Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 141946
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 141.946, "Alives, Juan Carlos s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 128.716 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza por sentencia del 22 de septiembre de 2023, mediante juicio abreviado y con integración unipersonal, condenó a Juan Carlos Alives a la pena de diez años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio (arts. 40, 41, 41 bis, 45 y 79, Cód. Penal).
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 27 de mayo de 2024, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial en favor de Alives.
Frente a ello, el señor defensor de Casación adjunto —doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi— interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por la Sala interviniente (v. resol. digital de 17-IX-2024).
Oído el señor Procurador General (v. presentación de 7-V-2025), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial denuncia la infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana y del derecho de defensa, y la revisión aparente de la sentencia de condena en el tramo correspondiente a la autoría responsable de Alives, que —a su entender— frustró el derecho al doble conforme y la violación a la presunción de inocencia (arts. 1, 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1.2. "h", CADH y 14.1.5., PIDCP).
Sostiene que existe una discordancia sustancial entre el agravio llevado a conocimiento del Tribunal de Casación Penal dirigido a cuestionar la parcela del fallo que encontró a Juan Carlos Alives autor del hecho ilícito y la respuesta obtenida en la sentencia.
Alega que, habiendo acudido al órgano revisor para la revisión del modo en que el tribunal de origen había considerado probada la autoría responsable de Alives, la respuesta a esos reclamos consistió en meras afirmaciones dogmáticas, carentes de análisis profundo de la prueba de autos.
Indica que el órgano recurrido se limitó a desarrollar una serie de consideraciones genéricas que no alcanzaron a responder el planteo defensista. En concreto, sostiene que no se pronunció sobre las discordancias señaladas en la prueba de cargo y que se omitió toda ponderación a la prueba de descargo que demostraba la ajenidad del imputado en el suceso.
Señala que la defensa se había alzado ante la arbitraria valoración de la prueba pretendiendo una profunda revisión. Sin embargo, insiste en que el Tribunal de Casación desplegó su labor solo en apariencia y rechazó los reclamos sin evidenciar argumentos sobre los planteos llevados, afectando así el derecho al recurso del imputado.
Destaca que en autos se aceptó el ofrecimiento del representante público de implementar el procedimiento abreviado, pues "...estando el imputado en libertad por falta de mérito y sin haberse practicado ninguna prueba después de tal decisión para acreditarse con certeza que Alives fue quien dio muerte a la víctima, correspondía cuanto menos por la duda beneficiante que se [lo] absolviera...". Estima que una amplia tarea revisora importaba la revocación de la decisión de grado y su consecuente absolución.
En apoyo de su postura, invoca el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los fallos "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte nacional, así como la sentencia dictada por esta Suprema Corte en causa P. 98.023 para ilustrar sobre la amplitud que debe tener la revisión de la sentencia de condena; y concluye que la sentencia recurrida adolece de debida fundamentación.
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General en cuanto al rechazo del recurso interpuesto.
III. Como veremos a continuación, la decisión del Tribunal de Casación cumple con la obligación de fundar los pronunciamientos y con los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de queja llevados a su conocimiento.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza —con integración unipersonal y tras el procedimiento de juicio abreviado— tuvo por acreditado que "...el día 22 de junio de 2018, siendo aproximadamente las 20.30 horas, en la intersección de las calles Williams y Cipolleti de la localidad de Virrey del Pino, Partido de La Matanza, un sujeto del sexo masculino identificado posteriormente como Juan Carlos Alives, interceptó a Patricio Ramiro Escalada, Ezequiel Estigarribia Orellana y Agustín Ezequiel Sierralta, quienes caminaban por la zona, y con claras intenciones de causarle la muerte al último nombrado, extrajo de entre sus ropas un arma de fuego no habida a la fecha, y tras apuntarlo y referirle 'y ahora, qué onda', le efectuó un disparo en la zona del abdomen, provocándole heridas de tal gravedad que ocasionaron posteriormente su deceso".
A fin de reprochar los eventos ventilados al acusado Alives, la jueza de la instancia analizó el siguiente plexo probatorio: 1) los testimonios de los policías a quienes la víctima antes de morir les refirió que el autor del disparo había sido el padre de un joven con el que había tenido una pelea; 2) la acreditada preexistencia de una problemática entre "Luquitas" o "Lucas" (hijo del causante) y el fallecido, reconocida por el propio acusado, quien además aseveró apodarse "Mariño"; 3) los dichos juramentados de los testigos Carballo y Coronel en cuanto afirmaron que Lucas había amenazado de muerte a Agustín Sierralta como consecuencia de la pelea ocurrida entre ellos; 4) el acusado amenazó de muerte a Franco Carballo pocos días después del fallecimiento de Sierralta manifestándole "qué miras, para vos también hay"; 5) el imputado presentaba idénticas características fisonómicas a las del sujeto que disparó según lo depuesto por Estigarribia Orellana y Escalada, ello de acuerdo a las fotografías glosadas en autos y a lo percibido por esa judicatura durante la audiencia del art. 41 del Código Penal; 6) el propio causante se colocó en el lugar del hecho al momento de su ocurrencia; 7) el acusado se mantuvo prófugo de la justicia durante cuatro años, accionar que no se condice con la conducta de quien pregona ser ajeno a un hecho delictivo; 8) lo declarado por los vecinos del barrio en cuanto sindicaron a Alives como autor del suceso bajo juzgamiento, que si bien resultaron testigos de oídas, la pertinencia de sus declaraciones en tanto se complementaban con los indicios de culpabilidad antes citados, admitían su valoración en el marco de los criterios de veracidad y credibilidad.
Consideró que todos esos elementos tenían la fuerza probatoria suficiente para afirmar que Juan Carlos Alives resultaba autor del homicidio de Agustín Ezequiel Sierralta.
Echó por tierra la tesis exculpatoria trazada por el imputado al momento de ejercer su defensa material por estimar que tal explicación desvinculante estaba en franca contradicción con las pautas conviccionales concienzudamente analizadas.
Indicó tener la plena certeza acerca de que se había alcanzado el umbral de conocimiento sobre el acontecimiento, producto de la valoración puesta de resalto de los elementos y pruebas incriminantes.
Por último, resaltó que tales pruebas confluyeron en idéntica dirección y resultaron fuente de convencimiento en cuanto a la participación criminal de Juan Carlos Alives en los hechos detallados.
En consecuencia, encontró a Juan Carlos Alives autor penalmente responsable del delito de homicidio y lo condenó a la pena de diez años y ocho meses de prisión.
III.2. En el recurso de casación, la defensa denunció dos motivos de agravio: el primero referente a un presunto vicio en la aceptación de la propuesta de juicio abreviado por parte del imputado, con el consecuente pedido de nulidad del procedimiento; y el segundo dirigido a cuestionar la valoración de la prueba en lo atinente a la acreditación de la materialidad ilícita y la participación criminal de Alives.
III.3. El Tribunal de Casación Penal rechazó los planteos de la defensa y confirmó la condena impuesta en primera instancia a Alives.
En primer lugar, desestimó el planteo nulificante por entender que el supuesto vicio del consentimiento solo surgía de la intempestiva alegación que —según la defensa— había formulado el imputado una vez conocido el resultado adverso del fallo y, por tanto, no tenía entidad para nulificar todo lo actuado con el estricto cumplimiento de las formalidades legales tendientes a asegurar la validez del consentimiento prestado por el imputado para la aplicación al caso de las normas del juicio abreviado.
Reseñó que, tal como lo había analizado el órgano de la instancia y como se verificaba de las constancias digitalizadas en el sistema informático, el señor agente fiscal consideró que el hecho estaba probado y era constitutivo del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego (arts. 41 bis, 45 y 79, Cód. Penal), no valoró eximentes de responsabilidad ni atenuantes mientras que como agravantes postuló la nocturnidad y la utilización del arma, y finalmente propuso que se imponga a Juan Carlos Alives una pena de once años de prisión, accesorias legales y costas.
Destacó que la señora defensora oficial oportunamente en su presentación había expresado que, luego de haber explicado a su defendido las implicancias, límites y funcionamiento del instituto de juicio abreviado, como así también todos los términos de la propuesta celebrada por el señor agente fiscal interviniente, prestaba su conformidad en los términos del art. 396 del Código Procesal Penal, pero requería que la de su asistido fuera materializada ante la magistrada interviniente, lo que se cumplió el día 18 de septiembre de 2023.
Recalcó que en el acta de la audiencia celebrada en los términos del art. 41 del Código Penal se dejó constancia de que: "...la Sra. Jueza, Dra. Andrea Giselle Schiebeler, realiza ante el Sr. Secretario Dr. Leonardo A. Cardillo Abad, el conocimiento de visu del justiciable Juan Carlos Alives, quién acreditó identidad mediante DNI N° 18.752.691, en los términos del art. 41 del CP., explicándole los alcances y efectos de la vía escogida, manifestando el nombrado incuso comprenderlas, tras lo cual prestó total conformidad con el acuerdo oportunamente realizado en cuanto a la calificación legal, y monto de pena pretendido por el Acuse".
En base a ello, la Casación aseveró que el derecho de defensa se vio garantizado con la asistencia técnica de la letrada defensora y que el Secretario actuante dio fe de que el tribunal tomó contacto de visu con el imputado, que se le explicaron los alcances del acuerdo de juicio abreviado, la calificación y la pena pretendida por el señor agente fiscal y que Alives ratificó su aceptación del acuerdo sin manifestar reparo o disconformidad alguna.
Sostuvo que no surgía motivo alguno para sospechar que hubiera existido un vicio en la voluntad del imputado, tal como intentaba introducir junto con su defensa una vez dictado el fallo.
De seguido, el órgano intermedio se ocupó del segundo agravio planteado en subsidio. Tras reseñar la base fáctica que se tuvo por acreditada, recalcó que el tribunal oral enumeró las pruebas de cargo, reprodujo su contenido relevante, explicó la conducencia que apreciaba de tales elementos y puntualizó los hechos y circunstancias que resultaban acreditados, con respeto a las normas que rigen la valoración probatoria (arts. 106, 210, 373 y concs., CPP).
No advirtió en el fallo impugnado ningún déficit de motivación, ni un vicio o defecto en el análisis de ese cuadro probatorio que importara una vulneración a las reglas consagradas en los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal.
Descartó que el pronunciamiento en crisis estuviera guiado por impresiones subjetivas o caprichosas, sino que, por el contrario, apreció que la instancia anterior se expresó sobre las pruebas que dieron base a su decisión, las valoró racionalmente y fundamentó las conclusiones a las que arribó.
Luego de referirse a las normas del juicio abreviado, resaltó que la jueza de grado analizó la prueba cargosa y reprodujo los términos en que se expidieron los testigos que se encontraban con Sierralta al momento de ser agredido y las declaraciones de familiares y allegados a la víctima.
Apreció que tanto Ezequiel Estigarribia como Patricio Escalada relataron pormenorizadamente los instantes previos a que un sujeto armado disparara contra la humanidad de su amigo y describieron al atacante como una persona de 1.70 cm. de altura, de tez trigueña, morrudo, de entre treinta y cinco y cuarenta años. Apuntó que ambos señalaron que el sujeto dirigió el arma de fuego contra Sierralta y que a ellos les dijo "ustedes corran" y también que supieron que su amigo tenía un problema de vieja data con un joven de nombre "Lucas" que amenazaba de muerte a Sierralta y que supieron por un amigo de la víctima que el atacante sería el padre de "Luquitas". Asimismo, que este último y su padre, después del hecho, se fueron del barrio.
Tuvo en cuenta que se ponderó el acta del procedimiento en la que se dejó constancia de que personal policial se constituyó en un sanatorio y que fueron anoticiados de que había ingresado al lugar un herido de arma de fuego y que por ello se entrevistaron con Agustín Sierralta, quien, a pesar de estar herido, se encontraba lúcido y orientado y que les refirió tener problemas de vieja data con una persona a quien conoce como "Fariña", que el día del hecho tuvo una pelea a golpes de puño con él y que quien le había disparado fue "el padre de Fariña".
Señaló que también se valoraron las declaraciones de los policías intervinientes, que si bien Escalada declaró que creía que Fariña era el apodo de Lucas y que a su padre le decían "Mariño", los demás testigos manifestaron no conocer a persona alguna con el apodo de Fariña. También ponderó que el propio imputado manifestó ser conocido como "Mariño" y que entonces cobraba importancia la asonancia de los apodos "Fariña" y "Mariño" y además valoró las particulares circunstancias en las que Sierralta proporcionó el apodo.
A su vez, se ocupó de los dichos de Franco Carballo, amigo de la víctima, quien declaró que un mes antes de la muerte de Sierralta, este le había contado sus problemas con "Luquitas", que recibía mensajes en el celular de su hermana, que le decían que lo iban a matar. Que le refirió sentir temor ya que el padre de "Luquitas" era una persona de mal vivir, que tenía conocimiento de que le decían "Mariño" y que los vecinos del barrio también comentaban que quien había disparado a Sierralta era el padre de Lucas. En el mismo sentido se pronunció la hermana de la víctima, Sabrina Sierralta.
Se valoró también la declaración de Dardo Coronel, amigo de la víctima, quien recordó los temores que tenía Sierralta por las amenazas que recibía de parte de "Luquitas" y contó que, en una oportunidad, estando con Sierralta en la calle, recibieron varios disparos, que apenas se percataron se escondieron, por lo que no pudieron identificar a los atacantes, y que luego de ese suceso Sierralta le dijo que no se junte más con él, que recibía mensajes de Lucas, que lo iba a matar. Manifestó que tanto a Lucas como a su padre les dicen "Mariño" y que cuando se encontró con este último, tres días después del ataque a su amigo, lo amenazó de muerte y que lo vio "medio rengo", pero que nunca lo había visto con muletas. También se refirió que todos los vecinos sindicaban a este como el responsable por el ataque armado a Sierralta.
Descartó arbitrariedad en el peso convictivo que el tribunal estimó que debía asignársele a los testigos de cargo, pues su valor fincó en objetivas apreciaciones relativas al contenido de su discurso, destacándose que dieron concretas referencias al hecho investigado y la participación del encartado sin fisuras en sus relatos y que asimismo se veía fortalecido por el resto de los elementos probatorios.
Apuntó que la versión exculpatoria ensayada por Alives no fue desapercibida por la jueza, quien valoró que reconoció apodarse "Mariño", ser el padre de "Luquitas", con quien dijo que la víctima tuvo una pelea unos veinte días antes del luctuoso hecho. Resaltó que Alives explicó que siempre trabajó en la construcción, que por un accidente que tuvo en su casa al momento del hecho investigado se encontraba imposibilitado de caminar con normalidad, que fue intervenido quirúrgicamente, que estuvo nueve o diez meses en cama, luego utilizó silla de ruedas y finalmente muletas para desplazarse. También se ponderaron los dichos de los testigos de descargo Vivando y Valenzuela, entre otros.
En orden a la crítica defensista referente a la ausencia de valoración de la prueba documental vinculada a las lesiones padecidas por el imputado y falta de transcripción y valoración de las declaraciones de los testigos de descargo, la Casación advirtió que tales planteos fueron desplazados por los argumentos que fundamentaron el temperamento adoptado.
Apreció que su obliteración no fue el producto de un descuido, sino la lógica consecuencia sobre argumentos que habían quedado enteramente desestimados en el análisis jurídico llevado adelante por la sentenciante.
Subrayó que la magistrada decidió apartarse de dicha versión explicando que Alives se situó en el lugar del hecho, pero describió una dinámica distinta a la relatada por los dos testigos que acompañaban a Sierralta en el momento de los disparos, que también hicieron referencia a la presencia de un automóvil que no fue invocada por los otros testigos. Apreció que el imputado incurrió en ciertas contradicciones al referir que estuvo en cama nueve o diez meses, cuando expresó que el día del hecho (casi seis meses después de la operación) estaba caminando por la calle con, al menos, una muleta.
A partir de las declaraciones de los testigos de descargo, apuntó que la jueza concluyó que, si bien los deponentes se refirieron al accidente que sufrió Alives en su domicilio, que fue operado y tuvo rehabilitación, no se acreditó que al momento del hecho estuviera utilizando muletas. Para eso, se reparó en que Dardo Coronel lo vio tres días después del hecho, que contó que, si bien caminaba "medio rengo", no utilizaba muletas. Agregó que Escalada y Estigarribia se refirieron a la cuestión, el primero declaró que el agresor caminaba normal y el segundo manifestó que no reparó en dicha circunstancia, empero que ambos expusieron que los sujetos que los interceptaron no corrieron, sino que quien disparó obligó a los testigos a correr mientras los amedrentaba con disparos.
Concordó que el plexo probatorio permitió tener nítida y legalmente probada en autos la autoría responsable de Alives.
Especificó que resultaba válido que el tribunal de grado valore tanto pruebas directas como indirectas, explicando en cada caso de qué manera contribuyeron a conformar su convicción, a la vez correlacionándolas entre sí, lo que demostraba que el plexo probatorio cargoso no ofreció fisuras a fin de arribar a la certeza necesaria respecto del grado de participación del inculpado.
Destacó que, a partir de la prueba recabada, la sentenciante explicó que era posible afirmar la presencia de elementos de convicci
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