Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138959
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.959, "Passo, Esteban Emanuel o Leiva, Luis Marcio o Rodríguez, Hernán s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 109.107 y su acum. n° 101.355 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
El Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con integración unipersonal, por sentencia de 9 de febrero de 2021, condenó a Esteban Emanuel Passo o Luis Marcio Leiva o Hernán Rodríguez a la pena única de veintiún años y seis meses de prisión, y demás declaraciones de la sentencia, comprensiva de la sanción de dieciocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del mismo Departamento Judicial —causa n° 2.420/2 de su registro—, y la pena de cuatro años de prisión con más la multa de cuarenta y cinco unidades fijas, y declaración de reincidente dictada por el citado Tribunal en lo Criminal n° 8, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio en ocasión de robo y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (arts. 5, 12, 45, 55, 58 y 165, Cód. Penal y 5 inc. "c", ley 23.737).
Ese pronunciamiento fue convalidado en todos sus términos por la Sala I del Tribunal de Casación Penal, por sentencia de 19 de octubre de 2021, tras abordar y desestimar los agravios formulados en el recurso de la especialidad de la defensa.
Contra ello, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por resolución de 11 de abril de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 28-II-2025), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denuncia incorrecta aplicación del art. 50 del Código Penal. Violación a la garantía de revisión amplia de la sentencia condenatoria. Arbitrariedad por apartamiento de los estándares de la Corte Suprema de Justicia aplicables (arts. 18, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
Luego de relatar los antecedentes de autos indica que esta sentencia compleja recién adquiere completitud con el dictado del segundo pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal.
En este andarivel insiste que su asistido fue declarado reincidente de modo incorrecto pues no había cumplido pena al momento de cometer el segundo delito, por lo cual, se trata de un supuesto de reincidencia ficta repugnante a lo establecido en el art. 50 del Código Penal.
Asegura que la respuesta brindada por el revisor —en la sentencia dictada el 22-IX-2020— contraría la doctrina sentada en los precedentes de la Corte federal "Mannini" e "Ibáñez".
Denuncia, además, que el revisor resolvió contra lo expuesto en el Acuerdo plenario arribado en el marco de la causa 77.660 "Miranda Lobos Manuel Alejandro s/Recurso de Casación", en el que se concluyó que la reincidencia es un estado y un instituto de orden público, que la sentencia que la declara no es constitutiva; por lo cual, mal puede argumentarse la teoría de los actos propios por haber pactado el juicio abreviado.
Postula que, a partir de lo allí delineado, si la reincidencia no pactada por las partes puede ser declarada por el juez en un juicio abreviado, "...carece de toda potencia el acuerdo de su declaración cuando no existe el estado en el que se hace reposar dicha declaración".
Estima que la decisión cuestionada limitó la garantía a la revisión amplia de la sentencia condenatoria contra el error judicial (conf. doctr. CSJN, fallo "Casal").
Considera que también debe ceder la firmeza de la decisión, pues es inadmisible que una resolución judicial consagre una violación a la ley y, si se presenta este supuesto, es menester que se active el mecanismo convencionalmente establecido para resguardar a los individuos frente al error judicial, aun oficiosamente, máxime cuando ese equívoco es "palmario".
Añade que, si el error es achacable a la defensa particular por entonces actuante, no es posible hacer recaer sobre el imputado el desconocimiento de su derecho de defensa técnica, es decir de quien debió intervenir justamente para resguardar sus garantías (cfr. in re "Portillo", CSJN).
Solicita se deje sin efecto la resolución impugnada y, en consecuencia, se revoque la declaración de reincidencia o, en todo caso, se remitan las actuaciones al órgano revisor, para que cristalice la garantía de los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General en cuanto al rechazo del recurso interpuesto.
III. La decisión del a quo, confirmatoria del fallo de unificación del tribunal de origen, aparece respetuosa de la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales y de los estándares emergentes del precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 328:3399), como así también de las normas nacionales y supranacionales involucradas, en tanto abordó y se expidió debidamente sobre los motivos de queja llevados a su conocimiento.
Para una mejor comprensión efectuaré una reseña del derrotero procesal de la causa.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 8 de Lomas de Zamora, integrado en forma unipersonal por el doctor Ramilo, mediante sentencia dictada el 21 de agosto de 2019, señaló: que Esteban Emanuel Passo o Luis Marcio Leiva o Hernán Rodríguez, "...fue únicamente condenado en estos obrados [...] y por sentencia firme, hoy pasada con autoridad de cosa juzgada", de fecha 24 de septiembre de 2018, a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y cuarenta y cinco unidades fijas de multa (ley 27.302), más costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización (hecho ocurrido el 3-XI-2017), habiendo sido declarado reincidente; y, por otro lado, en la causa n° 2.420/2 del Tribunal Criminal n° 2 departamental y n° 5.252 de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, por sentencia que quedara firme y con autoridad de cosa juzgada, se condenó al mentado a la pena definitiva de dieciocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, sanción que conforme el cómputo de pena vencía el 5 de enero de 2020, habiendo obtenido el beneficio de la libertad condicional del art. 13 del Código Penal, el 28 de mayo de 2014.
Resaltó que una vez firme el fallo definitivo recaído en autos, se corrió vista a los efectos unificatorios, a las partes: así la fiscalía consideró viable el proceso unificatorio de penas y auspició con el método composicional, la totalizadora de veintiún años y seis meses de prisión, cuarenta y cinco unidades de multa, con más la mantención del estado de reincidencia adquirido. La defensa técnica particular del condenado, ejercida por el doctor Miguel Luis Figueroa, en su escueta presentación coincidiendo con la viabilidad de la pena total, auspició la aplicación del método composicional, para la sanción unificadora.
De seguido indicó que se daban los presupuestos exigidos por los arts. 15 y 58 del Código Penal y 18 del Código de forma, dando cabida al proceso unificatorio de penas, por lo que condenó al nombrado a la pena única de nueve años, siete meses y siete días, accesorias legales y cuarenta y cinco unidades fijas de multa (ley 27.302), costas y la declaración de reincidencia (art. 50, Cód. Penal), totalizadora y omnicomprensiva de la de cuatro años de prisión, accesorias legales y cuarenta y cinco unidades fijas de multa, con costas y reincidencia, por ser hallado autor responsable del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización y el saldo incumplido de cinco años, siete meses y siete días, correspondiente a la pena de dieciocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas recaída en la causa n° 2.420/2 del Tribunal Criminal n° 2 departamental (arts. 5, 12, 15, 29 inc. 3, 40, 41 y 58, Cód. Penal y 18, CPP).
III.2. Frente a ello la defensa oficial del encausado presentó recurso de casación donde se canalizaron dos embates. En primer lugar, se quejó de la errónea aplicación del art. 50 del Código Penal derivado de una declaración de reincidencia ficta. Aseveró que su asistido jamás cumplió pena, toda vez que fue excarcelado el 28 de enero de 2014, y la pena adquirió firmeza tiempo después —recién el 24 de febrero de 2015 se aprueba cómputo de pena firme—. En segundo término, cuestionó el quantum de la unificación, por el método elegido y por el yerro en la acreditación de las fechas. Solicitó aplicación del sistema composicional a fin de determinar la pena única.
III.3. La Sala I del Tribunal de Casación Penal hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto.
a) En cuanto al primer agravio, consideró que la reincidencia fue declarada en la sentencia del 24 de septiembre 2018 dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 8 de Lomas de Zamora, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado en el que fuera expresamente pactada la aplicación del instituto. Dijo que tal resolución no fue recurrida, por lo que adquirió firmeza.
Agregó que en oportunidad de expedirse a los efectos unificatorios, el señor fiscal luego de considerar viable el proceso y de exponer acerca del monto de la pena única, mantuvo la declaración de reincidente del causante; en tanto, la defensa postuló, sin más, la aplicación del método composicional.
Indicó, con cita de doctrina de esa Sala, que "... constituye un presupuesto de procedencia del recurso de casación que habiendo el interesado advertido antes de su aplicación que no correspondía la declaración de reincidencia, haya solicitado a los órganos jurisdiccionales de instancia que así lo declaren y se abstengan de poner en práctica en el caso en concreto, por lo que la pretensión carece de sustento legal". En cambio, contrariamente a ello, aquí el imputado junto con su defensa, fueron quienes propiciaron la aplicación de la regla que luego piden descartar entrando en pugna con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que el sometimiento voluntario y sin reservas expresas a un régimen jurídico, obsta a su ulterior impugnación con base constitucional (Fallos: 320:1985 y sus citas), pues nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Fallos: 323:3765 y sus citas).
A este comportamiento procesal, puso de realce que la decisión ya estaba firme y consentida.
b) Diferente suerte corrió el segundo agravio planteado.
Resaltó que el señor fiscal consideró que correspondía unificar penas aplicando el método composicional, criterio con el que coincidió la defensa, por lo que "...la cuestión radica en dilucidar si el Juez tiene competencia para apartarse de la pretensión acusadora y dictar entonces, en función de la utilización del sistema aritmético, una pena distinta a la pretendida por acusación".
Observó que en apariencia la sanción única decidida por el magistrado es sustancialmente inferior respecto a la requerida por el señor fiscal, ello en función de la modalidad empleada, esto es, la suma del total de una de las penas, y el remanente de otra; aunque en concreto es un monto que supera los veintiún años y seis meses de prisión que solicitó la fiscalía, mediante la utilización del método composicional, pues a este monto habría que restarle el tiempo cumplido.
Explicó que al momento de fijar pena —sea la que se establece en un único proceso o bien la determinada de conformidad a las reglas del art. 58 del Código Penal— la jurisdicción tiene un doble límite, ya no solo el derivado del principio de legalidad, sino a la vez el impuesto por la acusación.
Afirmó que el principio acusatorio no solo limita al juez para atender exclusivamente los argumentos que traen las partes para decidir, sino que, además, el juicio de moderación punitiva está ceñido al conjunto de pautas que las partes ya discutieron y sometieron a consideración del magistrado.
Concluyó que se verificaba un exceso jurisdiccional inadmisible, hizo lugar parcialmente al recurso de casación, casó la decisión impugnada y reenvió a los efectos de que un juez hábil con sujeción a los parámetros indicados, dicte un nuevo pronunciamiento.
III.4. En virtud del reenvío de mentas, el Tribunal en lo Criminal n° 8 de Lomas de Zamora, integrado en forma unipersonal por el señor juez Alejandro Claudio Sgarlata, luego de explicitar su postura, distinta a la de la Sala revisora en lo atinente a la graduación de la sanción, a los fines de proceder a cumplir la manda del Superior, dictó sentencia y fijó el quantum en consonancia con el monto requerido por la fiscalía, esto es, estableció la pena única en veintiún años y seis meses de prisión, y demás declaraciones de la sentencia, comprensiva de la sanción de dieciocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del mismo departamento judicial —causa n° 2.420/2 de su registro—, y la pena de cuatro años de prisión con más la multa de cuarenta y cinco unidades fijas, y declaración de reincidente dictada por el citado Tribunal en lo Criminal n° 8, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio en ocasión de robo, y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real (v. sent. de 9-II-2021).
III.5. Contra lo así decidido la defensa oficial presentó un nuevo recurso de casación. Aludió al yerro involuntario referido a la declaración de reincidencia en la causa 71.195/17 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 8 departamental, habida cuenta de que su defendido jamás sufrió pena privativa de la libertad como condenado; error que también se asentó en la sentencia unificatoria.
Se quejó de la inobservancia de la ley sustantiva (arts. 40, 41, 55 y 58, Cód. Penal) por cuanto se dictó una pena única sin fundamentación suficiente y sin correspondencia con el juicio de convencionalidad. Requirió se case el fallo impugnado disminuyendo la pena unificada en el mínimo legal de conformidad al art. 58 del Código de fondo, el que debe interpretarse en el marco de las mandas de los arts. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
III.6. La Sala I del Tribunal de Casación Penal rechazó, el 19-X-2021, por improcedente el remedio intentado.
El señor juez Maidana, que concitó la adhesión simple del señor juez Carral, preliminarmente destacó que esa Sala —con fecha 22 de septiembre de 2020— dictó la sentencia que motivó el pronunciamiento cuestionado (legajo n° 101.355).
Aclaró que en esa ocasión se expidieron respecto al instituto de la reincidencia, el cual si bien mencionado en el relato de antecedentes no era ahora estrictamente objeto de reclamo.
En cuanto al monto de pena única determinado que anteriormente fuera casado, con el reenvío antedicho, refirió que —de la lectura del pronunciamiento criticado— surge que el señor juez fijó el quantum en consonancia con el monto requerido oportunamente por el señor fiscal.
Especificó que los arts. 40 y 41 del Código Penal funcionan como base legal para el análisis en tanto la magnitud del injusto, con el correctivo de la peligrosidad, opera como indicador de la medida de culpabilidad, aun cuando las posibilidades de revisión y el ámbito de discrecionalidad del juzgador se ven limitadas no solo por los argumentos de las partes, sino también por las atenuantes y agravantes que, por llegar firmes a la instancia, no pueden ser alteradas.
Encontró bien administradas las pautas relativas a los arts. 40 y 41 del Código Penal, y —en lo que resulta central— que la pena establecida por el magistrado se ajustó a la que fuera acordada por las partes en la sustanciación de la cuestión.
Indicó que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate ) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano.
Estimó que la pena única impuesta y demás declaraciones de la sentencia no se advertía desproporcional, pues partiendo de los hechos y su calificación legal, así como el grado de participación que le cupo al imputado, esta se ajusta a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad, constituyendo la medida de la culpabilidad de los actos atribuidos (arts. 40 y 41, Cód. Penal).
IV. El fallo casatorio reseñado dio respuesta al reclamo que la defensa llevó a la instancia revisora. Dijo que en la primigenia sentencia habían resuelto sobre la reincidencia, sin postularse ahora un concreto agravio que pudiera desbaratar tal tópico, más que una mención sobre el tema en el relato de los antecedentes del caso, a la vez que respondió lo relativo a la determinación del monto punitivo único, otorgando debido tratamiento a los agravios planteados referentes a la construcción y fundamentación de la pena total establecida.
Frente a lo así resuelto, se patentiza que el impugnante no ha reparado en los fundamentos expuestos por el órgano intermedio. En lo que concierne a su primera intervención, la Casación dijo que el reclamo de la errónea aplicación del art. 50 del Código Penal en la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 8 de Lomas de Zamora a través del procedimiento de juicio abreviado no fue llevado oportunamente al órgano de mérito, quien se expidió acorde a lo pactado por las partes, que el fallo se encontraba firme al momento de correrse traslado a los interesados del trámite de unificación, así como que al contestar la vista otorgada la defensa nada objetó acerca del instituto de la reincidencia (v. sent. de 22-IX-2020). Ello, sumado a que reputó que la presentación actual contiene en los antecedentes del caso tan solo la enunciación de aquella discrepancia ineficaz para modificar lo actuado, no se aprecia que la réplica permita conmover ni la insuficiencia ahora achacada ni lo relativo a la cosa juzgada, cuya determinación —incuestionada en su momento— resulta inconmovible (art. 495, CPP).
En cuanto a la pena única convalidada, puede verse que el órgano recurrido desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras de ese cometido, desde que abordó los argumentos de la parte referidos a la proporcionalidad del quantum punitivo y los descartó suministrando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte —ni el recurrente ha logrado evidenciar— la restricción cognoscitiva denunciada merced a la doctrina y jurisprudencia que citó en su impugnación, ni el reproche de arbitrariedad que le achaca.
Basta recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consiguió poner en evidencia vicios de tal magnitud.
En consecuencia, a tenor del alcance de las respu
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