Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139743
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.743, "Ronco, Javier Maximiliano s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 123.250 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Violini .
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, por sentencia del día 28 de junio de 2022 —con integración unipersonal y en el marco de juicio abreviado— condenó a Javier Maximiliano Ronco a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar autor responsable del delito de doble homicidio agravado por el uso de armas de fuego, víctimas Carlos Rodríguez y María Martini (arts. 41 bis y 79, Cód. Penal).
Contra lo así decidido la defensa particular del imputado interpuso recurso de casación.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal abordó los planteos del recurso y lo rechazó por improcedente (v. sent. digital de 22-VIII-2023).
Frente a lo así decidido, la defensa de confianza de Ronco —a cargo del doctor César Albarracín— dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por la Sala recurrida (v. resol. digital de 26-IX-2023).
Estando el expediente ante el Tribunal, con autos para resolver, la defensa del imputado presentó escrito poniendo en conocimiento lo que denuncia como "hecho nuevo", en referencia a la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata que condenó a Tomás Alberto Morán a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua por resultar autor del delito de concusión (v. sent. de 18-XII-2024). Adujo que de su contenido surge que, el por entonces fiscal, presionó testigos para que depongan en contra de Ronco, piezas que, finalmente, fueron utilizadas en el presente caso para fundar la condena que aquí se impugna.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 2-V-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La defensa denuncia, en primer lugar, violación de la garantía del plazo razonable.
Afirma que los hechos investigados datan del día 4 de enero de 2008, que no se trata de un caso complejo en su pesquisa, ya que involucra una sola maniobra, un solo escenario homicida y un único imputado, sin que la defensa haya incurrido en presentaciones dilatorias.
Indica que las demoras producidas en el proceso tuvieron origen en el accionar presuntamente delictivo del fiscal a cargo de la investigación, el doctor Morán, en un extenso proceso ante el tribunal de la instancia y en la etapa recursiva.
Señala el exorbitante plazo empleado por las autoridades judiciales para el desarrollo de estas actuaciones, cuya demora no puede atribuirse al imputado. Cita en apoyo los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Espíndola" y "Gómez".
Concluye que a la fecha transcurrieron casi dieciséis años de proceso, con evidente vulneración del plazo razonable, lo que impone el dictado del sobreseimiento por insubsistencia de la acción penal (arts. 18, Const. nac. y 8.1, CADH).
I.2. De seguido se queja de la violación de la garantía de un tribunal imparcial.
Explica que la Sala I del Tribunal de Casación Penal intervino en dos ocasiones en el presente proceso: primero, el día 9 de septiembre de 2015, en oportunidad de tratar planteos relativos a nulidades de la investigación penal y el cese de la prisión preventiva, ordenándose la morigeración de la detención de Ronco; luego, el día 22 de agosto de 2023, en ocasión de dictarse la sentencia impugnada (voto de los señores jueces Carral y Maidana).
Recuerda que en ambas actuaciones los casacionistas decidieron al menos parcialmente en un mismo sentido, en perjuicio del imputado.
Puntualiza que el doctor Carral intervino tanto en el rechazo del cese de la prisión preventiva en el año 2015 como en el dictado de la sentencia ahora en crisis, tomando contacto en ambas oportunidades con elementos de prueba, que valoró en contra de las pretensiones de la defensa de Ronco.
En apoyo cita los fallos de la Corte federal "Pacheco", "Borbolla", "Dieser" y "Prenzetti" y agrega que la regla fijada por ese Cimero Tribunal a través de la Acordada 23/2005 tiene recepción legislativa en el Código adjetivo mediante la reforma operada con la sanción de la ley 13.812.
Solicita se anule el fallo y se dicte uno nuevo.
I.3. Como tercer agravio aduce arbitrariedad al convalidarse la condena, pese a la ausencia de prueba directa que permita vincular a Ronco con el hecho juzgado.
Sostiene que se ha llegado a dicha condena con base en rumores, prejuicios y suposiciones, lo que impide considerar la sentencia como derivación razonada del derecho vigente.
Apunta que el órgano revisor se ocupó inicialmente del tópico titulado en la impugnación como "antecedentes relevantes", sin que tuviera la centralidad asignada, limitándose ese enfoque a la presentación de los planteos.
Reniega de las reflexiones referentes a que el señor fiscal de la causa, doctor Morán, no había pedido dinero para perjudicar a Ronco, sino a modo de promesa para ayudarlo ante una eventual imputación en la causa. Pues, aduce que no puede suponerse que el fiscal no se haya valido de su proceder ilegítimo para justificar el requerimiento que formuló.
En su parecer, ello quedó acreditado en el auto de prisión preventiva dictado en perjuicio del exfiscal Morán, del que surgiría que el funcionario había presionado a testigos que habían validado el relato de Ronco, del que deriva la prueba de su accionar direccionado contra el imputado.
Se agravia de la ponderación de la declaración juramentada prestada por Susana Ditler, quien no fue testigo presencial del hecho ni sindicó de manera concreta al imputado como responsable, sino que solo mencionó que tres años después del suceso apareció en su casa un señor de apellido Barroso (apodado "Macha"), al que no conocía, aludiendo a los rumores sobre la autoría de Ronco. Pese a lo cual el tribunal de origen sostuvo que la testigo había formulado imputación directa hacia Ronco y que tal elemento de prueba, junto a otros, resultaban la base de la convicción sincera. Mientras, el órgano intermedio reputó que el resto de los elementos valorados por los juzgadores de grado de todos modos permitía alcanzar la convicción de condena, subrogándose —según sostiene— de manera indebida a las potestades del tribunal de juicio.
Denuncia violación del debido proceso, la defensa en juicio y el principio de inocencia.
Agrega que se mencionan "...en valoración autónoma apartada de las consideraciones de la sentencia de primera instancia" las testimoniales de Susana Rodríguez y Nadia Mariscal, pese a que esta última refiere meramente a rumores.
Concluye que la Casación forzó su decisión merced a argumentos formales y no en pruebas, validando una decisión de condena "...no porque haya certeza extraída de elementos de convicción sino porque aparece una alternativa posible" para lo cual se acudió incluso a considerar como elemento de cargo "...los rumores de la calle". Insiste en la inocencia de Ronco.
II. El señor Procurador General aconsejó no hacer lugar al reclamo.
Coincido con lo así dictaminado.
III. La reseña de los antecedentes del caso permitirá ilustrar el sentido de la solución que propicio.
III.1. Luego de admitir el procedimiento de juicio abreviado, la magistrada del Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Plata dio por probado que "...entre las 23:00 horas del día 4 de enero del año 2008, y las 01:30 horas del día 5 del mismo mes y año, en oportunidad que Carlos Eduardo Rodríguez y María Martini circulaban a bordo de un vehículo marca Volkswagen, modelo Gol, color blanco, dominio CIL-691, por la ex ruta Provincial Nº 19 (Camino Negro), detuvieron la marcha ochocientos metros antes de llegar al puente que se halla sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, de la localidad de Villa Elisa, y al menos un sujeto de sexo masculino mayor de edad, que se hallaría en el mismo vehículo, con evidente intención de quitarles la vida, efectuó disparos con un arma de fuego contra Carlos Rodríguez y María Martini, ocasionándole a Rodríguez fracturas múltiples de cráneo y destrucción de masa encefálica, que provocaron su muerte el día 24 de enero de 2008; mientras que a María Martini le efectuó dos disparos de arma de fuego en su cabeza, una en el área mentoneana izquierda con orificio de salida en área mentoneana derecha y otra en área preauricular izquierda con orificio de salida en área occipital media, lo que le produjo la muerte inmediatamente como consecuencia de un shock hipovolémico traumático secundario a herida por proyectil de arma de fuego en cráneo". Asimismo estableció que "...al momento del arribo de la comisión policial, el automóvil se encontraba estacionado con las luces encendidas, con ambas puertas delanteras abiertas, el respaldo de la butaca del acompañante reclinado hacia adelante, y encontrándose el cuerpo de María Martini ya sin vida, recostado sobre la banquina, hallándose además, aún con vida pero herido, en la butaca del conductor a Carlos Eduardo Rodríguez, quien luego de ser trasladado, falleciera en el Hospital San Roque de Manuel B. Gonnet. Que, en el lugar del hecho, se procedió al secuestro de una vaina servida marca IMI calibre 9mm hallada a un metro veinte centímetros del rodado sobre el pasto, otra vaina marca RP calibre 9 mm. hallada a dos metros del vehículo también sobre el pasto y una tercera vaina servida de las mismas características ubicada sobre el torpedo del rodado debajo del parabrisas a la altura media del largo aproximadamente. Que asimismo se observó un impacto de proyectil sin salida de adentro hacia afuera sobre el techo del auto a la altura del cabezal de la butaca del conductor".
Encontró a Javier Maximiliano Ronco autor responsable del delito de doble homicidio agravado por el uso de armas de fuego (art. 79 con relación al 41 bis , ambos del Cód. Penal) y lo condenó a la pena de trece años de prisión antes referida.
III.2. En el recurso llevado a Casación el abogado de confianza del imputado denunció violación de los arts. 18 de la Constitución nacional y 106, 210 y 373 del Código Procesal Penal. Tachó de arbitrariedad la sentencia. Relató que se tuvo por acreditada la autoría de Ronco en cuatro elementos de cargo: "(a) la directa imputación de Susana Ditler; (b) que Ronco conocía y mantenía relación de amistad y comercial con las víctimas; (c) que la dinámica de los hechos evidencia que el agresor debió ser una persona conocida de las víctimas; (d) que Ronco se mostró interesado en negar la relación comercial con Rodríguez y 'excesivamente' preocupado por la investigación". Resaltó que Susana Ditler (madre de la víctima Carlos Rodríguez), no resultó testigo del hecho, sino que se limitó a retransmitir el rumor informado por un tal Barroso —quien en su opinión tenía interés deliberado en inculpar a Ronco—.
Expuso, además, que la supuesta relación de amistad y comercial entre Ronco y las víctimas era inconducente para probar la autoría de su asistido. En referencia a la mecánica del hecho, alegó que no resultaba un indicio autónomo sino un complemento argumental del anterior. Cuestionó el razonamiento de la jueza al estimar que la preocupación de Ronco en la investigación judicial, por excesiva, resultó sospechosa. Expuso que a fin de probar aquel dato la magistrada valoró las testificales de Santamaría y de Daniel Flores, quienes narraron una reunión que tuvieron con Ronco, cuando ese encuentro fue "...el resultado del procedimiento experimental ordenado y monitoreado por los propios investigadores del caso", por lo que carece de valor probatorio alguno, siendo jurídicamente inoponible a Ronco.
Porque, sustancialmente, "...fue empleado como agente encubierto o colaborador, sin autorización ni control judicial". Se quejó de valoración arbitraria del descargo del imputado, en tanto su versión fue avalada por cinco testigos (Yalet, Vesiroglos, Bozzarelli, Medina y Polito), "...es decir, por todas las personas con las que él dijo que había estado". Agregó que la señora jueza de grado construyó la imputación a partir del estudio de las comunicaciones del acusado, de las que extrae caprichosamente conjeturas y suposiciones. Cuando, sostiene, el único dato relevante es que el celular de Ronco tampoco fue captado por las antenas del lugar del hecho ni al momento de comisión, aun considerando la amplia franja establecida por el tribunal, ni antes ni después.
Aseveró que los registros telefónicos ubican a Ronco siempre en La Plata, Barrio hipódromo, City Bell o Ensenada, nunca en Villa Elisa donde ocurrieron los hechos. Se disconformó con el mérito de una multiplicidad de rumores sobre la autoría de Ronco. Concluyó que los elementos de prueba disponibles resultaban insuficientes para probar la autoría de su asistido, insistiendo en la actuación irregular del exfiscal Morán que intervino inicialmente en esta causa y las líneas de investigación no exploradas. Solicitó la absolución de Ronco.
III.3. La Sala I de Casación Penal, rechazó el recurso por improcedente (v. sent. de 22-VIII-2023).
Advirtió que la defensa no había controvertido la fiabilidad de los testigos que valoró la señora jueza en el veredicto, sino el valor de algunas de sus afirmaciones (en particular, las que se remiten a la reproducción de rumores). Tampoco, la confiabilidad del resto de los elementos de prueba disponibles, como el registro de llamadas del celular de Ronco y el informe del VAIC incorporado en la causa. Resaltó que se cuestionaba la aceptabilidad de las inferencias probatorias que realizó la magistrada y que, en definitiva, condujo a la decisión final.
El señor juez ponente, doctor Carral, intentó despejar las inquietudes del impugnante sobre la investigación seguida contra su asistido, en cuanto adujo que de ese modo el fallo de condena legitimaba "...el delito cometido [por el ex-fiscal] y sus consecuencias".
Desestimó que la plataforma fáctica de la imputación que se atribuye al exfiscal, en las actuaciones que señala y transcribe (parcialmente) el recurrente, reflejara las premisas que intenta demostrar como base de su argumento. Ello, toda vez que no se le atribuyó al nombrado generar un ilegítimo escenario probatorio para estar en condiciones de imputar a Ronco el doble homicidio (si no le pagaba el dinero exigido), sino exigirle a Ronco el pago de un precio "...a cambio de desviar la investigación" que ya pesaba en su contra.
Sostuvo que así "...la defensa se apoya en una estructura de argumentación que altera el sentido y razones que motivaron aquella imputación, pues se acusó al ex-funcionario de haber realizado diversos actos concretos en el marco de la investigación a su cargo, para que 'Ronco se sustrajera de la acción de la justicia y lograra así su impunidad'".
De inmediato se ocupó de los "cuatro elementos" cuestionados por la parte.
Destacó que Susana Ditler declaró que en el mes de marzo de 2011 una persona de apellido Barroso (apodado "Macha"), se presentó en su casa y le dijo a ella y a su marido que Javier Ronco había matado a su hijo y que el arma utilizada era del "Pipi" Yalet. Agregó que Barroso "...estaba preocupado porque lo acusaban a él de la muerte de Carlitos y de la de Juan Farías...", cuando él no había sido.
Advirtió que la defensa estructuraba sus agravios en el marco de una hipótesis explicativa de la imputación en contra de su asistido: que Ronco es un comerciante que toda la vida se dedicó a la compra y venta de vehículos automotores, que nunca tuvo antecedentes penales y que comienza "...a ser perseguido en forma irracional e ilegítima" por el exfiscal a cargo de la investigación. A ello suma que Barroso Luna instaló la versión de que Ronco era el autor del doble homicidio (y también del homicidio de Juan Farías), no porque tuviera información sino porque quería desvincularse él de los hechos.
Explicó el revisor que aun cuando los antecedentes penales de un acusado no tienen valor epistémico en la reconstrucción judicial de una situación típica, cierto es que tampoco el escenario que plantea la defensa se corresponde con la realidad. Pues, de las propias actuaciones que cita y adjunta para cuestionar la fiabilidad de Barroso Luna (auto de elevación a juicio de la IPP 06-00-04837-14), se desprende que Javier Ronco fue imputado como miembro de una asociación ilícita —junto a Barroso Luna, Juan "Tecla" Farías, Gustavo Mena, Ángel Yalet y otros sujetos— que "...se dedicaba desde el año 2004 a cometer delitos de diversa naturaleza en la ciudad de La Plata y alrededores, entre ellos robos bajo la modalidad de 'escruche', y robos de autos y su posterior reducción, adulteración y venta (pág. 26 del registro informático del auto de elevación a juicio, IPP 06-00-04837-14)".
Destacó que dicha IPP refleja que Barroso Luna y Ronco compartían cierto entorno; al igual que con Carlos Rodríguez y Juan Farías (que eran amigos de toda la vida, según varias de las declaraciones ponderadas por la magistrada, dato no controvertido).
Indicó que uno de los elementos que valoró la señora jueza fue la imputación que le dirigieron algunos testigos (como Susana Ditler y Sindy Poza) y que, aunque pueden calificarse de rumores que circulaban en el entorno de las víctimas, especificó que esos datos no fueron los únicos elementos que motivaron el veredicto.
Trajo a colación el testimonio de Susana Rodríguez quien indicó que meses después de la muerte de su hermano Carlos Rodríguez se enteró por intermedio de su amiga Karina Cabaña que "...el autor del homicidio fue un tal Ronco, quien resultaba ser socio de [su] hermano en la agencia de autos". Indicó la fuente de información de su amiga y agregó que el papá de María Martini (la otra víctima) lo había ido a buscar a Ronco "...ya que él decía que había sido él". También, Nadia Mariscal declaró que su pareja Juan Farías le había dicho que circulaba el comentario de que "...unos tipos de Quilmes con los que hacía negocios o Javier Ronco pueden haberlo matado, cosa que yo no creo de Javier".
Agregó que Juan Farías, si bien aclaró que él nunca dijo que Ronco había matado a Carlos Rodríguez, porque no lo sabía, precisó que "...ese era el comentario en la calle".
Concluyó que estas sindicaciones que circulaban sobre la autoría de Ronco no se limitaron a una única fuente de información, ni puede confirmarse que lo haya "instalado" Barroso Luna. Reparó en la declaración de la hermana de Carlos Rodríguez quien señaló que ese comentario lo conoció meses después de la muerte de su hermano, mientras Susana Ditler dijo que el encuentro con Barroso fue recién a comienzos del año 2011, es decir, a tres años de cometido el delito.
Resaltó el señor juez Carral que, si bien el valor epistémico del rumor existente es débil y no se refuerza por la adición de otro dato de similar condición, no implica que su valoración deba rechazarse en forma absoluta, habida cuenta que su ponderación es posible junto a otros elementos probatorios y, en el caso, la prueba de la autoría no se cimentaba en ese único tipo de información.
Se examinaron las testificales de Ariel Santamaría y Daniel Flores, el primero por entonces empleado policial y el segundo informante de algunos hechos y conocido de Ronco y Carlos Rodríguez, cuando describieron el episodio donde se encontraron con el imputado, luego de cometido el doble homicidio. Destacó que, según Flores, Ronco lo llamó primero para encontrarse en su agencia, aunque finalmente se vieron en el arco de Villa El
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