Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 142337
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Javier Omar Melián Reinoso, en consecuencia, se deja sin efecto el pronunciamiento dictado por la Sala II del Tribunal de Casación Penal con fecha 20 de agosto de 2024, y se devuelven las actuaciones a dicho tribunal para que se aborde el recurso de casación presentado por la defensa oficial contra el fallo de condena (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Asimismo, se dispone poner en conocimiento del Colegio de Abogados correspondiente la actuación de la abogada Olga Cristina Lascano, a sus efectos.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 142.337, "Melián Reinoso, Javier Omar s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 129.599 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
El Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por sentencia de fecha 25 de septiembre de 2023, condenó —en lo que importa— a Javier Omar Melián Reinoso a la pena de quince años de prisión, multa de mil pesos ($ 1.000), accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por su comisión en lugar poblado y en banda y por la utilización de un arma impropia (hecho I), y autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real con violación de domicilio (hecho II). Asimismo, unificó esa condena con la impuesta al nombrado por el Juzgado de Garantías n° 2 departamental en el marco de la causa n° 07-03-19832-21, de dos años de prisión —cuya condicionalidad revocó— y costas, condenándolo —en definitiva— a la pena única de diecisiete años de prisión, multa de mil pesos, accesorias legales y costas.
La defensa oficial interpuso un recurso de casación y la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 20 de agosto de 2024, lo declaró mal concedido, por extemporáneo.
Frente a ello, el señor defensor oficial ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Alzada, mediante resolución dictada el 7 de noviembre de 2024, admitió la impugnación por considerar que se desarrollaron cuestiones federales con la suficiencia y carga técnica necesarias.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, presentada la memoria prevista en el art. 487 del Código Procesal Penal y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial, luego de reseñar los antecedentes del caso, denunció excesivo rigor formal y afectación del derecho de defensa en juicio en la etapa recursiva, así como también la violación de las garantías de doble instancia y debido proceso (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2. "e" y "h", CADH; 14.3. "d" y "e" y 14.5., PIDCP).
En tal sentido, afirmó que su asistido no contó con una revisión amplia del fallo de condena por razones ajenas a su voluntad. Puntualizó que la Casación incurrió en un exceso ritual manifiesto al declarar mal concedido por extemporáneo el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial, todo lo cual quebrantó las mencionadas garantías constitucionales, en contraposición a la doctrina de las Cortes nacional, provincial e Interamericana de Derechos Humanos.
Destacó que "...la Dra. Olga Cristina L[a]scano, quien intervenía anteriormente como defensora particular del encartado, manifestó -en fecha 4 de octubre de 2023- su voluntad de recurrir la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de instancia, ante la voluntad impugnativa manifestada en tiempo y forma contra la misma por el Sr. Melián Reinoso, que aún subsiste".
De seguido, recordó que "...con fecha 13 de noviembre de 2023, la defensora particular presentó su renuncia [...] sin presentar el mencionado recurso de casación. Es por ello que, con fecha 15 de noviembre del corriente año, se dio intervención como defensora -hasta tanto el imputado no design[ara] otro defensor- a la Dra. Vanina Palermo, titular de la Unidad de Defensa Penal N° 38 de Esteban Echeverría".
Detalló que "...con fecha 30 de noviembre de 2023, la Sra. Defensora Oficial, Dra. Vanina Palermo, contestó la vista conferida solicitando que no se acepte la renuncia de la Dra. Olga Cristina Lascano y que se la intime a la interposición del recurso de casación, petición que fuera declarada por el magistrado, con fecha 1° de diciembre [de ese] año, manifiestamente improcedente".
Así llegamos a lo actuado con fecha 5 de diciembre de 2023, momento en que "...la Defensa Oficial interpuso recurso de casación contra la sentencia condenatoria dictada en autos con fecha 25 de septiembre de 2023, dentro del término previsto por el art. 451 del [Código Procesal Penal] a contar desde la fecha en que asumiera intervención en autos, recurso que ha sido declarado -erróneamente- mal concedido por resultar extemporáneo por parte del TCP".
Sentado lo anterior, afirmó que el Tribunal de Casación debió dar tratamiento al recurso interpuesto, no solo por haberse presentado dentro del plazo legal sino también para garantizar que la voluntad recursiva del imputado se hiciera efectiva.
Sin embargo, el órgano, invocando "...exigencias rituales", adoptó una "...solución formulista" y, apartándose de las constancias de la causa, declaró mal concedida por extemporánea la impugnación destinada a satisfacer el doble conforme, lo cual determina —en su opinión— la arbitrariedad de la decisión recurrida (arts. 1, 18 y 33, Const. nac.). En su apoyo, citó jurisprudencia.
Concluyó que, teniendo en cuenta que la voluntad del imputado siempre fue la de recurrir el fallo condenatorio, así como que la preparación del recurso de casación y su interposición en tiempo y forma estaban en manos de la defensa técnica, no puede cargarse a cuenta de Melián Reinoso el mal desempeño de la defensora particular.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso; no coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso es procedente (conf. art. 496, CPP).
Asiste razón a la defensa oficial en cuanto denuncia la afectación del derecho de defensa durante la etapa recursiva como consecuencia de un exceso de rigor formal en la interpretación del plazo para recurrir, todo lo cual quebrantó la garantía del debido proceso.
Cabe destacar que esta Suprema Corte —excepcionalmente— puede controlar la interpretación y aplicación realizada por el tribunal inferior con respecto a las normas procesales que regulan la materia recursiva, a efectos de que no se vulneren el debido proceso y el derecho de defensa durante la etapa recursiva (art. 18, Const. nac.; conf. causas P. 108.244, sent. de 4-IX-2013; P. 132.677, sent. de 21-II-2022; e.o.).
IV. Para comenzar, es necesario realizar una breve reseña de los antecedentes relevantes que surgen del expediente digital.
IV.1. Mediante acta de fecha 25 de septiembre de 2023, se dejó constancia de la lectura del veredicto y sentencia en la sede del Tribunal en lo Criminal n° 6 de Lomas de Zamora, oportunidad en la que —en lo que aquí importa— se encontraban presentes Javier Omar Melián Reinoso y su entonces defensora particular, doctora Olga Cristina Lascano.
A continuación, la doctora Lascano formuló reserva de recurrir ante el Tribunal de Casación Penal, manifestando que en los tres días subsiguientes fundamentaría la impugnación. El tribunal tuvo presente la reserva (conf. despacho de fecha 4-X-2023)
El 24 de octubre de 2023, se realizó un informe actuarial en el que se dejó asentado que para ese entonces no se había presentado ningún recurso en favor de Melián Reinoso, a pesar de haberse efectuado oportunamente la reserva de recurrir en Casación. En razón de ello, se advirtió que, de conformidad con el art. 451 del Código Procesal Penal, había vencido el plazo de interposición del recurso.
El 25 de octubre de 2023, el tribunal declaró firme el fallo de condena y ordenó practicar el cómputo de pena. En esa misma fecha se practicó y aprobó el cómputo.
El acusado, al ser notificado del cómputo de la pena, consignó "apelo" (v. acta de 27-X-2023).
Luego, el tribunal, con fecha 1 de noviembre de 2023, puso en conocimiento de la defensa técnica la voluntad impugnativa de Melián Reinoso.
Por su parte, la doctora Lascano, el 13 de noviembre de 2023, renunció al cargo de defensora, invocando "motivos personales de salud y desacuerdos con quien fuera [su] asistido".
Como consecuencia de ello, se dio intervención a la defensa oficial para que asumiera la asistencia técnica y canalizara el "apelo" contra el cómputo de la pena (conf. despacho de 15-XI-2023).
IV.2. Ante tal situación, la señora defensora oficial, doctora Vanina Palermo, en primer lugar, solicitó al tribunal que no aceptara la renuncia al cargo de la abogada particular y que la intimase a interponer el recurso de casación cuya reserva había efectuado oportunamente y respecto del cual no constaba desistimiento de parte de Melián Reinoso. Asimismo, advirtió que debió intimársela en su momento a interponer el recurso, cosa que no se hizo.
Por último, acompañó un acta, de fecha 29 de noviembre de 2023, de la que surge que mantuvo una conversación por videollamada con el acusado —detenido en la Unidad Penal 24 de Florencio Varela—, quien sostuvo que "...en todo momento la doctora Lascano le manifestó que había presentado recurso de casación contra el fallo condenatorio del tribunal, que siempre le dijo eso, que cuando le hicieron saber que la abogada había renunciado la llamó y ésta le dijo que no seguiría asistiéndolo por temas personales y de salud pero que había presentado el recurso. Que cuando le notifican el cómputo se da cuenta de que la sentencia estaba firme y por eso puso 'apelo', ya que no está de acuerdo con la condena".
IV.3. El tribunal rechazó el pedido de la defensa oficial "...por manifiestamente improcedente" (despacho de 1-XII-2023).
IV.4. Finalmente, con fecha 5 de diciembre de 2023, la señora defensora oficial dedujo recurso de casación contra la sentencia de condena.
De manera preliminar, requirió que con sustento en el efectivo ejercicio del derecho de defensa durante el tránsito recursivo se tuviera por debidamente presentada la impugnación, en tanto la por entonces abogada particular había dejado a Melián Reinoso en estado de indefensión. Asimismo, indicó que el recurso se había presentado dentro del término de ley, contado a partir de la fecha en que la defensa oficial tomó conocimiento de la intención del acusado de recurrir el fallo condenatorio.
Luego, desarrolló agravios vinculados a la valoración de la prueba, la interpretación de la ley y el monto de pena impuesto.
IV.5. El tribunal de mérito decidió que pese a que la impugnación era extemporánea, que la sentencia —a su criterio— estaba firme, que según el art. 140 del Código Procesal Penal todos los plazos son perentorios e improrrogables —salvo excepciones expresamente previstas—, y que el recurso de casación se debe interponer dentro del plazo de veinte días de notificada la resolución judicial (conf. art. 451, CPP), "...a fin de no vulnerar la garantía constitucional de defensa en juicio" correspondía "...elevar el recurso de casación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial Dra. Vanina Palermo a conocimiento del Tribunal de Casación Penal".
IV.6. Por su parte, la Sala II del órgano casatorio, mediante el voto del juez Mancini, al que adhirió la jueza Budiño, luego de reseñar los antecedentes del caso, declaró mal concedido el recurso y lo desestimó por extemporáneo.
En tal sentido, halló incumplido el plazo de veinte días previsto en el art. 451 del Código Procesal Penal, porque la condena se notificó el día 25 de septiembre de 2023 y el recurso recién se presentó el 5 de diciembre de ese año.
Aclaró que "...el principio de unidad de la defensa determina que los sucesivos letrados que representan a un acusado se encuentran condicionados por la actuación de sus predecesores, de tal forma que no procede retrotraer el trámite con afectación de los actos válidos cumplidos en etapas procesales precluidas".
Añadió que la exigencia que la defensa oficial pretendía establecer en cabeza del juez de grado (intimar a la abogada particular para que cumpla con la presentación del recurso de casación o lo desista) no tenía asidero legal.
Puntualizó que los jueces tienen el deber de observar la ley y que eso hace que las partes puedan siempre prever su posible aplicación y así perfilar su actuación en cuanto crean conveniente a sus intereses. Explicó que ello llevaba a negar que se hubiera violado el derecho de defensa del acusado, quien, además, siempre contó con asistencia técnica.
Concluyó: "...las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, tienen por objeto asegurar la disponibilidad del ejercicio de los derechos del imputado en debida forma, lo cual, se vio satisfecho en tanto ninguna de las partes, ni el Tribunal, impidió o negó la facultad de ejercerlos; disponibilidad que no equivale a asegurar indebidamente el resultado buscado, ni adecuar el procedimiento y las pretensiones de la defensa más allá de los derechos acordados por el código de rito".
V. De la reseña efectuada se advierte —tal como se adelantó— que el Tribunal de Casación sustentó su decisión en un razonamiento apegado a un excesivo rigorismo formal, sin reparar en que el temperamento adoptado privó a Melián Reinoso del ejercicio efectivo de su derecho de defensa durante la etapa recursiva del fallo de condena, todo lo cual quebrantó el debido proceso.
Así lo puso de manifiesto la señora defensora oficial de primera instancia en sus diversas presentaciones, y se reafirmó luego en el carril extraordinario y en la memoria presentados ante esta Suprema Corte.
En efecto, el Tribunal de Alzada se limitó a efectuar un control formal sobre los plazos legales para la presentación de la impugnación, e hizo consideraciones generales sobre el principio de unidad de defensa, el deber de los jueces de observar la ley y sobre la necesidad de que los derechos y garantías judiciales se ejerciten regladamente, pero sin ponderar el reclamo de indefensión expuesto por la defensora de primera instancia en el recurso de casación (v. punto IV.4.), ni tampoco las concretas manifestaciones de Melián Reinoso en cuanto a que su deseo siempre fue impugnar la condena, que había acordado con Lascano que así lo haría —lo que encuentra respaldo en la presentación de la reserva— y que recién tomó conocimiento de que la abogada no había cumplido con su mandato al serle notificado el cómputo de la pena que debía cumplir (v. punto IV.2.).
Frente a ello, la Casación simplemente afirmó que la presentación recursiva de la defensa oficial era intempestiva y que el acusado "...siempre contó con asistencia técnica", pese a que las especiales circunstancias del caso daban cuenta de que Melián Reinoso habría quedado inmerso en una situación de indefensión no imputable a él, que no pudo prever, y que debió ser excepcionalmente atendida (conf., mutatis mutandis , P. 114.319, resol. de 18-VI-2014).
Así las cosas, al haberse tenido por extemporánea la presentación del recurso de casación a favor del acusado se generó, en el caso, una nueva violación al derecho de defensa con afectación del debido proceso adjetivo (arts. 18, Const. nac. y 10, Const. prov.; conf. causa P. 138.283, sent. de 6-III-2024).
VI. En definitiva, las irregularidades denunciadas por el acusado y la defensa oficial debieron motivar al órgano revisor a tomar los recaudos necesarios para salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa en la etapa recursiva. En cambio, el tribunal casatorio optó por declarar mal concedida la impugnación sobre la base de una interpretación ritualista de los plazos del art. 451 del Código Procesal Penal (conf., mutatis mutandis , P. 132.677, cit.), y —de esa manera— privó a Melián Reinoso del ejercicio de la revisión integral de la sentencia condenatoria que asegura la garantía del doble conforme, pese a que existió una expresa manifestación de voluntad al respecto (arts. 18, Const. nac.; 8.2."h", CADH; 14.5, PIDCP; conf. CSJN "Casal", Fallos: 328:3399).
En este punto, resulta útil recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el derecho a contar con asistencia técnica requiere que sea observado algo más que formalmente. De modo que no basta con que aparezca virtualmente cumplida dicha exigencia constitucional, sino que es preciso que la posibilidad de contar con el adecuado asesoramiento legal haya sido efectivamente provista al imputado, a fin de evitar dejarlo en estado de indefensión (conf. doctr. CSJN Fallos: 189:34; 279:27; 311:2502; e.o.).
Ello en tanto el derecho a contar con una defensa técnica idónea y eficaz responde a la necesidad de lograr una mayor igualdad de posiciones entre el órgano de persecución penal del Estado y el imputado. En dicho marco, "Una de las formas de propender a la equiparación de posiciones entre el acusador y el acusado es, sin duda, el erigir a la defensa técnica en un presupuesto de la validez del procedimiento y, en fin, de la sentencia". Por eso, "...el defensor representa un instrumento idóneo para la realización del ideal de equiparar las posibilidades entre el acusador y su acusado, en miras a una decisión judicial" y resulta obligatorio en todo proceso penal (Maier, Julio B. J.; Derecho Procesal Penal: Fundamentos , Ad-Hoc, Buenos Aires, 2016, pág. 548).
Como señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Schenone" (Fallos: 329:4248), si bien en principio no compete a los jueces subsanar deficiencias técnicas de los abogados en sus presentaciones, irregularidades como las descriptas en este caso deben motivar a los tribunales a tomar los recaudos necesarios para salvaguardar la integridad del derecho de defensa y la voluntad recursiva del imputado, puesta de manifiesto desde su lugar de detención (cons. 10°). Y, no debe pasar inadvertido que en el supuesto examinado se impuso una pena única de diecisiete años de prisión.
VII. En función de ello, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley, dejar sin efecto el pronunciamiento dictado el 20 de agosto de 2024 por la Sala II del Tribunal de Casación Penal y devolver las actuaciones a la instancia anterior para que se aborde el recurso de casación presentado por la defensa oficial contra el fallo de condena.
VIII. Por último, a la luz de lo expuesto en los puntos precedentes, entiendo que debe ponerse en conocimiento del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes la actuación de la abogada Olga Cristina Lascano, a sus efectos.
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Javier Omar Melián Reinoso, en consecuencia, se deja sin efecto el pronunciamiento dictado por la Sala II del Tribunal de Casación Penal con fecha 20 de agosto de 2024, y se devuelven las actuaciones a dicho tribunal para que se aborde el recurso de casación presentado por la defensa oficial contra el fallo de condena (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Asimismo, se dispone poner en conocimiento del Colegio de Abogados correspondiente la actuación de la abogada Olga Cristina Lascano, a sus efectos.
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/08/2025 12:34:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:09:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2025 13:46:24 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2025 17:15:21 - SO
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