Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 141473
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Néstor Fabián Serrano, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 141.473, "Serrano, Néstor Fabián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 127.641 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Mancini.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, por resolución del día 28 de marzo de 2023, aprobó el cómputo de vencimiento de pena, declaró que de la sanción de once años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas impuesta a Néstor Fabián Serrano por el delito de robo calificado por el empleo de arma en concurso real con homicidio calificado para procurar su impunidad en grado de tentativa, le restan cumplir un total de tres años y ocho meses de prisión, y que la caducidad registral operará a los diez años de vencida la pena.
Disconforme, la defensa oficial de Serrano presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio. El tribunal, con fecha 2 de agosto de 2023, rechazó por inadmisible la reposición y concedió el recurso de apelación.
Luego, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental confirmó el auto que resolvió aprobar el cómputo de vencimiento de pena (v. resol digital de 22-VIII-2023).
Frente a este pronunciamiento la señora defensora oficial de la Unidad Funcional de Defensa n° 4 departamental interpuso recurso de casación.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia del día 27 de diciembre de 2023, declaró mal concedido el recurso homónimo por resultar inadmisible, con costas.
Contra tal decisión el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue admitido por la Sala recurrida (v. resol. de 7-VI-2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 21-III-2025), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurrente postula, como único agravio, que la pena está prescripta según lo disponen los arts. 65 y 66 del Código Penal.
Refiere que desde la fecha en que la condena quedó firme (8 de marzo de 2012), sea que se computen los tres años y ocho meses que le restan cumplir a Serrano, sea que se cuente la pena total (once años y ocho meses de prisión), se cumplió el plazo del art. 65 inc. 3 del Código Penal y operó de pleno derecho la prescripción de la pena.
En su opinión, entender lo contrario, como lo habría hecho tanto la Cámara de Apelación y Garantías departamental como el Tribunal de Casación, denota una flagrante violación al principio de legalidad, vulnera la interpretación pro homine y constituye una interpretación arbitraria del texto normativo (art. 65 cit.).
Luego de transcribir la decisión impugnada, indica que el órgano intermedio se apartó de las constancias de la causa y prescindió del texto de la ley; apunta que la prescripción es una cuestión de orden público, y que lo resuelto implica otorgar a la judicatura el poder de disponer la imprescriptibilidad de la pena.
Por lo expuesto, solicita a la Suprema Corte que declare la prescripción de la sanción impuesta a Serrano.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III. Una reseña del derrotero procesal de la causa, con base en las actuaciones digitalizadas del sistema Augusta y de la Mesa de Entradas Virtual (MEV), permitirá comprender la solución que se propone.
III.1. Néstor Fabián Serrano fue condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Plata, con fecha 10 de marzo del 2000, a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por los delitos de robo calificado por el empleo de arma y tentativa de homicidio calificado criminis causa en concurso real entre sí, hechos cometidos el día 25 de octubre de 1998 en la ciudad de La Plata (causa n° 5-0658/28). El Tribunal de Casación Penal casó parcialmente lo resuelto e impuso a Serrano la pena de once años y ocho meses de prisión, manteniendo el resto de las declaraciones de la condena (sent. de 8 de abril de 2010).
Este pronunciamiento quedó firme el día 8 de marzo de 2012, con la notificación personal al condenado (que estuvo rebelde desde el día 5 de septiembre de 2007 hasta comienzos del año 2012).
III.2. Como se mencionó en los antecedentes, el Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental, previa vista a las partes, aprobó el cómputo de vencimiento de pena practicado por Secretaría.
Inicialmente, notó que como las partes no habían requerido la unificación de la presente con ninguna otra sentencia que pudiera llegar a corresponder, y que en este estado de cosas aplicaba la regla que determina que la unificación es a pedido de parte y ante el juez que impuso la pena mayor (conf. art. 58 párr. primero parte 2, Cód. Penal), el cómputo se limitaría a los plazos de detención cumplidos únicamente en este proceso.
De seguido, determinó que desde la detención de Serrano el día 25 de octubre de 1998 hasta su excarcelación bajo caución juratoria en términos de libertad condicional con más las condiciones previstas por el art. 13 del Código Penal, el día 25 de octubre de 2003, habían transcurrido ocho años de detención ininterrumpida (por aplicación del cómputo privilegiado conocido como 2x1, que estaba vigente cuando se efectivizó la coerción personal).
Sin embargo, el tiempo que Serrano estuvo excarcelado en términos de libertad condicional, esto es, desde el día 25 de octubre de 2003 hasta el día 5 de septiembre de 2007 (cuando se revocó la excarcelación y se lo declaró rebelde) el tribunal no lo computó como abono de pena, porque en ese período el nombrado cometió un nuevo delito por el que recayó sentencia firme: concretamente, el día 22 de enero de 2004 (causa n° 1.799 del Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental, por robo calificado por el uso de armas y por la intervención de un menor de dieciocho años en grado de tentativa, en concurso ideal con abuso de arma calificado y resistencia a la autoridad, en concurso ideal con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil; la pena correspondiente a esta causa, a su vez, se unificó con la impuesta en causa n° 598/3.391 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 1, por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, cometido el día 4 de enero de 2008, dando como resultado una pena única de ocho años de prisión con declaración de reincidencia).
El tribunal explicó que la excarcelación en términos de libertad condicional se computa como abono de pena de acuerdo con el art. 24 del Código Penal, según la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en causa "Llabres", porque la libertad condicional, al ser una forma de cumplimiento de la pena, también computa, de modo que la idea es no volver la medida cautelar más gravosa, y equiparar su efecto por la equivalencia de las condiciones que presentan uno y otro instituto, el de fondo y el de forma. Ahora bien, si la consecuencia que la ley prevé para un penado que comete un nuevo delito mientras goza de libertad condicional es que ese plazo no se compute como cumplimiento de pena (conf. art. 15, Cód. Penal), el tribunal razonó que la misma consecuencia debía extenderse a los casos en que el delito lo comete quien goza de una excarcelación en términos de libertad condicional, es decir, no contar el período de duración de la medida cautelar como abono de pena.
En virtud de ello, el tribunal concluyó que solo había que contabilizar el tiempo que Serrano permaneció efectivamente en prisión para este proceso (ocho años), y que —entonces— le faltaban cumplir tres años y ocho meses de cárcel.
Agregó que la caducidad registral operaría trascurridos diez años desde la extinción de la sanción (art. 51 inc. 2, Cód. Penal), lo cual podría calcularse una vez que se ejecute por el juez competente (art. 497, CPP), salvo que se decida suspender dicha ejecución por entender que Serrano se encuentra en condiciones de acceder a la libertad condicional (art. 502 inc. 3, CPP), ya que para esta sentencia y para esa época no era reincidente.
III.3. La defensa de Serrano interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio.
Básicamente, sostuvo que al no haber existido, en el período 2003-2007, un acto de revocación de la excarcelación en términos de libertad condicional por comisión de un nuevo delito —sino solo un hecho punible cometido en ese período—, había operado de pleno derecho la extinción de la pena según lo establecido por el art. 16 del Código Penal.
III.4. El tribunal de grado decidió que la reposición era inadmisible (art. 436 en sentido contrario, CPP). Recordó que la cuestión del cómputo de pena y su vencimiento había sido previamente sustanciada: practicado el cómputo por Secretaría, y previo a resolver su aprobación, se le dio traslado a las partes para que hicieran las observaciones pertinentes, y tanto la fiscalía como la defensa se notificaron sin realizar planteo alguno.
Por otra parte, el tribunal declaró admisible la apelación, por haber sido presentada en tiempo y forma, por quien tenía derecho a hacerlo y mediante la vía que determina la ley (arts. 439, 441 y 500 párr. segundo, CPP).
III.5. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata desestimó el recurso de la especialidad.
Tras hacer un repaso de las constancias de la causa y de la decisión impugnada, dijo, citando jurisprudencia de la Suprema Corte, que "En cuanto a la libertad condicional, lo decisivo en el sistema legal vigente radica en el deber del penado de abstenerse de cometer delitos —entre otros deberes— cuyo incumplimiento acarrea, por disposición de la ley, la pérdida de la libertad condicional y, como inherente a ello, que el tiempo cumplido en libertad no sea computado a los fines de la pena impuesta (arts. 15 y 16, Cód. Penal)" (causa P. 133.974, sent. de 23-XII-2021).
También, recordó que el art. 15 del Código Penal expresamente determina que "La libertad condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de residencia. En estos casos no se computará, en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad".
A continuación, notó que la comisión de un nuevo delito por parte de Serrano (causa n° 1.799, con fecha 22 de enero de 2004) tornó operativa la cláusula de revocación receptada en el art. 15, sin perjuicio de que la revocación judicial haya ocurrido con posterioridad a esa fecha. De modo que no correspondía descontar, a los fines de determinar el tiempo de pena que restaba cumplir, el lapso que el condenado estuvo excarcelado en términos de libertad condicional.
En definitiva, encontró ajustado a derecho el auto en crisis y lo confirmó (arts. 439, 500 y concs., CPP).
III.6. A esta decisión le siguió un recurso de casación de la defensa, que la Cámara concedió.
En esencia, la parte reiteró su reclamo sobre la extinción de la pena en los términos del art. 16 del Código Penal. Manifestó que al día 25 de agosto de 2007 —tres años y ocho meses después de la excarcelación— la sentencia dictada en esta causa no se encontraba firme, ni se había revocado la excarcelación concedida en términos de libertad condicional. Añadió que ello tampoco ocurrió luego de que la condena adquiriera firmeza en el año 2012, de manera que, conforme lo establece la citada disposición del Código Penal, la pena de once años y ocho meses de prisión se había extinguido.
Consideró que la decisión del tribunal de la instancia, al igual que la del órgano revisor, era arbitraria y se apartaba de la letra de la ley, realizando una interpretación in malam partem y contraria al principio pro homine.
Indicó que la postura adoptada implicaba "...una creación pretoriana de una causal de ampliación del término de la libertad condicional —que el art. 15 fija en el término de la condena impuesta— y de suspensión del plazo de la prescripción de la pena, por cuanto queda sometida la persona a las decisiones judiciales —y al trámite recursivo posterior— para definir la extinción o prescripción de la pena, que, en el presente caso, sería de 11 años y 8 meses".
Estimó que ello generaba inconsecuencias que no habían sido analizadas ni por el tribunal de la instancia ni por la Cámara de Apelación y Garantías; y que tan inconsecuente era la posición adoptada, que "...desde la concesión de la excarcelación en los términos de la libertad condicional hasta el presente han transcurrido casi 20 años, 19 desde la comisión del hecho que hubiese generado la revocación de la libertad condicional, por lo que la pena también se encontraría prescripta, en los términos del art. 65 del C.P.// Pero pareciera que en esta situación particular no resulta aplicable el instituto de la prescripción, sino que la libertad condicional —y la consecuente espera del dictado de una revocación o cómputo— torna dicho supuesto en imprescriptible, lo que resulta sumamente arbitrario".
Por otro lado, destacó que el tribunal que dictó la sentencia en la causa n° 598/3.391 el día 12 de octubre de 2010 fue el mismo tribunal en el que tramitó —y tramita— este caso, y que en esa oportunidad debió —y tenía la facultad de— revocar la libertad condicional en cuestión y dictar una pena única, de conformidad con el art. 58 del Código Penal.
Por los argumentos expuestos, formuló su pretensión en sus siguientes términos: "...se case la resolución dictada por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías y se declare que la pena correspondiente a la presente causa se encuentra extinguida, de conformidad con lo normado por el art. 16 del C.P.".
III.7. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal declaró mal concedido el recurso de la especialidad por considerarlo inadmisible.
Para así fallar el señor juez Natiello, que concitó la adhesión simple del señor juez Kohan, explicó que al tratarse la decisión impugnada de una que confirmó lo resuelto en primera instancia sobre el cómputo de pena, no se verificaba un supuesto de impugnabilidad abarcado por el art. 450 del Código Procesal Penal. Citó al efecto diversos precedentes de esa Sala.
De otro lado, juzgó que no había una cuestión de arbitrariedad que permitiese la apertura excepcional de esa instancia. Luego de transcribir extractos del fallo de Cámara, dijo que no verificaba ningún vicio lógico en el razonamiento, y que la parte tampoco traía ningún motivo para conmover lo decidido, "...ya que lo determinante [...] ha sido la comisión de un nuevo delito por parte del encartado mientras se hallaba gozando de la libertad condicional, con lo cual, conforme el art. 15 del CP, acertadamente no se computó en el término de la pena el tiempo durante el que Serrano gozó del referido beneficio".
IV. Como adelanté, el recurso no prospera.
IV.1. Lo primero que hay que señalar es que la defensa incurrió en un notorio viraje argumental, porque a lo largo del tránsito recursivo pasó de reclamar la extinción de la pena en los términos del art. 16 del Código Penal a proponer, como único punto de disputa, su prescripción (conf. art. 65 inc. 3).
De ello se deriva una segunda cuestión que vale la pena notar: la parte, en el recurso extraordinario, postuló la arbitrariedad del pronunciamiento casatorio, pero sin atacar idóneamente los concretos motivos que llevaron a declarar la inadmisibilidad de la impugnación y, como lógica consecuencia de ello, la no apertura de la competencia revisora para expedirse sobre el fondo del asunto (que versaba, recordemos, sobre la extinción de la pena por obra del art. 16 del Cód. Penal; v. pto. III.6.). Se limitó a discrepar con la solución adoptada al juzgar las cuestiones aludidas de un modo diverso al reclamado, pero sin patentizar en ello un yerro susceptible de descalificar lo resuelto como acto jurisdiccional válido (arts. 495, CPP y 18, Const. nac.).
En definitiva, el impugnante no ha logrado evidenciar la existencia de graves defectos de fundamentación o razonamiento del fallo cuestionado, que encajen en el elenco de supuestos de la doctrina de la arbitrariedad que invoca (CSJN Fallos: 310:234).
IV.2. Finalmente, coincido con la apreciación del señor Procurador General en cuanto a que la defensa podrá, de considerarlo adecuado, formular la solicitud de prescripción de la pena en orden a las previsiones del art. 65 del Código Penal ante el órgano de primera instancia.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Mancini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Néstor Fabián Serrano, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/07/2025 12:21:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2025 16:00:52 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2025 04:50:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/07/2025 13:40:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2025 14:07:01 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/07/2025 14:19:51 hs. bajo el número RS-101-2025 por SP-CATALDI MARIA VICTORIA.
Fin de la sentencia