Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140607
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal general adjunto del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, doctor Sebastián Scalera (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.607-RC, "Scalera, Sebastián —Fiscal General Adjunto del Departamento Judicial Lomas de Zamora— s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 07-00-028622-21/00 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Sala III, seguida a Ibáñez, Nicolás Matías", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Juzgado Correccional n° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el día 30 de junio de 2023, mediante el trámite de juicio abreviado, condenó a Matías Nicolás Ibáñez a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento, con más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de amenazas agravadas por el empleo de arma, hecho acontecido el día 14 de mayo de 2021, en la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown, en perjuicio de Sabrina Nancy Romero.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, merced al pronunciamiento dictado el día 15 de febrero de 2024, revocó el fallo de primera instancia y absolvió al nombrado, disponiendo asimismo su excarcelación en los términos del art. 169 inc. 8 del Código Procesal Penal.
El señor fiscal general adjunto del mencionado departamento judicial, doctor Sebastián Scalera, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el Tribunal de Alzada para el abordaje del planteo de arbitrariedad, el día 12 de marzo de 2024.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario interpuesto, el señor fiscal sostuvo que el pronunciamiento de la Cámara resulta arbitrario por fundamentación aparente y vulnera los arts. 16, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15, 168 y 171 de la Constitución provincial; 8 inc. 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3, 4, 5, 7 y concordantes de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y 2, 3, 16 incs. "b", "c", "d", "e", "g" e "i", 30 y 31 de la ley 26.485; además de las normas contenidas en los arts. 106, 209, 210 y 371 del Código Procesal Penal.
Adujo que, a su modo de ver, no se reparó en el contexto especial que rodeó el hecho ni en la dificultad probatoria que caracteriza a este tipo de delitos, que suelen ocurrir en lugares íntimos, alejados de la vista de terceras personas. En ese sentido, estimó que los hechos no fueron abordados desde la perspectiva diferencial que impone la "doctrina de protección especial y amplitud probatoria" para casos de violencia de género e intrafamiliar (conf. Convención de Belem do Pará y ley 26.485).
De este modo, afirmó, el fallo del Tribunal de Alzada revictimizó y conculcó el derecho de la víctima a ser oída, al omitir en su apreciación que el relato no solo resultaba verosímil y coherente, sino que, además, no presentaba contradicciones ni fluctuaciones en el tiempo y era conteste con el informe elaborado por la perita trabajadora social del Centro de Asistencia a la Víctima.
Alegó que dicho informe se encuentra incorporado al expediente previo al acuerdo de partes celebrado en los términos del art. 396 del Código Procesal Penal, por lo cual debió ser analizado de manera conjunta e integral con el resto de la prueba en tanto se trataba de evidencia conocida por todos los intervinientes del proceso.
Consideró que la Cámara omitió contextualizar las expresiones dadas por el imputado, es decir, no apreció la situación de temor que le ocasionó a la víctima (el hecho de que fueran proferidas por su pareja —con aliento etílico— al tiempo que éste le exhibía y colocaba un arma de fuego en la cabeza).
Este cuadro de situación, destacó, tiene entidad suficiente para configurar el tipo penal previsto en el art. 149 bis del Código Penal, siendo una muestra clara del temor real y concreto que sufrió la víctima, la circunstancia de haber tenido que permanecer en el domicilio hasta que Ibáñez se fue a trabajar.
Agregó que es erróneo el análisis que el órgano revisor realizó de la agravante prevista en el art. 149 bis párrafo primero, segunda oración, del Código Penal, toda vez que su fundamento reside en el mayor poder intimidatorio de la acción ejecutada con el instrumento (arma), por lo cual para su configuración alcanza con que pueda aumentar con la misma el temor en la víctima.
II. El señor Procurador General propició el acogimiento del recurso extraordinario impetrado.
III. Disiento con lo dictaminado, el reclamo no prospera.
III.1. En primer lugar, corresponde señalar que la impugnación solo fue concedida para el abordaje del planteo de arbitrariedad formulado.
Dicho esto, el señor juez de primera instancia tuvo por probado el siguiente hecho: "Que el día 14 de mayo del año 2021, siendo aproximadamente las 6.00 horas, en la vivienda sita en la calle Boulogne Sur Mer 2299, de la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown, un masculino mayor de edad, identificado como Matías Nicolás Ibáñez, profirió amenazas de muerte a su pareja conviviente Romero Sabrina Nancy, esgrimiendo un arma de fuego del tipo pistola con la finalidad de amedrentarla, consistiendo su accionar en referirle vos estás loca? a dónde te vas a ir? logrando con sus dichos su finalidad delictiva, ello en el contexto de la violencia de género".
En la decisión aquí cuestionada, la Cámara, por mayoría, consideró que mediaba una arbitraria ponderación de la prueba por parte de la instancia de mérito, por lo que concluyó en la atipicidad del hecho.
Destacó que los elementos probatorios meritados fueron la declaración de la víctima Sabrina Nancy Romero, la del imputado a tenor del art. 308 del Código Procesal Penal, la declaración testimonial de Patricia Niesi y unas fotografías del lugar del hecho.
Indicó que nada relevante aportó el testimonio de Niesi ya que expresó que no había observado ni escuchado discusiones entre Ibáñez y Romero, y puntualizó que un dato fundamental a evaluar era el resultado del allanamiento efectuado en el domicilio del imputado, que dio resultado negativo en cuanto al secuestro del arma de fuego.
Detalló que la fiscalía había cambiado la calificación legal, que en un primer momento era la de coacciones agravadas por el empleo de armas, mientras que luego sostuvo que no correspondía aplicar la agravante genérica del art. 41 bis del Código Penal por no haberse procedido al secuestro del arma de fuego supuestamente utilizada ni haberse encontrado rastros balísticos de su uso, novando hacia el encuadre de amenazas con armas.
Estimó el Tribunal de Alzada que no resultaba lógico sostener, por un lado, que no se había acreditado el uso de un arma de fuego para aplicar el art. 41 bis del digesto de fondo, pero, por el otro, que sí lo estaba para agravar el delito de amenazas. Puso de relieve que la instancia de grado había hecho lugar a la solicitud del señor fiscal en ese aspecto, pero omitió considerar cómo lógicamente se concatenaba el uso del arma en las amenazas, cuando se había descartado para el delito de coacción.
En definitiva, concluyó que la sola declaración de la víctima, sin desacreditar sus dichos ni minimizar su exposición, no se encontraba acompañada de otros elementos de prueba que permitieran sostener el empleo de un arma.
Señaló que restaba evaluar el aspecto relativo a la subsistencia de la imputación en orden al delito más leve de amenazas simples. En ese sentido, afirmó que "...se entiende como amenazas, el anuncio de un mal grave e inminente, fácticamente posible de llevar a cabo por el sujeto activo que produce en la víctima temor o amedrentamiento, coartando su libertad psíquica. En el hecho que tuvo por probado el 'a-quo' [...] no surge del mismo ninguna expresión que pueda ser tenida como 'amenaza de muerte', decir 'estás loca?' y '[a dó]nde vas a ir?' en ambos casos bajo signo de interrogación, en modo alguno acuerda con el tipo objetivo del tipo en trato, ya que esos dichos no anuncian la causación de un mal grave e inminente, en este caso la muerte, ni siquiera se puede inferir de manera tácita que esos dichos formulados a modo de pregunta, refieran a sesgar la vida del sujeto pasivo. Es por ello que el hecho que se diera por probado resulta atípico".
III.2. Frente a tal estado de cosas, la acusación no demuestra la arbitrariedad endilgada al fallo del Tribunal de Alzada en lo concerniente a la valoración de la prueba a tenor de las circunstancias comprobadas del caso ni se aprecia así —como se denuncia— un apartamiento de los estándares específicos para el abordaje de este tipo de casos (art. 495, CPP).
Nótese que la crítica de la parte se desentiende por completo de los fundamentos por los cuales la Cámara concluyó en la falta de acreditación del uso de arma, que fueron reseñados más arriba. Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados —lo que no ocurrió en el caso—, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 134.309, sent. de 21-IX-2022; P. 137.684, sent. de 15-XII-2023; P. 136.841, sent. de 8-IV-2024; e.o.).
La doctrina de arbitrariedad no tiene por objeto la corrección, en tercera instancia, de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende sólo a los supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema y en los que se evidencie una absoluta carencia de fundamentación, de modo que, de resultas de tales vicios, las sentencias quedan descalificadas como actos jurisdiccionales válidos. Nada de lo cual aparece justificado por la parte a efectos de concluir en la corroboración de ese excepcionalísimo extremo (ibíd.; doctr. CSJN Fallos: 344:2765; 345:277; 345:1233; entre muchos otros).
En definitiva, en el acotado marco de revisión de esta Suprema Corte por la vía intentada, limitado a la acabada demostración del vicio de arbitrariedad endilgado al fallo que se pretende revertir, quien recurre no logra justificar que lo decidido —en función del art. 18 de la Constitución nacional— no encuentre una explicación razonable a tenor de las constancias del caso.
En consecuencia, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal general adjunto del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, doctor Sebastián Scalera (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/08/2025 14:00:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/08/2025 14:43:11 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2025 14:49:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2025 10:05:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2025 11:07:31 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/08/2025 11:11:46 hs. bajo el número RS-114-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia