Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140072
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.072, "D'Gregorio, María Laura E. -fiscal adjunta interinamente a cargo de la Fiscalía de Casación- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 116.563 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a E.J.C.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el titular del Juzgado de Garantías n° 2 del Departamento Judicial de Azul resolvió convertir en prisión preventiva la detención de J. C. E. por considerarlo prima facie autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la convivencia preexistente (dos hechos).
Apelado por la defensa oficial, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental decidió, por mayoría, hacer lugar a los planteos de esa parte. En consecuencia, revocó la prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantías n° 2 departamental contra J. C. E. en orden a los delitos antes consignados; declaró extinguida la acción penal por prescripción, lo que conllevó su sobreseimiento de acuerdo a lo normado por el art. 323 inc. 1 del Código Procesal Penal, y ordenó su inmediata libertad.
Frente a ello, el señor fiscal general departamental interpuso recurso de casación, que fue rechazado por improcedente por la Sala III del Tribunal de Casación Penal (v. sent. digital de 27-XII-2022).
Contra lo así decidido, la señora fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado parcialmente admisible por la sala recurrida (v. resol. de 1-VIII-2023).
Deducida queja por la parcela denegada, referida a la denuncia de errónea aplicación del art. 62 del Código Penal, fue rechazada por improcedente por esta Suprema Corte (causa P. 139.381-Q, resol. de 23-II-2024), sin cuestionamiento de la interesada debidamente notificada (conf. certificación del 31-V-2024, procediéndose en igual fecha al archivo del legajo respectivo).
Oído el señor Procurador General, quien sostuvo el recurso de la representante fiscal (v. dictamen digital en 13-VIII-2024), presentada la memoria por parte de la defensa oficial (v. presentación electrónica de 11-XI-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Dado el alcance de la admisibilidad de la vía, solo corresponde analizar los planteos de pretenso cariz federal expresados en el recurso extraordinario en trato, conforme resolución citada —especialmente, punto 4, último párrafo—, por lo que con esos lindes serán reseñados y abordados.
I.2. La señora fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a través del cual denuncia el apartamiento de la doctrina legal del Máximo Tribunal nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulneración del principio de supremacía constitucional, omisión de resolver con perspectiva de género e infancia. Invoca, también, arbitrariedad por inconvencionalidad, fundamentación aparente y afirmaciones dogmáticas con apartamiento de las constancias de la causa.
I.2.a. Argumenta sobre las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizarles el acceso a procedimientos legales justos y eficaces —tutela judicial continua y efectiva—, proteger a las niñas contra toda forma de abuso sexual, todas previsiones vigentes desde el momento en que acaecieron los hechos que aquí se investigan —entre los años 2000 y 2006— y se mantienen incólumes hasta la actualidad, siendo que tales obligaciones poseen fuente de jerarquía constitucional (CIDN y CADH) y supralegal (Convención de Belém do Pará).
Reclama una interpretación respetuosa de las perspectivas de infancia y de género; y entiende que una norma de inferior jerarquía —el art. 62 del Código Penal— no puede ser invocada para incumplir tales obligaciones internacionales (art. 27, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
Afirma que los derechos humanos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 3.1. y 19), Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8.1. y 25) y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (arts. 4 inc. "g" y 7 incs. "b", "c" y "f") invocados por el Ministerio Público resultan operativos; y sostener una posición contraria violenta no solo la referida doctrina legal de la Corte nacional sino directamente el bloque de constitucionalidad federal.
I.2.b. Considera, además, que "...el quid de la cuestión radica en analizar la tensión que en estos casos se genera entre el derecho de todo imputado a que se respete el principio de legalidad -que tiene íntima vinculación con el instituto de la prescripción de la acción penal y con el derecho al juzgamiento en un plazo razonable- [arts. 9, CDH y 15, PIDCP] y el derecho de la víctima de un delito a la tutela judicial efectiva y en caso de ser niños, la protección prevalente de sus derechos [art. 8.1, 25 CADH y art. 3 y 19 CDN]...".
En cuanto a las reformas introducidas al instituto de la prescripción a partir de las leyes 26.705 y 27.206, refiere que, si bien no resultan de aplicación a hechos que, como este, tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia, no obstante, estima que tales principios regían conforme la Convención sobre los Derechos del Niño en los casos de abuso sexual a menores de edad, por lo cual la prescripción quedaba suspendida hasta que la víctima alcanzara la mayoría de edad.
Destaca que la Convención Americana sobre Derechos Humanos vigente desde 1984 y la Convención sobre los Derechos del Niño vigente a partir de 1990, tienen jerarquía constitucional desde su promulgación. En sustento de su postura cita el voto emitido por la jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, doctora Mizawak, en el caso "Ilarraz, Justo José s/ promoción a la corrupción agravada- incid. de extinción por prescripción s/ impugnación extraordinaria", sentencia de 27-IV-2015. También, alude al caso "Campo Algodonero" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y menciona que con ese norte se pronunció la Corte nacional en Fallos: 328:2870.
I.2.c. Denuncia que los fundamentos brindados por el tribunal revisor resultan inadecuados e inatingentes para responder los agravios llevados a su conocimiento, lo que convierte la resolución dictada en arbitraria por fundamentación aparente.
Argumenta que en el caso se investigan hechos de abuso sexual que se atribuyen al imputado E. respecto de la menor A. M. M., hija de su pareja, y hace una reseña de la materialidad ilícita endilgada.
I.2.d. Por último, asevera que la sentencia que impugna priorizó el principio de legalidad, omitiendo hacer referencia alguna al juego de este con otros principios de igual rango. Pues, destaca, la "demora" de la víctima en realizar la denuncia no se debió a que haya dejado de vivenciar conflictivamente el hecho, sino precisamente a obstáculos estructurales dados por la imposibilidad de hacerlo oportunamente debido a su triple condición de vulnerabilidad: su edad, género y condición de victimización temprana (100 Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad).
En definitiva, solicita que se deje sin efecto la decisión cuestionada y se ordene la continuación de la presente causa, siendo, como se anticipó, mantenido el recurso fiscal por el señor Procurador General (dictamen digital en 13-VIII-2024).
II. Al acompañar la memoria del art. 487 del Código Procesal Penal, la señora defensora oficial ante la instancia intermedia —doctora Ana Julia Biasotti— solicitó se rechace el recurso y se aplique la doctrina de esta Suprema Corte sentada en los precedentes P. 132.967; P. 134.019 y P. 135.109, resolviéndose el caso de conformidad con el art. 31 de la ley 5.827.
III. El reclamo no procede.
III.1. Al decidir el Tribunal de Alzada departamental, del modo indicado en los antecedentes, señaló que el Ministerio Público Fiscal había fijado las materialidades delictivas investigadas en autos en el período 2002 a 2006; que por entonces la menor víctima A. M. M. contaba entre ocho y doce años de edad; y le atribuyó al encartado E. que —en circunstancias en que convivía en el domicilio de la calle … … n° … de Azul— por resultar este último pareja de la progenitora de la menor, "...en reiteradas ocasiones y encontrándose en el domicilio mencionado abusó sexualmente de la niña, mediante tocamientos en sus glúteos o apoyando su pene y frotándolo sobre el cuerpo de la víctima, configurando atento a la duración y circunstancias de su realización un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima". Le imputó, además, que "...en al menos dos oportunidades en el periodo de tiempo referido [E.] accedió carnalmente vía anal a M., al introducir sus dedos en el ano de la menor, encontrándose en una de esas ocasiones en un galpón ubicado al lado de la vivienda en que convivían la víctima y su agresor y en la restante oportunidad en un arroyo, probablemente Los Huesos, lugar donde había sido llevada la víctima por el imputado a pescar". Y que la fiscalía subsumió tales conductas en los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la convivencia preexistente con la víctima —dos hechos— (art. 119 segundo y tercer párrafo, inc. "f", Cód. Penal).
Destacó que a la luz de la normativa aplicable desde la medianoche en que los delitos cesaron de cometerse —según lo fijado por el encargado de la vindicta pública— y hasta el primer acto con capacidad interruptora, había transcurrido el plazo máximo de doce años previsto por el digesto sustantivo en el art. 62 inc. 2.
En adición, aclaró que tomando como hipótesis de máxima (conf. art. 63, Cód. Penal) el día 31 de diciembre de 2006, habiendo transcurrido desde entonces y hasta el llamado a prestar declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal (7-XII-2021), un periodo ampliamente superior a los doce años, los delitos atribuidos se hallaban prescriptos.
III.2. El señor fiscal general interpuso recurso de casación denunciando desconocimiento de la ley vigente al momento del hecho, la que, según su opinión, impone comenzar a contabilizar el término de prescripción cuando la víctima posee la capacidad para denunciar. Indicó que, si bien los sucesos acusados se circunscriben al lapso comprendido entre el 2002 y el 2006 y, por ende, desde esta última fecha han transcurrido los doce años establecidos por el art. 62 inc. 2 del Código Penal, ellos fueron cometidos mientras la víctima de autos se hallaba incapacitada para instar la acción penal. Ello, tanto porque era menor de edad, como, una vez adquirida la mayoría de edad, por mediar serios valladares psicológicos que obturaron dicha posibilidad. Adunó que la doble condición de menor y mujer de la víctima determinaba que las disposiciones legales aplicables al caso debían ser interpretadas en consonancia con, al menos, dos normas de derecho internacional vigentes al tiempo de comisión de los sucesos objeto de investigación (la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", y la Convención sobre los Derechos del Niño), en salvaguarda de una efectiva protección del "interés superior del niño" y un "acceso efectivo a la justicia para la mujer víctima", los cuales solo se pueden garantizar, en la medida en que la presunta víctima cuente con la concreta posibilidad de ejercer la facultad otorgada por la ley para instar la acción penal.
Concluyó que, aunque para la época de los hechos no estuviese previsto de un modo explícito en la ley, la interpretación armónica de la normativa relevante impone sostener que la acción penal iniciada con la comisión de los delitos sexuales previstos en el Título III, Capítulos II y III del Código Penal (texto según ley 11.179) se suspende hasta la adquisición de la mayoría de edad o hasta que la víctima adquiera capacidad plena para instarla. A su modo de ver, el sobreseimiento dictado con base en la prescripción de la acción penal atenta contra el cumplimiento del deber de investigar "con debida diligencia" estos casos, lo cual compromete la responsabilidad internacional asumida por el Estado argentino. Alegó que el "interés superior del niño" es un principio rector que goza de reconocimiento universal y obliga a los Estados a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de aquel, cuyo interés debe primar al momento de resolver sobre cuestiones que los afecten.
Por lo demás, aclaró que, si bien no estamos frente a delitos de "lesa humanidad" o crímenes de guerra que por definición son imprescriptibles, debe señalarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos amplió los supuestos de imprescriptibilidad para aquellos casos que, aunque no puedan ser calificados de tal modo, denotan una grave vulneración a los derechos fundamentales, lo que obliga al Estado a investigarlos.
Bajo tal exégesis, solicitó se haga lugar al recurso interpuesto dejando sin efecto la decisión de la Cámara.
III.3. La Sala III del Tribunal de Casación Penal —a través del sufragio emitido por el juez doctor Borinsky, que concitó la adhesión del doctor Violini— frente a los reclamos vertidos por el señor fiscal general departamental, consideró la resolución impugnada derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa.
Aun reconociendo el esfuerzo puesto de manifiesto por el representante fiscal para evitar la impunidad de los hechos concretos cometidos contra una mujer menor de edad, considerando los sucesos que se relatan "gravísimos", concluyó que los argumentos no lograban conmover las fundadas razones expuestas en el decisorio en pugna, pues "...la ultractividad de la ley penal sólo se permite en los casos en que la norma es más benigna para el imputado lo que, a simple vista, no es precisamente la circunstancia que rodea al presente, sino más bien todo lo contrario, llevando sin más a resolver en base a lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Fondo según ley 25.990 y no así en los términos de la ley 27.206 -como se pretende- donde se extiende el plazo temporal que mantiene viva la acción penal contra el imputado, lo que le resulta claramente perjudicial".
Con cita de precedentes de esa sala agregó que cuando se habla del principio de legalidad en materia penal, en parte se hace referencia a la citada irrectroactividad de la ley, y por ello con la sola invocación de los lineamientos que surgen del cuerpo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "...no puede neutralizarse la vigencia de normas nacionales (como el mencionado artículo 18 de la Constitución Nacional y 75 inciso 22° del mismo Cuerpo), ni de iguales normas convencionales a través de las cuales el Estado también asumió compromisos internacionales ante los cuales debe responder (artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ; 11.2 de la Declaración de Derechos Humanos, entre otros)".
Indicó que los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal encuentran también su sustento en las normas supralegales mencionadas, resultando acertado el voto que trae la mayoría en el auto en crisis con cita de los Fallos: 287:76 "Mirás", en relación con el principio de legalidad y 327:3312 "Arancibia Clavel" sobre el instituto de la prescripción de la acción penal.
Concordó con el Tribunal de Alzada acerca de que los actos delictivos en trato podrían resultar abarcados por la imprescriptibilidad en el caso de que constituyesen un crimen de guerra, un delito de lesa humanidad o si fuesen cometidos en circunstancias tales que al mismo tiempo fuesen calificables como tortura, en los términos previstos por la Convención contra la Tortura, o según otras disposiciones de carácter supralegal, por lo que resulta necesario analizar si los episodios denunciados pueden ser subsumidos en la categoría que a partir de la interpretación de los arts. 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha denominado "graves violaciones de derechos humanos", supuestos en los cuales el Estado argentino no puede abandonar la persecución penal con fundamento en un instituto de derecho interno como lo es la prescripción de la acción penal.
Especificó que los hechos que se imputan a E. no se condicen con las excepciones y consideraciones expuestas, es decir que no estamos ante crímenes de guerra ni delitos calificables como de lesa humanidad ni torturas en los términos previstos en la Convención contra la Tortura, o según otras disposiciones de carácter supralegal, ni tampoco "graves violaciones de derechos humanos", pues los abusos sexuales investigados habrían sido cometidos por un particular, en un contexto familiar.
En ese sentido, expuso que "...las condiciones de vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no contemplan la aplicación de la excepcional regla de imprescriptibilidad para delitos ordinarios, sino que establece una serie de presupuestos que suelen concentrarse en: (i) deben tratarse de delitos graves o muy graves violaciones a los derechos humanos; (ii) en ambos casos se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del Derecho Internacional; para que operando de manera conjunta puedan tener entidad para obturar la aplicación de la regla de prescripción de la acción penal"; y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos al expedirse en el caso "Albán Cornejo y otros vs. Ecuador" (22-XI-2007), señaló expresamente que no operaba la exclusión de prescripción "...porque no se satisfacen los supuestos de imprescriptibilidad reconocidos en instrumentos internacionales"; a la vez que trajo a consideración el caso "Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia" (3-IX-2012).
Advirtió que, como se afirma desde el auto impugnado, tampoco existe en la Convención sobre los Derechos del Niño, ni en ninguna otra normativa de carácter supralegal, alguna disposición que expresamente contemple la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil, por lo que "...lo resuelto responde a una 'interpretación' adecuada de la legislación aplicable al caso".
Consideró correcta la referencia efectuada por el a quo a lo normado por el art. 72 del Código Penal vigente al momento de los hechos, atento que las autoridades estatales solo están habilitadas a promover de oficio la investigación, persecución y castigo de los autores de delitos contra la integridad sexual, una vez que ha mediado instancia del afectado, en el sentido del inciso primero del mencionado artículo. En esos casos se requiere la acusación o denuncia del agraviado, su tutor, guardador o representantes legales, y, según el penúltimo párrafo de aquella disposición, "...se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador".
Concluyó que si desde la fecha de los hechos en cuestión (entre los años 2002
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.