Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140434
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.434, "D'Gregorio María Laura E. —Fiscal adjunta interinamente a cargo de la Fiscalía de Casación—. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 123.842 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, seguida a Aristegui, Héber Matías", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño, Carral, Mancini.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Juzgado de Garantías del Joven n° 1 del Departamento Judicial de Azul declaró extinta la acción penal por prescripción y sobreseyó a Heber Matías Aristegui respecto de los hechos acaecidos entre los años 1996 y 2005 en perjuicio de R.G.A., calificados como abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, previstos por art. 119 del Código Penal y agravados por el inc. "b" del párrafo cuarto de esa norma. Tal decisión, a su vez, fue confirmada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental (v. resol. digital de 2 de diciembre de 2022).
Por su parte, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de agosto de 2023, declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por el señor Fiscal General del Departamento Judicial de Azul.
Contra lo así resuelto, la señora fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de fecha 22 de agosto de 2023), que fue declarado admisible por resolución del tribunal intermedio de 26 de septiembre de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 18 de septiembre de 2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Como cuestión liminar he de señalar que, en función del error material en la confección del acto procesal que se dictó el 14 de julio pasado, que fuera puesto de relieve en el informe inicial rubricado el 15 de julio de 2025, debe declararse su nulidad y seguidamente dictar la decisión que se corresponde con la presente causa (arts. 201 y conc., CPP).
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, como cuestión previa, la doctora D'Gregorio expresó su voluntad de mantener los agravios únicamente por los hechos presuntamente cometidos entre los años 2002 y 2005, toda vez que con anterioridad a esa fecha Aristegui resultaba inimputable en razón de su edad.
I.1. Seguidamente, denunció que el Tribunal de Casación realizó un juicio erróneo sobre la legitimidad recursiva del Ministerio Público Fiscal; incurriendo en absurdo y arbitrariedad por interpretación y aplicación irrazonable de una norma, que la desnaturaliza.
Afirmó que la decisión de declarar mal concedido el recurso de casación es arbitraria por contener una fundamentación aparente y por haber realizado una remisión al fallo "Colman" —causa P. 117.199 de esta Suprema Corte— que estimó equivocada.
Consideró arbitraria la interpretación realizada sobre los arts. 448, 450 y 452 del Código Procesal Penal con vulneración al debido proceso y a la correcta administración de justicia. En sustento de su postura, citó el fallo "Arce" de la Corte federal.
Argumentó que la condición de parte que ostenta el señor fiscal para intervenir en la determinación de la vigencia de la acción penal le permite impugnar también la decisión desfavorable que se adopte al respecto, más si se invocó una cuestión federal; por lo tanto, aseguró que la fundamentación aparente y descontextualizada efectuada por la Casación restringió el alcance que debe tener el recurso con relación a las cuestiones federales planteadas por la acusación, las cuales en el caso estaban vinculadas con el control de convencionalidad.
Reiteró que los planteos desarrollados imponían su tratamiento por parte del Tribunal de Casación, como único modo de que la cuestión pudiera ser luego sometida a conocimiento de esta Corte.
I.2. En segundo término, aseveró que el pronunciamiento atacado convalidó una sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías que interpretó arbitrariamente la normativa penal aplicable al caso, desoyendo los postulados del Ministerio Público Fiscal que reclamaban una lectura constitucional y convencional de la normativa referida al instituto de la prescripción y un juzgamiento con perspectiva de infancia.
Manifestó que, desde la reforma de la Constitución nacional de 1994, los jueces están obligados a realizar el debido control de convencionalidad, a partir de lo cual toda norma interna debe ser contrastada con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, y que en el caso se investigaron hechos de violencia sexual presuntamente cometidos contra un niño en un ámbito intrafamiliar, a manos de su hermano mayor.
Agregó que el Estado tiene el deber de reforzar las garantías de protección durante la investigación y en todo el proceso penal cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad, como es el caso en los abusos sexuales sobre menores de edad y, más aún, cuando la violencia sexual se desarrolló en un ámbito intrafamiliar.
En este andarivel, esgrimió que una norma de inferior jerarquía —en el caso, los arts. 62 y 63 del Código Penal—, no puede ser invocada para incumplir tales obligaciones internacionales.
Entendió que el meollo de la cuestión radica en analizar la tensión que se genera entre el derecho de todo imputado a que se respete el principio de legalidad y el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva y, en el caso de los niños, a la protección prevalente de sus derechos y de su interés superior.
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto propicia hacer lugar al agravio sobre el erróneo juicio de la legitimidad recursiva del Ministerio Público Fiscal, por haber incurrido el tribunal intermedio en absurdo y arbitrariedad (v. mi voto causa P. 138.038, sent. de 18-II-2025).
III. De manera liminar, cabe efectuar una reseña del derrotero procesal de la causa.
III.1. El Juzgado de Garantías del Joven n° 1 del Departamento Judicial de Azul declaró la extinción de la acción penal por prescripción y sobreseyó a Heber Matías Aristegui respecto de los hechos cometidos entre los años 1996 y 2005 en la ciudad de Azul en perjuicio de R.G.A., calificados como abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante agravados por el vínculo (art. 119, párrafos primero, segundo y tercero en relación con el párrafo cuarto inc. "b", Cód. Penal).
Concluyó que la acción penal respecto de los hechos investigados se encontraba prescripta porque había transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2, de acuerdo a lo normado en el art. 67, ambos del Código Penal, según el texto de la ley penal vigente a la fecha de su comisión, es decir, entre los años 1996 y 2005.
III.2. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental confirmó dicho resolutorio (v. sent. de 2-XII-2022).
Para así decidir señaló, con cita de precedentes de ese Tribunal de Alzada —que transcribió en lo pertinente—, que los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal encuentran sustento en normas supralegales (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 9, CADH y 15.1, PIDCP).
Recordó el fallo "Mirás" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde, luego de expresar —en relación con el principio de legalidad— que "...es jurisprudencia de esta Corte que esa garantía comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes 'ex post facto'- que impliquen empeorar las condiciones de los encausados", el Máximo Tribunal afirmó que "...el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de 'ley penal', desde que ésta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción de delito y culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva" (cons. 6 y 7).
Apuntó que en "Arancibia Clavel" la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que "...el instituto de la prescripción de la acción penal, está estrechamente ligado al principio de legalidad, por lo tanto no sería susceptible de aplicación una ley ex post facto que alterase su operatividad, en perjuicio del imputado. El rechazo de la retroactividad de disposiciones penales posteriores al hecho, las llamadas leyes ex post facto, que impliquen un empeoramiento de las condiciones de los encausados ha constituido doctrina invariable en la jurisprudencia tradicional de la Corte" (cons. 19 del voto de los jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco, y 20 del juez Petracchi), y añadió que "...la doctrina de la Corte señalada en el precedente 'Mirás' (Fallos 287:76), se mantuvo inalterada a lo largo del tiempo y continúa vigente para la interpretación del instituto de la prescripción de la acción penal para el derecho interno" (cons. 25 del voto de los jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco, y 21 del juez Petracchi).
Explicó que el art. 63 del Código Penal, vigente al momento de la consumación de los hechos, establecía —al igual que lo hace en la actualidad—: "La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que cesó de cometerse". A su vez, notó que el art. 67 del mismo cuerpo de normas, también vigente al momento de los hechos investigados, no disponía -como lo hace ahora- causales de suspensión de la prescripción de la acción penal basadas en la minoridad de la víctima.
Mencionó que con las reformas legislativas se quiso asegurar una mayor tutela judicial de las víctimas, dándoles la posibilidad de que el comienzo de la acción penal empiece a correr más allá de la fecha en que se adquiere la mayoría de edad.
En tal sentido, dijo que la ley 26.705 (promulgada el 4-X-2011) incorporó dos párrafos al art. 63 del Código Penal, que establecían: "En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 -in fine-, y 130 -párrafos segundo y tercero- del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de edad la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que éste haya alcanzado la mayoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad".
Mientras que la ley 27.206 (promulgada el 9-XI-2015) derogó estos dos párrafos pero incorporó al art. 67 del Código Penal la siguiente norma: "En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 -in fine-, 130 -párrafos segundo y tercero-, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad".
Detalló que la cuestión radicaba en determinar si correspondía aplicar las previsiones vigentes de los arts. 63 y 67 del Código Penal o la versión anterior a las reformas introducidas por las leyes 26.705 y 27.206 a los artículos mencionados.
Advirtió que los cambios normativos fueron posteriores a la consumación de los delitos investigados, por lo que teniendo en cuenta lo normado por el art. 18 de la Constitución nacional, 9 de Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como también los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Mirás" y "Arancibia Clavel", en el caso operaban las disposiciones del art. 2 del Código Penal, en cuanto prevé: "Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna".
Explicó que, al ser la ley más benigna para el imputado, cobraba ultraactividad el art. 67 del Código Penal en la versión anterior a la reforma por la ley 27.206, con lo cual no resultaba aplicable la causal de suspensión de la extinción de la acción penal basada en la minoridad de la víctima.
Señaló que la base fáctica imputada al acusado estaba circunscripta a hechos ubicados entre 1996 y 2005, conforme lo había establecido el representante del Ministerio Público Fiscal en el llamado a prestar declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal. A ello sumó que la base jurídica de la acusación consistía en abusos sexuales con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, agravados por el vínculo, cometidos en perjuicio de R.G.A. Por lo que, de acuerdo con las escalas penales previstas por los mencionados injustos, debía estarse al plazo de doce años —de acuerdo a lo estipulado en el art. 62 inc. 2 del Código Penal— a efectos de establecer el término de prescripción de la acción penal.
Indicó que ese plazo comenzó a transcurrir cuando cesaron de cometerse los delitos; mojón temporal que, de acuerdo a la delimitación fiscal, fue el 7 de agosto del año 2005. En definitiva, afirmó que "...desde dicha fecha hasta que se citó a Heber Matías Aristegui a la audiencia prevista por el art. 308 del ritual -28/12/2021-, primer acto interruptivo de la prescripción, han transcurrido con holgura los doce años previstos por nuestra legislación de fondo como plazo para la extinción temporal de la acción penal".
III.3. Frente a ello, la fiscalía interpuso un recurso de casación alegando que la Cámara desconoció la ley vigente al momento del hecho, que imponía comenzar a contabilizar el plazo de prescripción a partir de que la víctima adquirió la capacidad fáctica y jurídica para denunciar.
Dijo que cuando hablamos de prescripción hablamos de una acción disponible y en condiciones de ser ejecutada, por lo que frente a niños vulnerables, sin posibilidad de acción, los argumentos de la Cámara se volvían "abstractos" y "superfluos". Invocó las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Sostuvo que, si bien los sucesos fijados por el Ministerio Público Fiscal habrían ocurrido entre 1996 y 2005 y, por ende, ya habían transcurrido los doce años establecidos por el art. 62 inc. 2 del Código Penal, debía tenerse en cuenta, como primer elemento dirimente para resolver, que los presuntos sucesos contra la integridad sexual fueron cometidos mientras la víctima se hallaba jurídicamente incapacitada para instar la acción penal, por ser menor de edad.
Recordó que al momento de los hechos la ley exigía, para esta clase de casos, la representación legal forzosa de una persona adulta integrante del grupo familiar (art. 72, Cód. Penal), que muchas veces no estaba disponible justamente debido a que estos delitos se cometen en el ámbito intrafamiliar. Razonó, entonces, que tal representación solo podía revestir carácter precario y provisorio, al tratarse de una cuestión de índole personalísima.
A eso agregó que de la prueba producida se desprendía la probabilidad de que, incluso adquirida la mayoría de edad, igualmente R.G.A. no hubiera contado con la capacidad para emitir el acto de instancia de la acción, por mediar serios valladares psicológicos que obturaron esa posibilidad.
Razonó que una interpretación armónica de la normativa indicaba, por ende, que el plazo de prescripción debió comenzar a computarse a partir del momento en que la víctima estuvo en plenas condiciones de instar por sí misma la acción penal.
Señaló las profundas secuelas que esta clase de delitos deja en la psiquis de las personas damnificadas, y que hace que, en muchos casos, se encuentren psíquicamente incapacitadas para decidir sobre la conveniencia o no de instar la acción. Este —dijo— es el fenómeno que las leyes 26.705 y 27.206 buscaron reconocer "en forma global", al modificar —respectivamente— los arts. 63 y 67 del Código Penal.
Consideró que, a falta de una normativa de esas características al momento de los hechos, era exigible, para la suspensión de la prescripción, la prueba —peritaje mediante— de que la víctima no estaba psíquicamente capacitada para instar la acción penal. Apuntó que, en el caso, tal situación fáctico-jurídica se había verificado.
Postuló que R.G.A. estuvo en condiciones de formular la denuncia el 26 de diciembre de 2019, y que desde esa fecha hasta el llamado a prestar declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal (el 28-XII-2021) no había transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2 del Código Penal.
Añadió que la condición de niño de la víctima determina que las disposiciones legales aplicables al caso deban interpretarse —conforme un debido control de convencionalidad— en consonancia con normas de derecho internacional vigentes al tiempo de comisión de los sucesos objeto de investigación, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por ley 23.849, B.O. de 22-X-1990), que salvaguarda una efectiva protección del "interés superior del niño".
Indicó que decidir en contrario es un acto que no solo acarrea gravedad institucional, al configurar el abandono de los intereses de aquellos niños que nunca pudieron darse a oír por los abusos sexuales sufridos —vulnerando el derecho a la tutela efectiva consagrado en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos—, sino también responsabilidad del Estado argentino ante la comunidad internacional por la omisión de su compromiso formalmente asumido de combatir cualquier tipo de abuso o maltrato de los niños y de las mujeres.
En definitiva, argumentó que de una armónica conjugación del interés superior del niño con la tutela judicial efectiva se sigue que quienes denunciaron ser víctimas de delitos contra su integridad sexual tienen derecho a que se investiguen los hechos, sin que las normas internas acerca de la prescripción de la acción penal puedan limitar las prerrogativas reconocidas internacionalmente, en mejor resguardo a los derechos de mayor jerarquía.
Pidió que se case la resolución atacada, dejando sin efecto la decisión de la Cámara que declaró prescripta la acción penal incoada contra Aristegui.
III.4. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal resolvió que el recurso de casación articulado estuvo mal concedido, debido a que la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental no encuadraba en ninguno de los supuestos previstos en el art. 450 del Código Procesal Penal.
Asimismo, señaló que el imputado había obtenido el doble conforme judicial y que, entonces, la parte acusadora no disponía de más recursos para agravar su situación. En aval de esa interpretación, invocó el fallo "Colman" de esta Suprema Corte —causa P. 117.199—.
Luego de hacer alusión a la disposición contenida en el citado art. 450 del Código Procesal Penal afirmó que, toda vez que el pronunciamiento del juzgado de garantías había sido confirmado por el Tribunal de Alzada, la aludida garantía había quedado resguardada, trayendo a colación lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castillo Petruzzi y otros.
Por otro lado, evaluó y descartó la presencia de agravios de naturaleza federal. En tal sentido, expuso que "...la argumentación desplegada por el quejoso se agota en señalar una errónea interpretación de la prueba producida, pero no ha demostrado con la suficiencia y carga técnica requeridas para la apertura de esta instancia (concurrencia de los requisitos sistematizados en la Acordada 4 del 2007 de la Corte
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