Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140776
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial, con costas (conf. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.776, "Flores, Gilda Nicole s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 121.064 del Tribunal de Casación Penal, Sala V" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
Del expediente digital se desprende que el Tribunal n° 2 de Zárate-Campana integrado con jurados, dictó veredicto de culpabilidad y el 20 de septiembre del 2022, el juez interviniente condenó a Gilda Nicole Flores a la pena de ocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio simple.
Contra esta condena interpuso recurso de casación la defensa oficial. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2023, lo rechazó y confirmó la condena en todos sus términos.
Frente a lo así decidido, el defensor oficial ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. El Tribunal de Alzada lo declaró admisible, por estimar que los agravios de pretensa índole federal reunían la suficiencia y carga técnica necesarias (resol. de 26-III-2024).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, tildó de arbitrario el fallo de la Sala V del Tribunal de Casación, al considerar que se basó en afirmaciones dogmáticas. Denunció la inconstitucionalidad del jurado estancado y alegó que, con base en dicha institución, se violaron las garantías del ne bis in idem, de la defensa en juicio, de la presunción de inocencia y del debido proceso legal.
Recordó que en el recurso de casación esa parte había requerido la declaración de inconstitucionalidad del art. 371 quater del Código Procesal Penal y se quejó de que el Tribunal de Casación para rechazar los planteos sólo transcribiera las instrucciones dadas por el juez técnico, puntualmente las vinculadas con el estancamiento del jurado.
Asimismo, cuestionó las críticas realizadas por el órgano revisor a la pretensa falta de desarrollo de los planteos de esa parte, y afirmó que si el jurado, luego de cumplidos los pasos formales, ser instruido por el juez y deliberar, no logra alcanzar el número de votos mínimos para declarar culpable al acusado, el veredicto debe ser considerado por la inocencia, ya que, desde su punto de vista, al proceder a dictar uno nuevo, aun por las razones que fueran (en el caso, por el estancamiento del jurado), se viola la cosa juzgada.
En cuanto a la denuncia de imparcialidad, sostuvo que el jurado pasó de deliberar varias horas, votar tres veces y no superar los nueve votos por la culpabilidad; a realizar -tras la explicación de juez- una última deliberación que -calcula- no duró más de 10 minutos y concluir con la votación definitiva por la culpabilidad de su asistida. A su entender, el hecho de que se haya modificado en diez minutos el resultado en la votación final sería demostrativo de la presión que ejercieron los familiares de las víctimas, la presión ejercida por los propios jurados o el agotamiento de éstos, pero por cualquiera de estas hipótesis, afirmó que a lo que se arribó fue a lo que denominó un "veredicto por cansancio", decisión que afectaría la garantía de imparcialidad.
Insistió con que el Tribunal de Casación sostuvo la condena de Gilda Flores y rechazó los planteos de inconstitucionalidad del jurado estancado y del voto mayoritario, sólo mediante respuestas genéricas y dogmáticas, apartándose de las concretas críticas que su parte había llevado, lo que habría generado la violación al derecho a ser oído derivado del derecho de defensa en juicio y el derecho al recurso (conf. arts. 18 y 75 inc. 22 , Const. Nac., 8.1., 8.2.h, CADH, 14.5., PIDCP).
Por todo lo expuesto, solicitó que se declare la procedencia del recurso, se case el fallo dictado por la Sala V del Tribunal de Casación y mediante competencia positiva se declare la inconstitucionalidad del artículo 371 quáter del Código Procesal Penal, disponiendo la absolución de Flores, o se reenvíe para que se dicte un fallo ajustado a derecho.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación. Coincido con lo así dictaminado.
III. Los argumentos de la parte son insuficientes para demostrar las violaciones legales que proclama (conf. art. 495, CPP).
III.1. De la lectura del fallo de primera instancia, se advierte que -en lo que aquí es de interés- Gilda Nicole Flores fue declarada culpable del delito de homicidio simple por un jurado popular y luego condenada por el juez del Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana a la pena de ocho años y seis meses de prisión.
La defensa oficial de Flores solicitó que se declare la inconstitucionalidad del artículo 371 quáter del Código Procesal Penal, en cuanto establece que se abastece con 10 (diez) votos afirmativos del jurado para un veredicto de culpabilidad. El juez del juicio, doctor Mariano Agustín Chausis, al dictar la sentencia, rechazó ese planteo.
Entre los argumentos principales, el magistrado explicó que la propia imputada -voluntariamente- había elegido ser juzgada por un jurado que como regla para decidir la culpabilidad del delito por la que se la acusó, debe alcanzar una mayoría de diez votos, sin que exista un mandato constitucional en Argentina que, al contrario, exija unanimidad para este tipo de veredictos. A su vez, citó el fallo "Canales" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde -explicó- se determinó que la Constitución nacional no establece un número específico de votos para validar un veredicto de culpabilidad en este tipo de procedimientos. Aclaró también que el proceso del jurado estancado (cuando no se alcanza el número necesario de votos) no vulnera la prohibición que impide la persecución penal múltiple (principio de ne bis in idem), ya que no implica el dictado de un veredicto de no culpabilidad.
III.2. La defensa interpuso un recurso de casación en el que insistió con la declaración de inconstitucionalidad del sistema de jurado estancado y con la mayoría impuesta por la regla procesal citada para el dictado de un veredicto de culpabilidad, por la supuesta vulneración de las garantías de igualdad ante la ley, de ne bis in idem y de imparcialidad.
El Tribunal de Casación Penal, en lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad del jurado estancado, destacó que la parte no había demostrado una incompatibilidad entre dicho instituto y la Constitución nacional y ratificó el argumento del juez de la instancia, referido a que la elección voluntaria de ser juzgada por un jurado popular conllevaba la aceptación de las normas que lo regulan, entre las cuales están el procedimiento de mayorías y solución ante el estancamiento.
En lo que respecta al planteo de violación del principio de igualdad ante la ley, porque en otras provincias se exige unanimidad para condenar, el Tribunal de Casación lo descartó ya que sostuvo que cada provincia tiene la potestad de establecer la regulación procesal del instituto que estime más adecuada, incluyendo la cantidad de votos necesarios para condenar y el jurado estancado (conf. arts. 121, 126 y cons., Const. nac.). En su apoyo, citó jurisprudencia.
En cuanto a la denuncia de violación a la garantía del ne bis in idem, la rechazó por considerarla desprovista de sustento argumental.
Trajo a colación lo resuelto por esta Suprema Corte en causa P. 128.761-RQ, y recordó las instrucciones vinculadas con el art. 371 quáter, al número de votaciones y al supuesto del jurado estancado.
Destacó que, en el caso individual, ante el estancamiento del jurado se siguió con el procedimiento que prevé el art. 371 quater inc. 2 y se obtuvo el número de votos requeridos, lo que surgía del detalle pormenorizado del desarrollo de la audiencia y de las instrucciones a los jurados sobre las mayorías exigidas para el veredicto de culpabilidad, volcados en el acta de debate y de acuerdo con el registro audiovisual.
Finalmente, también descartó el pedido de la defensa de decretar la nulidad del juicio por entender que el jurado resultó influenciado por la presión mediática y contaminado por quienes se manifestaban en las afueras del tribunal. Explicó que la existencia de esas manifestaciones no constituía, por sí sola, una prueba de afectación a la imparcialidad del jurado.
IV. Como se adelantó, la denuncia de arbitrariedad por ausencia de fundamentación en el tratamiento de los agravios vinculados con la vulneración de la defensa en juicio, el debido proceso, principios e igualdad, ne bis in idem e imparcialidad del jurado, no proceden (conf. art. 495, CPP).
IV.1. Contrariamente a lo expuesto por el señor defensor recurrente, advierto que el Tribunal de Casación dio respuesta a los planteos y efectuó un control del modo en que se llevó adelante el juicio por jurados y el procedimiento por el cual -tras decretarse el estancamiento del jurado-, se arribó al veredicto de culpabilidad.
En efecto, mediante los argumentos que ya resumí párrafos arriba, el doctor Maidana (a quien adhirió el magistrado Violini) brindó los motivos por los cuales cabía rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 371 quáter del Código Procesal Penal en lo que respecta tanto al jurado estancado como a las mayorías sobre las que asentó el veredicto de condena.
En esa tarea descartó las críticas llevadas en la impugnación, recordando que la declaración de inconstitucionalidad de las normas debe ser el último recurso.
Como ya dije, puntualizó la forma en que se llevó adelante el proceso y afirmó que el modo en que se regula el jurado estancado y las mayorías definitorias queda comprendido dentro de las facultades no delegadas por las provincias a la Nación (conf. arts. 121 y 126, Const. nac.), por lo que descartó de ese modo la pretensa afrenta a la igualdad.
En cuanto a las críticas que el recurrente realiza sobre la desestimación del planteo al ne bis idem, no advierto que los motivos hayan sido "dogmáticos" tal como apunta. Más bien, la cuestión obtuvo una respuesta sucinta del revisor dado que el mismo planteo ya había sido formulado ante el juez de primera instancia, quien explicó que no era válido pretender una supuesta doble persecución penal cuando el jurado se estanca, pues -precisamente- éste no llega a emitir veredicto alguno en razón de no arribar al consenso mayoritario exigido.
El recurrente, en lugar de intentar robustecer su tesis con argumentos que -al menos- expliquen cuál sería la relación directa e inmediata entre la garantía indicada y el instituto procesal en cuestión, solo esgrime una crítica sobre la pretendida parquedad de la respuesta del revisor, sin atender a que Casación validó la réplica del juez que -de plano- desestimó el peculiar razonamiento esgrimido por la defensa.
En síntesis, en ambas instancias el apelante recibió una serie de justificaciones por las que se repelió la extraordinaria pretensión de declarar en el caso la inconstitucionalidad de una norma de derecho positivo que, como se le respondió, forma parte sustancial del esquema de solución procedimental que eligió la propia acusada.
En definitiva, tal como lo afirmó el Tribunal de Casación, en el caso individual, tras efectuarse las tres rondas de deliberación y sufragio, no se reunieron los votos necesarios para emitir un veredicto de culpabilidad (diez votos), aunque sí los suficientes para el estancamiento en el jurado (nueve votos). Ahora bien, en la posterior votación -que fue cumplida de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 371 quater punto 2 del código procesal-, se arribó a la mayoría estipulada.
El hecho de que, tras el estancamiento, la ronda de deliberación y votación final por la que se obtuvo el veredicto de culpabilidad haya durado diez minutos mientras que las anteriores deliberaciones insumieron varias horas, no es un dato relevante desde el plano jurídico penal. En este sentido resulta pertinente recordar que el consenso que emana del veredicto de los ciudadanos es producto de un proceso deliberativo individual y colectivo que aun cuando pueda contener eventuales incertidumbres o discrepancias, salvo que impliquen supuestos de errores manifiestos -que la defensa no evidenció-, quedarán en secreto y no podrán ser puestos en entredicho (conf. mi voto en P. 133.779, sent. de 26-X-2021). En suma, las genéricas y reiteradas consideraciones del impugnante para sostener la inconstitucionalidad de la norma peticionada, dan cuenta de que su planteo no procede y son ineptas para cambiar la suerte de lo decidido al no evidenciar ningún tipo de arbitrariedad en el trámite de revisión del fallo (conf. art. 495, cit.).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos que la señora jueza doctora Kogan, votaron la cuestión planteada también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial, con costas (conf. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2025 13:26:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2025 13:42:23 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2025 09:13:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2025 09:31:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2025 10:31:55 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/08/2025 10:52:43 hs. bajo el número RS-124-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia