Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 142244
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Kevin Sergio Leonel Maza, dejar sin efecto la sentencia impugnada y, en consecuencia, remitir los autos al tribunal intermedio a fin de que —debidamente integrado por jueces hábiles— dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 142.244-RC, "Maza, Kevin Sergio Leonel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 126.205 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza condenó a Kevin Sergio Leonel Maza a la pena de dieciocho años de prisión como coautor de homicidio simple y homicidio criminis causa en grado de tentativa y autor del delito de tenencia ilegal de arma de guerra, todos ellos en concurso real (sent. de 27-VI-2024).
La defensa impugnó la condena y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, rechazó el recurso.
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado admisible por el Tribunal de Alzada (conf. resol. de 8-X-2024).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial en favor de Kevin Sergio Leonel Maza?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, luego de reseñar los antecedentes del caso, solicitó la nulidad del fallo de casación por violación del debido proceso, derecho de defensa, garantía de juez natural y de los principios de oralidad e inmediación en el marco del derecho al recurso (conf. arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1, 8.4 y 8.2 "c" y "h", CADH y 14.1, 14.3, 14.5 y 14.7, PIDCP).
Puntualizó que, por un lado, la grabación de la audiencia de informe oral, celebrada el día 14 de noviembre de 2023 (conf. art. 458, CPP), se realizó de manera defectuosa en tanto no es posible reproducir el audio. Por el otro, que la sentencia se dictó con la intervención de un magistrado que carecía de jurisdicción.
En cuanto a los defectos en el audio, afirmó que en la filmación no quedaron registrados los agravios plasmados por la defensa, lo que —en su opinión— debió impedir resolver el caso. Puntualizó que, al presentar la nota en los términos del art. 458 del Código Procesal Penal, su parte se remitió a lo expuesto oralmente durante la audiencia y a la versión del acusado sobre su ajenidad en los hechos. Asume que el Tribunal de Casación pasó por alto los planteos ya que no tuvo posibilidad de acceder al audio, pese a lo cual resolvió en contra de los intereses de Maza. Alegó que tal situación, quebrantó el derecho al doble conforme al dejar sin tratamiento los agravios introducidos en dicha audiencia.
Agregó que la sentencia se dictó siete meses después de celebrada la audiencia (sent. de 27-VI-2024), vencido ampliamente el plazo legal de veinte días (conf. art. 459 tercer párr., CPP) lo que —desde su punto de vista— evidencia el quiebre de la continuidad entre la audiencia, la deliberación y el fallo.
Luego se refirió a que la sentencia fue dictada por los magistrados Violini y Mancini, a pesar de que el último no integró el acuerdo, pues la Sala había quedado integrada con el primero y el doctor Borinsky (resol. de 11-VII-2023), y según corresponda, con los jueces Carral y Maidana. Para el caso de recusación, excusación, vacancia, licencia o cualquier circunstancia legal que determine la ausencia de alguno de esos magistrados, la Sala se integraría con los doctores Mancini, Budiño, Natiello o Kohan.
Que ante la licencia de Borinsky, la audiencia se celebró ante los jueces Violini y Ricardo Maidana en reemplazo del primero.
Sin embargo, la sentencia terminó siendo dictada por el juez Violini y el doctor Fernando Mancini, quien a la fecha no integraba la Sala ni había participado de la audiencia.
En función de lo expuesto, afirmó que la intervención del juez Mancini violó el principio de juez natural en tanto carecía de jurisdicción para intervenir, no sólo por la integración de la Sala sino, además, porque no participó personalmente de la audiencia de visu, lo que afectó el principio de inmediación.
Sostuvo que lo acontecido vulneró el derecho a la defensa técnica y eficaz en tanto en la audiencia se habían reforzado los argumentos sobre la inocencia del encausado, con aportes de nuevos elementos de prueba (una hoja con su exposición y un pendrive con fotos y videos) además de consideraciones sobre la dosificación de la pena.
Por todo lo expuesto, solicitó que se dicte la nulidad del fallo y se reenvíen los autos al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, dicte una nueva decisión conforme a derecho.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación; no coincido con lo así dictaminado.
III. La afectación del debido proceso y a la defensa en juicio, denunciada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, procede (conf. art. 496, CPP).
Si bien la Corte Suprema estableció como regla que lo relativo a la constitución e integración de los tribunales locales y las cuestiones vinculadas con las formalidades de la sentencia y al modo en que los tribunales emiten sus votos, es materia ajena a la jurisdicción extraordinaria, ha reconocido también que debe hacerse excepción a dicha regla cuando en el dictado de la sentencia impugnada se haya omitido la observancia de formalidades sustanciales con menoscabo de la garantía de defensa en juicio (conf. CSJN Fallos: 327:4735; 332:2539 y sus citas).
Como lo afirmó el recurrente, del expediente digital surge que los doctores Víctor Violini y Ricardo Maidana estuvieron presentes en la audiencia del art. 458 del Código Procesal Penal. Sin embargo, solo el primero participó del dictado de la sentencia. El restante magistrado que suscribió el fallo, el doctor Fernando Mancini, no intervino en aquel acto procesal. De este modo, se incumplió la norma en cuanto establece que "...deberán estar presentes [en la audiencia] todos los miembros del Tribunal que deban dictar sentencia" (conf. art. 458 segundo párr., CPP).
Ahora bien, la inobservancia de la normativa procesal adquiere trascendencia en el caso individual a partir del inconveniente técnico que presentó el registro del audio de la audiencia. Es que, quien suscribió la sentencia (el doctor Mancini), más allá de no haber participado en forma sincrónica de aquel acto, no tuvo forma de suplir su falta de inmediación (de modo asincrónico) ya que el audio de la audiencia no quedó grabado.
Es en tales términos que se verifica un perjuicio concreto, en tanto que, durante la citada audiencia, el señor defensor oficial y el imputado hicieron uso de la palabra y —según lo sostiene el recurrente— desarrollaron argumentos tendientes a reforzar el pedido de absolución, adjuntando prueba. Con independencia del alcance concreto de ese material, lo relevante es que la decisión fue dictada varios meses después por un tribunal integrado por un juez que no oyó a las partes ni tuvo acceso al contenido íntegro de la audiencia, lo que lo colocó en una situación objetiva de imposibilidad de responder adecuadamente tales planteos.
Por ello, y de conformidad con la doctrina de Fallos: 341:129, se produjo un quiebre del principio de identidad física del juzgador por parte del doctor Mancini lo que configuró un menoscabo a la inmediación que —en el caso particular en examen— no pudo ser salvado por el registro audiovisual del acto. Ello aparejó la afectación del derecho a ser oído, la garantía de defensa en juicio y el doble conforme. Este último en tanto derecho al recurso implica no solo el acceso formal a un tribunal revisor sino el derecho a una revisión efectiva, vale decir, por jueces que hayan oído o puedan conocer íntegramente los agravios. Esta convergencia de fallas procesales con repercusión concreta en los derechos constitucionales ya precisados, conlleva la invalidación de la sentencia revisora como única respuesta posible.
Por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la sentencia impugnada y, en consecuencia, remitir los autos al tribunal intermedio a fin de que —debidamente integrado por jueces hábiles— dicte un nuevo pronunciamiento ajustado al presente (art. 496, CPP).
Por lo expuesto, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto de la colega ponente.
Como bien lo señala la doctora Kogan el caso presenta una serie de peculiaridades que conllevan a la afectación del debido proceso y a la defensa en juicio, denunciada por la defensa del imputado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De modo tal que este procede (art. 496, CPP).
Del expediente digital surge que los doctores Violini y Maidana estuvieron presentes en la audiencia del art. 458 del Código Procesal Penal. Sin embargo, solo el juez Violini participó del dictado de la sentencia. El restante magistrado que suscribió el fallo fue el juez Mancini, quien no intervino en aquella diligencia, lo cual importaría el incumplimiento de la regla que establece que "...deberán estar presentes [en la audiencia] todos los miembros del Tribunal que deban dictar sentencia" (conf. art. 458 segundo párr., CPP).
Esta inobservancia adquiere especial trascendencia en el presente caso a partir del inconveniente técnico que presentó el registro del audio de la audiencia. Por eso, quien suscribió la sentencia (el juez Mancini), no sólo no participó personalmente del acto, sino que tampoco tuvo forma de suplir su falta de inmediación, verbigracia: presenciando de modo asincrónico lo acaecido en la diligencia, porque el audio de la audiencia no quedó grabado. Sin perjuicio de la diferencia dirimente de la diversa vía articulada, el presente se diferencia del caso RP 140.811, resolución de 8-VII-2025, pues, aunque la parte denunció falta de correlato entre el magistrado que participó de la audiencia de visu y quienes suscribieron la sentencia, tal diligencia fue íntegramente registrada y grabada en soporte audiovisual disponible para las partes en el sistema informático "Augusta", lo que posibilitó plenamente que quienes analizaron el recurso casatorio —y decidieran su rechazo por improcedente— pudieron conocer el contenido de la audiencia al momento de resolver.
Lo contrario de lo que acontece en este supuesto. Pues, justamente aquí se verifica el perjuicio concreto denunciado. En tanto, durante la audiencia del art. 458, el señor defensor oficial y el imputado hicieron uso de la palabra y —según lo sostiene el recurrente— desarrollaron argumentos tendientes a reforzar el pedido de absolución, adjuntando prueba. Con independencia del alcance concreto de ese material, lo relevante es que la decisión fue dictada varios meses después por un tribunal integrado por un juez que no oyó a las partes ni tuvo acceso al contenido íntegro de la audiencia, lo que lo colocó en una situación objetiva de imposibilidad de responder adecuadamente tales planteos.
Por ello, de conformidad con las consideraciones que en la misma línea se expresan en el voto al que adhiero, se observa un quiebre del principio de identidad física del juzgador por parte del juez Mancini configurativo de un menoscabo a la inmediación que —en el caso bajo examen— no pudo ser salvado por el registro audiovisual del acto, con clara afrenta al derecho a ser oído, la garantía de defensa en juicio y el doble conforme.
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la sentencia impugnada y remitir los autos al tribunal intermedio a fin de que —con jueces hábiles— dicte un nuevo pronunciamiento ajustado al presente (art. 496, cit.).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Kohan, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Kevin Sergio Leonel Maza, dejar sin efecto la sentencia impugnada y, en consecuencia, remitir los autos al tribunal intermedio a fin de que —debidamente integrado por jueces hábiles— dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2026 11:05:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/04/2026 17:43:37 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 29/04/2026 14:37:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2026 09:24:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2026 09:59:12 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/04/2026 10:18:20 hs. bajo el número RS-40-2026 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia