Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 142427
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 142.427, "Rajoy, Alberto Julián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 129.800 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan, Natiello.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata condenó a Alberto Julián Rajoy a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, con declaración de reincidencia (arts. 45, 50 y 79, Cód. Penal; v. sent. digital de 27-X-2023).
La Sala I del Tribunal de Casación, el 4 de julio de 2024, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Rajoy. En consecuencia, descartó la pauta agravante de pena vinculada con los antecedentes condenatorios y mantuvo el mismo monto de pena.
Contra ese pronunciamiento interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, que fue declarado admisible por el órgano intermedio (v. resol. de 26-XI-2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 16-X-2025), dictada la providencia de autos, presentada la memoria por parte de la defensa oficial el 24 de octubre de 2025 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor de Casación adjunto denunció arbitrariedad de la sentencia por fundamentación aparente en la determinación de la pena, afectación al derecho de defensa en juicio e infracción al principio de razonabilidad republicana (arts. 1, 18 y 33, Const. nac.).
Alegó que la decisión del órgano revisor de descartar la ponderación de los antecedentes condenatorios como pauta agravante implicó resignificar el reproche efectuado, disminuyéndolo, por lo que el principio de razonabilidad republicana obligaba a atender a aquella modificación reduciendo el monto de la sanción.
Sostuvo que si el tribunal del juicio estipuló una pena para Rajoy tomando en cuenta tres pautas agravantes, es contrario a la razón que después de eliminar una de ellas se haya impuesto la misma pena.
Dijo que al afirmar el carácter proporcional del monto de la sanción el revisor recurrió a fórmulas genéricas y argumentos abstractos que no atendieron a la real incidencia que tuvo el descarte de los antecedentes condenatorios como circunstancia agravante.
Postuló que la ausencia de debida motivación invalida la sentencia como acto jurisdiccional. Y que es ilógico reducir el reproche y el grado de culpabilidad al desechar una pauta agravante pero, luego, mantener intacto el monto de pena.
Por otra parte, afirmó que la imposición de un idéntico monto punitivo tras haberse casado una de las circunstancias agravantes importa una infracción a la prohibición de reformatio in pejus en relación con las agravantes que se mantuvieron intactas.
En otras palabras, dijo que la decisión del revisor de dejar inalterada la pena importa asignarle un mayor peso punitivo a las pautas agravantes que se mantuvieron incólumes; de modo que el pronunciamiento, en definitiva, oculta una aplicación de las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal que le es más perjudicial al imputado, por interpretar de forma más gravosa los parámetros estipulados en la sentencia de mérito y sin que haya mediado recurso fiscal. Denunció afectación al debido proceso legal y al derecho de defensa en juicio de Rajoy.
Por último, advirtió que en la decisión de los jueces del Tribunal de Casación de mantener inalterado el monto punitivo subyace la emisión de una sentencia que contiene una nueva y originaria determinación de pena y que, como tal, debe garantizar el derecho del imputado a la doble instancia (art. 8.2."h", CADH) sobre el punto.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación.
El señor defensor de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, acompañó memoria en favor de su asistido (art. 487 párr. tercero, CPP).
Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el reclamo no progresa.
III. Preliminarmente, detallaré el derrotero del caso.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por acreditado que aproximadamente a las 06:00 hs. del día 13 de octubre de 2018, en el sector de la plaza próximo a las calles 125 y 106 de Guernica, partido de Presidente Perón, varias personas agredieron a Rodrigo Agustín Torres. En particular, comprobó que una de ellas, Alberto Julián Rajoy, con un tronco tomado del lugar en el momento, golpeó a Torres en la cabeza mientras se encontraba tendido en el piso, provocándole la muerte por fractura de cráneo. El damnificado, además, presentó heridas leves en los antebrazos y una en el rostro. Se acreditó que los agresores provenían de una vivienda cercana y que estaban persiguiendo a un grupo de jóvenes que la había apedreado, entre los que se encontraba Torres. Por último, se probó también que uno de los agresores montaba a caballo y que permaneció montado al momento en que Torres sufrió el golpe mortal.
El tribunal no valoró atenuantes y meritó como agravantes de la sanción "la pluralidad de sujetos activos", "los antecedentes condenatorios" y "la violencia desplegada en el hecho".
La pluralidad de agresores la contabilizó por la menor posibilidad de defensa que significó para el damnificado frente al ataque, aun mientras se encontraba tendido en el piso.
A propósito de los antecedentes condenatorios, tuvo en cuenta que Alberto Julián Rajoy registraba una condena, dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 departamental con fecha 6 de marzo de 2015, a la pena de tres años y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas, por el delito de lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego, en calidad de autor, hecho perpetrado el 11 de octubre de 2013.
Además, advirtió que en esa causa Rajoy había estado privado de su libertad en calidad de condenado. Ello dio lugar, en este proceso, a que el tribunal lo declarara reincidente.
Por último, los jueces contaron como agravante de la sanción la violencia desplegada en el hecho, evidenciada en la pluralidad de lesiones que presentó Torres (relevadas en el informe de autopsia).
Así, encontraron a Alberto Julián Rajoy autor responsable del delito de homicidio simple y lo condenaron a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia.
III.2. En lo que interesa, la defensa oficial cuestionó en el recurso de casación el monto de pena impuesto, por considerarlo excesivo, y reclamó su reducción al mínimo de la escala penal aplicable.
Objetó que se haya ponderado como circunstancia agravante la pluralidad de agresores, por entender que la disminución de posibilidades de defensa no fue buscada y porque en virtud del lugar y la presencia de otras personas existió la posibilidad de auxilio y defensa por parte de terceros.
Además, criticó el cómputo como agravante de los antecedentes condenatorios, por afectar el principio del ne bis in idem, la prohibición de "doble desvaloración" y por exceder el marco de culpabilidad por el acto.
Sostuvo que la imposición de una pena superior al mínimo legal tiene lugar frente a la enumeración de agravantes. Por lo cual, si en el caso solo se había logrado cuantificar una (la violencia desplegada en el hecho) no resultaba razonable multiplicar por dos el mínimo de la escala punitiva.
En conclusión, pidió que se casara la sentencia recurrida en el sentido pretendido.
III.3. En lo que respecta al agravio vinculado con la determinación judicial de la pena, cabe destacar que el señor juez Maidana (a quien adhirió de manera parcial el señor juez Carral) recordó que nuestro sistema legal, de penas relativas, no establece determinado método de dosificación de la sanción; por el contrario, menciona pautas de orientación sin determinar ni el sentido ni el valor de cada una de las circunstancias.
Luego, destacó que para fijar la condena es preciso tomar en consideración el ilícito cometido, el grado de culpabilidad de la persona imputada con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Agregó que la condena debe guardar racional proporción respecto del hecho delictivo endilgado. Así, siendo graduable el injusto y consecuentemente el reproche, la pena debe ajustarse a tales parámetros, respetando el marco punitivo previsto para el caso.
De seguido, convalidó la ponderación de la agravante relativa a la condena anterior que registra el imputado.
Con cita de precedentes de la Corte federal y de este Tribunal, indicó que el principio constitucional del ne bis in idem prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho, pero no impide tomar en cuenta la anterior condena para ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario. Descartó que eso constituya una violación del mencionado principio, incluso en aquellos casos donde recaiga, a su vez, declaración de reincidencia. Pues, según dijo, los juzgadores, a los fines de graduar la pena, ponderan únicamente la existencia del precedente condenatorio, mientras que las consecuencias que la ley asigna a la condición jurídica de reincidente operan en el ámbito de la ejecución de la pena.
Luego, el magistrado halló correctamente ponderada como pauta agravante la pluralidad de intervinientes. Explicó que su fundamento radica en que el auxilio de otras personas genera superioridad, debilita la defensa del ofendido por el desequilibrio del poder físico o anímico del agresor respecto de la víctima. Aclaró que tal circunstancia debe ser buscada.
Juzgó que en el caso surgía la plural intervención de Alberto Julián Rajoy junto a otras personas, no solo en el contexto previo al hecho, sino especialmente cuando la víctima se encontraba sola y tendida en el piso, al momento de recibir el golpe que causó su deceso. Ello, dijo, sustentaba su valoración como agravante de la sanción, al concurrir objetivamente el desequilibrio y subjetivamente un conocimiento cierto de la situación.
Concluyó que, dada la gravedad del hecho atribuido a Alberto Julián Rajoy, la entidad del injusto y su calificación legal (homicidio simple; art. 79, Cód. Penal), la escala prevista para el delito, el grado de participación acreditado (autor) y las pautas de mesura contempladas en los términos antes señalados, el monto impuesto, diecisiete años de prisión, se ajustaba a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad y constituía la medida de la culpabilidad del acto atribuido (arts. 40 y 41, Cód. Penal).
En lo demás, no advirtió ninguna vulneración de principios constitucionales, tampoco falta de fundamentación ni desproporción en la sanción penal impuesta, en tanto, a su criterio, el apartamiento del mínimo de la escala penal había sido motivado.
III.4. Por su parte, el señor juez Carral hizo propios los fundamentos del doctor Maidana, salvo en lo vinculado con la consideración del antecedente condenatorio como pauta agravante en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, habiéndose a la vez declarado la reincidencia (art. 50, Cód. Penal).
Sostuvo, con cita de un precedente de esa Sala, que al aplicarse el instituto previsto en el art. 50 del Código de fondo, la condena anterior (que fue considerada como pauta agravatoria en el veredicto) es absorbida por la declaración de reincidencia que se torna operativa, toda vez que, de lo contrario, se estaría perjudicando doblemente al justiciable por una misma circunstancia, con mella en la garantía del ne bis in idem.
Entendió que correspondía eliminar la pauta agravante en cuestión; no obstante, estimó que la pena seleccionada por los jueces de la instancia era proporcionalmente racional respecto del injusto atribuido y que, en su determinación, no se habían infringido los criterios de la lógica ni de la experiencia.
Expuso que para decidir si la sanción ha sido correctamente determinada, el principio constitucional de culpabilidad reclama, en términos de proporcionalidad del reproche, que la pena se ajuste al disvalor de hecho y de resultado. Desde ese enfoque, dijo que no advertía, ni la defensa había ofrecido suficientes razones de crítica, que la sanción aplicada fuese desproporcional con el grado de injusto del hecho atribuido.
En consecuencia, decidió que la reducción de la pena era improcedente.
III.5. Finalmente, el señor juez Violini adhirió al voto del doctor Carral en lo que fue materia de desacuerdo entre los integrantes de la Sala I. Así se llegó a la mayoría necesaria para dictar sentencia (art. 168, Const. prov.).
IV. La denuncia de arbitrariedad por fundamentación aparente en la determinación de la pena es improcedente, pues el pronunciamiento en crisis cuenta con motivación suficiente que lo deja a salvo de la tacha intentada (conf. art. 496, CPP).
La parte cuestiona la confirmación de la pena de diecisiete años de prisión sobre la base de que se descartó una de las agravantes computadas en la instancia, lo que a su entender exigía reducir la condena, pero deja incontrovertidos los fundamentos expuestos por Casación para mantener la pena.
En el caso, el voto mayoritario del señor juez Carral, con remisión al voto del doctor Maidana en lo pertinente, resolvió mantener la pena impuesta pese a descartar una agravante con sustento en que el disvalor de acción y de resultado del injusto cometido permitían afirmar que la sanción decidida en primera instancia resultaba respetuosa de los principios de proporcionalidad y culpabilidad. Eso pone al fallo en crisis a salvo de la tacha intentada (conf. art. 496, cit.).
V. Tampoco procede la denuncia de quebrantamiento de la prohibición de reformatio in pejus.
Se insiste en que el hecho de que Casación haya descartado una pauta agravante no la obligaba a reducir el monto de pena de manera automática -como parece pretender la parte- siempre que diera razones suficientes para ello.
Acá, el tribunal revisor dio razones suficientes para justificar su temperamento a la luz de los arts. 40 y 41 del Código Penal, tomando en especial consideración las limitaciones que imponen los principios de culpabilidad y proporcionalidad (conf., con sus diferencias, mi voto en P. 132.095, sent. de 20-X-2020; también, P. 140.286, sent. de 30-V-2025 y P. 137.649, sent. de 17-VII-2025).
En definitiva, la defensa oficial no se hizo cargo del conjunto de fundamentos con los cuales el Tribunal de Casación justificó su decisión de mantener la pena impuesta en la instancia (v. puntos III.3. a III.5.).
Sus embates, edificados sobre la idea de que descartar una pauta agravante exigía disminuir la pena, sin hacerse cargo de los motivos para proceder en sentido contrario, tornan dogmática la pretensión, pues se desvinculan de lo efectivamente resuelto y debatido en el caso.
VI. En suma, coincido con el dictamen del señor Procurador General en que la parte no demostró un perjuicio merecedor de recomposición o de una nueva revisión; esta última, a tenor de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la garantía del doble conforme (art. 8.2."h", CADH).
Los argumentos deducidos por la defensa no pasan de una posición divergente a la del juzgador, sin evidenciar arbitrariedad ni violación a las garantías constitucionales invocadas (conf. art. 496, cit.). Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Con respecto a la denuncia de arbitrariedad, adhiero al voto del doctor Torres en que no procede, por compartir sus fundamentos (me remito al punto IV de su voto).
II. En cambio, distinto es mi parecer en lo que hace al agravio sobre la afectación de la garantía de la non reformatio in pejus.
Simplemente para contextualizar la línea argumental de la parte impugnante, cabe resaltar algunos datos del caso ya puestos de relieve en los antecedentes y a lo largo del voto de mi colega.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata condenó a Alberto Julián Rajoy a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, con declaración de reincidencia (arts. 45, 50 y 79, Cód. Penal; v. sent. digital de 27-X-2023).
Impugnada dicha sentencia por la defensa, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar a uno de los agravios y dejó sin efecto una agravante que había sido ponderada por el tribunal de la instancia: el referido a la "consideración del antecedente condenatorio" en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, habiéndose a la vez declarado la reincidencia (art. 50, Cód. Penal). Aun con ello, mantuvo la pena que había sido determinada por los jueces del tribunal criminal.
La defensa aduce que ello implica una afectación de la garantía que impide empeorar la situación del imputado cuando solo su recurso abrió la competencia revisora. Y estimo que sus argumentos son correctos, por los mismos fundamentos que ya expuse al votar en causas P. 140.286, "Betiga", sentencia de 30-V-2025; P. 137.649, "Gramajo", sentencia de 17-VII-2025 y P. 139.414, "Mendoza", sentencia de 28-VIII-2025.
Sucintamente, lo que expliqué en tales precedentes es que, el órgano revisor que posee abierta la jurisdicción merced al recurso de la defensa no puede asignar a un extremo fáctico fundado en la instancia, consecuencias jurídicas contrarias al interés del imputado (v. mis votos en las causas P. 76.215, sent. de 6-VII-2005; P. 60.325, sent. de 5-IV-2006 y P. 73.199, sent. de 20-VI-2007).
Es decir, la aludida garantía busca censurar los excesos gestados en el marco de la jurisdicción recurrida perjudiciales para el imputado, aun cuando no impliquen un aumento nominal de la pena o incluso frente a su reducción (v. causas P. 117.331, sent. de 24-II-2016 y P. 128.675, sent. de 21-VIII-2019).
Entonces, si bien los jueces que revisan administran una amplia potestad en ese campo, al mismo tiempo deben observar límites muy precisos en su competencia cuando solo el recurso del imputado o su defensa habilita su intervención.
III. En el caso en examen el señor defensor señala que, cuando los jueces revisores quitaron una pauta agravante, pero a pesar de ello mantuvieron el quantum punitivo impuesto en la anterior instancia, vulneraron la prohibición de reformatio in pejus por cuanto en rigor formularon una nueva valoración -más perjudicial para el imputado- de las restantes pautas severizantes. Y como ya adelanté, ese planteo es procedente (art. 496, CPP).
En primer lugar, porque por más que el sistema legal de los arts. 40 y 41 del Código Penal no contenga un régimen matemático, si el juez de mérito valoró una agravante o una atenuante, se presume que tuvo incidencia.
Fuera de algún caso marginal extremo, por ejemplo, cuando aún con agravantes y atenuantes el juez aplique el mínimo legal, o que, a contrario, siendo procedentes las agravantes aquel expresamente justifique que aun sin ellas arriba al tope máximo de la escala (supuestos extremos que no son el caso), las pautas agravantes y atenuantes del régimen normativo indicado, de proceder, por regla general inciden en el monto de pena, aunque no haga falta cuantificar o expresar numéricamente su valor.
En segundo lugar, porque aun si se concibe al sistema legal indicado, como uno de valoración integral y no de sumas aditivas, la síntesis valorativa por la cual se determina el quantum punitivo como
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.