 16 del Código Penal -vigentes a la fecha de comisión del delito- y el art. 7 de la ley 24.390, esto es, veinticinco años de prisión, motivo por el que correspondía declarar el vencimiento de la pena. Recordó que fue detenido el 30 de mayo de 2002 y que su prisión preventiva fue morigerada el 14 de diciembre de 2006; apuntó que el lapso comprendido desde la detención hasta el 30 de mayo de 2004 debía computarse simple, y que el período que debía contarse doble era el comprendido del 30 de mayo de 2004 en adelante, por lo que a la fecha de esa presentación -10 de mayo de 2019- llevaba treinta años de limitación de su libertad (v. fs. 17 y vta.).
En definitiva, pidió que se declare la decisión de la Cámara como contraria a los principios constitucionales invocados y que se aplique el art. 7 de la ley 24.390.
Por su parte, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Daniel Aníbal Sureda, presentó memorial en el que acompañó los argumentos expuestos en el recurso de la especialidad, se refirió también a "...la inconstitucionalidad de la pretendida aplicación de la interpretación auténtica del legislador", y peticionó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 3 de la ley 27.362 por afectación al principio de legalidad (v. fs. 28/41).
IV.3. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia del 13 de julio de 2020, rechazó por improcedente el recurso homónimo, por estimar que la resolución cuestionada era derivación razonada del derecho vigente (conf. arts. 106 y 210, CPP; v. fs. 46/49).
Para decidir de esa manera, primero, reseñó los argumentos brindados por la Cámara de Apelación y Garantías (v. punto IV.1, último párrafo); de seguido, señaló que "...en el caso no existe conflicto en el análisis de la aplicabilidad de las normas del Código Penal en los términos del art. 2 del mismo desde que los preceptos de la ley 27.362 brindan precisión a los alcances de la 24.390 y la 25.430, constituyendo una verdadera norma interpretativa formulada por el mismo órgano que oportunamente dictara las segundas. Vale decir que la primera de las legislaciones mencionadas constituye una suerte de 'reglamentación' de las últimas la cual, aunque tardíamente dictada, debe imperar en la determinación del ámbito de aplicación de las referidas leyes 24.390 y 25.430 toda vez que resulta [que] ambos textos se complementan entre sí, acotando en consecuencia el margen interpretativo que de las mismas puede hacer el Poder Judicial. Por tanto, el cómputo privilegiado establecido por las referidas legislaciones queda circunscripto a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley exclusivamente (Ley 24.390 -B.O. 22/11/94- derogada por Ley 25.430 -B.O. 1/06/01-). En consecuencia, ningún análisis de mayor benignidad es debido" (fs. 47 vta. y 48).
V. Inicialmente, cabe aclarar que -contrariamente a lo sostenido por la defensa oficial- la ley 27.362 no solo contempla a los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, sino que su art. 2 abarca a los delitos comunes. Ello se desprende de la interpretación literal y sistemática del texto de la ley y también del debate parlamentario.
Como primer punto, el título de la ley, "Conductas delictivas. Delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra", configura un indicio de que la norma no solo regula el cómputo privilegiado respecto de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra -expresamente mencionados en el título- sino también de los delitos comunes, abarcados en el término "Conductas delictivas", marcando por intermedio de la puntuación empleada (punto y seguido) que se trata de algo distinto a los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
En segundo lugar, la lectura sistemática y coherente del texto completo de la norma indica que los arts. 1 y 2 receptan casos diferentes, pues de lo contrario, si se afirmara que ambos se refieren a la aplicación del art. 7 de la ley 24.390 a delitos de lesa humanidad, genocidio y crí
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