Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 142256
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Antonio De La Cruz, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 142.256, "De la Cruz, Antonio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 126.978 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Carral.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes con sede en Florencio Varela, mediante sentencia de 10-VII-2023, condenó a Antonio de la Cruz a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como autor del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra una mujer por un hombre mediando violencia de género (arts. 45 y 80 inc. 11, Cód. Penal).
Disconforme, la defensa oficial del imputado interpuso recurso de casación, que fue rechazado por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal (v. sent. digital de 7-XI-2023).
Contra dicho pronunciamiento, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue admitido por el Tribunal de Alzada (v. resol. de 5-XI-2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 4-VI-2025), dictada la providencia de autos, presentada la memoria prevista en el art. 487 del Código Procesal Penal por la señora defensora oficial adjunta interinamente a cargo de la Defensoría de Casación Penal (v. escrito digital de 12-VI-2025) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial solicitó que se declare la inconstitucionalidad del art. 80 del Código Penal por establecer una pena efectiva y conceptualmente perpetua. Denunció arbitrariedad de la sentencia, violación a la defensa en juicio y al derecho a ser oído.
Alegó que los argumentos en los que el tribunal revisor asentó su postura son erróneos y, por ende, redundan en la consagración de las violaciones a mandas constitucionales y convencionales. Estimó que lo resuelto carece de la debida fundamentación, al tener por piedra angular una violación al principio lógico de identidad (conf. CSJN Fallos: 238:566).
Sostuvo que la pena conminada en la especie es conceptual y efectivamente perpetua pues, según surge del ordenamiento positivo vigente, no terminará nunca. Aclaró que no se trata de una pena temporalmente indeterminada, es decir, de una pena que es susceptible de tener un fin sujeto a una condición futura e incierta, sino que aquí, después de diversas reformas legales, se obturó cualquier posibilidad de acceder a la libertad condicional.
Reiteró, entonces, que si la legislación no contempla la posible concurrencia de una condición en los términos señalados, la pena es perpetua, infinita, para siempre, en la medida que no existe ninguna norma que establezca para estos casos una posibilidad de revisión, con el correlativo acceso a la libertad y eventual chance de agotamiento.
Razonó que decir que hay un límite para esa pena, como lo hizo la Casación, importa incurrir en una afirmación falsa, por carecer de andamiaje legal.
Señaló que el caso es contrario a los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Giménez Ibáñez" (Fallos: 329:2440), al igual que en el precedente "Álvarez" (Fallos: 342:1376).
Insistió con que la solución radica en declarar la inconstitucionalidad del art. 80, y no de la norma que determina la inexistencia de la condición resolutiva (art. 14, Cód. Penal), porque lo que se está atacando es el establecimiento de una pena perpetua.
Afirmó que aun si se garantizara el acceso a la libertad condicional del condenado, la pena impuesta es efectiva y conceptualmente perpetua y no puede ser considerada de otro modo porque en un futuro podría dejar de serlo, en tanto las condiciones a las que está sujeta no son de cumplimiento necesario. Añadió, con cita del voto concurrente en el caso Álvarez vs. Argentina de la Corte Interamericana, que el "derecho a la esperanza" no es suficiente, sino que es necesario tener certeza de la libertad en forma clara y determinada.
Recordó que en el citado voto concurrente también se dijo que la aplicación de penas perpetuas para delitos "comunes", es decir, distintos a los establecidos en el Estatuto de Roma, resulta desproporcionada dado que se les da a los primeros un trato más gravoso que a los otros a pesar de presentar una palmaria menor gravedad.
Pidió que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 80 del Código Penal y, como consecuencia de ello, que se aplique la figura del art. 79 del mismo cuerpo legal.
Subsidiariamente, propició la aplicación del estándar del voto concurrente en Álvarez vs. Argentina, que implica declarar inconstitucional el art. 80 del Código Penal y entender que para delitos comunes no puede imponerse una pena que supere los treinta (30) años de prisión. Además, requirió que se contemple la posibilidad de que el condenado acceda a la libertad condicional a partir de los veinticinco (25) años de encierro, como establece el Estatuto de Roma.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación. Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Resulta pertinente hacer una breve reseña de hitos relevantes del caso.
III.1. En la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Quilmes con sede en Florencio Varela, se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, sanción prevista para el delito de femicidio (art. 80 inc. 11, Cód. Penal).
Los jueces indicaron que de los tratados internacionales de derechos humanos y del texto de nuestra Constitución nacional no surge ninguna prohibición respecto de la prisión perpetua. Apreciaron que en la reforma constitucional del año 1994 quedó delimitada la prohibición de penas crueles e infamantes (art. 75 inc. 22) tomando como antecedente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; ese, dijeron, era el límite que se debía valorar.
Destacaron que en la misma línea se pronunció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al sostener en forma reiterada que las penas a perpetuidad no son contrarias a la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes fijada por el art. 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos en la medida que admitan alguna forma de libertad anticipada, de modo que la sanción no sea irreducible sin otra alternativa (TEDH, Kafkaris v. Cyprus).
Especificaron que la posibilidad de acceder a los distintos institutos del régimen de ejecución de la pena según el sistema de progresividad, previstos por la ley de Ejecución Penal, echaba por tierra el argumento de que la aplicación de una pena perpetua es contraria al fin resocializador.
De otro lado, aseveraron que la magnitud de la pena se corresponde con la gravedad del daño que este tipo de delito conlleva. Explicaron que el legislador, siguiendo criterios de política criminal, previó la sanción de prisión perpetua para determinados delitos que causan mayor conmoción social o afectan valores sociales supremos, contemplando, también, determinadas situaciones en que la edad del acusado cobra relevancia: para fijar la edad de imputabilidad o contemplar las condiciones para el acceso a la prisión domiciliaria, como formas de protección a determinadas franjas etarias. Indicaron que el encartado no se encontraba en ninguna de esas situaciones y que ello no podía repercutir en la constitucionalidad de la norma.
Desestimaron una afectación a la división de poderes, en tanto el juicio referido a la proporcionalidad de la pena, que se refleja en la ley con carácter general, es de competencia exclusiva del legislador y ajeno al juicio de los tribunales, desde que instituye iguales sanciones a todos los que incurran en la infracción que se incrimina como una suerte de salvaguarda de la garantía de igualdad (CSJN Fallos: 322:2346; 329:5567).
Por último, consignaron que la doctrina legal es pacífica respecto de la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua, pues en reiterados pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también este Tribunal se expidieron en ese sentido.
III.2. En el recurso de casación, en lo pertinente, la defensa oficial solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, por resultar violatoria de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, culpabilidad, mínima suficiencia, además del mandato resocializador, el principio de legalidad y la prohibición de imponer penas crueles, inhumanas o degradantes (arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 5, CADH; 10.3, PIDCP; 16, Convención Contra la Tortura).
Indicó que el tribunal de grado había invocado la posibilidad de lograr el cese de la coerción personal mediante el beneficio de la libertad condicional sin percatarse de que tal posibilidad es, en los hechos, ilusoria, pues se dará en muchos años y a una edad que supera las expectativas de vida del condenado.
Razonó que Antonio de la Cruz agotará su vida en la cárcel, lo que equivale a una pena de muerte, derogada por nuestro ordenamiento jurídico, y así la resocialización proclamada será una quimera.
III.3. El Tribunal de Casación rechazó el reclamo sobre la inconstitucionalidad de la prisión perpetua.
Primero, tuvo en consideración la excepcionalidad que implica declarar la invalidez constitucional de una norma, cuestión grave y manifiesta que estimó que no se observaba en el caso, dado que el artículo criticado por el recurrente había sido establecido por una ley del Congreso nacional que se presume válida, y que la interpretación propiciada en el recurso se introducía en temas relativos a la política criminal del Estado.
Agregó que esta Suprema Corte también estableció similar estándar, exigiendo como indispensable para la suficiencia de una impugnación de carácter constitucional la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas y que exista una relación directa entre aquella y estas.
Sentado lo anterior, Casación consideró que en el caso no se violentaba ningún principio constitucional, sino que se trataba de un ámbito discrecional del legislador, fundado en razones de política criminal, sin que quepa analizar la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones.
Indicó que no se habían transgredido cláusulas constitucionales, a la par que recordó que el control de constitucionalidad que les incumbe a los tribunales se reduce al examen de si la ley es o no razonable.
Luego de citar doctrina de autores en torno a la prisión perpetua, señaló que —con excepción de la prohibición expresa contenida en el art. 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño— de las previsiones de los tratados internacionales incorporados a la Constitución no surgía incompatibilidad alguna con la pena de prisión perpetua, afirmando que, si bajo el recaudo de una potencial soltura se permite válidamente aplicar la pena de prisión perpetua a un menor de edad, con más razón, se habilitaría tal pena al delincuente mayor, reafirmando la inexistencia de normativa constitucional que lo prohíba. Negó también que de modo implícito hubiese contradicción con los derechos humanos siempre que se respete —al igual que en el caso de aquellas sanciones temporalmente determinadas— la integridad de la persona condenada (con cita de los arts. 5, CADH; 5, DUDH; 7 y 10, PIDCP y 11 y 16, Convención Contra la Tortura).
Se refirió a lo resuelto por el Tribunal Constitucional Alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; destacó que las penas a prisión perpetua no obstan a la resocialización del condenado, toda vez que del art. 1 de la ley 24.660 surge que "La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad".
Agregó que el Estado mantiene la función de arbitrar todos los medios necesarios para lograr esa finalidad resocializadora, que no excluye a los condenados a prisión perpetua, y que no se incumple con ella si a la par se atiende a otros fines que el legislador adopte, en la medida que no se enfrenten a la interdicción constitucional de que las cárceles sean para castigo.
Concluyó que la pena de prisión perpetua resulta constitucional siempre y cuando se les conceda a los condenados, a su debido momento, la oportunidad de retornar al medio libre.
IV. Como se adelantó, en las particulares condiciones en que ha sido formulada, la impugnación no puede prosperar.
IV.1. Preliminarmente, cabe señalar que la defensa incurrió en una variación argumental, porque en el recurso de casación postuló que la prisión perpetua era inconstitucional en el caso concreto porque su asistido recién podría acceder a la libertad condicional a una edad que superaba su esperanza de vida, mientras que ahora, en el recurso extraordinario, sostiene la inconstitucionalidad del art. 80 por imponer una pena materialmente perpetua.
Este déficit constituye, por sí solo, un obstáculo de peso para la procedencia del reclamo (conf. doctr. art. 451, CPP).
IV.2. Aun salvando esa deficiencia, la denuncia de inconstitucionalidad del art. 80 del Código Penal no es de recibo.
Tal y como lo afirmó el tribunal revisor, es arraigada la doctrina de la Corte federal en cuanto a que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes constituye un acto de suma gravedad institucional que debe ser utilizado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (CSJN Fallos: 321:441; 327:831; 328:4542; e.o.).
El pronunciamiento recurrido se ajusta, en lo sustancial, a la doctrina legal de esta Corte en cuanto sostiene, siguiendo jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional, que aun para el caso de las penas perpetuas que no admiten el acceso a la libertad condicional estas no son realmente tales —porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana—, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (conf. doctr. CSJN causa "Giménez Ibáñez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007; P. 126.330, sent. de 29-III-2017; P. 126.658, sent. de 26-IX-2018; P. 133.191, sent. de 10-VIII-2021; P. 133.212, sent. de 13-VIII-2021; P. 135.752, sent. de 29-XII-2022; P. 134.213, sent. de 16-II-2023; P. 136.193, sent. de 5-IV-2023; P. 135.994, sent. de 9-IV-2024; e.o.).
Asimismo, esta Suprema Corte sostuvo que es necesario proporcionar un hito temporal que habilite el acceso al paulatino avance hacia la libertad del condenado a perpetuidad, conforme los institutos de la ley de ejecución penal disponibles ante la improcedencia de la libertad condicional (art. 14, Cód. Penal), y también de la asistida, debido a la imposibilidad de determinar la fecha de agotamiento de la pena perpetua, pues esta supone la existencia del dies ad quem para el cómputo de los últimos seis meses (art. 54, ley 24.660).
Estas circunstancias, de consuno con la finalidad resocializadora de las penas privativas de la libertad, conducen a la aclaración del panorama respecto de cuándo ello podría tener lugar, bajo una interpretación sistemática del orden normativo, con el fin de ofrecer, incluso a la persona condenada con la pena más gravosa, la posibilidad de contar con la razonable expectativa de reinserción al medio social (conf. causas P. 131.026, sent. de 18-V-2020; P. 135.440, sent. de 24-VIII-2022; e.o.).
IV.3. Por otra parte, tal como lo pusieron de manifiesto el tribunal de mérito y la Casación, ante el disvalor de acto que emerge de la conducta reprochada a De la Cruz —según se tuvo por probado y llega incontrovertido a esta instancia— el recurrente no logra demostrar que la pena de prisión perpetua no se ajuste a las garantías constitucionales que dice afectadas (conf. art. 495, cit.).
IV.4. Con relación a la arbitrariedad denunciada, corresponde señalar que no se evidencia en lo resuelto por el Tribunal de Casación la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido.
En efecto, el órgano intermedio indicó que la declaración de inconstitucionalidad debe obedecer a una cuestión grave y manifiesta —circunstancia no observada en el caso—, a la par que citó doctrina de esta Suprema Corte al respecto; destacó que la redacción de la norma atacada es una cuestión de política criminal y de técnica legislativa; indicó que las penas a perpetuidad no son absolutas; se refirió a los tribunales internacionales y a lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes sostuvieron que las penas a perpetuidad no resultan contrarias a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes en la medida que admitan de alguna forma, y a su debido tiempo, la oportunidad de retornar al medio libre; que las penas a prisión perpetua no obstan a la resocialización del condenado (art. 1, ley 24.660) ni tampoco incumplen con la normativa internacional (arts. 5.6, CADH y 10.3, PIDCP).
Al respecto, cabe recordar que "El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de la discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consiguió poner en evidencia la existencia de vicios de esa magnitud.
En definitiva, la tacha de inconstitucionalidad exige un esfuerzo mayor para demostrar la relación directa e inmediata entre las particularidades del hecho cometido, las condiciones personales del imputado y las garantías constitucionales supuestamente afectadas por la pena impuesta (conf. arts. 14 y 15, ley 48 y doctr. CSJN causas "Strada", "Di Mascio" y "Christou" en sentido contrario).
Por lo dicho, las denuncias de violación a los derechos de defensa y a ser oído quedaron huérfanas de sustento argumental.
IV.5. Finalmente, las manifestaciones vinculadas con la violación del principio de proporcionalidad de la pena apoyadas en el Estatuto de Roma, así como las posibles soluciones propuestas —aplicación del art. 79 del Código Penal, determinación de una pena temporal que no supere los treinta (30) años con posibilidad de acceso a la libertad condicional a partir de los veinticinco (25)—, son producto de una reflexión tardía y no pueden ser ahora objeto de evaluación en esta instancia.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Carral, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Antonio De La Cruz, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
REFEREN
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