Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138714
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.714, "C., N. R. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 115.801 del Tribunal De Casación Penal, Sala II" y sus acums. causas P. 140.418-Q, "C., N. R. s/ Queja en causa n° 115.801 del Tribunal De Casación, Sala II"; P. 140.318-Q, "C., N. R. por derecho propio s/ queja en causa n° 115.801 del Tribunal de Casación Penal, Sala II" y P. 140.365-Q, "C., N. R. s/ Queja en causa n° 115.801 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Kohan .
Del expediente radicado electrónicamente se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, el día 25 de octubre de 2022, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de N. R. C. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes que, en el marco de un procedimiento de juicio por jurados, lo condenó a la pena de treinta años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargado de la guarda y por haber aprovechado la situación de convivencia preexistente con la víctima menor de dieciocho años —reiterados en la modalidad de delito continuado— y de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y duración en el tiempo —reiterados bajo la modalidad de delito continuado— en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores, agravada por la violencia y amenaza y por ser el autor encargado de la guarda.
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Por su parte, el encausado, por derecho propio, interpuso "recurso extraordinario" que fue canalizado técnicamente por la defensa oficial como carril extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En lo que aquí importa, el Tribunal de Casación, mediante resolución dictada el día 27 de marzo de 2023, por un lado, declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa en lo que respecta a las denuncias de errónea aplicación de los arts. 40, 41 y 55 del Código Penal y violación de las garantías de revisión amplia, doble conforme, defensa en juicio e in dubio pro reo (causa P. 138.714) . Por otra parte, rechazó la impugnación titulada "recurso extraordinario" articulada por el acusado in pauperis , así como también el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual se pretendió canalizar técnicamente la pretensión del acusado.
Contra la desestimación del "recurso extraordinario" presentado in pauperis así como también del carril extraordinario de inaplicabilidad de ley con el que se pretendió fundar técnicamente dicha presentación, se presentaron ante esta Suprema Corte tres quejas: dos de ellas las dedujo C. por derecho propio (causas P. 140.318-Q y P. 140.365-Q) y la tercera el señor defensor oficial, doctor José María Hernández (causa P. 140.418-Q).
Esta Suprema Corte, mediante resolución dictada el día 29 de abril de 2024, por un lado, desestimó las quejas articuladas por derecho propio por C. (conf. causas P. 140.318-Q y P. 140.365-Q). Por otra parte, declaró procedente la interpuesta por la defensa oficial (causa P. 140.418-Q); en consecuencia, admitió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por estimar que las denuncias de "...inobservancia de las reglas básicas de constitución y recusación del jurado —en quebranto a la garantía del juicio previo—, violación del derecho de defensa, debido proceso y del principio ne bis in idem , así como la arbitrariedad", se desarrollaron con la suficiencia técnica necesaria.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial, canalizando la voluntad impugnativa de C., en el marco de la causa P. 140.418-Q?
2ª) ¿Lo es el presentado por la defensa oficial en la causa P. 138.714?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, luego de tomar vista de la presentación efectuada por su asistido por derecho propio, titulada "...recurso extraordinario", lo fundó técnicamente y lo canalizó como un carril extraordinario de inaplicabilidad de ley.
I.1. Denunció la inobservancia de las reglas sobre la constitución y recusación del jurado (art. 448 bis inc. "a", CPP), lo que a su entender implicó arbitrariedad y afectación de los principios de imparcialidad, juicio previo, derecho de defensa, debido proceso y ne bis in idem (conf. arts. 1, 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac. y 8.1, CADH).
Luego de reseñar los antecedentes del caso, afirmó que contrariamente a lo sostenido por el tribunal intermedio, en las audiencias de selección de los jurados se incurrió en arbitrariedad por apartamiento del texto de la ley.
Puntualizó que el art. 338 quater , en el inc. 7 del Código Procesal Penal establece: "...'...Circunstancias extraordinarias. Cuando no sea posible integrar el jurado con la lista original, se efectuará un sorteo extraordinario con la lista oficial para completar el número de ciudadanos requeridos y se repetirá el procedimiento de selección abreviando los plazos para evitar demoras en el juicio".
A su entender, de dicha norma se desprende que se repetirá el procedimiento de selección, sin ningún tipo de restricción, de ahí que las recusaciones sin causa también debieron habilitarse, pues dicho mecanismo permitía resguardar el principio de imparcialidad; pese a ello, la señora jueza técnica no les permitió aplicar el mecanismo previsto en el art. 338 quater inc. 7 citado.
Alegó que "...la interpretación restrictiva efectuada tanto por la juez[a] técnica como por el Tribunal revisor, pone en juego la conformación imparcial del jurado y convierte a la decisión en arbitraria a partir de la prescindencia del texto expreso de la ley".
I.2. Como segundo punto, se agravió de la inobservancia de las reglas que rigen la intervención del imputado en el debate y denunció la violación del derecho de defensa y del debido proceso legal (art. 18, Const. nac.).
Luego de reseñar la respuesta de la Casación, destacó que "...la invocación lisa y llana del Plenario [de Casación n° 13.569], sin considerar que el mismo no fue dictado para el juicio por jurados, cuando lo que viene planteado es la impresión que causa en el jurado la exclusión del imputado de la Sala, por implicar una pérdida de imparcialidad, importa un apartamiento del contenido del agravio".
Manifestó que la sugestión que produce en el jurado esta circunstancia, afecta el derecho de defensa por aplicar mecanismos en el juicio que, por resultar sesgados, pueden haber influido en la decisión del jurado.
Por todo lo expuesto, solicitó que se anule la sentencia impugnada y se dicte un nuevo fallo conforme a derecho.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación.
III. Coincido con lo así dictaminado.
Veamos.
III.1. El Tribunal de Casación Penal, en lo que aquí importa, rechazó el agravio relativo a la constitución y recusación del jurado (conf. arts. 338 ter , 448 bis inc. "a" y concs., CPP).
Reseñó los antecedentes del caso, e indicó que del acta de la audiencia del art. 338 quater del Código de rito del día 23 de noviembre de 2021, surge que, al inicio, la defensa oficial planteó a la señora jueza interviniente que no se debería comenzar con la audiencia por no contar con el número de candidatos previstos en la ley. No se hizo lugar al pedido de suspensión de audiencia y se dejó constancia en el acta "...que no habían comparecido varios candidatos a jurado sorteados (pese a estar debidamente notificados)".
En dicho acto, "...comenzó el interrogatorio a los potenciales jurados [...] y más tarde las partes pasaron a un recinto contiguo junto a la Jueza con el objeto de plantear y resolver las posibles recusaciones, lo que así hicieron. Tras ello, resultaron desinsaculados 14 candidatos, por lo que las partes regresaron a la Sala, sin haber llegado a completarse la nómina exigida por el art. 338 bis inc.1º del [Código Procesal Penal]".
En función de ello, la jueza técnica "...procedió al sorteo extraordinario del art. 338 quater inc. 7º del rito, ' a fin de completar los faltantes y de sortear a un miembro masculino del jurado que quedará desafectado de la nómina '. Asimismo, se dejó constancia de que las partes no acordaron con la solución propuesta por la jueza de aplicar el inc. 7º del art. 338 quater [cit.] entendiendo que la posibilidad que plantea esa norma es para cuando no se puede llegar al listado de 48 postulantes y no para cuando, después de sorteado, falta gente 'porque no quedaría la posibilidad de recusarlos '. Pese a la insistencia de la Fiscalía y la Defensa sobre el punto, la magistrada decidió aplicar la norma precitada haciendo hincapié en el tiempo transcurrido desde la supuesta ocurrencia del hecho delictivo, en la garantía de poder contar con un juicio oportuno, tanto para la víctima como para el imputado, y además en ' que los juicios por jurados implican una organización enorme por parte del órgano judicial '. De este modo, se pasó a un cuarto intermedio convocando a las partes para el día siguiente".
El tribunal intermedio, señaló que "...en dicha jornada se reanudó la audiencia, comenzando nuevamente los interrogatorios a los potenciales jurados [...] tras lo cual, una vez más, las partes pasaron al recinto contiguo para plantear y resolver las posibles recusaciones. En esta ocasión, la defensa planteó [...] la posibilidad de formular recusaciones sin causa, no obstante lo cual se dejó plasmado que la Jueza respondió por la negativa al entender 'que el procedimiento tiene como finalidad, justamente, terminar de integrar el jurado y además las partes ya utilizaron las seis recusaciones sin causa '. Frente a ello, el defensor interpuso ' recurso de reposición en función de que estaríamos frente a un segundo proceso de selección ". La fiscalía se expidió en iguales términos e hizo reserva de recurrir en Casación.
Ante dichos reclamos, la señora jueza técnica los rechazó con sustento en que "...se está intentando [...] alterar el juicio, aun cuando esa fue la voluntad del imputado [...] y con ese criterio de darle la posibilidad de recusar sin causa a doce personas, nos quedaríamos sin posibilidades de integrar el jurado como una maniobra dilatoria para no realizar el juicio. Acá se ha evaluado la imparcialidad con justa causa y la idea del inciso 7º es la integración del jurado para poder realizarlo, no es para que las partes realicen tareas para que el juicio no se haga".
A su vez, recordó que en cuanto a los cuestionamientos de la fiscal y de la defensa vinculados a que las recusaciones sin causa garantizan la imparcialidad del jurado, entre otras garantías constitucionales, la jueza resolvió que las partes "...'... pudieron hacer las preguntas que creían necesarias y pudieron recusar con causa '. También añadió la jueza que ' esto sería la utilización de la ley procesal en detrimento de los principios constitucionales, porque si se les da la posibilidad de que utilicen las seis recusaciones, nuevamente no se llegaría a completar la nómina y el juicio se tendría que suspender, la idea del inciso 7º es integrar el jurado y no permitirles a las partes que no se haga el juicio '". En consecuencia, las partes regresaron a la sala, se realizó el sorteo de los candidatos titulares y suplentes, se informó a los jurados designados los deberes e importancia de su función y se dispuso un receso para el comienzo del juicio.
Finalizada la reseña, la Casación, afirmó que "...el apartado 8 del art. 338 ter del Código de rito que invoca como inobservado la defensa" —en cuanto ordena que, dentro de los cuarenta días hábiles anteriores al inicio del juicio, y previa notificación a las partes, la oficina judicial proceda en acto público al sorteo de cuarenta y ocho personas de la lista oficial, las cuales serán inmediatamente convocadas para integrar la audiencia de selección de jurados— no fue incumplido.
En tal sentido, manifestó que no se demostró que dicha disposición hubiera sido inobservada en el proceso "...concretamente no ha venido indicado adecuadamente que dicho sorteo de 48 personas no fuera efectuado de acuerdo a lo que manda la ley, sin perjuicio de que (tal como se hizo constar en el acta anteriormente sintetizada) algunos candidatos no hayan concurrido, tal como se esperaba, el día designado para la audiencia de selección. Esta eventualidad, en sí misma, no implica la inobservancia de la norma señalada".
De seguido, indicó que "...frente a la inasistencia de algunos candidatos debidamente convocados —motivo por el cual no se logró la comparecencia de 48 potenciales integrantes del jurado— y pese a los reclamos de las partes, se procedió a la selección de candidatos, tras lo cual sólo se llegó al número de 14, faltando todavía 4 para lograr el número total exigido legalmente (18 personas, entre los 12 titulares y los seis suplentes)".
En este contexto, consideró acertada la decisión de la jueza técnica que frente a la selección incompleta de jurados "...la cuestión se encarriló ([...]acertadamente), en las circunstancias extraordinarias contempladas en el inc. 7º del art. 338 quater del [Código Procesal Penal], que establece que ' cuando no sea posible integrar el jurado con la lista original, se efectuará un sorteo extraordinario con la lista oficial para completar el número de ciudadanos requeridos y se repetirá el procedimiento de selección abreviando los plazos para evitar demoras en el juicio' . Eso fue exactamente lo que ocurrió en el caso y la defensa, pese a sus esfuerzos argumentales, no ha logrado comprobar lo contrario".
Agregó que "Si bien la parte centra su queja argumentando que al día siguiente, cuando se reanudó la audiencia de selección, ya no pudo contar con la posibilidad de recusar sin causa, cabe señalar que el número de recusaciones —de ese tenor— con que contaba, ya había sido utilizado con anterioridad, por lo que su reclamo no encuentra cobijo legal, independientemente de su pretensión de hacer valer la parte inicial del inc. 7º del art. 338 quater a tales fines en cuanto establece que '... se repetirá el procedimiento de selección abreviando los plazos... '" .
Destacó que "...lo que la parte ha interpretado como un nuevo o distinto proceso de selección, en rigor de verdad, siempre se trató de un único proceso, completado en dos jornadas distintas frente a la incomparecencia de algunas de las personas convocadas para el primer día, y la imposibilidad material, obvia, de efectuar una nueva convocatoria para el mismo día. Pero ello en modo alguno debe interpretarse como una manda legal para multiplicar las recusaciones previstas en favor de las partes".
A eso agregó que "...la defensa supo desde el inicio de la primera jornada de selección [...] que no había concurrido la totalidad de los ciudadanos sorteados, con lo cual [...] bien pudo reservarse el número de recusaciones sin causa que estimara conveniente según su estrategia defensista —dentro de las legalmente previstas [...]—, para cuando la cantidad de candidatos se completara; todo lo cual no hace sino contribuir a mostrar que la parte no fue sorprendida ni se vio mermada en el ejercicio de su ministerio".
Por todo lo expuesto, estimó que la parte no demostró la infracción a la normativa procesal citada ni la violación del principio de imparcialidad.
III.2. De la misma forma, el Tribunal de Alzada rechazó la crítica vinculada a la violación del derecho de defensa en juicio por haberse apartado al acusado cuando declaró la víctima.
En su apoyo, citó el Acuerdo Plenario de este Tribunal de Casación Penal en la causa 13.569 y destacó que la parte no aportó nuevos argumentos que permitan prescindir de su doctrina.
Agregó que, para más, el apartamiento de los acusados también se justifica merced a lo normado en el art. 7 inc. "c" aparatado I de la Ley provincial de Víctimas 15.232, sin que la parte la haya cuestionado en su constitucionalidad.
IV. El carril extraordinario resulta insuficiente (conf. art. 495, cit.).
IV.1. En primer lugar, la denuncia de afectación de la garantía de imparcialidad, enlazada con la tacha de arbitrariedad y con los principios de juicio previo, derecho de defensa, debido proceso y ne bis in idem , se asienta sobre una mera interpretación discrepante con el modo en que la señora jueza técnica aplicó la normativa procesal en lo referente a la constitución y recusación del jurado, sin evidenciar violación alguna de las normas de rito y, menos aún, el quebrantamiento de las citadas garantías (conf. arts. 448 bis inc. "a" y 338 bis, ter y quater incs. 4 y 7, CPP; conf. mutatis mutandi causas P. 134.130, sent. de 4-IV-2022; P. 135.145, sent. de 15-VIII-2023; e.o.).
En efecto, la defensa oficial no se hizo cargo de controvertir eficazmente los fundamentos con sustento en los cuales la Casación convalidó el procedimiento de conformación del jurado popular (conf. arts. 338 bis , 338 ter y 338 quater, en especial, incs. 4 y 7, cits.).
En particular, en lo que respecta a las críticas vinculadas a la imposibilidad de las partes de recusar sin causa durante el mecanismo del art. 338 quater inc. 7, la defensa oficial dejó completamente incontrovertido el argumento del Tribunal de Alzada relativo a que ya se habían agotado tales recusaciones durante la primera audiencia de selección, oportunidad en que las partes ya sabían que deberían realizar una audiencia posterior para alcanzar el número legalmente exigido. De ello, la Casación extrajo que las partes pudieron haber administrado de distinta manera la aplicación de este mecanismo. Para más, puso de manifiesto que en la audiencia del art. 338 quater inc. 7, tuvieron la posibilidad de efectuar las correspondientes recusaciones con causa.
Frente a tal situación, la parte no demostró de qué manera la imposibilidad de recusar sin causa durante la segunda audiencia habría quebrantado las garantías que —de manera dogmática— dice afectadas. En tal sentido, no expuso cuál sería el perjuicio concreto, ni qué defensa se privó de ejercer, para otorgarle al caso la solución pretendida (conf. mutatis mutandi causas P. 134.130, sent. de 4-IV-2022 y P. 135.145, sent. de 15-VIII-2023).
En suma, las críticas de la parte no pasan de ser, además de una reedición de lo ya planteado ante la instancia anterior, una opinión personal discrepante con el criterio sustentado por el sentenciante que desoye los fundamentos dados, sin agregarle ningún desarrollo que evidencie la violación de las garantías constitucionales invocadas (doctr. art. 495, cit.; conf. causas P. 75.261, sent. de 15-XII-2004; P. 90.723, sent. de 20-XII-2006; P. 125.158, sent. de 19-II-2020; P. 133.191, sent. de 10-VIII-2021; e.o.).
Es sabido que el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 134.020, sent. de 28-VI-2021; e.o.).
En consecuencia, corresponde rechazar la denuncia de violación de la garantía de imparcialidad en el trámite de constitución del
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