Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139798
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.798, "González, Franco Nahuel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 101.502 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Violini.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza condenó a Franco Nahuel González a la pena de treinta y seis años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor y autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma; homicidio en ocasión de robo; homicidio doblemente calificado criminis causa y por la condición de miembro de una fuerza policial, en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego; violación de domicilio; portación ilegal de arma de guerra reiterada en dos ocasiones y encubrimiento calificado por el ánimo de lucro, todos ellos en concurso material entre sí; y lo declaró reincidente. Asimismo, se le impuso la pena única de treinta y ocho años de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo la declaración de reincidencia, omnicomprensiva de la pena impuesta en la presente causa y de la pena de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas impuesta en causa 3.315/1.957-2014 del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza.
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación el señor defensor oficial del mismo departamento judicial, que fue rechazado por la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de febrero de 2021.
La señora defensora oficial adjunta a cargo interinamente de la Defensoría Oficial del Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor del imputado, que fue admitido por la Sala recurrida solo en cuanto denuncia la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. resol digital de 8-XI-2022).
Por la parcela denegada la defensa presentó queja ante esta Corte, que fue admitida parcialmente, se declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se concedió por los agravios federales planteados en los puntos primero, segundo, tercero y cuarto (violación a la garantía de revisión de la sentencia condenatoria, al principio de inocencia —hechos "a" y "c"—, falta de fundamentación con afectación al debido proceso y la defensa en juicio —hecho "b"—, y arbitrariedad en la determinación de la pena) —causa P. 138.012-Q, ver resolución de 21-XI-2023—.
Por su parte, la defensa oficial, mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2024, solicitó ante esta Suprema Corte la declaración de prescripción de la acción penal del delito de violación de domicilio (art. 150, Cód. Penal).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 2-VIII-2024), dictada la providencia de autos el 1 de octubre de 2024 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Preliminarmente, cabe señalar, en lo que concierne al escrito presentado por la defensa oficial directamente ante esta sede, estando el expediente con autos para resolver, que la competencia revisora de esta Suprema Corte fue habilitada para el abordaje de la denuncia de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y los planteos de índole federal reseñados en los antecedentes, sin que la parte haya efectuado ningún cuestionamiento directo ni indirecto del delito previsto en el art. 150 del Código Penal, cuya prescripción de la acción ahora reclama.
Para más, siquiera formuló objeciones en la mensura de la pena con críticas que tuvieran alguna vinculación con el delito en cuestión, de modo que el reclamo decae (conf., causa P. 134.345-Q, sent. de 20-IX-2024, mutatis mutandi art. 495, CPP).
II.1. En el recurso extraordinario la defensa denuncia violación a la garantía de la revisión de la sentencia condenatoria (arts. 8.2. "h", CADH; 14.5, PIDCP; CSJN Fallos: 328:3399, 328:3741 y C. 927. XLIV. Recurso de hecho. "Carrera, Fernando Ariel"; SCBA causas P. 126.728 y P. 127.396).
Aduce que el tribunal revisor se desentendió de las críticas formuladas en la impugnación, limitándose a ratificar la condena y la pena mediante la aprobación del juicio efectuado por el sentenciante.
Para dar cuenta de ello, reseña —en extenso— los agravios formulados en el recurso casatorio —y en el memorial— concernientes, por un lado, a presuntos déficits probatorios en el reproche autoral de su defendido ya que se erige a partir de la declaración, a su entender, contradictoria de Laura Fosco —única testigo presencial—; y, de otra parte, en cuanto a la arbitraria valoración de la prueba en la acreditación del accionar lesivo al bien jurídico vida en el hecho "c", con inobservancia de las prescripciones del art. 104 del Código Penal, en tanto sostiene que no puede afirmarse que el disparo existió; para luego referirse al tratamiento dispensado a tales tópicos por dicho órgano jurisdiccional.
Sostiene que la simple enumeración de los testimonios valorados y la mención de los datos que cada uno aportó según la interpretación del tribunal de juicio resulta insuficiente para dar por abastecido el examen exhaustivo e integral que impone la garantía en crisis a instancia del recurso de la defensa. Ello, por cuanto, afirma que quedaron sin respuesta los específicos cuestionamientos sobre las contradicciones en las que incurrió Fosco —de entidad por tratarse de la única persona que ubica al imputado en la escena del hecho—, la evaluación del reconocimiento fotográfico realizado meses después del suceso y cuando Franco Nahuel González se hallaba ya a disposición de la justicia para avanzar en un reconocimiento en rueda de personas.
Alega que el tribunal intermedio incumplió el deber de revisar con completitud el fallo de condena, no abordó las críticas concretas efectuadas por esa parte referentes a la cantidad de disparos y las manifestaciones de los diversos testigos sobre el punto y redujo su actuación a la ratificación de lo manifestado por el sentenciante de grado, todo eso con repaso de los extractos del fallo atacado en los que, según denuncia, se advierte ese déficit.
II.2. Asimismo, tacha de arbitraria a la sentencia impugnada en cuanto convalida la condena en relación con la valoración de los elementos probatorios y la acreditación de la autoría responsable de González en el hecho "a", como así también la determinación de la materialidad ilícita del hecho "c" y su encuadre jurídico, todo ello en infracción a la regla del in dubio pro reo , derivada del principio de inocencia (art. 18, Const. nac.), explayándose sobre tales extremos.
II.3. Plantea, además, la violación al deber de fundamentación de los fallos, al debido proceso y la defensa en juicio (arts. 18, Const. nac. y 15 y 171, Const. prov.).
Afirma que la casación confirmó la condena del Tribunal Criminal respecto del hecho "b" pese a que el veredicto no expresara —con la completitud requerida— la prueba producida, su valoración y las inferencias que de ella se derivan para tener por acreditado el hecho y la autoría responsable de González, bajo el amparo de que "las partes acordaron" tales extremos, dando por abastecido ese recaudo con la simple enumeración de ciertos elementos probatorios incorporados por lectura, sin especificación de su contenido ni de los datos que aportan. Sostiene, en suma, que no puede tenerse por fundada la sentencia sobre el punto.
Aunque reconoce que dicha circunstancia no fue planteada con anterioridad, señala que la afectación al debido proceso, la defensa en juicio y la razonabilidad de los actos judiciales no puede consolidarse por cuestiones procesales. Por ello, requiere se case la sentencia y se disponga el reenvío de las actuaciones, para el dictado de un nuevo fallo (art. 496, CPP).
II.4.i. Luego se queja de la vulneración del debido proceso y la defensa en juicio por la arbitrariedad de la sentencia en la determinación del monto de pena (arts. 18, Const. nac., y 15, Const. prov.). Estima errónea la afirmación del Tribunal de Casación que rechazó el planteo por no haberse verificado el agravio en el caso, siendo que este se concretó ante la vigencia de una sentencia infundada, frente a la posibilidad de una determinación menos severa.
Agrega que el deber constitucional de fundamentación de las sentencias también incluye el capítulo de individualización de la sanción, con la evaluación de las pautas atenuantes y agravantes exteriorizando las razones de su aplicación, en una secuencia lógica, que —en su parecer— no se acreditó en autos.
II.4.ii. Finalmente, objeta la errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 40 y 41, Cód. Penal). Cuestiona la valoración del " modus operandi " y la " nocturnidad " como circunstancias agravantes de la pena, por no haberse acreditado que hubieren operado con ese cariz, a tenor de las constancias de la causa, sobre lo que se explaya.
III. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General: el recurso no prospera.
IV.1. El tribunal de juicio tuvo por debidamente acreditados los siguientes hechos: "a. El 29 de enero de 2018 , siendo aproximadamente las 21:00 horas, sobre la vereda de la Ruta Provincial N° 4 a unos 50 metros de la esquina con la calle Venezuela, de la localidad bonaerense de Los Pinos, Partido de La Matanza, dos sujetos de sexo masculino, munidos de al menos un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm cada uno, las que previamente portaron hasta el lugar sin contar con la debida autorización legal, intimidaron a Mame Adama Samb, quien se encontraba en el lugar a bordo de su rodado marca Chevrolet Spin, dominio AB 568 GM, en compañía de Laura Fosco, quien tenía al hijo de ambos, de alrededor de diez días de vida, en sus brazos, con el propósito de apoderarse ilegítimamente del rodado, a la vez que le indicaban que descienda del mismo le efectuaron seis disparos de arma de fuego, impactándolo a la altura de la cabeza y en la región dorsal derecha de la espalda, provocándole heridas de tal magnitud que determinaron su deceso".
"b. El 4 de febrero del 2018 , siendo las 22:00 horas aproximadamente, dos sujetos masculinos interceptaron a Emanuel Eduardo Caldara, quien se encontraba en la puerta de la casa de un amigo ubicada en las calles Capupolican y Atenas, de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, Partido de La Matanza, y mediante intimidación con armas de fuego no habidas pero con la cual [...] lo golpearon, lo desapoderaron ilegítimamente de su motocicleta marca 'Jianshe', Modelo JS 125-6B, dominio: 567-KSB, como así también de la suma de 2000 pesos argentinos en efectivo, dándose a la fuga pudiendo disponer libremente del botín".
"c. El 4 de abril de 2018, siendo aproximadamente las 20:20 horas, un sujeto masculino que circulaba a bordo de un moto vehículo marca 'Honda', modelo Titan 150 cc. patente 639IMP conociendo su procedencia ilícita y en claro aprovechamiento del valor intrínseco de su uso, ya que el rodado poseía pedido de secuestro activo de fecha 31/03/18, detuvo la marcha en la esquina de las calle Terrero y Bloomber de la localidad bonaerense de Rafael Castillo, Partido de La Matanza, lugar en el que se encontraba personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza abocado a su detención, motivo por el cual al verlo se identificaron y le impartieron la voz de alto que fue desoída por aquel que emprendió la huida a pie, iniciándose una persecución en el marco de la cual ingresó en el domicilio de la calle Santiago del Estero, Manzana 25, lote 10, de la misma localidad, sin contar con la anuencia de su propietaria Jesica Elisa Leal, escondiéndose bajo una frazada en la planta alta, donde fue encontrado y, ante la nueva voz de alto, con ánimo de terminar con la vida de quienes intentaban apresarlo y de procurar así su impunidad, efectuó disparos contra los policías con el arma tipo pistola calibre 9 mm maca 'Hi-Power', color negro, con numeración suprimida, la que contenía su cargador con 8 cartuchos del mismo calibre en su interior, la cual detentaba en la vía pública en condiciones inmediatas de su uso, y sin la autorización legal para ello, no logrando su cometido de dar muerte por circunstancias ajenas a su voluntad".
En lo que importa y a fin de fijar la pena individualizada, tras descartar la concurrencia de pautas atenuantes, en la cuestión quinta del fallo se computaron como agravantes: la nocturnidad —limitada a los dos primeros hechos porque en el caso del tercero, no ha sido especialmente buscada sino producto del encuentro policial con el sujeto a quien estaban intentando detener—, respecto de la cual se concluyó que ambos atracos hayan sido cometidos en horas de la noche no parece producto de la casualidad sino de un momento determinado, propicio para que queden impunes por el menor movimiento de personas en las calles y la mayor dificultad de ser vistos sus autores, con cita de doctrina de esta Corte. Asimismo, aludió al fallo firme dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental —citado en los antecedentes— en el que González actuó igualmente en horas de la noche.
También meritó la agresión plural y violenta hacia las víctimas, en los dos primeros sucesos, ya que "...concurrir con otro a delinquir implica previo acuerdo de voluntades con reparto de roles que hacen a la mayor indefensión de las víctimas y son reveladores, por ello, también de mayor peligrosidad".
Valoró como severizante de la sanción, en coincidencia con lo pedido por el acuse, el antecedente condenatorio que registra González, quien fuera sentenciado el 27 de febrero de 2014, en la causa 1.957/14 del Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental por un hecho del 16 de diciembre de 2013, por el delito de robo con arma de fuego y participación de un menor de edad, en el entendimiento de que tal pauta resulta "...indicativa de mayor peligrosidad en los nuevos hechos de aquél que, siendo conocedor en concreto de las consecuencias del ilícito accionar, no se motiva a ajustar su conducta conforme los mandatos normativos y se decide por retransitar la empresa criminal. Ello por venir expresamente prevista en el art. 41 letra b) del Código Penal y haber sido receptada por esta Corte (causa P. 85.422 sent. de 21-XI-2003)".
Finalmente meritó como aumentativa la pauta del art. 41 bis del Código Penal "...toda vez que el delito por el cual fuera acusado González respecto de esta materialidad -homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa, no incluye típicamente su comisión mediante armas de fuego".
Los sucesos referidos fueron calificados como constitutivos de los delitos de homicidio en ocasión de robo y portación ilegal de arma de guerra (hecho "a"); robo calificado por el uso de arma (hecho "b") y homicidio doblemente calificado criminis causa y por tratarse las víctimas de personal policial, en grado de tentativa, violación de domicilio, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento calificado por el ánimo de lucro (hecho "c"), todos ellos en concurso material entre sí , por los cuales González deberá responder en calidad de coautor en relación con el primero y tercero de los delitos invocados y en carácter de autor en los restantes (arts. 42, 45, 55, 80 incs. 7 y 8, 150, 165, 166 inc. 2, párr. primero, 189 bis, apdo. segundo, párr. cuarto y 277 inc. 3 letra "b" en función del inc. 1 letra "c", Cód. Penal).
IV.2. Al interponer el recurso de casación la defensa planteó la arbitraria valoración de la prueba respecto de la coautoría asignada a González respecto del hecho "a", y para tener por acreditado el accionar lesivo contra el bien jurídico "vida" en el hecho "c", en cuyo caso denunció la inobservancia del art. 104 del Código Penal; aparente fundamentación al fijarse la pena en esta causa y —también— la pena única.
Respecto de la coautoría en el hecho "a", impugnó el reconocimiento fotográfico realizado por la testigo Fosco, por contradictorio y mendaz. Se quejó de los elementos ponderados afirmando que en las filmaciones se verían piernas de personas que estaban en una moto; y que el modus operandi que asigna el agente policial Cardozo no permitiría relacionar al imputado. Solicitó la absolución de González. Respecto de la arbitraria valoración de la prueba en punto a la materialidad ilícita del hecho "c" entendió inverosímil la versión de los agentes policiales referida al cuarto disparo y que lo haya realizado González. Explicó que de considerarse existente el cuarto disparo, se presentaría duda sobre la intención homicida, de modo tal que no sería posible tenerse por acreditado el dolo del tipo penal imputado. Solicitó el cambio de calificación legal por la del delito previsto en el art. 104 del Código Penal. En tercer lugar, denunció aparente fundamentación al determinar la pena a imponer en autos. Objetó la ponderación como agravantes de la nocturnidad, del antecedente condenatorio y la participación de otro sujeto en los hechos "a" y "b". Discrepó con el descarte como atenuante de la corta edad del imputado. Por último, planteó la inobservancia de la doctrina legal en materia de unificación de pena, con cita del fallo "Romano" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al disponerse tal proceder con una pena ya extinguida. En síntesis, requirió se case parcialmente el pronunciamiento impugnado, se absuelva a González en relación con los hechos "a" y "c"; en subsidio, que el hecho "c" sea calificado como abuso de armas; se fije la sanción en el mínimo legal de la escala penal aplicable —diez años de prisión— y se deje sin efecto la unificación de pena dispuesta.
IV.3. El Tribunal de Casación Penal rechazó la impugnación por improcedente (v. sent. de 25-II-2021). Para así decidir en primer término señaló que no se verificaban los defectos denunciados respecto de la acreditación de la participación de González en el hecho "a" y de la materialidad ilícita del individualizado hecho "c".
Indicó que el tribunal de juicio tuvo por acreditadas las materialidades ilícitas y la intervención responsable de González, mediante los medios de prueba que expone y cuyos datos detalla en las cuestiones segunda y tercera del veredicto, prueba que "...fue adecuadamente considerada y reflexionada en oportunidad de plasmar el razonamiento que lo llevó a concluir por su concurrencia afirmativa, con respeto debido de las reglas de la sana crítica (arts. 106, 210, 371, 373 y ccdtes. del CPP)".
Detalló que respecto de la materialidad ilícita del hecho "c", consideró las declaraciones testimoniales prestadas en el debate por Paulino Trejo y Juan Rodríguez —agentes policiales—, Karen y Luis Leal —dueña de la vivienda en que se produjo la aprehensión de González y su hermano, respectivamente—, Ariel Romero —vecino, testigo de actuación policial—, y Alan Nahuel Fernández —dueño de la motocicleta incautada a González—.
Resaltó que Trejo aludió al procedimiento de detención de "Frutillita" y el secuestro de un arma de fuego que este poseía y había disparado. Detalló su comportamiento, quien intentó huir y esconderse, y al ser perseguido y hallado, efectuó un disparo hacia el personal policial, y lograron reducirlo e incautarle el arma que era similar a la policial, sin recordar calibre, y con carga útil, sin recordar su cantidad.
Mencionó que Rodríguez se refirió a la primera parte del procedimiento realizado en pos de hallar a González, coincidiendo en lo expuesto por Trejo desde la intervención de este, como refuerzo. En relación con el inicio señaló que, dada la voz de alto a González, este se fue corriendo y les efectuó un disparo con u
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