Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140308
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.308, "Ramírez, Roberto Damián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 125.822 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con fecha 23 de mayo de 2023, condenó a Roberto Damián Ramírez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego, homicidio criminis causae por su comisión para consumar otro delito, asegurar su resultado y procurar su impunidad, agravado genéricamente por su comisión mediante el empleo de arma de fuego (causa n° 700-42704-21), y autor penalmente responsable del delito de robo calificado por su comisión mediante el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada (causa n° 700-71077-21), en concurso real entre sí (arts. 41 bis, 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 párrafos segundo y tercero, Cód. Penal). Asimismo, unificó la condena referida con la recaída el 4 de marzo de 2020 en la causa n° 700-004723-20 del registro del Juzgado de Garantías en lo Penal n° 6 departamental, en la que se condenó a Ramírez a la pena de un año de prisión de ejecución condicional por resultar autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego civil —cuya condicionalidad revocó—, condenando en definitiva al nombrado a la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas (art. 58, Cód. Penal).
Contra dicho pronunciamiento la defensa oficial interpuso recurso de casación.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el fallo dictado el día 14 de noviembre de 2023, rechazó el recurso presentado.
Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia intermedia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el tribunal intermedio (v. resol. digital de 19-XII-2023).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurrente denuncia la errónea aplicación de la ley sustantiva respecto del art. 80 inc. 7 de Código Penal.
Luego de repasar la materialidad ilícita referida al hecho juzgado en la causa n° 700-42704-21, afirma que el órgano revisor confirmó una condena que no logró demostrar la ultrafinalidad del homicidio calificado, ya que al establecer distintas alternativas de ultrafinalidades, en realidad demostró la existencia de una duda insalvable, que debió conducir a la aplicación del tipo penal más benigno previsto en el art. 165 del Código de fondo.
Asevera que el tribunal revisor incurrió en arbitrariedad al tener por acreditada la ultraintención que conecta los tipos penales con la sola enumeración de las ultrafinalidades que hacen al tipo penal más gravoso.
Apunta que los extremos de la materialidad infraccionaria acreditada demuestran la imposibilidad de afirmar un plan homicida con ultrafinalidades.
En síntesis, solicita que se case la sentencia impugnada declarando erróneamente aplicado el art. 80 inc. 7 del Código Penal y, en consecuencia, se subsuma el hecho en la figura del art. 165 del mismo Código.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. El tribunal de mérito tuvo por debidamente acreditado, en lo que aquí interesa, que con fecha 16 de agosto de 2021, en los primeros minutos de esa noche, en las inmediaciones de las calles Rosa y Begonia de la localidad de Claypole, el acusado Roberto Damián Ramírez, apodado "Chucky", junto a otra persona, en forma violenta, intimidatoria y sirviéndose de un arma de fuego apta para el disparo, se apoderó ilegítimamente de elementos que poseía Franco Marcelo Juárez, en particular de su teléfono celular. Se probó también que, para consumar el hecho, asegurar sus resultados y procurar la impunidad Ramírez mató mediante un disparo de arma de fuego a Juárez, ya que lo hirió severamente en el lugar y el nombrado murió posteriormente en un hospital a causa de ello (causa n° 700-42704-21).
Tales conductas fueron subsumidas legalmente bajo los tipos penales de robo calificado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae por su comisión para consumar otro delito, asegurar su resultado y procurar la impunidad, agravado genéricamente por la comisión mediante el empleo de arma de fuego.
Para llegar a esa conclusión, el tribunal indicó que se había probado que Ramírez, junto a otro hombre, acometieron a Franco Juárez para sustraerle elementos de valor pero la víctima opuso resistencia: colocó un brazo detrás de su espalda para evitar que lo desapoderaran de su teléfono, forcejeó con el sujeto no identificado. Frente a ello, Ramírez salió "en ayuda" de su compinche; primero golpeó a Juárez tres o cuatro veces con la culata de un arma de fuego, y una vez que lo tuvo en el piso, le efectuó un disparo, se agachó para tomar algo y se retiró junto al otro sujeto.
De este modo, Ramírez y su consorte de causa se apoderaron ilegítimamente de, al menos, el teléfono celular que tenía Juárez, tal como se reconstruyó a partir de las declaraciones de allegados y familiares de la víctima y las filmaciones de la causa (entre otras pruebas relevantes, los hijos de Juárez dijeron que con posterioridad al hecho vieron el celular de su padre ofrecido a la venta por Facebook).
El tribunal consideró plenamente acreditado el homicidio de Franco Juárez por parte de Ramírez. La causa de muerte fue un disparo de proyectil de arma de fuego en el abdomen, que le provocó heridas que determinaron su internación en estado muy crítico durante cerca de cincuenta días, para finalmente fallecer a causa originaria del disparo. Ese, para el órgano juzgador, era el único objetivo que podía desprenderse de un acometimiento en una zona vital del cuerpo a tan corta distancia, pues víctima y victimario estaban uno al lado del otro (Juárez en el piso y Ramírez apuntando con su brazo hacia abajo).
Además, entendió que el homicidio debía agravarse por su conexión final, en tanto el imputado mató a Franco Juárez para consumar el delito precedente (la sustracción de elementos personales de la víctima), al advertir que aquel se resistía, y para asegurar el resultado del desapoderamiento. A su vez, al haberse probado que Ramírez era vecino de la zona (vivía a tres cuadras y media del lugar del hecho), como también lo era Juárez, el tribunal razonó que el homicidio buscó, simultáneamente, procurar la impunidad, pues al matar a la víctima Ramírez se aseguraba no ser posteriormente reconocido.
Explicó que el art. 80 inc. 7 del Código Penal exige que el autor enlace causal e ideológicamente el homicidio al otro hecho típico con la específica finalidad de ("para") preparar, facilitar, consumar, ocultar, asegurar los resultados, procurar la impunidad (denominados por la doctrina como "homicidios finalmente conexos"), o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito ("homicidios causalmente conexos").
Especificó que, en cuanto al aspecto subjetivo, se evidenció en la conciencia de Ramírez la existencia de una conexión final (consumar otro delito, asegurar su resultado y procurar la impunidad), puesto que provocó el deceso de Juárez por los motivos antes señalados. Así, el homicidio en la subjetividad del autor se convirtió en el medio para consumar el delito contra la propiedad, asegurar su resultado y procurar la impunidad.
Añadió que el acometimiento del imputado fue directo y sin otro móvil que justificase su agresión; en definitiva, dijo que la conexión final resultaba clara.
III.2. La defensa oficial interpuso recurso de casación donde, en lo que interesa, planteó la errónea aplicación de los arts. 80 inc. 7 y 166 inc. 2, párrafo segundo, del Código Penal.
Consideró no acreditado el aspecto subjetivo del homicidio criminis causae en la animosidad del autor, en tanto el dolo debe ser directo y con una finalidad específica que debe aparecer indubitable en el análisis; tópico que —según dijo— en el caso no se evidenciaba.
Aseveró que no se había fundamentado bajo qué circunstancias fácticas se probó que Ramírez mató a la víctima para luego desapoderarla.
Sostuvo que, al no haberse verificado la intencionalidad de desapoderamiento, el hecho debía subsumirse en la figura del homicidio simple. Consideró no acreditada la sustracción del teléfono celular.
En esa dirección, si bien concedió que la muerte aparecía como fruto de una resistencia, puso en duda que esa resistencia haya sido ejercida por Juárez a fin de resguardar su celular.
Denunció falta de prueba sobre la intención de dar muerte para consumar el hecho, asegurar su resultado y procurar la impunidad.
Concluyó que para el supuesto de que no fuera de aplicación la norma del art. 79 del Código Penal, lo correcto era encuadrar el caso bajo los parámetros del art. 165, desestimando el concurso real impuesto por el sentenciante.
III.3. Al dar respuesta, el órgano revisor, mediante el voto del doctor Kohan, que concitó la adhesión del doctor Natiello, rechazó el pedido de recalificación del suceso imputado en la causa n° 700-42704-21.
Para así decidir, tras convalidar la intervención del acusado en los términos decididos por el tribunal de juicio, dijo que había quedado suficientemente probado que Ramírez junto a otro hombre acometieron a Franco Juárez para sustraerle elementos de valor, al menos el teléfono celular, pero este opuso resistencia, motivo por el cual, luego de ser golpeado, Roberto Ramírez le efectuó un disparo para consumar el hecho, asegurar su resultado y procurar su impunidad, muriendo posteriormente en el hospital a causa de ello.
Aseveró que la conducta del imputado tuvo como propósito causar la muerte de Franco Juárez, y el medio empleado pudo razonablemente conducir a ese resultado, toda vez que efectuó un disparo con un arma de fuego, a escasa distancia, y directamente hacia la humanidad de la víctima (en una zona vital del cuerpo).
Resaltó que el accionar desplegado por el acusado —simple, inmediato, certero y feroz— imponía colegir que medió intención de dar muerte.
De seguido, se refirió al elemento subjetivo exigido por el art. 80 inc. 7 del Código Penal. Destacó que el homicidio criminis causae se conecta ideológicamente con otro delito, y que en el caso se conectaba con el robo calificado por el uso de arma de fuego.
Explicó que entre ambos delitos existió una conexión ideológica del tipo "final", por cuanto el robo fue el motivo que indujo al agente a actuar: el homicidio fue cometido para consumar el desapoderamiento, asegurar el resultado y procurar la impunidad, con base en la prueba ponderada y a las determinaciones fácticas que esa prueba permitió establecer.
Especificó que se mata "para" conseguir una de las finalidades enunciadas en la ley, y que la demostración de la existencia de dicha conexidad subjetiva basta para agravar el homicidio.
Descartó la aplicación del art. 165 del Código Penal, dado que en esta figura "...ocurre un homicidio durante el transcurso de un robo, es decir que al robar -o al intentar hacerlo- se mata, a diferencia del homicidio criminis causa e, donde los [sujetos] activos matan para robar".
Explicó que en la figura del art. 80 inc. 7 "[l]a agravación del homicidio surge por el menosprecio por la vida humana demostrado por los autores ante un propósito delictuoso [...] los sujetos activos matan para lograr un fin relacionado con el otro hecho criminoso".
Explicó que el distingo entre el homicidio criminis causae y el homicidio en ocasión de robo radica en que en este último la muerte aparece como consecuencia de una situación no prevista, impensada, accidental o no querida, no verificada en el caso. Con todo, aclaró que tampoco debe existir una preordenación deliberada y resuelta con anterioridad de cometer el homicidio en la psiquis del sujeto activo, sino que el agravante se configura al corroborarse una conexión ideológica y subjetiva.
En el caso, encontró configurado entre los dos delitos en cuestión —homicidio y robo— un "nexo psicológico" que permitía aplicar el art. 80 inc. 7 del Código Penal. Adicionó: "...ninguna duda cabe que hubo dolo de robar y de matar, siendo que este último se produjo como consecuencia de la resistencia opuesta por la víctima, donde el acusado decidió terminar con la vida de la misma para consumar el hecho, asegurar su resultado y procurar su impunidad, por lo que indudablemente este evento se vincula psicológicamente con el robo de pertenencias del sujeto pasivo".
Por todo lo expuesto, confirmó la calificación atribuida por el tribunal de origen.
IV. Frente a lo resuelto, el recurso luce ineficaz para conmover el encuadre legal de los hechos en los términos del citado art. 80 inc. 7 del Código Penal (art. 495, CPP).
La reseña efectuada revela que, lejos de haber brindado "distintas alternativas de ultrafinalidades", los tribunales anteriores, merced a la prueba reunida, tuvieron por acreditadas tres finalidades concurrentes del homicidio: para consumar el robo, asegurar sus resultados y procurar la impunidad.
Tampoco es cierto que la casación se haya limitado a enumerar estas finalidades, sino que refrendó el análisis efectuado por el tribunal de juicio que llevó a verificar cada una de ellas.
La defensa se limita a criticar el abordaje efectuado y a insistir dogmáticamente con que no se acreditó el aspecto subjetivo del tipo correspondiente al homicidio criminis causae , pero opone su sola opinión discrepante y no ataca ninguna de las determinaciones probatorias efectuadas en sentido contrario mediante alguna crítica seria y razonada que justifique su revisión extraordinaria.
En definitiva, el elemento subjetivo específico del tipo puesto en crisis quedó debidamente acreditado, sin que la defensa hubiera logrado rebatir las concretas respuestas brindadas por la casación en cuanto a que el homicidio se cometió como consecuencia de la resistencia opuesta por la víctima, para asegurar los resultados del robo y procurar la impunidad.
Además, es doctrina de esta Corte que para aplicar el homicidio criminis causae alcanza con la demostración en el ánimo del autor de una —cualquiera— de las ultrafinalidades que contempla ese precepto (conf. causa P. 47.611, sent. de 4-V-1993), y que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 34.495, sent. de 6-II-1987; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 121.171, sent. de 10-V-2017; P. 127.696, sent. de 14-VI-2017; P. 134.545, sent. de 6-XII-2021; e.o.).
En consecuencia, corresponde rechazar la propuesta de que se subsuma el hecho en la figura del art. 165 del Código Penal, pues no se demostró la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 80 inc. 7, cit.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:14:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:41:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 15:10:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:21:17 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:26:22 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/07/2025 10:53:34 hs. bajo el número RS-99-2025 por SP-CATALDI MARIA VICTORIA.
Fin de la sentencia