Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139927
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.927-RC, "Belver, María Teresa -particular damnificada- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 35.905 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata, Sala III, seguida a Marzano, Félix Alejandro", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Juzgado en lo Correccional n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, el 3 de octubre de 2022, absolvió a Félix Alejandro Marzano respecto del delito de homicidio culposo agravado. Interpuesto recurso de apelación por la representación letrada de la particular damnificada, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, merced al pronunciamiento dictado el 23 de noviembre de 2023, revocó el fallo de primera instancia y condenó al nombrado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir rodados a motor, como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo (art. 84 segundo párrafo, t.o. según ley 25.189, Cód. Penal).
Articulado recurso extraordinario de inaplicabilidad por la defensa de Marzano, esta Suprema Corte devolvió las actuaciones a la Cámara de Mar del Plata para que llevara a cabo la revisión horizontal del fallo (causa P. 138.093-RC, resol. de 16-III-2023).
La Sala I del aludido Tribunal de Alzada, mediante decisión del 17 de mayo de 2023, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa oficial, revocó la sentencia apelada y absolvió a Alejandro Marzano del delito de homicidio culposo agravado.
Contra ese pronunciamiento, las representantes legales de la particular damnificada, señora María Teresa Belver, interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue concedido para el abordaje de las cuestiones federales.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Reseñaré únicamente los agravios concedidos por la Cámara, decisión que no generó ninguna queja.
I.2.a. Las representantes de la particular damnificada, doctoras Carolina Ciordia y Martina Papadópulos, plantearon —de modo preliminar— la nulidad de la sentencia por incumplimiento de lo ordenado por esta Suprema Corte y la violación al debido proceso legal (conf. arts. 8.1., CADH y 1, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Consideraron que en la resolución del 16 de marzo de 2023 (causa P. 138.093-RC), esta Corte remitió la causa exclusivamente para que, mediante el ejercicio de la casación horizontal, la Cámara analizara si la condena de los colegas de la anterior Sala había sido arbitraria, irrazonada o carente de fundamentación. Sin embargo, estimaron que, en lugar de ello, los magistrados de la Sala I esbozaron una mera discrepancia con la interpretación de la prueba que a su entender, transgredió el derecho al debido proceso legal consagrado constitucional y convencionalmente.
I.2.b. En otro orden de cosas, sostuvieron que los magistrados de la instancia intermedia desatendieron la conducta de Marzano y apuntaron directamente sobre el proceder de la víctima, atribuyéndole plena responsabilidad por su propia muerte, destacando que el comportamiento que se juzga en un proceso penal es únicamente el del imputado sometido a proceso y sobre quien pesa la imputación.
Afirmaron que la prueba del caso en análisis solo permitía concluir razonadamente que Félix Marzano incumplió los deberes a su cargo, producto de lo cual se produjo la muerte de Juan Alberto Rodríguez. Agregaron que el órgano revisor, de una manera absurda e irracional, eximió de responsabilidad al imputado con sustento en que Rodríguez circulaba a una velocidad excesiva y que embistió al vehículo del imputado en un intento de sobrepaso por delante.
Alegaron que medió una errónea y arbitraria interpretación de la mecánica del hecho, en cuanto al análisis de quién había arribado primero al lugar y al rol de embistente de la víctima.
Puntualizaron que Rodríguez circulaba por el segundo carril de la avenida, por la derecha, y que la colisión se produjo en la intersección con la calle por la que venía el imputado, afirmando que ambos vehículos llegaron simultáneamente a dicha intersección.
A su vez, mantuvieron que el rol de embistente que se otorgó a Rodríguez en la mecánica del hecho nada tiene que ver con quien arribó primero o segundo al punto de impacto.
En cuanto a la velocidad de circulación de los vehículos, refirieron que los jueces hicieron una estimación arbitraria con base en testimonios falaces e interesados porque, adujeron, tanto de las pericias accidentológica y mecánica como del testimonio del perito Juan Mondino Borda, no se pudo determinar la velocidad a la que circulaban ambos vehículos.
En esa dirección, descalificaron los dichos de los testigos Garrigó y Cerone, y sostuvieron que estos se refirieron a la velocidad de circulación de Rodríguez varias cuadras antes de la colisión, pero no al momento del hecho.
Expusieron que, por el contrario, no fue un dato controvertido la velocidad a la que transitaba Marzano, la que consideraron el factor creador de riesgo no permitido directamente vinculado con el hecho de cruzar sin mirar el segundo tramo de la avenida y la violación de la doble prioridad de paso que poseía la víctima, en infracción a los deberes impuestos por los arts. 39 inc. "b" y 41 de la ley 24.449, comportamiento que estimaron —cuanto menos— imprudente, materializado en el resultado muerte.
Por todo ello, señalaron que las consideraciones formuladas en el fallo respecto a la conducción de la víctima eran arbitrarias.
I.2.c. Las letradas manifestaron que el fallo atacado citó el art. 15 del decreto reglamentario 532/09 sobre la prioridad de paso en cruces y sostuvieron que era contradictorio afirmar que la víctima perdió la prioridad porque Marzano cruzó primero la avenida.
Cuestionaron la afirmación de que la víctima no podía exigir la prioridad de paso por circular a alta velocidad, argumentando que aquella es siempre absoluta y en el caso, según la normativa, no existían motivos para una excepción.
Postularon que la argumentación fue contradictoria, excluyente, y creó una excepción a la regla del art. 41 de la ley 24.449 no prevista por el legislador.
II. El señor Procurador General propuso el rechazo del recurso extraordinario impetrado.
III. Coincido con lo así dictaminado.
III.1. El Juzgado Correccional n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, el 3 de octubre de 2022, absolvió a Félix Alejandro Marzano del delito de homicidio culposo agravado por el que se lo acusó. Sintéticamente, puede decirse que consideró que no había elementos de prueba objetivos que permitieran afirmar que el acusado realizó una conducta temeraria o imprudente que permitiera imputarle el resultado disvalioso, motivo por el cual, por imposición de la regla in dubio pro reo , consagrada en los arts. 18 de la Constitución nacional; 8.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dictó el veredicto desincriminatorio.
III.2. La particular damnificada apeló, y la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, el 23 de noviembre de 2022, hizo lugar al recurso, revocó el fallo y condenó a Marzano por el delito de homicidio culposo. En el mismo acto le impuso la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir rodados a motor, estableciendo como reglas de conducta la fijación de domicilio y el sometimiento al control del Patronato de Liberados por el término de dos años.
III.3. Luego de reencausarse el trámite impugnativo horizontal de la defensa contra esta decisión, la Sala I, mediante decisión del 17 de mayo de 2023, hizo lugar parcialmente al recurso de la defensa oficial de Marzano, revocó la sentencia apelada y lo absolvió nuevamente respecto del homicidio culposo de Juan Alberto Rodríguez.
Para resolver de ese modo, en primer lugar, recordó la materialidad ilícita que arribó firme a esa instancia, en tanto se tuvo por probado que "... el día 5 de febrero de 2015, aproximadamente a las 16:30 horas, el encausado Félix Alejandro Marzano conducía un rodado marca Fiat, modelo Ducato, dominio AGN531, por la calle 17 de la ciudad de Balcarce, en sentido NO-SE, cuando al llegar a la intersección con la avenida 40 -que es doble mano- comenzó su cruce. Así superó el primer carril con sentido de aproximación vehicular de su mano izquierda sin inconvenientes, y cuando hacía lo propio en relación al carril de mano derecha, es colisionado en el lateral delantero derecho -entre guardabarro y punta de óptica- por una moto marca Appia, modelo 150cc, dominio 588KUJ, conducida por Juan Alberto Rodríguez, que circulaba por la avenida en sentido SO-NO, y quien producto del impacto falleció escasas horas después... ".
El pronunciamiento cuestionado, a través del voto del doctor Viñas (a quien adhirió el doctor Madina) tuvo por acreditado que el vehículo Fiat Ducato conducido por el imputado llegó primero a la intersección de la avenida 40 con la calle 17 de la localidad de Balcarce; que allí comenzó a cruzar la bocacalle y, cuando ya había traspasado la mitad del cruce, fue embestido desde su derecha por la motocicleta conducida por Juan Alberto Rodríguez quien intentó sobrepasarlo por delante.
Consideró que, contrariamente a lo sostenido por la anterior Sala, los vehículos no llegaron simultáneamente al lugar del impacto, y que las pruebas de la causa contradijeron la aseveración del carácter de "embistentes" para ambos vehículos.
Afirmó que no se probó que el imputado Marzano realizara el cruce sin respetar el máximo de la velocidad reglamentada para la intersección de vías no semaforizadas por el art. 51 inc. "e.1." de la ley 24.449, esto es a más de 30 km/h. En cambio, sí estimó que existían indicios graves y concordantes en cuanto a que la víctima Juan Alberto Rodríguez transitó ese cruce a excesiva velocidad.
Puntualizó que ello surgía con claridad de los testimonios de Rosa Esther Garrigo, Miguel Ángel Cerone y Alejandro Gastón Cerono. Destacó que los daños sufridos por ambos vehículos, el desplazamiento y posición final de los mismos en la bocacalle también eran indicios graves de que el impacto se produjo a velocidad considerable, aun cuando no se haya podido determinar exactamente su valor definitivo conforme acta de prevención de fs. 2, el acta de inspección ocular y croquis de fs. 3/4, la impresión de fotos de fs. 5, la planimetría de fs. 42, las pericias mecánicas de fs. 43/46, las pericias accidentológicas de fs. 99/100, 105/106, 122/125, así como las declaraciones de los testigos ya mencionados y del perito Mondino Borda en el debate.
Puso de relieve que el vehículo conducido a velocidad reglamentaria por el enjuiciado Marzano por la calle 17, llegó primero a la intersección con la avenida 40 y que, tras cerciorarse de que tenía libre tránsito inició el cruce a una velocidad permitida. Habiendo traspasado la mitad de la bocacalle fue embestido por la motocicleta conducida por la víctima Rodríguez, quien lo hacía por la avenida 40 a excesiva velocidad y con una maniobra en la que intentó sobrepasarlo por delante.
Así las cosas, estimó que se carecía de elementos para afirmar con certeza que el acusado habría podido advertir previamente la motocicleta y evitado así el accidente.
Para arribar a esa conclusión, se centró en la prioridad de paso consagrada en el art. 41 de la ley 24.449 y, básicamente sostuvo que el carácter absoluto que se le asigna a la prioridad de paso de quien transita por la derecha debe interpretarse razonablemente junto con otras normas viales para asegurar la seguridad y evitar accidentes. Estimó que no se trata de un "permiso para colisionar" sino que también requiere atención, prudencia y cumplimiento de las reglas generales por parte del conductor que posee esa prioridad.
Valoró que, si bien no podía excusarse a Marzano por haber llegado primero a la encrucijada (de conformidad con lo estipulado en el art. 15, dec. reglamentario 532/09 que establece que: " la prioridad de paso en una encrucijada rige independientemente de quien ingrese primero a la misma" ), tampoco podía dejarse de lado que cuando la moto llegó a la bocacalle, la camioneta ya había pasado la mitad del cruce y, en tales condiciones, no era razonable exigirle al acusado que retrocediera, a la vez que estimó que si la moto hubiese circulado a 30 km/h como máximo, podría haber evitado la colisión.
Finalmente, destacó que cuando no hay semáforos, los límites a la prioridad de paso surgen de la sistemática de las normas, como la del art. 36 que dispone el principio de que las circunstancias fácticas prevalecen sobre las normas generales, por lo tanto, la circulación debe respetar las indicaciones y señales existentes antes que las prioridades legales. Además, resaltó que el art. 39 inc. "b" requiere que los conductores circulen con cuidado y prevención, manteniendo siempre el control del vehículo y considerando los riesgos del tránsito.
Por todo ello, consideró que no mediaba certeza de que Marzano, aun esforzándose en su deber de observación, hubiese podido prever, tras haber sobrepasado la mitad del cruce, que desde su derecha se le aparecería a excesiva velocidad la motocicleta conducida por la víctima, sin que pudiera entonces reprochársele —por ello— la violación al deber de cuidado previsto en el art. 84 del Código Penal.
III.4. Frente a lo así resuelto, el primer agravio traído no prospera pues las recurrentes no explican adecuadamente por qué el alcance de la revisión horizontal realizada no habría cumplido con lo ordenado por esta Corte con fecha 16 de marzo de 2023 en causa P. 138.093-RC (art. 495, CPP).
En efecto, más allá de la dogmática afirmación de que lo resuelto configura una discrepancia con la interpretación de la prueba, las impugnantes no demuestran que la Sala I se haya apartado del alcance que esta Corte le dio al pretoriano instituto de la revisión paralela a partir de las causas P. 108.199 (resol. de 24-VI-2015), P. 124.447 (resol. de 22-VI-2020) y su progenie, como de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fueran receptados en aquellas.
III.5. Tampoco prospera el agravio que atribuye arbitrariedad a lo fallado, en tanto está dirigido —en lo medular— a cuestionar aspectos vinculados con los hechos y la prueba valorada en la instancia anterior, desarrollando a ese efecto su interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta, extremos que escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Las representantes de la particular damnificada se enfocan en intentar persuadir sobre una presunta equivocada interpretación de la mecánica del hecho, del rol de embistente de la víctima o de las velocidades a la que circulaban los vehículos, pero sin señalar un concreto y grave error en la valoración del material probatorio en términos de la doctrina del absurdo de esta Corte o de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias de la Corte federal, única hendija que permitiría a esta Corte excepcionalmente ingresar al análisis de ese campo (art. 495, cit.).
Es que, conforme se ha expresado en diversas oportunidades, no alcanza con la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, en tanto la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que generen la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348). Ningún extremo se advierte en tal sentido en el fallo aquí recurrido (conf. doctr. SCBA causas P. 126.850, sent. de 19-IV-2017; P. 126.351, sent. de 28-VI-2017; P. 135.385, sent. de 24-VI-2022; P. 138.139, sent. de 15-XII-2023: P. 136.520, sent. de 14-III-2024; e.o.).
Por lo demás, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados —lo que, como se expuso, no ocurrió en el caso—, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 134.309, sent. de 21-IX-2022; P. 137.684, sent. de 15-XII-2023; P. 136.841, sent. de 8-IV-2024; e.o.).
III.6. Finalmente, tampoco prospera la tacha de arbitrariedad que las recurrentes sustentan en una supuesta interpretación desnaturalizadora de las normas de tránsito a través de la cual los magistrados habrían creado una excepción no contemplada en el art. 41 de la ley 24.449.
Cabe destacar que, como mencioné anteriormente, la Cámara consideró la disposición que establece la prioridad de paso absoluta para quien circula por la derecha, evaluándola junto con los principios derivados de la misma ley y en concordancia con el orden sistemático que conforman. Específicamente, los jueces se refirieron al art. 36 de la ley 24.449, que establece como norma general que en la vía pública deben prevalecer las circunstancias fácticas de orden frente a la necesidad de observancia de las disposiciones legales. Asimismo, tomaron en cuenta que el art. 39 inc. "b" detalla que los conductores deben circular con cuidado y prevención, manteniendo en todo momento el dominio efectivo del vehículo y considerando los riesgos inherentes a la circulación y demás circunstancias del tránsito.
En definitiva, concluyeron que el imputado, incluso estando atento, no podía prever que, traspasado más de la mitad del cruce, una motocicleta vendría a alta velocidad desde su derecha. Por lo tanto, no se configuró una violación al deber de cuidado según el art. 84 del Código Penal.
Así las cosas, no se evidencia que el Tribunal de Alzada haya excedido el límite de interpretación posible de la norma, que la torne irrazonable en términos de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias (conf., en lo pertinente, CSJN "Demaría", sent. de 8-IV-2014, cons. 9° y SCBA causa P. 129.568, sent. de 29-VIII-2018).
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la arbitrariedad en aquellos casos, asume la forma de un manifiesto apartamiento del marco normativo fijado por el legislador, extremo que no concurre en la especie porque la cuestionada es una interpretación posible de la norma de derecho común en juego, que descarta la referida tacha (conf. Fallos: 305:799). En otros términos, el fallo no propone una exégesis irrazonable de la ley aplicada que la desvirtúe ni conduce a un apartamiento inequívoco de la finalidad perseguida mediante su sanción (conf. Fallos: 310:799).
Voto, en consecuencia, por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpues
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