Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 141396
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 141.396, "Castro, Gabriel Osvaldo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 122.038 del Tribunal de Casación Penal, Sala III" y su acumulada P. 141.362-Q, "Castro, Gabriel Osvaldo s/ Queja en causa 122.038 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, mediante sentencia de 15 de noviembre de 2022, condenó a Gabriel Osvaldo Castro a la pena de prisión perpetua, accesorias legales, costas, y declaración de reincidencia, por resultar coautor de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con homicidio agravado por la causa (en calidad de autor) —hecho I—; homicidio agravado por la causa (en calidad de autor) —hecho II—; y robo agravado por el empleo de arma de fuego (en calidad de autor) —hecho III—, todos en concurso real.
Frente a dicho pronunciamiento la defensa oficial interpuso recurso de casación en favor del imputado, el que fue tratado y rechazado por la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de diciembre de 2023.
Contra esa decisión, el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. act. dig. de 7-II-2024), que fue declarado parcialmente admisible por el tribunal intermedio mediante resolución de 13 de junio de 2024.
Contra la parcela de la decisión denegada, la parte presentó queja y esta Suprema Corte, por resolución de 13 de noviembre de 2024, le hizo lugar y concedió los agravios no admitidos.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de fecha 10-IV-2025), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial objetó la confirmación de la calificación legal del hecho II en la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal. Consideró arbitraria a la sentencia revisora y denunció la violación de los principios de culpabilidad y presunción de inocencia (arts. 18 y 19, Const. nac.), por estimar que no se acreditaron los elementos esenciales del tipo penal.
Afirmó que la figura típica demanda que el homicidio se cometa con la finalidad de ocultar otro delito o para procurar la impunidad del autor, y que, en el caso no se acreditó esa conexión ideológica legalmente requerida.
En ese marco, argumentó que como en el hecho II la acusación desistió del delito de robo, no podía afirmarse que Castro procuró —con el homicidio de la víctima González—, la impunidad de aquel delito. A su vez, sostuvo que tampoco se pudo establecer que el propósito del imputado hubiese sido garantizar la impunidad del intento de robo identificado en el hecho I, teniendo en cuenta la secuencia temporal de los sucesos, la aparición imprevista de la víctima en el lugar, la imposibilidad de esta de identificarlo y las lesiones que Castro presentaba debido al incidente anterior.
Expuso que la víctima del hecho II se encontraba en un evento familiar mirando televisión mientras transcurría el hecho I, por lo que no presenció ni conocía a los involucrados. Fortuitamente ingresó a la habitación en la que recibió el disparo mortal, y tampoco su presencia impedía el acceso a la vivienda que haría las veces de refugio para Castro.
Refirió que resultaba difícil afirmar que Castro, en plena huida, con dos disparos de gravedad que lo habían dejado aturdido, hubiera tenido la intención de matar a un vecino que casualmente se asomó por la ventana y que esa muerte permitiera asegurar su impunidad.
Agregó que, según ese razonamiento, si Castro consideraba necesario matar a cada persona que se cruzara durante su huida, la conducta posterior identificada como hecho III habría sido otra.
Concluyó entonces que la sentencia resultó arbitraria porque pretendió justificar la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal, sin que ninguno de los datos emergentes de las pruebas permitiese deducir lógicamente que la víctima hubiera resultado un obstáculo para que Castro lograse la impunidad.
Finalmente, tras citar precedentes sobre doctrina de arbitrariedad de sentencias, afirmó que los principios de inocencia y culpabilidad resultaron vulnerados al ponerse en cabeza del imputado la autoría de un homicidio agravado sin acreditarse el especial aspecto subjetivo del tipo penal, por lo que culminó solicitando la recalificación en homicidio simple.
II. Presentados los argumentos, voy a transcribir los hechos como exactamente se tuvieron por acreditados en las instancias previas:
Hecho I. "El 17 de agosto de 2019, alrededor de las 20.50 horas, Carlos Nicolás Gallo arribó a bordo de su auto a su vivienda sita en calle Tomás Iriarte número 878 de Temperley -Lomas de Zamora- junto a su pareja Mulato Jauyurys, e ingresó al garaje de la misma. En ese contexto, cuando descendió del rodado fue interceptado por dos hombres, uno de ellos vistiendo buzo rojo y el otro una campera gris y gorrita -no identificado a la fecha-, quienes mediante intimidación con armas de fuego que portaban intentaron sustraerle su vehículo, refiriéndole uno de ellos 'perdiste gil'. Ante ello, Gallo se trenzó en lucha con los agresores, impidiéndoles el ingreso al interior de la finca. A continuación, el damnificado, tomó una pistola 9mm. de su propiedad que estaba en su vivienda, motivando al hombre que tenía una gorrita a darse a la fuga a la carrera, mientras que el de buzo rojo comenzó a efectuar disparos contra Gallo con el fin de consumar el hecho y procurar su impunidad. Luego, abordó el rodado de Gallo y salió marcha atrás, chocando contra el cordón de enfrente, mientras seguía disparando. Gallo, repelió la agresión con su pistola y logró herir al autor, quien se bajó del auto y se fue corriendo mientras continuaba tirando".
Hecho II. "Seguidamente, alrededor de las 21.00 horas, el que vestía buzo rojo se dirigió hacia la calle Zuviría, continuando con los disparos. En ese momento, Alberto Ac[uña] arribaba en su vehículo Renault Kangoo gris a una reunión familiar en la finca de la calle mencionada al numeral 477 de la citada ciudad, acercándosele el agresor con el fin de sustraer el rodado y poder escaparse. Dicha secuencia fue observada por la señora Marta Acosta, quien le dio avisó al otro para que ingresara raudamente, cerrando a continuación la puerta. Ante ello, el autor comenzó a disparar contra la finca, ingresando uno de los proyectiles en una de las habitaciones, impactando en el abdomen de Rodrigo González, produciéndole lesiones que provocaron su posterior deceso, dándose posteriormente a la fuga el autor. La conducta desplegada por el aludido tuvo como fin procurar su impunidad".
Hecho III. "Instantes después, siempre el hombre de buzo rojo, siguió su fuga a pie, por la arteria Ituzaingó, donde rompió la puerta de la vivienda ubicada al numeral 601 de la misma, para luego ingresar, y mediante el uso del arma de fuego que portaba intimidó a los que estaban presentes, Eduardo Jorge Rossi, su esposa Noemí Di Francisco y su suegra Haydee Zurita, encerrándolos en el baño de la casa. Luego, siguió intimidando con el arma de fuego a Rossi, y le exigió que pusiera en marcha su rodado marca Fiat, modelo Idea, dándose posteriormente a la fuga a bordo del mismo".
III. En lo que sigue, haré un breve resumen de los argumentos previos que fueron diagramando el estado en el que llega la controversia jurídica.
III.1. Al momento de calificar el hecho II, el tribunal de juicio rechazó los planteos de la defensa y afirmó que quedó probado que Gabriel Castro efectuó disparos contra la puerta de la vivienda de la calle Zuviría n° 477. Además, sostuvo que en el momento en que Rodrigo González corrió la cortina de la ventana que daba a la calle, el imputado apuntó directamente contra aquel y le efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en el abdomen provocándole la muerte.
En cuanto a la conexidad subjetiva, invocó doctrina de esta Corte con relación al art. 80 inc. 7 del Código Penal, y afirmó que el homicidio de González halló conexión ideológica con el hecho I: procurar la impunidad del suceso ilícito previo. En síntesis, el tribunal de mérito, con base en los elementos probatorios producidos durante el debate entendió acreditado que la finalidad de Castro tras el frustrado robo (hecho I), fue darse a la fuga del lugar, ya sea escondiéndose en un domicilio ajeno o robando un vehículo para huir de la escena delictiva.
En ese marco, sostuvo que tanto el dolo homicida como la ultraintención requerida por la figura se desprendían de distintos elementos. En primer lugar, en cuanto al especial elemento subjetivo, tomaron en cuenta el propio comportamiento del imputado, en la medida en que, los mismos motivos que lo llevaron a cometer el hecho II motorizaron el hecho III. Es decir, luego del hecho I y tras el homicidio de González (hecho II), el imputado continuó su huida e ingresó violentamente a la casa de Rossi; se ocultó por varios minutos, y luego le sustrajo el auto a esa víctima, para irse en procura de lograr la impunidad.
El tribunal valoró en línea con ello el descargo del propio Castro, en cuanto expresó que (tras el hecho II), al doblar en la esquina de Ituzaingó vio pasar un auto a alta velocidad y, como pensó que lo perseguían, se sacó el buzo que llevaba e ingresó en una casa para poder esconderse y evitar terminar nuevamente preso. También valoró que Castro dijera que durante el acontecer del hecho III al oír que pasaban sirenas, encerró a las víctimas para mantenerse oculto, pero al ver la gravedad de sus heridas, tomó la decisión de irse en el auto de estas.
En segundo lugar, en cuanto al dolo, los jueces de mérito valoraron el poder vulnerante del medio empleado y la corta distancia desde la cual Castro efectuó los disparos contra González (hecho II). Concluyeron sobre el punto que la aparición de Rodrigo González representó una amenaza inminente de frustración de su plan de impunidad, obstaculizando su objetivo de permanecer escondido.
III.2. La defensa de Castro interpuso un recurso de casación donde, en lo que importa, se quejó del encuadre legal del hecho II, disputando la construcción probatoria (básicamente, que ningún testigo habría visto el momento preciso del disparo, ni que este se produjo puntualmente cuando la víctima corría la cortina de la ventana).
En similares términos a los que trajo en el recurso extraordinario en análisis (y que ya fue resumido en el punto I) expuso que no podía afirmarse que su defendido le hubiera disparado a González "...con dolo directo de intentar garantizarse la impunidad de un hecho del que la víctima era totalmente ajena" (pág. 58, rec.).
Tildó de arbitraria la afirmación sobre la ultraintención y aseveró que no había habido similitud entre los hechos II y III y el intento de esconderse tampoco acreditaba el especial elemento subjetivo por lo que solicitó se recalifique al hecho II como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, estimando una pena de quince años de prisión.
III.3. La Sala III del del Tribunal de Casación Penal rechazó ese planteo.
En lo referido a la determinación de los hechos, tuvo por correctamente probado que en el primer evento dos hombres abordaron a un matrimonio que llegaba en auto a su vivienda. Los intimidaron con armas de fuego para sustraerles el rodado, pero el damnificado, también armado, se defendió; lo que provocó que uno de los agresores huyera mientras que el otro —Castro— intercambió disparos y, al no lograr su cometido (aunque llegó a subirse al auto, sacarlo en reversa del garaje, y chocar con un cantero), se fue a pie, herido.
En cuanto a los otros dos hechos, el órgano revisor confirmó la conexidad con el primero. Se destacó que Castro una vez que quedó solo y herido, para poder huir del lugar, primero intentó abordar a un hombre (Acuña) que ocasionalmente llegaba a su casa en su auto, quien, alertado por su esposa logró ingresar a su domicilio, lo que motivó al imputado a disparar hacia el interior de la vivienda, para luego continuar su huida.
Finalmente, en cuanto al hecho III, tuvo por correctamente probado que ingresó a otra vivienda para resguardarse y, amedrentando con el arma a los moradores, les sustrajo un auto con el que se dio a la fuga.
El Tribunal de Casación abordó luego los cuestionamientos de la defensa respecto a la subsunción del hecho II, referidos a la ajenidad de la víctima con el suceso anterior, que impediría afirmar una ultra finalidad de "garantizar su impunidad".
Sobre el punto el magistrado ponente —el doctor Violini— descartó que fuera necesario afirmar un vínculo entre la víctima del hecho II —González— y el hecho I, sino que lo trascendente era la intención del imputado de dispararle de la manera en que lo hizo. Confirmó así la ultrafinalidad al interpretar que, viendo que le cerraban la puerta de la casa en la cara, Castro disparó varias veces, para luego esconderse en una especie de hueco que daba a la habitación matrimonial. Fue en ese momento que Rodrigo González corrió la cortina, y Castro le disparó —destacando el hallazgo de una vaina en ese sitio—.
Resaltó que era notorio que Castro necesitaba irse de las inmediaciones del hecho I: su consorte ya había huido en dirección opuesta; por ende, caminó hasta que advirtió la posibilidad de abordar a Acuña con la intención de ocultarse, y con igual finalidad disparó y mató a González.
Encontró revelador que instantes después repitiera la secuencia, aunque esta vez pudo ingresar a la vivienda (hecho III), y ocultarse, para luego huir en el auto de los damnificados.
IV. Corresponde resolver el recurso.
En primer lugar, la denuncia de arbitrariedad no prospera. El estándar revisor bajo los términos de esta doctrina es excepcional y, por lo tanto, el impugnante tiene la carga de demostrar que hubo un error claro en la acreditación de los hechos, objetivo que no cumplió (art. 495, CPP).
El defensor indicó que el análisis que efectuó el órgano revisor no encontró sustento en la prueba rendida en el juicio, citando tres supuestos de arbitrariedad: el de las resoluciones "determinadas por la sola voluntad del juez" (Fallos: 238:23), cuando adolecen de "manifiesta irrazonabilidad" (Fallos: 238:566) o cuando exhiben una "ausencia palmaria de fundamentos" (Fallos: 296:177; v. pág. 7, recurso extraordinario).
Sin embargo, no desarrolló en cuál de los tres (o si en los tres) incursionó Casación con su respuesta. Consecuentemente, más allá de su opinión sugiriendo interpretaciones alternativas de la prueba, no es posible presumir que haya habido alguna falla grave en el análisis de las evidencias.
Viene al caso recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
En segundo lugar, está —conectada con la anterior— la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva por la que el impugnante adjudicó una incorrecta subsunción de la figura de homicidio criminis causae (art. 80 inc. 7, Cód. Penal) al hecho II, por no haberse acreditado el especial elemento subjetivo que requiere la norma.
Como ya se reseñó, el argumento de la defensa ha sido que, desistido por la acusación el delito de robo en grado de tentativa en el hecho II, era erróneo afirmar que Gabriel Castro procuró, con el homicidio de González, la impunidad del primer hecho.
La mirada de la defensa enfatiza en circunstancias como que Rodrigo González apareció por la ventana inesperadamente, desconocía el incidente previo por lo que no podría haberlo identificado, y su presencia no impedía que Castro accediese a la vivienda.
Sin embargo, el argumento no es lo suficientemente sólido como para demostrar —sin modificar la base fáctica— un error en la solución jurídica que deba aquí corregirse. Pues ambas instancias, en una comprensión global del suceso (hechos I, II y III) interpretaron que Castro, tras el intento frustrado de robo efectuó diversas conductas, todas direccionadas hacia el mismo fin: evitar ser aprehendido y lograr la impunidad. Entre ellas estuvo la de dispararle a Rodrigo González cuando súbitamente este se asomó por la ventana y lo vio resguardado en una concavidad del frente del domicilio.
De este modo, para el juzgador y para el intermedio, la acción homicida contra González quedó cubierta por el fin de "procurar la impunidad" que exige el art. 80 inc. 7 del Código Penal. Y aunque el impugnante discrepe con el sentido otorgado al comportamiento de su asistido, no demuestra que esa comprensión contextual del accionar de Castro haya implicado asignarle un significado jurídico absurdo, irracional, o disparatado.
En tales términos, conviene recordar que la doctrina de esta Corte sostiene que para la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. causas P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 131.546, sent. de 6-XI-2019; P. 131.772, sent. de 20-XI-2019; P. 132.303, sent. de 26-II-2020; P. 134.008, sent. de 7-V-2021; e.o.).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2025 13:26:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2025 13:42:26 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2025 09:13:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2025 09:31:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2025 10:31:56 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/08/2025 10:52:47 hs. bajo el número RS-127-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia