Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139414
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.414, "Mendoza, Cristian Maximiliano y Pirla, Emiliano José s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 123.457 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño, Natiello.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de mayo de 2023, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial en favor de Cristian Maximiliano Mendoza y Emiliano José Pirla, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul con asiento en Tandil que, en el marco de un juicio abreviado y con integración unipersonal, condenó a los nombrados Mendoza y Pirla, a la pena de tres (3) años y diez (10) meses de prisión, accesorias legales y costas, como autores penalmente responsables del delito de robo agravado por efracción. En consecuencia, casó la sentencia en lo que respecta a las pautas de mensuración de la pena, y acogió como pauta atenuante de la sanción el buen concepto presunto, sin modificar el monto de las penas impuestas.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado admisible por resolución del tribunal intermedio de 3 de agosto de 2023.
Oído el señor Procurador General a través del dictamen de 6 de marzo de 2024, dictada la providencia de autos (v. actuación digital de fecha 11-III-2024), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. De conformidad con el auto de admisibilidad dictado por el Tribunal de Casación Penal, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue concedido a los fines de abordar las cuestiones de índole federal formuladas (v. resol. digital de 3-VIII-2023).
II. El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal desarrolló los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, denuncia la arbitrariedad de la sentencia recurrida por indebida fundamentación en la determinación de la pena, "...con afectación al principio de culpabilidad en su manifestación de 'proporcionalidad'".
Esgrime que el órgano revisor a pesar de incorporar como pauta atenuante el "...buen concepto vecinal presunto", se limitó a señalar que no iba a modificar la pena impuesta a sus defendidos porque consideraba que la determinada resultaba proporcionada, es decir, ajustada al contenido de injusto y de culpabilidad por el hecho juzgado.
Destaca que, al así decidir, el a quo no realizó ningún tipo de desarrollo, más allá de señalar que se trató de una pena cercana al mínimo, para concluir que mediaba la aludida proporcionalidad.
Reclama la aplicación de los estándares emergentes del precedente P. 136.437-Q, "Barrios Molina", de esta Suprema Corte, explicando que —al igual que en esa causa— el a quo realizó una modificación de las pautas de mensura manteniendo la pena impuesta en la sentencia de mérito, sin dar una fundamentación adecuada a esos fines.
II.2. Como planteo subsidiario, denuncia la violación al debido proceso legal y al derecho de defensa en juicio por quebrantamiento de la prohibición de la reformatio in pejus (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 inc. 2, CADH; 14, PIDCP y 435 in fine , CPP).
Alega que el a quo ha realizado una nueva valoración más perjudicial para los imputados de la circunstancia agravante firme —referida a sus antecedentes condenatorios—, que había sido sopesada por el tribunal de mérito.
En resumen, con invocación de doctrina de autor y jurisprudencia de esta Suprema Corte, alega que el modo en que procedió el órgano intermedio importó tomar una nueva decisión sin jurisdicción con relación a dicha circunstancia agravante, en un camino recursivo iniciado por la defensa y en perjuicio del imputado.
Concluye que corresponde la anulación de la pena impuesta "...al otorgarle a la mensura de la agravante que se mantuvo en pie más peso que el que originariamente tenía para sostener idéntico quantum punitivo".
II.3. Por último, volvió a tachar de arbitraria la sentencia por apartamiento de las constancias de la causa, al decidir que el planteo de inconstitucionalidad del art. 50 del Código Penal fue introducido novedosamente en el recurso de casación.
Argumenta que, contrariamente a lo que afirma el a quo , ese extremo no se pactó en el marco del acuerdo de juicio abreviado, de modo que mal podía esa parte agraviarse en torno a la declaración de reincidencia en esa ocasión, sino que recién pudo hacerlo en el recurso de casación. Lo así afirmado, insiste, "entrañan un apartamiento de las constancias de autos", por lo que dicho tramo del pronunciamiento se encontraría teñido de arbitrariedad.
III. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación (v. dictamen digital de fecha 6-III-2024), postura con la cual coincido.
IV. La crítica relativa a la arbitrariedad de la sentencia recurrida por indebida fundamentación en la determinación de la pena, no procede.
IV.1.a. En lo que aquí importa, cabe precisar que, oportunamente, las partes imprimieron el procedimiento abreviado y acordaron la pena en tres años y diez meses de prisión y la calificación de los hechos como constitutivos de robo calificado por efracción de conformidad con el art. 167 inc. 3 del Código Penal. Con relación al pedido de pena, el señor agente fiscal, no computó eximentes ni atenuantes, y como agravantes, ponderó los antecedentes penales que registra el imputado, en los términos del art. 41 inc. 2 del Código Penal. Por su parte, el señor defensor oficial no computó eximentes, y planteó como pauta atenuante a considerar el buen concepto que cabe presumir de los encausados (v. acuerdos de juicio abreviado).
A su turno, el tribunal de origen tras valorar los elementos de convicción sobre los cuales se consideró acreditada la materialidad ilícita y la autoría de los imputados Mendoza y Pirla, descartó lo solicitado por la defensa, en orden a que se compute como circunstancia atenuante de las penas "...el buen concepto que cabe presumir a los imputados", y en el nivel de las agravantes, conforme lo planteado por las partes, valoró la circunstancia de "...poseer antecedentes condenatorios". Así es que, dictó el veredicto de condena y la consecuente sentencia, coincidiendo con la calificación y la pena acordadas (v. sent. de fecha 15-IV-2019).
IV.1.b. En el recurso de casación la defensa cuestionó el monto de pena impuesto por la omisión de la valoración de la referida circunstancia atenuante vinculada al buen concepto vecinal presunto.
IV.1.c. Como ya fuera dicho, el Tribunal de Casación hizo lugar parcialmente al recurso.
Para así decidir —a través del sufragio del señor juez ponente doctor Maidana, que concitó la adhesión simple del doctor Carral—, estimó que "...conforme se he expedido en reiterados pronunciamientos, debe receptarse el buen concepto presunto de Mendoza y Pirla, toda vez que no se vislumbran en el caso elementos que permitan descartarlo", y que "...tal extremo es un dato que se enrola dentro de las calidades personales de los agentes, a las que alude el inciso 2º del artículo 41 del Código Penal, operando así como un correctivo de menor peligrosidad que debe reflejarse en el monto de pena fijado (cfr. TCP, Sala I, causa n° 80.727, 'Estigarribia, Placido s/ Recurso de Casación', rta. 23/03/2017, reg. 210, entre otros)".
Sentado ello, añadió que no se advierte —en el caso— "una desproporción" en el monto de la sanción aplicada, por lo cual debía mantenerse el monto tal como fue establecido en la instancia, "...pues cercano al mínimo establecido conforme a la calificación establecida y propuesta por las partes: robo agravado por su comisión por efracción (art. 167 inc. 3, CP), aparece acorde a la gravedad del injusto cometido, por lo que la pena de tres (3) años y diez (10) meses de prisión, se ajusta a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad y constituye la medida de la culpabilidad del acto atribuido (arts. 40 y 41, CP)".
IV.2.a. Se aprecia de lo reseñado en los párrafos precedentes, que el agravio de la defensa relativo a la valoración del buen concepto presunto como pauta atenuante fue revisado y se proporcionaron las razones por las cuales fue acogido. A consecuencia de ello, mal puede estimarse que ejerciera indebidamente sus facultades revisoras sobre dicho extremo. De ese modo, la crítica queda huérfana de todo sustento en torno a la demostración de arbitrariedad alegada.
El recurrente, en rigor, expresa una visión diferente sobre la manera en que debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, y alega genéricamente el incumplimiento de requisitos de fundamentación, sin evidenciar en lo resuelto la concurrencia de la invocada arbitrariedad (doctr. art. 495, CPP).
Por lo demás, el disenso de la parte acerca de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar dada la atendibilidad de una pauta atenuante —en cuanto a infracción de ley sustantiva o doctrina legal— queda fuera de la habilitación de la vía intentada. Por lo demás, la parte tampoco ha desarrollado argumentos fundados en las circunstancias de la causa que evidencien que la sanción impuesta a los causantes Mendoza y Pirla sea desproporcionada. De modo que no se advierte la arbitrariedad ni la transgresión a los principios constitucionales denunciados (art. 495, CPP).
IV.2.b. El reclamo traído en subsidio por el que alega la afectación del debido proceso legal, el derecho de defensa y de la garantía de la reformatio in pejus no merece mejor suerte.
Cabe recordar que la prohibición antes indicada es uno de los principios sustanciales que rigen el sistema de impugnaciones al que tiene derecho el imputado, e implica que el tribunal al que se le reclama que realice un nuevo examen de la decisión jurisdiccional atacada no puede reformar la decisión o exceder el motivo del reclamo en perjuicio del imputado cuando solo su impugnación abrió la vía recursiva. Esto no tuvo lugar en el caso porque su situación no se vio perjudicada.
Además, lo resuelto se condice con el criterio expuesto por esta Suprema Corte en múltiples oportunidades en las que entendió que "...así como la ausencia de agravantes y la existencia de atenuantes no impone graduar la pena en el mínimo de la escala respectiva (P. 38.661, sent. del 6/II/1990, entre otras), tampoco la exclusión de alguna circunstancia de agravación (o la inclusión de una atenuante) en la alzada lleva necesariamente a una disminución de la pena impuesta en primera instancia. El sistema legal de los arts. 40 y 41 del Código Penal no contiene un régimen matemático, que deba traducirse en que la exclusión de ciertas agravantes repercuta en la disminución de la pena, pues están en juego valoraciones jurídicas según las cuales puede resultar justo a criterio del a quo -a quien le está reservada esta determinación- mantener la pena originaria (véase P. 68.751, sent. del 17/X/2001)" (v. en particular, voto del doctor de Lázzari en la causa P. 87.552, sent. de 17-VI-2009 y P. 89.691, sent. de 3-X-2007; P. 104.317, sent. de 19-III-2014; e.o.).
Por lo tanto, cabe en este caso concluir —en consonancia con aquellos precedentes— que el mantenimiento de la pena establecida en primera instancia aun incluyendo una pauta de atenuación, no comporta —menos aún lo justifica con suficiencia el interesado— un supuesto de infracción a la garantía establecida en el art. 18 de la Constitución nacional (arts. 495, CPP y 15, ley 48).
V. Por último, la tacha de arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa (art. 18, Const. nac.), resulta manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
V.1.a. En este punto, cabe recordar que, en la sentencia de condena, el tribunal de mérito declaró reincidentes a ambos procesados en los términos del art. 50 del Código Penal.
En esa dirección, con relación a Mendoza, estimó que el cumplimiento de pena privativa de libertad por condena anterior en la causa n° 2.629 del registro de ese tribunal (IPP 01-01-770-18) —conforme se acreditaba con las copias certificadas de sentencia obrantes a fs. 262/274 y de cómputo de pena a fs. 355/357 de la causa— lo convertía nuevamente en reincidente; y respecto de Pirla, sostuvo que el cumplimiento de pena privativa de libertad por condena anterior en la causa n° 2.803 del registro de ese tribunal (IPP 01-01-381-18), conforme se acreditaba con el testimonio de fs. 101 y cómputo de pena de fs. 356/357, también lo convertía en reincidente.
V.1.b. En virtud de lo expuesto, la defensa planteó ante la Casación —en lo que aquí interesa— la declaración de inconstitucionalidad del art. 50 del Código Penal (v. punto "2.2.", recurso de casación).
V.1.c. El órgano revisor con apoyo en diversos precedentes de esa Sala que consideró trasladables — mutatis mutandis — al presente caso, expresó que "...constituye un presupuesto de procedencia del recurso de casación que de advertir el interesado, antes de su aplicación que, en el caso, ciertos preceptos del código de fondo son inconstitucionales, haya solicitado a los órganos jurisdiccionales de instancia que así lo declaren y se abstengan de ponerlos en práctica en el caso en concreto, fundando el gravamen que su observancia le irrogaría, por lo que la pretensión carece de sustento legal".
Explicó que el defensor, junto con sus representados, al realizar el acuerdo de juicio abreviado omitieron plantear tal test de constitucionalidad haciendo hincapié en la doctrina de los actos propios, de modo que reputó tal petición producto de una reflexión tardía.
No obstante, señaló que lo expuesto lo era "...sin perjuicio que, de todos modos, la posición de este Tribunal, en línea con la de la SCBA y la CSJN, es a favor de la constitucionalidad del art. 50 del CP (cfr. TCP, Sala I, Causa N° 103395 caratulada 'LEGUIZAMÓN CARLOS ALBERTO S/ RECURSO DE CASACIÓN', sent. 13/10/2020, entre muchas otras), sin que se adviertan en el recurso argumentos novedosos que lleven a su modificación".
VI. Frente a ello, y más allá del acierto o error del argumento del órgano revisor puesto en crisis, a tenor de las constancias del caso, lo cierto es que la parte nada dijo en lo concerniente a que "de todos modos" la posición de ese tribunal, en línea con la de esta Suprema Corte y la Corte federal, es a favor de la constitucionalidad del art. 50 del Código Penal, y que no advertía argumentos novedosos —diversos a los obrantes en los precedentes que se ocupó de citar— que lleven a su modificación.
Esta motivación troncal con base en el cual la Casación confirmó la declaración de reincidencia de los nombrados Mendoza y Pirla ha quedado incontrovertida, pues la parte no hizo ningún esfuerzo por conmoverla (art. 495, cit.).
En suma, las manifestaciones del impugnante resultan ineficaces para demostrar en lo resuelto un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. arts. 18, Const. nac. y 495, CPP).
Cabe recordar lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto sostuvo que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado".
De tal modo la impugnación no logra demostrar que lo decidido configure un caso de arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En mi opinión, el recurso en punto a la denuncia de afectación de la prohibición de la reformatio in pejus procede (art. 496, CPP).
Del voto de mi colega ponente el doctor Soria, surgen claros los antecedentes del caso. Los resumo aquí nuevamente: en un procedimiento de juicio abreviado las partes pactaron la pena en tres años y diez meses de prisión. En punto a las pautas mensurativas, la defensa unilateralmente —sin que quepa ingresar al análisis de esa metodología— solicitó la valoración de una pauta atenuante (el buen concepto "presunto" de los imputados). A su vez, la fiscalía propició valorar como agravante la existencia de antecedentes.
El decisor de primera instancia, tomó la agravante propuesta por la fiscalía al tiempo que descartó la atenuante recomendada por la defensa, y condenó por la pena pactada.
Recurrida la decisión por la defensa —en lo que interesa, en cuanto rechazó valorar la atenuante propuesta—, el Tribunal de Casación hizo lugar al planteo. Sin embargo, mantuvo la pena impuesta porque no advirtió desproporción y la estimó acorde al injusto cometido.
II. Como bien señaló mi colega, lo resuelto se condice con el criterio expuesto por esta Suprema Corte en múltiples oportunidades en las que entendió que "...la exclusión de alguna circunstancia de agravación (o la inclusión de una atenuante) en la alzada no lleva necesariamente a una disminución de la pena impuesta en primera instancia. El sistema legal de los arts. 40 y 41 del Código Penal no contiene un régimen matemático, que deba traducirse en que la exclusión de ciertas agravantes repercuta en la disminución de la pena, pues están en juego valoraciones jurídicas según las cuales puede resultar justo a criterio del a quo -a quien le está reservada esta determinación- mantener la pena originaria (véase P. 68.751, sent. del 17/X/2001)" (v. en particular, voto del doctor de Lázzari en la causa P. 87.552, sent. de 17-VI-2009 y P. 89.691, sent. de 3-X-2007; P. 104.317, sent. de 19-III-2014; e.o.).
Esta es una doctrina legal que en mi caso particular he venido compartiendo desde hace muchos años. Tal cual se la proclama, encuentra su origen en la causa P. 89.691, sentencia de 3-X-2007.
En aquella oportunidad, ante un similar cuestionamiento el ocasional Ministro ponente —doctor Genoud— expresó que cuando el órgano revisor quita una agravante, pero mantiene la pena, viola la prohibición de la reformatio in pejus .
Puntualmente sostuvo "...resulta evidente, que los jueces de mérito, otorgaron un determinado peso específico a la agravante en cuestión para arribar a la pena fijada, de modo que, si ahora es desconsiderada, es necesario un nuevo examen de la misma. […] La operación realizada por Casación, violó entonces el principio de la reformatio in pejus, engarzado en el art. 18 de la Constitución nacional, ya que se desmejoró la situación del imputado sin tener competencia para ello".
El doctor de Lázzari —a contrario— opinó que ello no implicaba infracción a la reformatio in pejus , inscribiendo allí la frase que se asentó como doctrina inveterada.
Si bien en esa oportunidad no participé del caso, dos años después, en la causa P. 87.552, sentencia de 17-VI-2009, la cuestión volvió a plantearse —con igual resultado—, y allí adherí al doctor Soria en la que, en definitiva, comenzó a consolidarse como la doctrina mayoritaria antes aludida, que hasta ahora mantuve (v. mis votos en causa P. 136.705, sent. de 29-IV-2024; e.o.).
Sin embargo, paralelamente tuve oportunidad de interpretar la regla de prohibición de reformatio in pejus (núcleo del agravio aquí traído) en m
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.