Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 141025
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por los particulares damnificados, se casa la sentencia dictada por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal y, en consecuencia, se reimplanta la pena de veintiún años y ocho meses de prisión, con más las accesorias legales, que fuera impuesta a Ramón Ezequiel Benítez en la instancia de origen (art. 496 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales de la doctora Margarita Jarque, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 141.025-RC, "Verón, Cristian Daniel y Aguilar, Mirta Graciela -Comisión Provincial por la Memoria en carácter de particular damnificado- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 121.405 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, seguida a Benítez, Ramón Ezequiel", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza, tras el veredicto de culpabilidad arribado en el marco del juicio por jurados, condenó a Ramón Ezequiel Benítez por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por abuso de la función policial cometido con exceso en los límites impuestos por la ley (cumplimiento de un deber) y tentativa de homicidio calificado por abuso de la función policial, todo ello en concurso real, a la pena de veintiún años y ocho meses de prisión, con más las accesorias legales, por los hechos acaecidos el día 10 de julio de 2020 en la localidad de González Catán en perjuicio de Lucas Verón y Marcos Gonzalo Aguirre; y a Cintia Daiana Duarte, por resultar coautora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por abuso de la función policial cometido con exceso en los límites impuestos por la ley (cumplimiento de un deber), imponiéndosele la pena de cuatro años de prisión, con más las accesorias legales, por los hechos acaecidos el día 10 de julio de 2020 en la localidad de González Catán en perjuicio de Lucas Verón (arts. 5, 9, 12, 29 inc. 30, 35, 40, 41, 41bis, 42, 44, 45, 55 y 80 inc. 9, todos del Cód. Penal).
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 14 de julio de 2023, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente al recurso deducido por la defensa de Ramón Ezequiel Benítez, casó la sentencia de primera instancia y readecuó la pena impuesta al nombrado, que fijó en veinte años de prisión, accesorias legales y costas.
Contra dicho pronunciamiento se alzó la defensa oficial de Benítez, mediante remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, y también interpusieron esa vía extraordinaria los particulares damnificados Cristian Daniel Verón y Mirta Graciela Aguilar, con el patrocinio letrado de la doctora Margarita Jarque, directora del Programa de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. El órgano intermedio solo concedió parcialmente el segundo recurso articulado, mediante decisión del 23 de diciembre de 2023.
Interpuesta queja por la defensa oficial, esta Corte la desestimó mediante resolución recaída el 15 de noviembre de 2024 en el marco de la causa P. 140.420.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los particulares damnificados denuncian, en la parcela del recurso extraordinario que fue concedido, la interpretación errónea del art. 41 bis del Código Penal.
Explican que la corrección efectuada por el Tribunal de Casación, en lo relativo a la conformación de la escala penal, es equivocada pues lo razonable es que el pasaje normativo prevea una sanción punitiva despareja para cada una de las etapas del iter criminis.
Destacan que la prisión o reclusión perpetua (conf. art. 80 inc. 9, Cód. Penal) se torna, con su conato, en una sanción divisible con un mínimo y un máximo temporal (conf. art. 35 en función del art. 80 inc. 9, Cód. Penal —de uno a cinco años— y art. 44 en función del art. 80 inc. 9, Cód. Penal —de diez a quince años—).
Sostienen que, al examinar las circunstancias extraordinarias de atenuación contenidas en el art. 80 último párrafo del digesto de fondo, el órgano a quo receptó la posibilidad de aplicación de la agravante genérica del mencionado art. 41 bis pero, sin razón que lo justifique, no extendió ese criterio a las hipótesis apuntadas por los arts. 35 y 44 del mismo digesto.
Con cita de lo resuelto por esta Corte en las causas P. 113.164 y P. 116.939 alegan que, comprobada la utilización de violencia o intimidación en las personas por el uso de armas de fuego, resulta procedente la aplicación de dicha agravante respecto del art. 80 inc. 9, en función del art. 42 del citado cuerpo normativo, pues el ilícito descrito en la figura no contempla al arma de fuego como parte constitutiva ni calificante.
Estiman violada la doctrina legal de esta Suprema Corte referida a la agravante genérica, de conformidad con lo resuelto en las causas P. 108.170; P. 100.072; P. 104.085; P. 102.000; P. 100.075; P. 101.760; P. 92.143; P. 88.298; entre otras.
Requieren, en definitiva, que se haga lugar a la impugnación y se resuelva dando real aplicación al art. 41 bis del Código Penal.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo.
III.1. Coincido con el representante del Ministerio Público, el recurso es procedente.
En tal sentido, efectuaré un breve repaso de lo acontecido a fin de explicar la solución que propondré.
III.2. En autos el juicio tramitó por jurados, que arribó a un veredicto de culpabilidad respecto de Ramón Ezequiel Benítez por los siguientes hechos: "'HECHO I': OPCION '8': 'el día 10 de julio de 2020, aproximadamente a la hora 01:50, el Oficial de Policía Ramón Ezequiel Benítez acompañado por otra persona, conducía el móvil policial n° 27.452, Ford Ranger, dominio AD4000J, perteneciente al Comando de Patrullas La Matanza Sur, persiguió por varias cuadras a Lucas Nahuel Verón y Marcos Gonzalo Aguirre que iban en una moto, hasta que los alcanzaron en la esquina de las calles Llerena y Achega de la localidad de González Catán y con su arma reglamentaria, excediendo el cumplimiento de su deber por incurrir en un error, le efectuó disparos a ambos, impactando uno de ellos en Lucas Verán, lo que determinó su fallecimiento'. [...] HECHO II: OPCION UNICA 'el día 10 de julio de 2020, aproximadamente a la hora 01:50, el Oficial de Policía Ramón Ezequiel Benítez acompañado por otra persona, conducía el móvil policial n° 27.452, Ford Ranger, dominio AD400CJ, perteneciente al Comando de Patrullas La Matanza Sur, y en abuso de su función, persiguieron por varias cuadras a Lucas Nahuel Verón y Marcos Gonzalo Aguirre que iban en una moto, hasta que los alcanzaron en la esquina de las calles Llerena y Achega de la localidad de González Catán, y con su arma reglamentaria le efectuó disparos a ambos, siendo que respecto de Marcos Gonzalo Aguirre no lo hirieron por no tener puntería".
El juez que presidió el debate, doctor Gerardo Clemente Gayol, al dictar la sentencia, consideró que las conductas desarrolladas por Benítez debían ser encuadradas como homicidio calificado por abuso de la función policial cometido con exceso en los límites impuestos por la ley (víctima Lucas Verón) y tentativa de homicidio calificado por abuso de la función policial (víctima Marcos Gonzalo Aguirre), en concurso real (conf. arts. 42, 45, 35, 80 inc. 9, Cód. Penal).
A su vez, estimó que correspondía aplicar la pauta aumentativa del art. 41 bis del Código sustantivo. En esa dirección, destacó que "...las estipulaciones probatorias números 4, 6, 7, 8, y 14 se refieren concretamente no solo a la utilización de un arma de fuego, sino que el arma Bersa Thunder Pro n° 13-F72879 fue la productora de los disparos mortales y que la misma le había sido provista como reglamentaria a Benítez. Y ello estuvo fuera de todo tipo de discusión y forma parte del fallo arribado por el Jurado. En este sentido, los hechos en los que encontraron culpable a Benítez dice[n] expresamente 'le[s] efectuó disparos a ambos'".
Seguidamente, expuso que "...construida la escala penal con la calificación descripta y sobre ello, aumentado en un tercio (de conformidad con art. 41 bis CP), es como quedaría compuesta la nueva escala penal. No habiéndose invocado circunstancias de excepción que permitan recepcionar de una forma lógica (observando la necesaria proporcionalidad entre injusto y pena) la pena de reclusión, [...] la pena justa que corresponde imponer a Ramón Ezequiel Benítez será la de veintiún años y ocho meses de prisión, y accesorias legales".
III.3. La defensa del nombrado dedujo recurso de casación que, en lo que aquí interesa, planteó la errónea aplicación del art. 41 bis del Código Penal por estimar que no se había mencionado al efectuar el encuadre legal de los hechos y por resultar solo aplicable respecto de las penas temporales y de delitos dolosos.
III.4. El Tribunal de Casación, en cuanto al primer tramo del agravio, refrendó lo resuelto por el juez de grado quien había hecho pie en las estipulaciones probatorias y en que al jurado se le había explicado correctamente lo que significaba el disparo con arma de fuego. A su vez, destacó que se trata de una norma que proyecta sus efectos a una pluralidad de figuras delictivas previstas en la parte especial del Código, donde el único límite está determinado cuando tal circunstancia ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate, a fin de evitar una doble valoración de un mismo dato objetivo por parte de los sentenciantes, supuesto que no se producía en el sub lite. Por lo tanto, afirmó la Casación, si se han empleado armas de fuego, habiendo desempeñado estas un papel fundamental en el atentado contra la vida de la víctima, es posible advertir un mayor contenido injusto en términos comparativos y, con ello, una razón legítima para agravar el homicidio.
Sin embargo, a tenor del aspecto del reclamo vinculado con la posibilidad de aplicación de la agravante a los delitos culposos, consideró que no surgía que el magistrado la hubiera aplicado "...a la escala del correspondiente al homicidio culposo (conforme lo dispuesto en el art. 35 del CP)" ya que consideró que aquel "[e]ncuadró típicamente el hecho tenido por acreditado por el jurado como homicidio calificado por abuso de la función policial cometido con exceso en los límites impuestos por la ley (cumplimiento de un deber). Es decir, primero determinó que el hecho que tuvo como víctima a Lucas Verón se encuadra dentro del artículo 80 inc. 9, y luego estableció que tal disposición lo era en los términos del artículo 35 de CP".
Finalmente, consideró procedente el segundo tramo del agravio defensista. Para así decidir, afirmó que "...haciendo una interpretación restrictiva de la norma, lo que se aumenta es 'la escala penal' del delito consumado y no se puede 'partir' la interpretación edificando dos escalas de agravación, una para el delito consumado y otra para el tentado, sino que es un único injusto que se ubica en un estadio distinto del iter criminis con la diferenciación que establece el juego de los arts. 42 y 44 del ordenamiento de rito. La pena que corresponde a la tentativa no es una nueva escala en sí misma, sino un dispositivo reductor de la original que es la que está prevista para el delito consumado. Distinto es lo que ocurre en el caso de las circunstancias extraordinarias de atenuación contenidas en el art. 80 del CP desde que ello remite al delito en trato a la escala penal del homicidio simple, lo que torna a ese hecho en uno sancionado con pena divisible [...]. Por tanto, el art. 41 bis se aplica al art. 80 del CP a los fines de una mayor precisión de encuadre legal, sin perjuicio de que no repercuta en la escala penal reducida de la tentativa, conforme el artículo 44 del CP, por estar reprimido con una pena indivisible y las consecuencias que de la misma se derivan. De tal modo, la escala aplicable a Ramón Benítez se integra con la fijada por el legislador para el homicidio calificado por abuso de la función policial cometido con exceso en los límites impuestos por la ley (cumplimiento de un deber) -artículos 80 inc. 9 y 41 bis en función del 35 del CP- y tentativa de homicidio calificado por abuso de la función policial -artículos 42, 80 inc. 9 y 41 bis del CP-, los dos hechos en concurso real. Conforme las calificaciones descriptas en el párrafo previo, en el caso concurren dos escalas penales, una que va de uno a cinco años de prisión, y la otra de diez a quince años de prisión, con lo cual le asiste razón a la defensa en cuanto a que la pena máxima de prisión no puede superar los veinte años de prisión".
III.5. Expuesto lo acontecido en el sub lite, estimo que les asiste razón a los particulares damnificados dado que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal ha aplicado erróneamente el art. 41 bis del Código Penal, llevando adelante una interpretación desnaturalizadora de la norma, la que ha dejado totalmente inoperante.
Es sabido, conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, para determinar la validez de una interpretación debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849) a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769).
No obstante, el órgano a quo, sin brindar razones suficientes para justificar su proceder, ha entendido que el art. 41 bis debía impactar en la escala legal del delito consumado —que prevé una pena indivisible— supuestos en los que su único cometido sería dar "una mayor precisión de encuadre legal", pero sin gravitar en la escala finalmente aplicable.
Tal razonamiento desconoce la función del art. 42 del Código Penal como amplificador de la tipicidad (en el caso, en conexión con el art. 80 inc. 9, Cód. Penal), dando injustificada preminencia al impacto que debe tener en la escala el art. 41 bis por sobre la reducción de la tentativa. Así, concluye que la escala resultante de la tentativa de homicidio calificado por abuso de la función policial no debe aumentarse por su comisión con arma de fuego, tornando claramente inoperante en el caso a la agravante genérica cuya correcta aplicación aquí se reclama.
A su vez, soslaya la doctrina legal de esta Corte que ha reconocido la aplicabilidad del art. 41 bis al homicidio doloso o su tentativa (conf. doctr. arts. 41 bis y 79, Cód. Penal; causas P. 102.647, sent. de 19-VIII-2009; P. 110.202, sent. de 27-IV-2011; P. 109.090, sent. de 17-VIII-2011; P. 108.170, sent. de 2-XI-2011; P. 110.556, sent. de 21-XII-2011; doctr. arts. 41 bis y 80 inc. 7 en función del art. 42; causas P. 100.045 y P. 111.488, sents. de 27-XI-2013; P. 113.164, sent. de 3-XII-2014; doctr. arts. 41 bis y 80 inc. 1 en función del art. 42; causa P. 111.489, sent. de 22-V-2013; doctr. arts. 41 bis y 80 incs. 1 y 3 en función del art. 42; causa P. 117.284, sent. 29-XII-2014; entre muchas otras).
Este criterio ha sido recientemente refrendado por la Corte Suprema de justicia de la Nación in re "Quintana" (Fallos: 347:936, sent. de 13-VIII-2024), ocasión en la que señaló que "...de los antecedentes parlamentarios, cuya utilidad para conocer su recto sentido y alcance ha sido siempre reconocida (Fallos: 330:4476), surge con claridad que el legislador al sancionar la ley 25.297, en ejercicio de su facultad de establecer la política criminal por medio del dictado de leyes penales, expresamente contempló, entre otros extremos, el notorio aumento de los homicidios cometidos con arma de fuego que superaba el cometido con otra clase de armas -por ejemplo, las blancas- y ponderó el mayor poder lesivo de este medio de cara a la vulnerabilidad de la víctima como importantes razones para el dictado de esta norma que agravaría la pena para los delitos cometidos contra las personas en los que la violencia o intimidación fuera cometida mediante arma de fuego (cf. Cámara de Diputados, 36ª Reunión, 10ª sesión ordinaria, 24 de noviembre de 1999, y Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 42ª reunión, 15- sesión ordinaria, 9 de agosto de 2000). [...] De este modo, teniendo en cuenta la clara letra de la ley y lo que surge de los antecedentes parlamentarios, se concluye que el a quo no pudo afirmar válidamente que, de lege data, el modo de producción de la muerte no sea una pauta relevante para fundar un mayor grado de punición".
Así las cosas, se advierte que la interpretación cuestionada dejó inoperante a la norma en cuestión ya que —correspondiendo la reducción de la escala legal, en los términos de los arts. 42 y 44 del Código Penal— determinó que ningún impacto tuviera lo dispuesto por el tantas veces mencionado art. 41 bis.
Tal exégesis excedió el límite de interpretación posible de la norma, desvirtuándola, lo que equivale a decidir en contra o con prescindencia de sus términos, incurriendo el fallo en arbitrariedad, que lo descalifica como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN Fallos: 310:927; 311:2548; e.o.).
Por lo demás, en cuanto a la referencia efectuada por el Tribunal de Casación al proceder de primera instancia con relación al suceso del que resultara víctima Lucas Verón y a la posibilidad de aplicar el art. 41 bis junto con el art. 35, ambos del Código Penal, tal previsión no transforma al delito cometido con exceso en "los límites impuestos por la Ley, por la autoridad o por la necesidad" en culposo. Sin perjuicio de otras consideraciones que cabría formular en lo relativo a los hechos por los cuales el jurado popular arribó al veredicto condenatorio, que se encuentran por fuera del alcance de lo aquí cuestionado, es dable señalar —solo como obiter— que la atenuante contemplada en aquella norma alcanza a injustos dolosos cuyo contenido antijurídico es menor a otros, que han comenzado a cometerse de forma justificada pero se prolongan fuera del amparo del tipo permisivo o en el marco del error sobre los presupuestos objetivos de la causa de justificación (exceso). Pues, "[e]ste menor grado de antijuridicidad es el fundamento para la disminución de la pena -se debe aplicar la del correspondiente delito culposo-, pero de ningún modo muta una acción dolosa en culposa" (conf. D' Alessio, Andrés José, "Código Penal comentado y anotado parte general" (arts. 1 a 78 bis), 1° ed., Buenos Aires, La Ley 2005, pág. 412).
Por todo lo dicho, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por los particulares damnificados, casar el pronunciamiento de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal y, no quedando cuestiones pendientes de resolución, reimplantar la pena de veintiún años y ocho meses de prisión, con más las accesorias legales, que fuera impuesta a Ramón Ezequiel Benítez (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por los particulares damnificados, se casa la sentencia dictada por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal y, en consecuencia, se reimplanta la pena de veintiún años y ocho meses de prisión, con más las accesorias legales, que fuera impuesta a Ramón Ezequiel Benítez en la instancia de origen (art. 496 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales de la doctora Margarita Jarque, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata,
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