Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 142675
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 142.675, "Fumaneri, José Ignacio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 133.845 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Carral.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, mediante sentencia del día 31 de marzo de 2021, condenó a José Ignacio Fumaneri a la pena única de reclusión perpetua, accesorias legales y costas del proceso por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causae (dos hechos) y homicidio simple.
Una vez que el fallo quedó firme, se aprobó el correspondiente cómputo de pena, en el que se estableció que Fumaneri se encontraría en condiciones de acceder al beneficio de la libertad condicional a partir del día 11 de julio de 2057 (sent. de 23-V-2024).
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, con fecha 6 de junio de 2024, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la defensa del condenado, revocó la decisión y dispuso que Fumaneri se encontrará en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional el día 11 de julio de 2047.
Disconforme, la defensa oficial interpuso recurso de casación, que fue rechazado por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal (v. sent. digital de 28-X-2024).
Contra dicho pronunciamiento, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue admitido por el Tribunal de Alzada (v. resol. de 10-XII-2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 28-VIII-2025), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En primer lugar, la defensa solicitó que se declare la inconstitucionalidad del art. 80 del Código Penal por establecer una pena efectiva y conceptualmente perpetua. Denunció arbitrariedad en el tratamiento de su planteo, que redundó en una violación de la defensa en juicio y del derecho a ser oído.
Invocó como principal motivo de agravio la violación de diversas mandas de jerarquía constitucional y convencional (proporcionalidad, readaptación social y prohibición de tratos crueles, inhumanos y denigrantes) que importa el imponer una pena que no tiene, desde el inicio, una fecha de agotamiento cierta y que le proporciona al condenado un tratamiento más riguroso que el previsto por el Estatuto de Roma.
Notó que la sanción impuesta a Fumaneri es indeterminada en el tiempo y está sujeta a una condición futura e incierta; por ende, es, en su opinión, potencialmente perpetua, y no se la puede tratar como si tuviera un límite en el tiempo.
Señaló que el caso contraría los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Giménez Ibáñez" (Fallos: 329:2440), al igual que el precedente "Álvarez" (Fallos: 342:1376).
Tras repasar distintas soluciones intentadas por la jurisprudencia para establecer una fecha de agotamiento de la sanción en supuestos como este, concluyó que todas ellas arremeten contra el argumento sobre el que reposa el fallo "Álvarez", porque prescinden de los arts. 13, 15, 16, 17 y 53 del Código Penal, que impiden predeterminar el agotamiento de una pena que el legislador ha llamado perpetua (infinita) y ha tipificado como tal, al eliminar toda condición futura para revertir ese carácter.
Sostuvo que, en este escenario, la única herramienta constitucionalmente válida que tiene el juez es declarar la inconstitucionalidad del art. 80 del Código Penal en tanto establece una pena con las características señaladas.
Insistió con que los argumentos usados por el Tribunal de Casación son arbitrarios (art. 18, Const. nac.). Pues, según dijo, lo resuelto carece de la debida fundamentación, al tener por piedra angular una vulneración del principio lógico de identidad respecto del concepto de perpetuidad (conf. CSJN Fallos: 238:566).
Alegó que el "derecho a la esperanza" o potencial fecha de acceso a la libertad condicional no es suficiente para cumplir con el estándar emergente de la jurisprudencia interamericana, con cita del voto concurrente en el caso Álvarez vs. Argentina.
Identificó tres posibles soluciones: a) aplicar el art. 79 del Código Penal; b) aplicar el "estándar interamericano" (voto concurrente en Álvarez vs. Argentina): entender, a partir de una interpretación armónica del ordenamiento jurídico nacional con el Estatuto de Roma, que para los delitos comunes no puede imponerse una pena que supere los treinta años de encierro, con instancias de revisión periódicas y c) aplicar el "estándar del sistema europeo de DDHH": otorgarle al condenado, en consonancia con lo previsto por el Estatuto de Roma para los casos de extrema gravedad, la posibilidad de acceder a la libertad condicional a los veinticinco años de encierro (art. 77.1."b").
I.2. En segundo lugar, la defensa denunció arbitrariedad en el plazo fijado para solicitar la libertad condicional.
Aseveró que no hay ninguna razón para establecer un monto mayor al previsto por el art. 13 del Código Penal (35 años), como lo hizo la Cámara de Apelación y Garantías; monto que fue confirmado por el Tribunal de Casación, pese a considerar que debía ser superior.
Dijo que el fallo es arbitrario por prescindir de la disposición legal aplicable y vulnerar la división de poderes, invadiendo la esfera legislativa.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación.
III. Coincido con él.
Para una mejor comprensión del caso, corresponde que inicialmente efectúe una reseña de su derrotero procesal a partir de las actuaciones digitalizadas en el sistema Augusta.
III.1. El Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, mediante sentencia del día 31 de marzo de 2021, condenó a José Ignacio Fumaneri a la pena única de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, compresiva de la pena de reclusión perpetua dictada el día 7 de septiembre de 2010 por el delito de homicidio criminis causae reiterado en dos oportunidades en calidad de autor y de la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por el delito de homicidio simple en calidad de autor, dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul. Los delitos datan de los días 25 de mayo y 7 de julio de 2007 (homicidios criminis causae), y del 31 de octubre de 2013 (homicidio simple).
Una vez que el fallo quedó firme, el tribunal aprobó el correspondiente cómputo de pena, en el que se estableció que Fumaneri se encontraría en condiciones de acceder al beneficio de la libertad condicional a partir del día 11 de julio de 2057, es decir, a los cincuenta años de privación de libertad (conf. arts. 13 y 14, Cód. Penal —redacción según ley 25.892—).
III.2. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad interpuesto por la defensa de Fumaneri, revocó la resolución de primera instancia y dispuso que el nombrado se encontrará en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional el día 11 de julio de 2047, es decir, cumplidos cuarenta años de encierro.
Los jueces reconocieron que, en principio, las personas condenadas a cumplir una pena indeterminada y declaradas reincidentes o sancionadas por los delitos estipulados en el art. 14 del Código Penal se enfrentan a una incertidumbre jurídica; por eso, razonaron, era necesario determinar el momento en el cual estarán en condiciones de pedir la libertad condicional.
Repararon en que la materia en estudio no está establecida taxativamente en el Código Penal y que, por lo tanto, demanda una solución armónica con la Constitución nacional y las normas internacionales de idéntica jerarquía.
Indicaron que la pena perpetua resulta, por definición, una sanción indeterminada, cuya extinción opera transcurridos cinco años de otorgada la libertad condicional al condenado sin que sea revocada, según lo establecido por el art. 16 del Código Penal. Sin embargo, recordaron que en el caso de Fumaneri el acceso a la libertad condicional está obstaculizado en razón de uno de los delitos por los que fue condenado, el homicidio criminis causae, según disposición del art. 14 del Código Penal.
En este punto, los jueces consideraron que asumir una posición en la cual la condena sea realmente perpetua iría en contra de la finalidad de reforma y readaptación social establecida en los arts. 10 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de las leyes de ejecución penal nacional (24.660) y provincial (12.256). Del mismo modo, dijeron, implicaría suponer una incoherencia del legislador, en tanto el Código Penal prohibiría a los reincidentes acceder a la libertad condicional (art. 14) pero sí autorizaría a los multirreincidentes, bajo un régimen normativo determinado (art. 53). Precisó que, a los fines del análisis, la situación de los reincidentes era equiparable a la de los condenados por homicidio criminis causae, como Fumaneri.
Explicaron, invocando el fallo "Giménez Ibáñez" de la Corte Suprema y la causa P. 84.479 de este Tribunal, que el modo de compatibilizar la pena perpetua con el texto de la Constitución nacional está dado por la probabilidad cierta de recuperar la libertad.
Y a fin de determinar en qué momento y bajo qué supuesto podría Fumaneri compurgar su pena, señalaron que, dado el carácter perpetuo que esta reviste, la extinción tendría lugar a los cinco años de otorgada la libertad condicional; mientras que ese egreso anticipado, aclararon, podría ser concedido a partir de que el condenado cumpliese cuarenta años de encierro.
Tal monto, expusieron, surgía de sumar los treinta y cinco años exigidos para la concesión de la libertad condicional a personas condenadas a penas perpetuas por delitos distintos de los enumerados en el art. 14 y no declaradas reincidentes, y los cinco años durante los cuales se debe gozar de la soltura sin que sea revocada para agotar la sanción (art. 16).
Argumentaron que esos períodos son los únicos a los que hace alusión el Código Penal al prever el vencimiento de las penas perpetuas; en consecuencia, los consideraron un parámetro a tener en cuenta en el afán de establecer un hito a partir del cual puedan recuperar su libertad y así extinguir su sanción quienes se encuentren alcanzados por la veda del art. 14, preservando en definitiva la finalidad de reinserción social.
III.3. En el recurso de casación la defensa oficial se agravió por dos motivos.
En primer lugar, porque los jueces no fijaron una fecha cronológica de agotamiento de la pena perpetua, sino que la supeditaron a condiciones múltiples, inciertas y difusas que, según dijo, no permitían siquiera considerar un indicio de esperanza de liberación a futuro. Esto, en su opinión, importó vulnerar los derechos a la vida, integridad personal y la finalidad resocializadora del tratamiento penitenciario.
En segundo lugar, porque al fijar el plazo de cuarenta años de encierro para evaluar por primera vez los progresos del penado, los jueces optaron por un plazo desproporcionado. Pues debieron acudir al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que prohíbe imponer penas que superen los treinta años de prisión (art. 77.1."a").
No como un motivo de agravio independiente, sino directamente enlazado con el anterior, la defensa denunció la inobservancia del art. 13 del Código Penal y la creación de una nueva norma a través de una analogía perjudicial. En esencia, entendió que los camaristas habían excedido su función jurisdiccional y habían actuado como legisladores, porque decidieron que como el art. 13 no contemplaba un plazo diferencial para quienes debían ser tratados con mayor rigurosidad (reincidentes y condenados por delitos del art. 14) había que crear un plazo mayor y distintivo para ese colectivo (40 años). Pero, en esa tarea, omitieron sopesar la compatibilidad de su conclusión con la normativa internacional de derechos humanos (Estatuto de Roma y ley 26.200).
En definitiva, la defensa pidió que se ordenase la determinación del vencimiento total de la pena perpetua fijando fecha cierta. Y, en subsidio, propició que se estableciera el derecho a la libertad condicional una vez cumplidos veinte años de encierro, es decir, cumplidos dos tercios del máximo de encierro habilitado por el Estatuto de Roma (en función del art. 13, Cód. Penal).
III.4. La Sala IV del Tribunal de Casación rechazó el recurso.
El señor juez Natiello, que concitó la adhesión simple del doctor Kohan, expresó que en el sistema penal argentino la perpetuidad de las penas no es tal en sentido estricto debido a que, si bien pueden ser indeterminadas, no son infinitas y se extinguen (salvo supuestos de excepción) con la obtención de la libertad condicional y el cumplimiento de las condiciones impuestas. Agregó que la "perpetuidad" debe entenderse en el sentido de que "...resulta imposible fijar de antemano la duración de la [pena] por su propia naturaleza, no solamente porque lo perpetuo es [...] lo que dura para siempre, cualidad que llevaínsita su inconmensurabilidad, sino, en especial, por el régimen de cumplimiento que la torna variable. Pero al mismo tiempo, la legislación determina que en la mayoría de los casos las penas perpetuas no revistan tal carácter y, en cambio, tengan finalización".
En función de lo expuesto, dijo que "...las penas perpetuas tienen previsto su agotamiento a partir de la concesión de la libertad condicional" y que "...es la propia ley la que les pone término".
Luego, notó que "El simple cotejo con la práctica y con la lectura de los textos legales revela que la mayoría de las penas perpetuas se extinguen luego de obtenida la libertad condicional y que el único obstáculo para que ello ocurra serían los casos de reincidencia y los demás contemplados en el art. 14 del CP, siendo que tal limitación es solo preliminar y no es lo que se verifica en la aplicación del plexo normativo en forma armónica", "...por cuanto existe la posibilidad de obtener la libertad condicional, si se cumplen los requisitos establecidos en el art. 13 del Código Penal, transcurridos treinta y cinco años de condena o, de mediar reforma legislativa en el futuro que haga variar dicho lapso en menos".
También señaló que "...la ley 24.660 que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, permite por su artículo 17 la concesión de salidas transitorias o la incorporación al régimen de la semilibertad al condenado a pena perpetua que haya cumplido en detención quince años"; y en la hipótesis de máxima prevista en la ley nacional, "...cuando se impusiera la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado contenida en el art. 52 del digesto de fondo, la misma permite, según lo norma el art. 53 del C.P., la obtención de una libertad que quedará sujeta al cumplimiento de las condiciones que allí se establecen, transcurridos cinco años más de los treinta y cinco [...] años de prisión".
Luego de citar doctrina de autores sobre el tema, precisó que, salvo la prohibición contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, de las previsiones de los tratados incorporados a la Constitución nacional no surge incompatibilidad con la aplicación de una pena de prisión perpetua, dado que "...si cumpliendo el recaudo de brindar una potencial soltura, se permite válidamente aplicar la pena de prisión perpetua a un menor de edad, con más razón [...] no pugna con la normativa constitucional que ella se vea conminada para el delincuente mayor cuando [...], no sólo no existe norma alguna en el plexo constitucional que lo prohíba, sino que tampoco surge implícita su contradicción con los derechos humanos que aquél tutela y siempre que se respete —al igual que en el caso de aquellas temporalmente determinadas— la integridad de la persona condenada...". Invocó los arts. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Se refirió a lo resuelto por el Tribunal Constitucional Alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que validaron la pena perpetua en la medida que admita alguna forma de liberación y un mecanismo aplicable al efecto.
Destacó también que las penas de prisión perpetua no son un obstáculo para la resocialización del condenado, pues del art. 1 de la ley 24.660 surge que "La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad"; y que durante el tiempo de encierro, es función del Estado arbitrar todos los medios necesarios para lograr esa finalidad debido a que "...todo condenado a pena privativa de la libertad cuenta con la posibilidad de recuperarla".
Además, aseguró que tampoco se incumple con la aludida finalidad de reforma y readaptación social del condenado, específicamente prevista por los arts. 5 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dado que esas normas indican "...la finalidad 'esencial' que debe perseguir el Estado en el legítimo ejercicio del 'ius puniendi', cual es la 'reforma y readaptación social' de los condenados; y si bien, de tal suerte, marcan una clara preferencia en torno a aquel objetivo llamado de prevención especial —del que [...] no resultan excluidos los condenados a prisión perpetua—, evidentemente no obstaculizan otros fines que el legislador adopte, y que no se enfrentan a la interdicción también prevista en nuestra Constitución Nacional de que las cárceles sean para castigo".
Sostuvo que el sistema del art. 13 del Código Penal para la libertad condicional "...aparece íntimamente relacionado con expresa mención a los máximos de las penas divisibles, al establecer como requisito para su procedencia el cumplimiento de una parte de la condena (dos tercios en las penas que superen los tres años, y ocho meses o un año en el caso de penas de prisión o reclusión de tres años o menores)". Pero que "...el cumplimiento de las penas continúa en el régimen apuntado resultando que el tiempo que se cumple la pena en libertad condicional, sumado al cumplimiento efectivo previo, nunca resulta inferior al término de la condena".
Asimismo, señaló que "...los efectos del goce de la libertad condicional entrañan la extinción de la pena una vez transcurrido el término de la condena o cinco años más en las perpetuas, según reza el artículo 16 del Código Penal, en caso de que el beneficio no fuere revocado", y que "Si la libertad condicional es un derecho establecido a favor del condenado que modifica la forma de cumplimiento de la pena, pero no permite su acortamiento, no podría, entonces, sostenerse que pueda prolongar la duración de la condena sin diferenciar su incidencia y hasta su finalidad respecto de las penas divisibles y las perpetuas".
Destacó que es la propia ley la que se encarga de ponerles un límite a las sanciones, en el primer caso, coincidente con el término de la condena (lo cual revela que a los fines de la extinción de la pena el cumplimiento efectivo o en libertad condicional tienen la misma significación
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