Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 141590
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 141.590, "María Laura E. D'Gregorio —Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación Penal— s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 119.454 del Tribunal de Casación Penal, Sala V, seguida a D., G. A.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Kohan .
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 7 de febrero de 2023, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor fiscal contra la resolución de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín que confirmó la decisión del Juzgado de Garantías n° 1 departamental en cuanto declaró extinguida la acción penal por prescripción en la presente causa, seguida a G. A. D. en orden al delito de abuso sexual reiterado (arts. 55 y 119 primer párr., Cód. Penal).
Contra lo así decidido, la señora Fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D'Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue admitido por la referida Sala del Tribunal de Casación Penal.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La representante fiscal denuncia apartamiento de la doctrina legal del Máximo Tribunal nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulneración del principio de supremacía constitucional y errónea aplicación del art. 62 del Código Penal, en contra de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino (arts. 8 y 25, CADH; 4 y 7, Convención de Belém do Pará; 3 y 19, CDN; 1, 2 y 15.2, CEDAW y 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. pág. 8).
Aduce que las disposiciones del art. 62 del Código Penal —vigentes al tiempo de comisión de los sucesos objeto de investigación (entre los días 27-VII-2008 y 27-VII-2009)— deben ser interpretadas en consonancia con las normas de derecho internacional relevantes. En particular, la referida Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (pág. 9).
Alega que una adecuada lectura del bloque constitucional y su operatividad normativa imponía la aplicación de los arts. 62 y 67 del Código Penal bajo el prisma de derechos consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño y la prevalencia del interés superior del niño como pauta de interpretación de las normas en juego (pág. 10).
Con ese norte, destaca que la inteligencia que el tribunal revisor le otorgó al art. 62 del Código Penal, se alza contra las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizándoles el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, así como la tutela judicial, continua y efectiva. Ello debido a que esas obligaciones se hallaban vigentes en el momento en que acaecieron los hechos de autos —entre los días 27 de julio de 2008 y 27 de julio de 2009— hasta el momento de la denuncia efectuada por la víctima en el año 2020 (págs. 13 y 14).
Estima que como todas las obligaciones asumidas por el Estado argentino ya tenían vigencia con anterioridad a la fecha de los hechos aquí juzgados, una norma de inferior jerarquía —como lo es el art. 62 del Código Penal— no puede ser invocada para incumplir tales obligaciones internacionales (art. 27, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; v. pág. 14).
I.2. A continuación, hace un breve racconto de lo declarado por la joven víctima: "La dicente D. S. (23) refiere que a sus 10 años, momento en que sus padres se encontraba[n] en trámites de separación, tanto la dicente como su hermana C. (15) se mudaron a la vivienda de su tío paterno.— Que este último, momentos en que ella dormía, el causante en 3 oportunidades abus[ó] de ella, siendo que en una oportunidad, mientras ella dormía, el demandado lleg[ó] bajo los efecto[s] del alcohol y se dirigió hacia su cama donde por debajo de la ropa toco sus partes íntimas.— Que en la segunda oportunidad, [el] causante también bajo los efectos del alcohol, momentos en que la dicente lo ayuda [...] a ingresar a la vivienda, este la encerró dentro y le pedía que le exhiba sus pechos, siendo que en ese oportunidad, se presentó su prima B. S. (25) y pudo salir del lugar.— y en la tercera, mient[r]as dormía en la vivienda el demandado la despertó y la tom[ó] de las manos, siendo que le pedía que tocara su miembro, a lo que la dicente no acept[ó].— Que estos hechos pasaron alrededor de 13 años atrás, pero que solo [en] esa oportunidad se lo mencionó a su tía E. N. P. (33), quien resulta ser pareja del demandado, pero que esta no creyó en sus palabras .— Que tras esto, en el día de ayer recibe un llamado telefónico de su tía E. P., quien le manifestó que la hija que tiene en común con el causante, L. P. (08), le manifestó que el demandado le habría tocado sus partes íntimas, a lo que la dicente recordando lo que le había sucedido con su tío, se lo coment[ó] a su hermana C., quien además le pregunt[ó] si ella alguna vez habría sufrido algún tipo de abuso por parte de su tío, y C. sin dar detalles comenzó a llora[r] y le manifestó que también la habría tocado al mismo tiempo que a ella.—" (el destacado figura en el original; págs. 16 y 17).
La recurrente señala que, si bien las reformas introducidas al instituto de la prescripción a partir de las leyes 26.705 y 27.206 no resultan de aplicación a hechos que, como el presente, tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia, las mencionadas convenciones internacionales sí se encontraban vigentes y era imperioso que los jueces llevaran a cabo el control de convencionalidad (v. pág. 25). Pues, aquellas obligan al Estado a dar una protección reforzada sobre menores de edad, y más aún cuando son niñas y víctimas de violencia sexual en el ámbito familiar (pág. 28).
Manifiesta que de ninguna manera el paso del tiempo sin que la víctima hubiera puesto de manifiesto la situación que la habría conmovido y la conmueve por encontrarse condicionada por el contexto familiar en el cual se desarrollaron los hechos, o no encontrarse preparada emocional o psicológicamente para expresar públicamente ello, tiene relación con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sino claramente con el derecho de acceso a la justicia (v. pág. 31).
Por último, enfatiza que el transcurso del tiempo, respecto de hechos no denunciados, como elemento determinante para que opere el instituto de la prescripción de la acción, responde a una ley (Código Penal) que proviene del derecho penal interno, que no cristaliza ni hace operativo ningún derecho de raigambre constitucional (CDN; v. pág. 32).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo.
III. El carril extraordinario incoado resulta insuficiente para revertir lo decidido por las dos instancias jurisdiccionales previas (conf., mutatis mutandi , causas P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; P. 137.584, sent. de 27-V-2024; P. 138.362, sent. de 3-VI-2024; e.o.; art. 495, CPP).
III.1. Las denuncias de violación de los arts. 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 4 y 7 de la Convención de Belém do Pará y 1, 2 y 15 inc. 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, no pueden prosperar (conf. art. 495, cit.).
Ante análogo planteo llevado en el recurso de casación, el tribunal intermedio sostuvo de manera inicial que los hechos objeto de persecución penal, tal como han sido delimitados temporalmente, son anteriores a la vigencia de las leyes 26.705 y 27.206 que reformaran el régimen de prescripción de la acción para la modalidad de ilícitos como los enrostrados. En segundo lugar, precisó que la discusión ingresa de lleno en el ámbito de la cobertura del principio constitucional de legalidad, garantizado en orden a la vigencia de la ley penal, salvo las excepciones referentes a leyes temporales o excepcionales (conf. arts. 9, CADH; 15.1, PIDCP y 11.2, DUDH). Agregó que el eje de discusión que incluye al principio de aplicación de la ley más benigna y que encontrara cobertura de orden constitucional recién a partir de la reforma de nuestra carta fundamental en el año 1994, encuentra regulación en la norma de derecho común del art. 2 del Código Penal; y que el ámbito de validez temporal de la ley sustantiva, cuya irretroactividad rige como regla, excepciona el caso de la aplicación al supuesto de una ley posterior más favorable al imputado, e incluye dentro de estos aspectos vinculados al principio de legalidad, también aquello que hace al instituto de la prescripción de la acción penal.
Seguidamente, trajo a colación lo resuelto por la Corte federal en la causa "Mirás" (CSJN Fallos: 287:76), al señalar: "Es jurisprudencia de la Corte que esa garantía comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor —leyes 'ex post facto'— que impliquen empeorar las condiciones de los encausados, según ha quedado establecido como una invariable doctrina (Fallos: 17:22; 31:82; 117:22, 48 y 222; 133:216; 140:34; 156:48; 160:114; 169:309; 184:531; 197:569; 254:116, consid. 19º)"; y que con relación al eje de discusión desde el Cimero Tribunal en el fallo citado se sostuvo: "...el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de 'ley penal', desde que ésta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción de delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadas del régimen de extinción de la pretensión punitiva" (una profundización de esta noción puede verse en el fallo "Arancibia Clavel", Fallos: 327:3312).
Aludió al instituto de la prescripción como mecanismo de autolimitación al ejercicio del poder punitivo del Estado, y al mismo tiempo, un parámetro de adecuada orientación para asegurar la vigencia del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. A su vez, se refirió a lo que denominó voces "minoritarias" que acuden a la argumentación mediante la cual se pretende que la sanción de la ley 23.849, por la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño (B.O. de 22-XI-1990), luego incorporada con jerarquía constitucional tras la reforma del año 1994, recoge el fin primordial por el que los Estados suscribientes se obligan a privilegiar "el interés superior del niño" como principios "jurídicos fundamentales", lo que —para esa postura— ya era operativo en ocasión de los hechos, como aquí se reclama.
Pero, aun cuando estos argumentos hacen pie en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que amplió los criterios de "imprescriptibilidad" a graves violaciones de derechos humanos, situación que impone (desde la mirada de la CIDH) acudir a esto como único recurso para la persecución de delitos de gravedad extrema cometidos por regímenes políticos en forma masiva y sistemática, no obstante, se desentienden del alcance y presupuestos a los que se ha referido dicho Tribunal Regional para excepcionar las garantías que provee la Convención.
En ese sentido, expuso que "Las condiciones de vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no contemplan la aplicación de la excepcional regla de imprescriptibilidad para delitos ordinarios, sino que establece una serie de presupuestos que suelen concentrarse en: (i) deben tratarse de delitos graves o muy graves violaciones a los derechos humanos; (ii) en ambos casos se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del Derecho Internacional; para que operando de manera conjunta puedan tener entidad para obturar la aplicación de la regla de prescripción de la acción penal"; y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos al expedirse en el caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador (sent. de 22-XI-2007), señaló expresamente que no operaba la exclusión de prescripción "...porque no se satisfacen los supuestos de imprescriptibilidad reconocidos en instrumentos internacionales"; a la vez que trajo a consideración el caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia (sent. de 3-IX-2012) y Suárez Peralta vs. Ecuador (sent. de 21-V-2013), entre otros.
En ese marco, dio cuenta de que los casos excepcionales a los que alude la Corte Interamericana de Derechos Humanos son aquellos que pueden generar responsabilidad del Estado a partir de la conducta de alguno de sus agentes que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, siendo, por caso, los de desaparición forzada de personas, ejecución extrajudicial, tortura, entre otros (CIDH caso Vera Vera y otra vs. Ecuador , sent. de 19-V-2011, párr. 117).
Señaló que la referencia que se indica desde la acusación en cuanto a que un criterio divergente del propuesto implicaría contrariar las obligaciones asumidas por el Estado argentino, no logra explicar las razones que validarían excepcionar la garantía derivada del principio constitucional de legalidad; y que la mera invocación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, no resulta suficiente para neutralizar o mitigar la vigencia de iguales reglas de protección a las que también el Estado argentino se ha obligado a observar, según se explayó; cuando tampoco se ha explicado que una investigación penal respecto de delitos que no encajan en el de "graves violaciones de derechos humanos" (en términos de la doctrina de la CIDH), se halle exenta de la regulación normativa interna, bajo la mera mención de las reglas convencionales citadas como algo evidente para perseguir penalmente delitos comunes con aplicación retroactiva de las leyes que impiden la extinción de la acción.
Por último, citó abundantes precedentes de tribunales superiores que se expidieron en el sentido indicado como criterio orientador que —a su juicio— es el que domina la doctrina judicial vigente, a los que cabe remitir en honor de brevedad.
Finalmente, destacó la eventual herramienta con que cuenta la ofendida, según interpretación que efectúa del fallo "Funes" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sent. de 14-X-2014), del "derecho a conocer la verdad de los hechos", por un cauce que en su caso debería tramitar por acción independiente (conf. precedentes de esa Sala a partir de lo resuelto en la causa 97.344, caratulada "Ruvituso, Omar Luís s/ recurso de casación", sent. de 26-XII-2019, reg. n° 1.273/2019).
III.2. De la reseña efectuada se puede advertir que el a quo fundó su postura —contraria a la aplicación de lo normado por el art. 67 del Código Penal en su nueva redacción—, en que en el caso correspondía hacer prevalecer el principio de legalidad en cuanto importa también la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio del imputado. En ese sentido, dejó en evidencia que la acusación no se encargó de explicar las razones por las que una investigación penal por delitos comunes —que no encuadran en los excepcionales supuestos de "graves violaciones de derechos humanos"—, se encuentra marginada de la regulación normativa interna sobre la extinción de la acción penal por prescripción, y que la mera invocación de las disposiciones internacionales (conf. CIDN, e. o.), no resulta suficiente como para excepcionar la garantía constitucional antes mencionada. Todo ello, debido a que los hechos del caso estuvieron delimitados temporalmente con fecha de acaecimiento anterior a la entrada en vigencia de las leyes 26.705 y 27.206 que reformaron el régimen de prescripción de la acción para ciertos delitos.
Por su parte, la recurrente insiste en este punto de manera dogmática con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y su confronte con la errónea aplicación del mentado precepto penal.
En ese marco, no rebate el argumento desarrollado en la sentencia sobre, por ejemplo, que la "mera invocación" de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no logra neutralizar o mitigar la vigencia de "...iguales reglas de protección a las que también el estado argentino se ha obligado a observar". Además, reconoció que en el caso no se trataba de discutir la existencia de un reconocimiento en el derecho convencional a especiales prerrogativas para víctimas vulnerables, sino de efectuar una correcta intelección de los compromisos estatales y discernir si tienen el alcance suficiente para excepcionar una cobertura constitucional garantizada. A la vez que remarcó que las "condiciones de vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" no contemplan la aplicación de la excepcional regla de imprescriptibilidad para delitos ordinarios, sino que establece una serie de presupuestos que particularmente identificó, entre los que se encuentran estos casos.
Todo lo dicho y que fuera puesto de manifiesto por el Tribunal de Casación al resolver, pone en evidencia la insuficiencia del reclamo al insistir en los mismos planteos sin replicar idóneamente el alcance de la sentencia en crisis (art. 495, cit.).
IV. Por lo demás, cabe destacar que lo decidido por el tribunal intermedio al momento de brindar sustento a su decisión en coincidencia con el fallo dictado por la Cámara de Apelación y Garantías, se condice con lo que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Mirás" (CSJN Fallos: 287:76), donde se estableció que si una ley que define la acción penal como sujeta a prescripción es modificada por otras ulteriores, las modificaciones se encuentran alcanzadas por la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa; y que la aplicación de una disposición legal posterior al hecho más grave que suspende el curso de la prescripción es contraria al art. 18 de la Constitución nacional. En suma, afirmó que el principio de legalidad se aplica a los casos de prescripción cuando la interpretación de la ley es más gravosa para los intereses del imputado —como la que aquí se pretende—, y no cuando es la hipótesis inversa (v. esp. cons. 5° a 7°, fallo cit.).
La Corte federal ha declarado que el principio constitucional que impide tal retroactividad (art. 18, cit.) comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor —leyes ex post facto — que impliquen empeorar las condiciones del imputado, como así también que el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de "ley penal", desde que este comprende no solo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva (v. esp. cons. 6° y 7°, fallo cit.).
Del mismo modo, el Máximo Tribunal federal en el caso "Arancibia Clavel" (Fallos: 327:3312), orientado por criterios de derecho internacional y consuetudinario, realizó una distinción de acuerdo a la categoría de delito de que se trate. En tal ocasión precisó que "...el instituto de la prescripción de la acción penal, está estrechamente ligado al principio de legalidad, por lo tanto no sería susceptible de aplicación una ley ex post facto que alterase su operatividad en perjuicio del imputado. El rechazo de la retroactividad de disposiciones penales posteriores al hecho, las llamadas leyes ex post facto , que impliquen un empeoramiento de las condiciones de los encausados ha constituido doctrina invariable en la jurisprudencia tradicional de la Corte" (esp. cons. 19° del voto de los señores jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco y 20
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