Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138586
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.586, "Villalba, Héctor Damián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 96.221 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, mediante sentencia del 13 de febrero de 2019, condenó -por mayoría- a Héctor Damián Villalba a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el empleo de un arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra (arts. 40, 41, 41 bis, 55, 79, 189 bis inc. 2 cuarto párrafo, Cod. Penal).
Contra ese pronunciamiento, la entonces defensa particular del imputado interpuso recurso de casación, que fue rechazado por la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de febrero de 2020 (v. sent. digital).
La señora defensora adjunta ante aquella instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado admisible por el tribunal casatorio (v. resol. digital de 28-III-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 3-X-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora defensora oficial?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La defensa denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, con la consecuente afectación de los principios de culpabilidad por el acto y proporcionalidad de la pena.
Luego de reproducir la respuesta brindada por el tribunal intermedio a las críticas sobre la determinación de la pena, sostuvo que el órgano revisor incurrió en arbitrariedad en tanto no brindó fundamentos que explicaran las razones por las que ratificó el monto de la sanción impuesta, ello pues -desde su óptica- la valoración de dos atenuantes y una agravante descartando las otras cuatro solicitadas por la fiscalía, debió significar la imposición de una pena más cercana al mínimo legal.
Indicó que al fijar la sanción se meritó que el disparo fue efectuado por la espalda, la edad de la víctima, que el imputado tenía treinta y siete años y que no resultaba un inexperto o un adolescente, sus características psicológicas, aspectos que no habían sido valorados por la fiscalía. Alegó arbitrariedad de la sentencia, violación al debido proceso, a la defensa en juicio y al principio de inocencia.
Citó el fallo "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y señaló que haber homologado la sanción impuesta a Villalba, con base en las características personales, con dos circunstancias atenuantes y solo una agravante, afectó el principio de culpabilidad y reprochabilidad por el hecho cometido, a la vez que transgredió la proporcionalidad de la pena.
Expresó que la discrecionalidad de los magistrados no puede ser confundida con arbitrariedad y que la sanción aplicada significó una aplicación -velada- del "derecho penal del enemigo".
Agregó que, si bien el monto cuestionado se encuentra dentro de la escala legal, es tan elevado que no se corresponde con la culpabilidad por el hecho y lo que en rigor se pretende es la neutralización de Villalba por el tiempo que dure la sanción.
Solicitó que se case la sentencia impugnada y se reenvíe el caso al tribunal intermedio para que -previa audiencia de visu - imponga una nueva sanción respetuosa de las garantías constitucionales citada.
I.2. En segundo término, adujo que se infringió la garantía a la revisión amplia de la sentencia de condena en lo relativo a la determinación de la pena (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP).
Invocó inobservancia de los arts. 106 y 210 del Código Procesal Penal y 171 de la Constitución provincial.
En sustento de su argumentación citó los precedentes "Ruiz", "Miara" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros.
Por todo ello, solicitó que se case la sentencia recurrida y se reenvíe el caso al tribunal intermedio para que pronuncie una nueva decisión conforme a derecho.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General: el reclamo no prospera.
III.1. Preliminarmente cabe señalar que la mayoría del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Mercedes condenó a Héctor Damián Villalba a la pena de dieciséis años de prisión, por considerarlo autor de la siguiente materialidad ilícita: "...entre los últimos minutos del día 28 de marzo del año 2017 y los primeros de la jornada siguiente, Juan Manuel Calixto circulaba paseando en su moto-vehículo marca Yamaha YBR 125 color bordeaux por calle Cavallari con sentido al acceso Presidente Perón, de la localidad de Nueve de julio, haciéndolo acompañado por su sobrino Emanuel Calixto quien lo hacía en otra motocicleta [...], quien circulaba a la par, llevando como acompañante a su novia Martina Vergara, cuando estando por llegar a la intersección aludida, un automóvil Marca Renault R.18 GTX, dominio SVZ-544, que transitaba por idéntica trocha y con igual dirección, realizó una maniobra de giro hacia la izquierda, cerrando el paso de Juan Manuel Calixto, quien concomitantemente pasaba por dicho sector de la arteria, lo que provocó la pérdida de equilibrio y que cayera al suelo, siendo que mientras se levantaba y daba la espalda al conductor del rodado [...], éste sacó por la ventanilla delantera izquierda del Renault una escopeta recortada calibre 16 de dos caños, marca Abehnarh n° 890, para cuya posesión y transporte no se hallaba legalmente habilitado, y a una distancia de aproximadamente 1,50 o 2 mts. le efectuó un certero disparo que lo alcanzó, en la espalda, en el omóplato derecho, a la altura del pliegue axilar 6 cm. por detrás y 16 cm de la espina del omóplato, que lo hizo caer, no obstante lo cual el herido se levantó rodeó el auto, pasando por su frente y se dirigió hacia el lado del acompañante, trayecto durante el cual sacó de entre sus prendas un hierro de aproximadamente 60 cm. con el cual golpeó con fuerza el parabrisas del vehículo del lado del acompañante, dañándolo, tras lo cual se desplomó, siendo sostenido por su sobrino Emanuel Calixto, quien observó impávido como el agresor huía en su automóvil por calle Primera Junta hacia la arteria Compairé, con destino a su domicilio, en cuya inmediaciones, en un quincho deshabitado, en un dintel, ocultó el arma de fuego empleada en la agresión". Aclaró que el Renault 18 era tripulado, además del conductor, por su hija B. R. V. de catorce años, su novio Alexis Ezequiel Márquez de dieciocho años y H. P. L., de quince años.
Los jueces evaluaron como atenuantes la carencia de antecedentes penales y el buen concepto informado.
En cuanto a las agravantes valoraron " ...la circunstancia de haber cometido el homicidio en presencia de menores de edad, en especial porque uno de ellos era su hija "; por otro lado desestimaron otros cuatro peticionadas por la fiscalía.
Al momento de fijar la pena, la mayoría del tribunal señaló que "[...] el margen en abstracto en que habremos de oscilar para escoger el monto punitivo, esto es, entre 10 años y 8 meses y 41 años y 4 meses, debiendo considerar que el medio entre sendos extremos, según el método habitual de obtenerlo, es veinticinco años, las atenuantes y agravantes ponderadas, las características del hecho entre las que pondero, que el disparo se efectuó apuntando cuando el sujeto se hallaba de espalada, así lo describió L.; la edad de la víctima, una persona joven, con un pronóstico de vida extenso, las circunstancias que el imputado poseía de 37 años y que no resultaba un inexperto o un adolescente -etapa que se caracteriza por un menor grado de reflexión-, también las características psicológicas del imputado, en cuanto evidenció un distanciamiento emocional de la muerte que consumó, pues así lo hizo saber a quienes presenciaron el evento criminoso, en términos de que 'no se pusieran nerviosos, no era nada'; mientras en esa misma ocasión procedía con la ayuda de su hija menor de edad a ocultar el arma homicida " y que con estos fundamentos lo condenó a la pena de dieciséis años de prisión.
III.2. En el recurso de casación, la defensa particular cuestionó el monto de pena impuesto a Villalba, el que estimó arbitrario y desproporcionado con relación al injusto cometido, y denunció que, la determinación punitiva, no resultó motivada. Denunció que al fijar la pena se aplicaron erróneamente los arts. 40 y 41 del Código Penal; 1, 106, 210, 373 del Código Procesal Penal y 18 de la Constitución nacional, ya que, si bien la se impuso la solicitada por la fiscalía, el tribunal había rechazado múltiples agravantes al tiempo que valoró las atenuantes pedidas. Añadió que se ponderó que el disparo fue efectuado por la espalda, con base en una valoración absurda del testimonio prestado por L.
Requirió la reducción proporcional de la pena conforme la normativa citada, así como el grado de culpabilidad de su pupilo.
III.3. Frente a estos reclamos, el tribunal revisor advirtió que había sido correcto el tratamiento de las atenuantes y agravantes efectuado por el tribunal de origen, el que, al establecer la sanción que correspondía imponer estableció la solicitada por la fiscalía durante los alegatos.
Aseveró que se había cumplido con la exigencia de fundamentación de la decisión jurisdiccional y que no se evidenciaba en la cantidad de pena escogida por el sentenciante arbitrariedad alguna ni falta de motivación.
Encontró debidamente analizado en el fallo lo concerniente a las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Recordó que resulta facultad de los magistrados de juicio el seleccionar el monto y la especie de pena a imponer -siempre que se ajusten a los parámetros impuestos en la escala aplicable-, sin advertir violación a tales límites ni irrazonabilidad en el ejercicio de tal potestad.
Resaltó que el sistema de atenuantes y agravantes no se traduce en un aumento o disminución de cantidades fijas de pena, pues el art. 41 señala una serie de pautas según las cuales el juzgador debe modular la pena dentro de los límites de la escala penal sin quedar sujeto a moldes tasados en torno al quantum a aplicar, siempre que tal operación respete los límites impuestos por la escala, extremos estos que entendió verificados en el caso particular. En síntesis, desestimó la pretensión por entender que era una discrepancia subjetiva acerca del monto de la pena, insuficiente para demostrar trasgresión legal alguna.
Agregó que la invocación aislada de los principios de culpabilidad y proporcionalidad, tampoco alcanzaban a sustentar la procedencia del agravio desde que el planteo no demostraba de qué manera las sanciones aplicadas eran incompatibles con los aludidos principios, a la luz de los ilícitos cometidos y teniendo en cuenta que, en el caso se aplicó una sanción igual a la peticionada por la fiscalía y determinada en el marco legal que regula ese acto (arts. 106 y concs., CPP y 40, 41, Cód. Penal).
IV. De lo antes reseñado se advierte que la decisión cuenta con fundamentación sobre lo resuelto y se apoya en las circunstancias comprobadas del caso, mientras que el agravio traído se sustenta solo en una visión diferente sobre la manera en que debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena.
Cabe recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consigue poner en evidencia vicios de tal magnitud (art. 495, CPP).
La denuncia de afectación de las garantías constitucionales aludidas se formalizó, en su cariz federal, de manera genérica, al no referirse concretamente a las constancias de la causa; y dado que la pena debe guardar proporcionalidad con la gravedad de la lesión al bien jurídico afectado por el hecho, el reclamo debió contener un análisis circunstanciado del contenido injusto del hecho atribuido a Villalba a fin de demostrar que la sanción punitiva impuesta es contraria a los principios que la defensa estimó afectados (conf. causas P. 120.347, sent. de 14-X-2015; P. 120.920, sent. de 11-V-2016; P. 129.443, resol. de 29-IX-2017; P. 134.260, sent. de 14-IV-2021; e.o.).
En efecto, la parte reclamó que la pena era infundada y excesiva a la luz de la gravitación de dos circunstancias atenuantes y solo una agravante, sin tomar en consideración que también modularon la pena definitivamente impuesta las especiales características de la materialidad ilícita acreditada, en particular, que el disparo se efectuó apuntando cuando el sujeto se hallaba de espaldas; la edad de la víctima -una persona joven, con un pronóstico de vida extenso-, la edad del imputado y sus características psicológicas -en cuanto evidenció un distanciamiento emocional de la muerte que consumó-.
De modo que las alusiones a los principios de culpabilidad y proporcionalidad, sin hacerse cargo de lo que la sentencia de condena tuvo efectivamente por probado, refuerzan la insuficiencia del planteo (art. 495, CPP).
En rigor, la defensa desarrolló su agravio poniendo en evidencia un mero disenso con el grado de incidencia que las pautas severizantes solicitadas por la fiscalía y descartadas por el juzgador habrían tenido sobre la pena impuesta y la manera en que debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, sin hacerse cargo que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 125.842, sent. de 17-VIII-2016; P. 127.780, sent. de 18-X-2017; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; P. 132.795, sent. de 13-VIII-2020; P. 132.280, sent. de 13-IV-2021; P. 134.260, cit.; P. 131.934, sent. de 10-VIII-2021; e.o.).
En definitiva, las críticas efectuadas no pasan de ser una opinión personal contraria al criterio sustentado por el órgano revisor. Y, como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril intentado (conf. causas P. 117.680, resol. de 26-III-2014; P. 133.138, sent. de 18-XI-2020; e.o.).
Las alegaciones referentes a que el tribunal de mérito tuvo en consideración diversas circunstancias severizantes de la pena, no peticionadas por la fiscalía, resultan ser, tal como lo señaló el señor Procurador General, un viraje argumental que obsta a la procedencia del reclamo (doctr. art. 451, CPP).
Por último, las peticiones perfiladas ahora con referencia al "derecho penal del enemigo" resultan extemporáneas, dado que no fueron llevadas a conocimiento de la instancia anterior (arg. art. 451, CPP).
V. El agravio vinculado con la errónea revisión de la sentencia de condena en cuanto a la determinación de la pena (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP), tampoco es de recibo.
Conforme surge de lo narrado el tratamiento brindado a los planteos llevados por el recurrente no constituye una infracción a la revisión de la sentencia de condena en los términos de los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto el tribunal intermedio abordó los agravios y dio adecuada respuesta acomodando su tarea revisora a los parámetros mencionados.
En efecto, de la reseña efectuada se aprecia que, respecto de la crítica de la parte a la pena impuesta, el Tribunal de Casación descartó un déficit en su determinación y fundamentación. Sobre el punto explicó los motivos por los que consideraba acertada, razonable y ajustada a derecho la sanción impuesta, se refirió a las pautas atenuantes y agravantes valoradas y a la requisitoria fiscal.
Frente a lo decidido, los embates traídos quedan huérfanos de todo sustento en torno a la demostración de algún tipo de restricción indebida a los alcances del derecho a la revisión del fallo de condena (art. 495, CPP).
En definitiva, la parte no logró vincular la infracción constitucional con lo efectivamente debatido y resuelto en el caso, lo que pone en evidencia la insuficiencia del agravio.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Kohan, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/08/2025 14:00:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/08/2025 14:49:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2025 17:52:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2025 13:16:15 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2025 14:14:43 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/08/2025 14:31:08 hs. bajo el número RS-115-2025 por SP-ROGG BARBARA.
Fin de la sentencia