Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139996
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.996, "C. F., M. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 117.098 del Tribunal de Casación Penal, Sala V" y su acumulada P. 139.848, "N. C., V. B. s/ queja en causa N° 117.098 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Soria, Kogan, Bouchoux.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, mediante sentencia dictada el 22 de marzo de 2022, condenó a M. E. C. F. a la pena de reclusión perpetua por considerarlo coautor de los delitos de abuso sexual agravado por su comisión con acceso carnal y homicidio agravado por haberse cometido para ocultar otro delito, ambos hechos en concurso real entre sí. Asimismo, condenó a V. B. N. C. a la pena de reclusión perpetua por considerarla coautora de los delitos de abuso sexual agravado por su comisión con acceso carnal y por el vínculo y homicidio agravado por haberse cometido para ocultar otro delito, en concurso real entre sí.
La señora defensora oficial de C. F. y el señor defensor oficial de N. C. impugnaron el fallo y la Sala V del Tribunal de Casación confirmó la condena (v. sent. de 4-V-2023).
Frente a lo así decidido, el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, y la señora defensora adjunta ante la misma instancia, doctora Ana Julia Biasotti, presentaron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en favor de C. F. y N. C. respectivamente.
El Tribunal de Alzada, mediante resolución de fecha 10 de octubre de 2023, declaró admisible el carril extraordinario en favor de C. F. "sólo en cuanto señala infracción a normativa sustantiva", y desestimó el recurso deducido respecto de N. C. Contra lo así decidido únicamente dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal la defensa oficial de esta última.
La Suprema Corte, en el marco de la causa P. 139.848-Q, declaró procedente la queja y admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en favor de la nombrada por estimar que las denuncias de "errónea revisión de la sentencia de condena, menoscabo al principio de congruencia, así como las críticas hacia la valoración probatoria y la ausencia de análisis con perspectiva de género" (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP) se desarrollaron con la carga técnica necesaria para superar la etapa de admisibilidad y guardan vinculación directa con lo debatido y resuelto por el Tribunal de Casación (resol. de 9-II-2024).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de M. E. C. F.?
2ª) ¿Lo es el presentado respecto de V. B. N. C.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación, se reseñará únicamente la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva.
En tal sentido, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, denunció que no se demostró la conexión ideológica entre el abuso sexual y el homicidio, por lo que solicitó que se deje sin efecto la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
Destacó que la Casación coincidió con el órgano de mérito en cuanto a que "...C. F. mató 'para ocultar' el hecho anteriormente cometido. Pero, lo hizo basándose en una repetición de lo sostenido por el a quo ".
Aclaró que en el caso no se discute "...la acción de matar, sino más bien que la misma estuviere motivada en la intención de matar 'para ocultar' el abuso sexual que C. F. hubo cometido contra la niña". Recordó que el órgano de juicio fundamentó la calificación legal cuestionada en "la inmediatez en el tiempo y lugar" entre el abuso sexual y el homicidio, circunstancia que, en su opinión, resulta insuficiente.
A su vez, cuestionó que la Casación confirmara la aplicación de la figura agravada con sustento en que los acusados realizaron un accionar doloso y con dolo directo de matar "...queriendo el resultado típico de la muerte de [S.R.N.]", pero sin decir nada respecto a que C. F. haya matado para ocultar el delito anterior.
Manifestó que no resulta acertado "...inferir la existencia de una vinculación ideológica entre el homicidio y el abuso sexual, ya que los principios más elementales de un derecho penal liberal vedan tal suposición" sin evidencias contundentes que la sustenten.
Por todo lo expuesto, solicitó que se encuadre la conducta de su asistido en la figura del art. 79 del Código Penal.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso; coincido con lo dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
III.1. Frente a idéntico planteo al ahora reeditado por la parte, el Tribunal de Casación, en lo que importa, entendió acreditado debidamente que M. E. C. F. abusó sexualmente, con acceso carnal, de la niña S.R.N. y que "...en esa secuencia, encontró la muerte la víctima de marras a raíz de un paro cardiorrespiratorio traumático secundario a las sucesivas acciones de compresión del cuello por ahorcamiento; de aplicación de fuertes golpes en el cuerpo; traumatismo de cráneo por acción de golpe con la mano o contra la pared para darle muerte y ocultar el delito anterior, determinante de una hemorragia masiva, así como del estallido ginecológico a causa de desgarros en la zona vaginal y anal por penetración intempestiva, causante de shock hipovolémico, habiéndose comprobado, además, que padeció una agonía de entre cinco a diez minutos antes de morir".
Sentado ello, afirmó que la conducta del acusado tuvo por finalidad "...causar la muerte de S.R.N., y los medios empleados en el caso condujeron a ese resultado". En suma, dijo que el accionar desplegado por C. F. —inmediato, certero y feroz— imponía colegir que medió intención de dar muerte.
De seguido, analizó la ultrafinalidad del art. 80 inc. 7 del Código Penal y señaló que también se configuró en el caso. "Así, la agravación del homicidio surge del menosprecio por la vida humana demostrado por el autor ante un propósito delictuoso. Es que el sujeto activo mata para ocultar el anterior hecho criminoso y lograr su impunidad".
Concluyó que en el caso se configuró el nexo psicológico entre los dos delitos pues "...el homicidio se relacion[ó] directamente con el abuso, siendo dicha comunicación un estrecho punto de contacto donde el primero es consecuencia de un evento ocurrido a raíz del segundo".
III.2. De la reseña efectuada se advierte que la parte se limitó a exponer un mero criterio divergente sobre la interpretación que el órgano de mérito y la Casación hicieron del art. 80 inc. 7 del Código Penal, en particular, de la ultrafinalidad exigida por la norma, sin demostrar una infracción a la ley sustantiva o defecto de razonamiento alguno que descalifique el fallo como acto jurisdiccional válido (conf. art. 495, cit.).
En efecto, el Tribunal de Casación, luego de sostener de manera categórica el dolo directo de matar, afirmó la conexión ideológica entre el homicidio y el abuso sexual. En tal sentido, tomó en especial consideración las causas que originaron la muerte de la niña —constatadas en la autopsia— así como también la mecánica de los hechos para concluir que el homicidio se cometió para ocultar el abuso sexual.
Frente a ello, la defensa no desarrolló argumentos tendientes a controvertir tal afirmación, sino que se limitó a sostener —de manera contraria a lo efectivamente acontecido— que la Casación no abordó las críticas en torno a la ultrafinalidad (conf. art. 495, cit.).
Finalmente, resulta útil recordar que el elemento subjetivo en cuestión no exige por parte del autor un actuar reflexivo, meditado o de planeamiento. En tal sentido, esta Suprema Corte tiene dicho que de la ley no surge —ni expresa ni implícitamente— que el "elemento subjetivo" del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito, bastando su devenir súbito o en el curso de la ejecución del hecho, tal como el órgano de mérito y la Casación entienden que ocurrió en el caso (conf., mutatis mutandis, doctr. causas P. 34.495, sent. de 6-II-1987; P. 53.150, sent. de 11-III-1997; P. 100.416, sent. de 12-III-2008; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.493, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 9-V-2019; e.o.).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Bouchoux , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunció la violación de la garantía de revisión amplia de la sentencia de condena, por considerar que al abordar las denuncias de afectación al principio de congruencia, errónea ponderación de los elementos probatorios y falta de perspectiva de género, la Casación se remitió a lo dicho en el fallo de mérito y lo complementó con afirmaciones genéricas, pero omitió analizar los argumentos de la impugnación (arts. 18, Const. nac.; 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP).
I.1. En lo que respecta al principio de congruencia, dijo que en el recurso de casación la defensa sostuvo que al inicio del juicio la fiscalía atribuyó a V. N. C. una conducta activa: "haber abusado sexualmente mediante el acceso carnal" y luego "haber golpeado a la niña hasta darle muerte a fin de ocultar los actos realizados". Notó que, en cambio, la sentencia de condena tuvo por probado que el abuso sexual y el homicidio fueron cometidos activamente por M. C. F., y asignó a N. en rol sustancialmente distinto al expresado con anterioridad, añadiendo una serie de elementos por fuera de la acusación fiscal y que, por tanto, no fueron tenidos en cuenta a la hora de ejercer la defensa: existencia de un acuerdo previo; división de tareas; que N. colocó a su hija en la situación de maltrato que venía padeciendo desde hacía tiempo; que N. estuvo presente ante un riesgo definido como "peligro concreto" para la vida de la víctima; que N. coadyuvó pasivamente, al no realizar maniobras de salvataje "pudiendo haberlo hecho", y a pesar de su posición de garante; que N. optó por no intervenir obviando la asistencia debida por su rol de madre; que su pasividad fue determinante para el desenlace fatal; que alteró los múltiples y diversos rastros que dejó el trágico suceso.
En suma, dijo que se pasó de una conducta activa a infracciones al deber de cuidado y hechos que constituyen delitos de omisión, sin que hubiese existido la intimación correspondiente.
A continuación, señaló que dicho planteo fue reforzado en la memoria con la cita de la causa P. 134.475, cuya doctrina consideró aplicable.
Reprodujo la respuesta brindada por la Casación y la tildó de dogmática, pues —en su opinión— no hubo un tratamiento serio de los agravios sometidos a su conocimiento. Ello, sostuvo, implicó una violación de la garantía a la revisión amplia del fallo de condena y, a su vez, trajo aparejada la persistencia del quebrantamiento del principio de congruencia.
I.2. Por otra parte, denunció errónea revisión en el tratamiento del agravio vinculado a la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba y falta de análisis con perspectiva de género.
En primer lugar, reseñó los agravios desarrollados en el recurso de casación y completados en la memoria ante esa instancia. Recordó que se plantearon contradicciones en el testimonio de Matías Olmedo durante la IPP y en el juicio; también se cuestionó el alcance dado a los dichos de su defendida en el debate, al informe médico que constató golpes en el cuerpo de N. y a las llamadas que esta realizó al servicio de emergencias (911). Asimismo, se sostuvo que no se valoraron debidamente los peritajes psicológico y psiquiátrico, y que no se probó ni la coautoría funcional, ni el acuerdo previo, ni la división de tareas. Menos aún que la imputada haya conocido un riesgo concreto para la vida e integridad física de su hija y que lo haya consentido o que no haya hecho nada para evitarlo. En definitiva, se postuló que no había elementos para afirmar que V. N. C. actuó en forma dolosa o que haya podido evitar el resultado lesivo.
Afirmó que tales embates no fueron debidamente revisados por la Casación. A su vez, destacó que, frente a la ausencia de perspectiva de género en el veredicto, se acompañó al recurso un informe realizado por el equipo interdisciplinario del Programa Acercar Derechos (PAD) del —disuelto— Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, donde se brindan las herramientas teóricas para evaluar el caso en línea con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de violencia contra las mujeres. Sobre este elemento, la Casación nada dijo.
En particular, destacó que "...en el caso concreto, la defensa realizó un exhaustivo análisis del material probatorio incorporado al proceso y dio cuenta de las falencias y contradicciones en las que incurrió el tribunal oral en lo criminal". Agregó que también se hizo referencia a la falta de debida ponderación de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba inmersa la imputada al momento del hecho, y a la imposibilidad de exigir en ese contexto un actuar diferente; y cuestionó que la Casación no abordara debidamente ninguno de estos agravios. En apoyo, citó los precedentes "Carrera", "Dapero" y "Barrera" de la Corte nacional, entre otros, y la causa P. 127.396 de esta Suprema Corte.
En definitiva, afirmó que la Casación emitió una respuesta aparente, quebrantó el derecho al recurso (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP) y convalidó la violación de las reglas de la sana crítica y la presunción de inocencia.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación; coincido parcialmente con lo así dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley procede con el alcance que sigue (conf. art. 496, CPP).
III.1. La denuncia de errónea revisión, en lo que respecta al planteo de violación del principio de congruencia —derivado del derecho de defensa en juicio— no procede, en tanto la parte desarrolló una fundamentación genérica que se apartó de lo efectivamente acontecido en el caso y no logró demostrar en qué aspectos el tribunal revisor se habría apartado de los parámetros fijados en el precedente "Casal" de la Corte nacional (conf. arts. 8.2 "h", CADH; 14.5, PIDCP y 495, CPP).
Veamos.
De la lectura del acta de debate, en lo que aquí importa, se desprende que, desde las líneas de apertura, la defensa oficial planteó que debido al contexto de violencia de género —física y psicológica— en el que se encontraba su defendida, no pudo actuar de otro modo, y que ello la eximía de responsabilidad frente a los hechos, "...aun suponiendo que la acusación pudiera ser por omisión".
Así, se advierte que la parte, en su estrategia de defensa, ya desde el inicio del juicio se defendió de la acusación por omisión impropia. A ello se agrega que, contrariamente a lo denunciado, la fiscalía, en los alegatos de cierre, expresamente le reprochó a V. N. C. la comisión de los delitos de abuso sexual agravado y homicidio agravado mediante la modalidad de omisión impropia.
En efecto, en la acusación final del juicio, la fiscalía afirmó que con la prueba producida se probó el siguiente hecho: "...el día 10 de Abril, entre la 01 y las 09 hs, en el interior de la vivienda sita en calle [...], M. E. C. F. y V. B. N. C. abusaron sexualmente con acceso carnal de la menor S.N. de 3 años de edad, 'con introducción de elemento duro de bordes romos como pene en erección o similar' para luego de ello y a fin de ocultar los actos realizados comenzar a golpear a la menor en distintas partes del cuerpo hasta lograr darle muerte, quien finalmente falleció a consecuencia de 'paro cardiorrespiratorio traumático secundario a traumatismos de cráneo, compresión de la vía aérea, shock hipovolémico por estallido ginecológico' para luego darse a la fuga el imputado C. F. del lugar de los hechos y ser posteriormente aprehendido en las inmediaciones de la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes".
La fiscalía notó que el cuadro de violencia ya era previo y conocido, pues la niña era golpeada, rasguñada; no quería ir a la casa con su madre, era muy callada. Destacó que no solo por su corta edad, sino por todo lo relatado en el juicio, la pequeña se encontraba "en un estado de vulnerabilidad por la ausencia materna".
Luego de sostener que no se demostró que N. C. fuera víctima de violencia de género, le imputó que "...coadyu[vó] pasivamente a la luz de las reducidas dimensiones de la precaria vivienda en la que vivían y sin llevar adelante maniobra de salvataje alguna con total desprecio hacia la pequeña de 3 años" en tanto "...se mantuvo inerte sin acudir, pudiendo hacerlo y no lo hizo, en auxilio de su hija, es decir optó por no intervenir obviando la asistencia debida que por su rol de madre debía haber ejercido y su accionar fue determinante para el desenlace del hecho".
Frente a esta acusación, la defensa oficial denunció falta de precisión en el hecho imputado a su asistida, por describirse de manera simultánea conductas activas y omisivas.
Ante tales críticas, la fiscalía de juicio tomó nuevamente la palabra y afirmó que "...cuando dice que V. N. C. coayu[vó] pasivamente, no hace referencia al delito de abandono de persona, sino que, considera que en el caso estamos en la presencia de un delito de homicidio, en tal sentido detalla que se ha distinguido jurisprudencialmente que en el delito de abandono de persona nos encontramos frente a un riesgo [que] es abierto, en cambio, cuando estamos frente un riesgo definido, ya no se trataría de un abandono de persona, sino que nos encontramos en presencia de un homicidio".
III.1.b. La sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Quilmes
El Tribunal en lo Criminal n° 1 de Quilmes tuvo por probado que: "...entre la hora veintitrés del día diez de abril de dos mil diecisiete y las cinco horas del día siguiente, en una vivienda de madera y reducidas dimensiones ubicada en la calle [...], dos personas -una del sexo masculino y la otra del sexo femenino- que residieren allí, abusaron sexualmente, mediante acceso carnal por las vías oral, vaginal y anal de la niña S.N., de tres años de edad e hija de la mujer y para ocultar el delito anterior y con gran despliegue de violencia, le dieron muerte.---Para tal cometido, fruto del acuerdo previo y la división de tareas que asumieron, quedó demostrado que en ese trance y mediante el despliegue de gran violencia, el hombre tomó a la niña, le comprimió el cuello con las manos y le introdujo el pene en la boca, en la vagina y en el ano [...], y luego la golpeó brutalmente para darle muerte y ocultar el delito anterior, a la vez que la mujer -a pesar del maltrato que la niña venía padeciendo desde tiempo atrás como hematomas por golpes y quemaduras en la piel por acción de cigarrillos, atribuibles a él- tras haber colocado a su hija en aquella situación, al menos estuvo presente ante el riesgo definido como peligro concreto por medio de un curso determinado para la vida de la víctima, coadyuvando pasivamente sin llevar adelante maniobra de salvataje alguna, pudiendo haberlo hecho, y a pesar de ser su madre y que es la
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