Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140555
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.555, "Alegre, Roxana —particular damnificada— s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 117.780 y sus acumuladas n° 117.782 y 117.783 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, seguida a Cabrera, Cecilia Mailén y Argañaraz, Sergio Nicolás"; y su acumulada causa P. 140.363-Q, "Cabrera, Cecilia Mailén s/ Queja en causa n° 117.780 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, por sentencia del día 15 de diciembre de 2021, condenó a Sergio Nicolás Argañaraz a la pena de cuarenta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple en concurso real con abuso sexual agravado por acceso carnal y por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años aprovechando la convivencia preexistente (arts. 55, 79 y 119 tercer y cuarto párr. inc. "f", Cód. Penal). Asimismo, condenó a Cecilia Mailén Cabrera a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación (art. 80 inc. 1 y último párrafo, Cód. Penal).
Contra dicho pronunciamiento interpusieron recursos de casación la señora defensora oficial Fabiana Carlota Ripani en favor de Sergio Nicolás Argañaraz y la señora defensora oficial Ana Julia Cova en favor de Cecilia Mailén Cabrera. De igual manera, se alzaron la señora agente fiscal, Silvina Mariana Langone, y la particular damnificada con patrocinio letrado de la doctora Andrea Verónica Reynoso y el doctor Matías Pietra Sanz.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 16 de mayo de 2023, rechazó todas las impugnaciones por improcedentes (v. sent. digital).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Sergio Nicolás Argañaraz, que fue declarado inadmisible; ello dio lugar a una queja que la Suprema Corte rechazó (causa P. 140.533-Q, resol. de 23-IV-2024). Contra esa decisión, la defensa presentó recurso extraordinario federal, cuyo rechazo por este Tribunal (resol. de 23-XII-2024) motivó la presentación de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. informe actuarial de 27-III-2025).
La señora defensora oficial adjunta interinamente a cargo de la Defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Cecilia Mailén Cabrera, que fue declarado inadmisible por la Sala recurrida (v. resol. de 29-XII-2023). Contra ello, la parte dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal, que esta Corte declaró procedente, admitiendo así la impugnación extraordinaria (causa P. 140.363-Q, resol. de 23-IV-2024).
Asimismo, la particular damnificada, Roxana Alegre, por derecho propio y con el patrocinio de sus abogados, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por la Sala IV del Tribunal de Casación (v. resol. de 29-XII-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 24-II-2025), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Cecilia Mailén Cabrera?
2ª) ¿Lo es el deducido por la particular damnificada con patrocinio letrado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En primer lugar, la defensa denuncia violación del debido proceso y la defensa en juicio, y arbitrariedad de la sentencia por apartamiento de las constancias de la causa (art. 18, Const. nac.).
Entiende que el fallecimiento de la víctima se produjo exclusivamente a raíz del abuso sexual con acceso carnal perpetrado por el coimputado Sergio Argañaraz, y que —por lo tanto— la muerte no puede ser atribuida a su asistida. Argumenta que los maltratos tolerados, consentidos, no evitados e infligidos por Cecilia Cabrera a la niña no tuvieron incidencia en el desenlace fatal.
Remarca que el tribunal revisor se limitó a reiterar el razonamiento de los jueces de la instancia, sin rebatir fehacientemente este argumento de la defensa.
A todo evento, solicita la aplicación del in dubio pro reo (art. 1, CPP).
I.2. De forma subsidiaria, postula la afectación al debido proceso, la defensa en juicio, la violación del principio de culpabilidad y del deber de juzgar con perspectiva de género (art. 18, Const. nac.; ley 26.485; art. 15, Const. prov.), así como la violación de la garantía de revisión amplia del fallo condenatorio (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), porque se confirmó la atribución de responsabilidad a Cabrera a pesar de haberse comprobado su estado de vulnerabilidad por ser víctima de violencia de género.
Indica que esa decisión presupone, en base a una valoración descontextualizada de la prueba, que la imputada era capaz de evitar la violencia desplegada hacia su hija, cuando ello es erróneo.
Afirma que por fuera de una testigo, Cecilia Badía —a quien tildó de parcial, por haber vivido un conflicto previo con Argañaraz—, no hay prueba que demuestre que Cabrera era violenta con su hija. Añade que se le asignó al episodio narrado por Badía una connotación atravesada por el estereotipo de "mala madre", incompatible con el rol objetivo y libre de prejuicios que deben asumir los jueces.
Manifiesta que su defendida no tenía recursos psíquicos para enfrentarse y evitar las acciones violentas de su por entonces pareja, dirigidas tanto contra ella como contra su hija.
Estima que si bien las peritas oficiales, Acevedo y Badaloni, dijeron que Cabrera no era una persona sumisa y podía defenderse de ciertas situaciones, esta afirmación debe ser atemperada por otro hallazgo de las mismas profesionales, que establecieron que Cabrera tenía una estructura psíquica muy vulnerable y hablaron de una organización border o borderline.
Entiende que se desconoció lo dictaminado por la licenciada Giambruni, perita de parte, quien se refirió a la sumisión como modo de vincularse, dijo que Cecilia Cabrera no logró simbolizar lo que estaba viviendo, dado que "no había en ella un registro del peligro o la gravedad en la que se encontraba", y que años después (2019) apareció la posibilidad de darle un sentido a lo que vivió.
Critica que se haya sostenido que Cabrera rechazó la ayuda del Servicio Local y que contaba con alternativas para poner una barrera al maltrato físico que padecía su hija. Pues —en su opinión— se demostró que el control que Argañaraz ejercía sobre su asistida era total, y que ella no contaba con herramientas para comprender la situación en la que estaba inmersa y romper el círculo de violencia.
A continuación, nota que Cabrera nunca dijo que estuviese literalmente "encerrada" en el domicilio que compartía con Argañaraz, pero sí dijo —y la prueba habría demostrado— que el nombrado era controlador, no la dejaba salir sola, y que cuando salía lo hacía acompañada por él o por alguien de su familia. En este sentido, la defensa admite que Cabrera pudo haber salido de su domicilio en varias oportunidades, pero lo que no tenía era posibilidad de eludir el control que su expareja ejercía sobre ella, de manera directa o indirecta.
Sobre el hecho de que pidiera la restitución de su hija al juzgado de familia, la defensa trae a colación nuevamente las conclusiones de la licenciada Giambruni sobre la vulnerabilidad de Cabrera, y argumenta que "...más allá de sus manifestaciones en cuanto al conocimiento del ambiente hostil y violento en el que su hija iba a vivir, quedó demostrado que [su] defendida no tenía registro del peligro o la gravedad en la que se encontraba".
Señala que no es correcto cargar la responsabilidad en cabeza de la mujer-víctima si el Estado falló en su intervención; repara en que el juzgado de familia omitió constatar el entorno receptor de la niña, y el personal del Servicio Local de Berisso no advirtió la situación que estaba atravesando Cabrera con su hija.
En síntesis, asegura que todas estas críticas, formuladas ante el Tribunal de Casación, no recibieron un tratamiento adecuado, porque los jueces no hicieron más que reiterar lo dicho en la condena sobre la imposibilidad de predicar una inexigibilidad total o completa.
Así, propone descalificar el fallo de la Sala IV por inobservancia de la garantía de la doble instancia y absolver a Cecilia Cabrera por no resultar exigible una conducta acorde a derecho. En subsidio, cree que debería ordenarse un reenvío a Casación para el dictado de un nuevo pronunciamiento.
I.3. Por último, tacha de arbitraria la respuesta que recibió su planteo de extinción de la acción penal por violación del plazo razonable de duración del proceso, con arreglo al entendimiento jurisprudencial que tienen de esta garantía la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 8.1, CADH y 9.3, PIDCP).
Recuerda haber planteado que los hechos juzgados ocurrieron en el año 2014, que el proceso "no revistió mayores complejidades en la etapa instructoria", que la investigación penal preparatoria demandó menos de dos años y que los presuntos autores quedaron a disposición de la justicia de manera inmediata. Luego, tras un año desde la radicación del expediente en el tribunal en lo criminal, se fijó la fecha de debate. Añadió que el período de espera para el juicio demandó dos años y seis meses y que, dos días antes de la audiencia, esta se suspendió a instancias de la acusación. El debate se reprogramó para 2021, cuando finalmente se hizo, sin que hayan influido en esta demora las medidas adoptadas por la jurisdicción en el marco de la pandemia de Covid-19, pues la nueva fecha se fijó antes de la aparición de la pandemia.
Dijo que no hubo actividad dilatoria de esa parte ni en la IPP ni durante el trámite de la causa ante el tribunal en lo criminal.
Expuso sobre la falta de diligencia de las autoridades, que habría quedado demostrada en la dilación del proceso en la etapa de juicio (se designó fecha de debate para noviembre de 2019 y luego se postergó para octubre de 2021, sin razones que ameritasen sostener la existencia de una situación excepcional).
Por último, sobre la afectación provocada por la demora, dijo que además de lo que implica estar sometido a proceso penal, en el caso de Cabrera el escenario se vio agravado por la privación de libertad preventiva que implicó —prácticamente— el agotamiento de la pena impuesta al momento de dictarse su condena.
Se queja de que, frente a este agravio, la Casación se limitase a decir que "...la demora en la tramitación del proceso en la etapa oral se debió a circunstancias excepcionales" sin precisar cuáles fueron esas circunstancias y por qué justificaban la demora.
Peticiona que se revoque el fallo por arbitrario, por haber omitido la debida fundamentación del planteo constitucional (art. 496, CPP).
II. El señor Procurador General, en su dictamen, aconsejó rechazar el recurso interpuesto.
Coincido con su postura; el recurso no prospera.
III. Una reseña del caso permitirá entender la solución que propongo.
III.1. El tribunal del juicio tuvo por acreditados los siguientes hechos: "A partir del mes de abril y hasta el día 20 de agosto de 2014, en una de las viviendas ubicadas en el predio de calle 82 y ruta 15 de Berisso, la que se halla emplazada sobre calle 82 desde ruta 15 hacia La Plata a 1200 o 1300 metros aproximadamente sobre mano derecha, [...] Sergio Nicolás Argañaraz, infligió reiterados maltratos a la niña M.A.C., hija biológica de su concubina Cecilia Mailén Cabrera, de 3 años de edad, quien convivía con ambos imputados, mediante golpes que le produjeron lesiones de distinta consideración. Asimismo, [...] Cecilia Mailén Cabrera toleró, consintió y no evitó que ello ocurriera, a la par que también [infligió] —en forma activa— reiterados maltratos a su hija. Al propio tiempo, sin poder precisar fecha exacta, pero dentro del período mencionado, la niña fue accedida carnalmente vía anal, por el concubino [de su progenitora] Sergio Nicolás Argañaraz [...] Estas conductas determinaron su muerte en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, el día 24 de septiembre de 2014 a las 12:05 horas".
Se encontró demostrado en el juicio que a lo largo de algunos meses anteriores a su muerte, por lo menos tres, la víctima sufrió un intenso, duradero y grave maltrato físico infligido por un accionar humano, lo que derivó en que sufriera un paro cardiorrespiratorio con una situación de inconsciencia, que llevó a tener que internarla de urgencia, con intubación neurotraqueal, colocación de vía y prácticas de reanimación; y luego, una internación posterior en un hospital de alta complejidad (el Hospital de Niños "Sor María Ludovica"), en la unidad de cuidados intensivos, donde después falleció por estas causas.
A tal fin, se tuvieron en consideración especialmente los dichos del doctor Oscar Adrián Galetta, médico de guardia de emergencias en pediatría que recibió a la niña y realizó las primeras prácticas médicas, y del médico autopsiante Pablo Agustín Becerra, pero también de las otras profesionales que atendieron a la niña.
El tribunal sostuvo que, en este contexto de maltrato, se verificó también un abuso sexual mediante acceso carnal violento, infligido por un accionar humano, de reciente data, al momento en que la niña fue internada de urgencia.
Resaltó que los médicos que la atendieron durante su estadía en el Hospital "Dr. Mario V. Larrain" de Berisso —primer centro de salud al que acudió— y después en el Hospital de Niños, describieron un cuadro de extrema gravedad y coincidieron en el diagnóstico inconfundible de un severo caso de maltrato infantil unido a un abuso sexual por acceso carnal violento. Hallaron en el cuerpo de la niña multiplicidad de lesiones, en distintos estadios de evolución, recientes y no tan recientes, distribuidas por todo el cuerpo, incluyendo fracturas en el brazo izquierdo con cayo óseo y fracturas costales, además de severas lesiones anales, una en hora 12 profunda y varias más superficiales. Los numerosos hallazgos y el estado en que estaban esas lesiones les permitieron a los profesionales médicos fundar sus conclusiones.
Así, el doctor Galetta apreció en la niña "...hematomas generalizados, y tumefacción en región inguinal izquierda", "Tumefacción: [...] ahí la nena tenía hematomas, los hematomas hablan de que puede haber sufrido traumatismos, golpes", "...en el cuerpito, en el abdomen y en los miembros", "...en el bracito izquierdo me llamaba la atención algo que podía obedecer a una fractura, yo hasta el momento que lo escribo solamente veo que lo tiene hinchado", "...fracturas de arcos costales derechos a nivel paravertebral, a la altura de la 9na. y 10ma., que se observa un hematoma lámina agudo entre bazo y riñón izquierdo y líquido libre en el Douglas y una fractura de cúbito y radio en uno de sus brazos", "Fondo de saco de Douglas: cuando hay proceso inflamatorio que puede ser de origen infeccioso o traumático se acumula líquido, que puede ser sangre ese líquido".
A ello se sumó la declaración juramentada de la médica de guardia de terapia intensiva del Hospital de Niños, doctora Claudia Lutkevicius, quien indicó: "Al examen físico de M. nos llama la atención múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo en distintos estadios, sobre todo que estaban en la carita, en el dorso, en región creo inguinal, comenzamos a revisarla, nos llamó la atención su antebrazo izquierdo, aparecía una lesión importante en el antebrazo como que hubiera una fractura. Se revisa, se hace un examen clínico completo, revisamos la zona anal también, observamos una dilatación anal con lesión anal en hora doce", "Sospechábamos que la niña podía haber sufrido un maltrato infantil y un abuso sexual [...] lo que sí tenía lesiones en distintos estadios en la carita, me llamó la atención los hematomas que tenía en distintos estadios. Esa lesión que aparece en el antebrazo izquierdo se corrobora después con una placa en la que se observa una fractura con cayo óseo de larga data, se observan fracturas costales de larga data".
También, la exposición brindada por la doctora Carolina Taffi (médica residente del Hospital de Niños, integrante del equipo médico que recibió a la víctima), quien destacó: "Nosotros en medicina tenemos lo teórico de ver hematomas en distintos períodos evolutivos, de ver fracturas, con cayos de fracturas mal consolidados o mal atendidas, tenemos hematomas, equimosis en regiones genitales que nos hace sugerir, pero todo esto junto tenía el cuerpo de M.", "En el aspecto genital se veían hematomas perianal, equimosis que es como epitequia que son lesiones por un golpe, por impacto que generalmente aparecen y una fisura anal en hora 12", "Esa lesión era bastante reciente", "Tenía algunas lesiones encéfalohematomas, lesiones en el cráneo".
Se valoraron los dichos del doctor José Luis Roo (otro integrante del equipo que recibió a M. A. C. en el Hospital de Niños), quien manifestó que la niña estaba "Totalmente inconsciente y [...] con múltiples hematomas prácticamente en todo el cuerpo que tenían diferentes estadios, algunos más nuevos y otros más antiguos. Nosotros hicimos las asistencias del caso y fuimos constatando también una lesión en la región anal que nos llamó la atención, hematoma en alrededores del orificio anal, el periné", "…luego vino la parte de cirugía que constató las lesiones anales entonces sospechamos que podía haber una situación de abuso infantil", "Me llamó la atención la lesión. Primero tenía múltiples hematomas, en sus miembros, en torso, en las piernas, la cabeza, en el cuero cabelludo, céfalohematomas, también tenía una lesión en lo que es la cola, lo que es el orificio del ano en hora 12, en lo que es hora doce, central, como una fisura y también hematomas alrededor".
En igual dirección declaró la médica terapista doctora Nicolasa Todaro (jefa de terapia intensiva en el Hospital de Niños), quien indicó que "La criatura tenía múltiples hematomas en distintas zonas del cuerpo en distintos estadios, qué significa eso, que uno es provocado hace cinco días, otro hace diez o hace quince días, un niño no puede golpearse tanto, tanto, tanto, sin llorar o sin que se lo lleve a la consulta, pero aparte tenía lesiones más graves, que eran fisuras costales con cayo óseo, eso es una fractura por golpes directos y tenía fracturas en cúbito y radio, o sea en los huesos del bracito, con cayo óseo, eran también de larga data. No sé cuánto. Pero no de por lo menos diez, quince o veinte días, y aparte tenía lesiones en otros órganos, tenía hematomas biparietal tanto izquierdo como derecho con céfalohematoma, o sea un chichón, para hablar así, eso es un traumatismo encéfalocraneano también por un golpe directo, y tenía otros órganos con hemorragia y aparte tenía lesiones mucho más graves en el introito anal, tenía una fisura en hora doce anal. Eran muchas lesiones y no podía ser porque la nena se tropezó o se cayó. Tenía largo sufrimiento [...] Tenía un hematoma subdural".
Se ponderó, asimismo, la declaración juramentada de la doctora Mónica Blanca Carlos, quien efectuó un reconocimiento médico legal de la niña y destacó lo siguiente: "Tiene lesiones en todo el cuerpo con distintos tiempos de evolución, no son recientes, son de varios días t
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