Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 142748
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Diego Szpigiel, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 142.748, "Dawe, Eric Hernán. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 142.748 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
El Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín, el día 7 de noviembre de 2023, condenó a Hernán Eric Dawe a la pena de quince años de prisión, accesorias legales, multa de trescientos quince mil pesos y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de homicidio y tráfico de estupefacientes en la modalidad tenencia con fines de comercialización, en concurso real (arts. 40, 41, 41 bis, 45, 55 y 79, Cód. Penal y 5 inc. "c", ley 23.737).
Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación la defensa particular del imputado.
A su turno, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 29 de noviembre de 2024, abordó los agravios y los rechazó, confirmando el fallo en todas sus partes.
Frente a ello, la defensa de Dawe ejercida por el doctor Diego Szpigiel, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue declarado parcialmente admisible por la Sala recurrida, solo en cuanto a la errónea aplicación del art. 41 bis con relación al art. 79, ambos del Código Penal (v. resol. digital de 3-II-2025). Contra la parcela de la decisión denegada la parte no presentó queja (v. informe actuarial de 10-III-2025).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 10-III-2025), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Tal como se reseñó en los antecedentes, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en estudio fue concedido únicamente respecto de la pretensa errónea aplicación del art. 41 bis con relación al art. 79, ambos del Código Penal. Los demás agravios no serán referenciados porque quedaron fuera del ámbito de conocimiento de esta Corte (conf. art. 486, CPP).
II. Como se dijo, la defensa particular de Hernán Dawe planteó una errónea aplicación al caso del art. 41 bis con relación al art. 79, ambos del Código Penal.
Aseveró que agravar el homicidio por el sólo hecho de usar un arma de fuego no concuerda con la aplicación lógica de la figura legal, porque el uso del arma es la forma de realización del tipo con la que se agota la conducta en ese mismo acto.
Se refirió a la polémica jurisprudencial y doctrinaria que genera su aplicación, argumentando que el art. 41 bis no puede ser aplicado en el marco del art. 79 del Código Penal en que la muerte se verifica y es reflejo y consecuencia acabada de todo peligro, la que no admite grados en su producción.
Indicó que el empleo de un arma de fuego como medio homicida no indica una mayor peligrosidad del autor y que, la única lógica para su aplicación es que, antes de la realización del verbo típico medie una intimidación hacia la víctima y resaltó que eso no aconteció en el supuesto aquí juzgado.
Apreció que conforme una interpretación sistémica de la norma, teniendo en consideración a la figura del art. 104 del Código Penal, el empleo de un arma de fuego para causar lesiones graves y gravísimas, así como para producir el homicidio ya fueron contemplados.
En subsidio solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la norma por vulnerar el principio de legalidad, no respetar el mandato de lex certa (arts. 18, Const. nac.; 8.1 y 9, CADH; 14.1 y 15.1, PIDCP), ser indeterminada y generar incertidumbre respecto a su alcance.
Sumó que provoca una doble valoración porque señaló que el uso de un arma ya está contemplado en la figura de homicidio y finalmente, que dicha agravante desconoce el principio de proporcionalidad y racionalidad de las penas al producir escalas sistemáticamente incoherentes.
Culminó solicitando que se quite la severizante genérica, con la consiguiente reducción de la pena.
III. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. Arriba firme que —en lo que aquí interesa— Eric Hernán Dawe, el día 17 de agosto de 2021, minutos después de las 03:00 hs, con —al menos— dos personas más, a bordo de un auto que él manejaba, llevaron a Jeremías Martín Boyasco, hasta un determinado lugar (calle La Cautiva esquina Claudio Castro, Villa Boch, Tres de Febrero), donde uno de ellos le efectuó disparos en distintas partes del cuerpo que provocaron su muerte.
III.2. La errónea aplicación del art. 41 bis del Código Penal con relación al homicidio fue discutida y confirmada en ambas instancias. Evito, por cuestiones de brevedad, hacer referencia a los argumentos planteados —similares a los que se traen ante esta instancia— y las respuestas brindadas.
Solo cabe sucintamente señalar que el Tribunal de Casación, para rechazar el agravio que pretendía que no se aplicara la agravante en cuestión, explicó que la ley trasladó aquello que tradicionalmente se había considerado ponderable como pauta aumentativa por el mayor contenido de injusto, hacia el nivel típico.
Sostuvo que el legislador encontró un fundamento razonable para la aplicación del art. 41 bis del Código Penal con relación el delito de homicidio —el supuesto objeto de revisión—, esto es, la facilitación del hecho dada la consecuente disminución de la capacidad de la víctima que el empleo de un arma de fuego importa. Citó el fallo de esta Corte, causa P. 121.652, sentencia de 13-XII-2017.
Respecto al planteo de declaración de inconstitucionalidad de dicha agravante, entendió que la queja del impugnante no demostraba la configuración de una colisión normativa que justificase la extrema solución peticionada. Al respecto citó diversos fallos de este Tribunal.
Agregó que las denuncias de violación a los principios de legalidad, razonabilidad, igualdad ante la ley o racionalidad de las penas, por sí solas no eran suficientes para considerar que la norma no resultara aplicable.
En resumen, consideró que el texto del art. 41 bis del Código Penal, satisface los requisitos del art. 18 de la Constitucional nacional, en la medida que la respuesta punitiva está prevista en el texto legal y queda suficientemente precisada en tanto brinda inequívocas pautas para su determinación, delimitando un piso y máximo de pena, al ser relacionados con los delitos de la parte y leyes esenciales a los que en definitiva se aplican.
Desestimó cualquier dificultad interpretativa y culminó desechando así la petición de inconstitucionalidad incoada.
IV. Como lo adelantara, el recurso no prospera.
V. Los agravios referentes a la errónea aplicación de la ley sustantiva y el planteo subsidiario de inconstitucionalidad constituyen una reedición de los llevados a la instancia intermedia (v. recurso de casación acompañado digitalmente) que fueron abordados y descartados por el Tribunal de Casación, conforme fuera reseñado, de los cuales el impugnante se desentiende por completo.
A su vez, frente a la consolidada doctrina legal de esta Corte que —precisamente— establece que la agravante contenida en el art. 41 bis del Código Penal es aplicable al delito de homicidio (conf. causas P. 102.647, sent. de 19-VIII-2009; P. 110.202, sent. de 27-IV-2011; P. 109.090, sent. de 17-VIII-2011; P. 110.556, sent. de 21-XII-2011; P. 136.825, sent. de 29-IV-2024; e.o.) el recurrente no se apresta a cumplir con una carga argumentativa calificada por la cual demuestre la necesidad de modificarla.
En efecto, a la luz de los antecedentes parlamentarios resulta claro que la figura del art. 79 del Código Penal, fue especialmente considerada para la aplicación de la citada norma, justificada en la mayor contundencia y poder de vulnerabilidad sobre las víctimas de las armas de fuego (el 95% de ellos se comete con armas de fuego, justificando el fundamento de la agravante en la "mayor contundencia" de las de ese tipo y el mayor poder de vulnerabilidad sobre las víctimas —conf. versión taquigráfica de la 42ª Reunión 15ª Sesión ordinaria, de 9-VIII-2000, Orden del día 742—).
En cuanto al principio de legalidad, no hay afectación alguna, pues se trata de una norma claramente determinada y certera: consiste, en una figura calificante de los tipos penales a los que se integra, modificadora de la escala punitiva respectiva, lo cual conlleva la necesidad de "construir" su relación de especialidad respecto de cada delito con el que se vincula.
El legislador aclaró en el mismo texto que esta agravante no será aplicable "...cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate".
En lo relativo al argumento de que el homicidio "no admite grados de producción", cabe responder que, en verdad, lo no graduable es la vida que, como bien jurídico tutelado, se extingue o perdura. Pero ello no impide que el legislador determine objetivamente que ciertas modalidades, medios, fines y móviles de dar muerte a una persona, sean comprensivas de un comportamiento de mayor gravedad a los fines de justificar una punibilidad diferenciada. De hecho, la norma realza algunas circunstancias especiales de comisión como categorías calificantes del homicidio. Por ejemplo, por el "modo", cuando se matare a otro por "ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso" (art. 80 inc. 2, Cód. Penal); cuando el "medio" empleado fuere idóneo para crear un peligro común (art. 80 inc. 5, Cód. Penal); cuando tuviere lugar "con el concurso premeditado de dos o más personas" (art. 80 inc. 6, Cód. Penal); o el homicidio se fundare en móviles abyectos, v.gr. "por placer, codicia, odio racial o religioso" (art. 80 inc. 4, Cód. Penal).
En referencia a la conjugación sistemática con el abuso de arma de fuego (art. 104 segundo párr., Cód. Penal), también este argumento ha sido rechazado en muchas ocasiones por esta Corte (ver, en particular el voto del doctor Soria en causa P. 120.686, sent. de 24-V-2016 —con sus citas de doctrina—, al cual adherí). Se ha discutido si el uso de arma de fuego en el homicidio o las lesiones queda absorbido por el delito de abuso de armas (art. 104 segundo párr., Cód. Penal) y, por lo tanto, no podría aplicarse además el agravante del art. 41 bis.
Esta idea fue descartada porque en rigor no hay superposición entre las figuras: el abuso de armas es un delito de peligro abstracto o remoto, que sanciona conductas que sólo generan un riesgo indeterminado para la vida. En cambio, el homicidio (o su tentativa) implica un riesgo concreto y próximo, dirigido efectivamente contra la vida de una persona. Por eso, el abuso de armas no contiene conceptualmente al homicidio o su tentativa, ya que difieren en su estructura objetiva y en el grado de riesgo que abarcan.
En consecuencia, el uso de arma de fuego en el homicidio no está valorado previamente en el tipo del art. 79 del Código de fondo, y puede ser considerado como agravante bajo el art. 41 bis, porque el homicidio no contempla expresamente ese medio comisivo. Debe descartarse aquí también la idea de una doble valoración de la misma circunstancia.
V.1. Finalmente, el planteo vinculado con la constitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal por su eventual lesión al principio de legalidad, ya fue respondido más arriba: el solo hecho de que la regla incorporada agregue una disposición genérica en la Parte General del Código Penal, destinada a jugar en relación con los tipos pertinentes de la Parte Especial, de ningún modo constituye una afectación del principio de legalidad (ver las citas referenciadas más arriba).
En cuanto a la restante objeción constitucional a partir de la falta de proporcionalidad y la supuesta distorsión de las penas que generaría la norma al aumentar las escalas en abstracto (un tercio en el mínimo y en el máximo), no aporta ningún razonamiento enfocado en el caso concreto; sólo invoca comparativamente casos extremos.
Esa falta de consistencia argumental se advierte cuando en el supuesto individual en examen -para el que viene solicitando el excepcional resorte de declaración de inconstitucionalidad- se mensuró una pena inferior al término medio de la escala. Efectivamente, se le impuso una pena de quince años de prisión en el marco de una escala que, dado el concurso real de delitos (art. 55) aun en la hipótesis de no aplicarse la norma cuestionada (art. 41 bis), de todos modos tendría un máximo de cuarenta años de prisión.
Por lo demás, corresponde recordar que tanto la configuración de los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprochables, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que se pretende evitar y las penas con las que intenta conseguirlo, son potestad exclusiva del legislador, quien goza de un amplio margen de libertad. Es por ello que el control constitucional difuso que posee la jurisdicción al respecto debe ser muy cauteloso (conf. mi voto causa P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016).
Por todo lo expuesto, no logra justificar mínimamente la incompatibilidad del precepto que le agravia con la Constitución nacional (arts. 18, 28 y 75 inc. 22), ni con los pactos internacionales de igual rango que cita. Superado este test, la aplicabilidad de la mencionada norma al delito enrostrado debe ser confirmada.
V.2. Por último, resulta ineludible resaltar que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia que omitió aplicar la agravante en cuestión a un homicidio (en el caso individual examinado, un robo con resultado homicidio en grado de tentativa —arts. 42 y 165, Cód. Penal—). Se explicó allí que, teniendo en cuenta la clara letra de la ley y lo que surge de los antecedentes parlamentarios, no se puede afirmar válidamente que el modo de producción de la muerte no sea una pauta relevante para fundar un mayor grado de punición (v., CSJN Fallos: 347:936, Quintana, Jorge Luis y otros s/ recurso extraordinario, sent. de 13-VIII-2024).
En consecuencia, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Kohan, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Diego Szpigiel, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/11/2025 13:05:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/11/2025 11:46:15 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 20/11/2025 11:30:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2025 19:29:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2025 08:04:41 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 25/11/2025 08:33:22 hs. bajo el número RS-186-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia