Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 143125
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 143.125, "Rantucho, Carmen Beatriz s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 47.082 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Mancini.
El Juzgado en lo Correccional n° 2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen condenó a Carmen Beatriz Rantucho a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta por el término de dos años, inhabilitación especial para ejercer su profesión por el término de seis años y costas, por encontrarla autora penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo y adulteración de documento público en concurso real (arts. 84 —según ley 25.189—, 292 y 55, Cód. Penal).
A su turno, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de febrero de 2025, rechazó el recurso de apelación articulado contra la decisión de primera instancia.
Frente a lo así resuelto, el defensor particular de la nombrada, doctor Tomás Carricart, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el órgano revisor (v. resol. de 23-III-2025).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 6-II-2026), dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En primer lugar, la defensa denuncia la vulneración del principio constitucional de plazo razonable de duración del proceso por considerar que, desde la fecha del hecho hasta la realización de la audiencia de debate, pasaron más de quince años sin que la causa haya concluido, cuando la investigación no tuvo por objeto un hecho de gran complejidad y durante los primeros diez años no hubo casi intervención de la defensa.
Se disconforma con lo resuelto por la Cámara en el sentido de que no puede fijarse el plazo razonable en abstracto ni establecerlo en un número preciso de días, semanas, meses o años y que los jueces deben evaluar, según el caso, si la prolongación de un proceso fue razonable o no, teniendo en cuenta la magnitud del retraso, sus motivaciones, el perjuicio ocasionado, el comportamiento del imputado, el de las autoridades, entre otros.
En esta senda, asevera que los arts. 62 y 67 segundo párrafo del Código Penal solo prevén plazos, es decir, tiempo que debe transcurrir para que el instituto de la prescripción surja efectos.
Destaca que la imputada se vio sometida a un proceso judicial desde el año 2008 obteniendo una condena recién en el año 2023, que no adquirió firmeza, y que hallarse en ese estado de sospecha constante que implica estar sometida a un proceso penal genera una evidente falta de seguridad jurídica.
Sostiene que la extensa dilación del trámite de la causa generó la irrazonabilidad de aplicar una condena a la imputada, dado que teniendo en cuenta que la pena es para la resocialización o reinserción social del condenado, perdía sentido la aplicación de una sanción a Rantucho cuando continuó trabajando como médica clínica sin ningún tipo de cuestionamiento, ni denuncia, ni reclamos. Frente a ello, estima que una sanción en esta instancia es solo para castigo y no para resocialización.
Peticiona que se declare la extinción de la acción penal por prescripción a fin de no vulnerar garantías constitucionales que afectarían la responsabilidad del Estado argentino.
I.2. En segundo término, denuncia la afectación a la garantía constitucional del estado de inocencia (art. 18, Const. nac.) y al principio in dubio pro reo, configurando la condena una sentencia arbitraria.
I.2.a. Respecto del homicidio culposo, aprecia que la Cámara, siguiendo los mismos argumentos de la instancia y sin aportar ningún otro elemento basado en los hechos, en la razón o en el derecho, efectuó un análisis superfluo y sin compromiso teórico, ratificó una sentencia en la que no se probó que la imputada haya incurrido en mala praxis médica ni tampoco que haya adulterado un documento público.
Denuncia una arbitraria y parcializada valoración de las constancias de la causa, apartándose de aquellas que determinan la inocencia de Rantucho en el hecho.
Afirma que no se demostró que la conducta desplegada por la imputada haya tenido entidad suficiente para ser la causa de muerte del paciente terminal Juan Jesús Díaz, en tanto no existió una autopsia hábil para demostrarlo —habiéndose realizado cuarenta días luego del fallecimiento— ni tampoco hubo un esfuerzo probatorio específico por parte de la acusadora para suplir esa prueba determinante.
Luego de efectuar un relato de las declaraciones del médico autopsiante, destaca que no fue posible determinar la causa de muerte; alude también a los dichos de la doctora Mollo, quien refirió no poder descartar alguna insuficiencia distinta y otro tipo de lesión o accidente cerebro vascular.
Afirma que esta duda aleja la certeza convictiva del juzgador, por lo que debió absolverse por aplicación del principio in dubio pro reo.
I.2.b. Referente al delito de falsificación de documento público, asevera que a nadie le consta que, en el trayecto de sustraer la historia clínica, sacarle fotocopias y devolverla, los testigos González y Stib (enfermero de guardia) no hayan adulterado la documental, dado que nadie los estaba observando.
Postula la aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado en tanto la hipotética prueba, no obstante la baja calidad informativa, fue obtenida ilícitamente, por lo que debe invalidársela, trayendo aparejada la nulidad del dictamen pericial realizado en consecuencia.
Concluye que todas las maniobras ilícitas generan ausencia de certeza sobre si ese es el documento para acreditar el delito de falsificación de instrumento público. Pide, por ende, la absolución de la imputada.
Requiere se deje sin efecto el pronunciamiento puesto en crisis y se devuelvan los autos a la Cámara de Apelación y Garantías a fin de que, integrada por jueces hábiles, dicte un nuevo fallo ajustado a derecho.
II. La Procuración General propició el rechazo del recurso (v. dictamen digital). Coincido con su opinión.
III. Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta necesario realizar una reseña de ciertos puntos relevantes del caso.
III.1. Al momento de dictar sentencia, el titular del Juzgado Correccional n° 2 de Trenque Lauquen señaló que, como cuestión preliminar, la defensa había pedido la extinción de la acción penal por violación del plazo razonable, toda vez que la causa se inició en el año 2008 por el fallecimiento de Díaz el 22 de junio de ese año, habiendo transcurrido hasta ese entonces quince años, que la investigación no revistió mayores complejidades y hubo una casi nula intervención de la defensa, y que los principios de la pena en cuanto a la finalidad de resocializar al penado habían perdido sentido.
El juez correccional, con cita de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referentes a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, indicó que debía analizarse si en este proceso existieron demoras irrazonables durante los quince años de tramitación hasta el momento de dictar sentencia, evaluando el tiempo empleado por el Estado para dilucidar los hechos investigados y si hubo una actividad de la defensa fundadamente calificada como abusiva.
Destacó que el plazo razonable que garantiza la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos ha de ser determinado judicialmente en cada litigio, tomando en consideración los rasgos particulares del caso concreto, ello a fin de verificar que el plazo empleado por el órgano judicial para poner un final al pleito no resulte, de acuerdo con las características particulares del proceso, excesivo o irrazonable.
Aseveró que la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un número de días, meses o años.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia puede servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales, consideró que el concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe medirse en relación con una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso (Fallos: 330:3640; "Nuñez, Oscar", sent. de 20-IV-2023).
Resaltó que, en esta causa, la fiscalía inició la investigación en el año 2008, agotando la realización de la prueba en principio en el año 2013, recibiéndole declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal a la imputada el 10 de junio de 2013 por los delitos de homicidio culposo (art. 84, Cód. Penal) y falsificación de documento público (art. 292, Cód. Penal); posteriormente, se le recibió una nueva declaración en los mismos términos con fecha 5 de mayo de 2015.
Días más tarde, el 13 de mayo de 2015, se formuló la requisitoria de elevación a juicio, siendo elevada a juicio por la justicia de garantías el día 11 de junio de 2015 y radicada en ese juzgado al día siguiente. Destacó que el 16 de junio se fijó la audiencia preliminar, que se realizó el día 8 de julio de 2015, y que el día 11 de agosto se resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa, resolución que fuera apelada y confirmada por la Cámara Penal el día 28 de octubre de 2015.
Interpuesto recurso de casación, fue rechazado el día 1 de diciembre de 2016, siendo devuelto el expediente a ese juzgado el día 3 de julio de 2017. Seguidamente, al mes siguiente, con fecha 7 de agosto de 2017 se fijó audiencia de juicio oral para los días 22 y 23 de noviembre de 2017, debate que fue suspendido por no encontrarse firme aún la denegatoria de suspensión de juicio a prueba, por sendos recursos de la defensa (recurso extraordinario federal presentado el día 14 de noviembre de 2017).
Posteriormente, con fecha 4 de febrero de 2019, la Cámara hizo saber que el recurso se encontraba agotado, por lo que, con fecha 8 de febrero de 2019, se solicitó nueva fecha de juicio a la Cámara Penal, fijándose para los días 9 y 10 de diciembre de 2019, conforme auto de fecha 25 de marzo de 2019, luego reprogramado para los días 1 y 2 de octubre de 2019 (proveído de fecha 24-IV-2019).
En esa instancia, el doctor Carricart solicitó que se declare extinguida la acción penal por el transcurso del plazo razonable, con fecha 1 de septiembre de 2019, y luego pidió la suspensión del juicio oral, petición que fue rechazada mediante resolución de fecha 16 de septiembre de 2019. Dicha resolución fue apelada por la defensa, rechazada por el órgano de mérito, suspendiéndose la audiencia de juicio en función del derecho de queja del apelante (resol. de fecha 24-IX-2019). La defensa interpuso queja que fue desestimada por la Cámara de Apelación y Garantías departamental, y posteriormente por la Sala Quinta del Tribunal de Casación con fecha 3 de septiembre de 2020. Interpuesto un nuevo recurso, el mismo fue declarado inadmisible por dicho Tribunal (31-VIII-2021). Así se llegó al día 26 de noviembre de 2021 en que el Tribunal de Alzada informó el agotamiento de la etapa recursiva y, tres días más tarde, se fijó nueva fecha de juicio para los días 1 y 2 de agosto de 2022.
Informó que, meses más tarde, a cuarenta días del juicio, con fecha 17 de junio de 2022, el doctor Carricart planteó un nuevo pedido de sobreseimiento de la imputada por prescripción de la acción penal, siendo rechazado por el juzgado de la instancia con fecha 29 de junio de 2022, manteniendo vigente la fecha de debate fijada en autos, motivando un nuevo recurso de la defensa, obligando a una nueva suspensión del juicio oral fijado. La Cámara de Apelación y Garantías confirmó lo decidido en primera instancia con fecha 7 de septiembre de 2022, interponiéndose recurso de casación, que fue declarado inadmisible por la Sala V del Tribunal intermedio el 14 de febrero de 2023.
De esta forma, con fecha 21 de marzo de 2023 se fijó el juicio para los días 7 y 8 de noviembre de 2023, que finalizó el día 13 de noviembre.
El juez correccional observó que, desde el año 2017, se había intentado realizar el juicio oral, que no pudo celebrarse debido a los múltiples recursos interpuestos por la defensa, quien además tuvo como estrategia dividir los reclamos, agotando en cada uno de ellos todas las etapas recursivas, recursos que, en su gran mayoría, fueron rechazados por inadmisibles por los órganos superiores.
Resaltó que, ya en el año 2020, la Sala V del Tribunal de Casación había advertido que el juicio "[...] no pudo llevarse a cabo por la cantidad de planteos efectuados por la defensa [...]" y que planteos como la prescripción debían resolverse en el juicio, lo que fue desoído por el defensor con nuevas peticiones prescriptivas que demoraron el juicio una vez más hasta que finalmente pudo concretarse.
Especificó que los variados planteos de la defensa fueron resueltos sin demora por el juzgado y la etapa recursiva también fue decidida sin demoras plausibles por los distintos órganos superiores. Razonó que la causa se había retrasado por la incesante actividad de la defensa, la cual fue "...dilatoria del proceso con la única finalidad de no hacer el juicio oral prolongando el proceso, sin que se observe dilaciones indebidas", con lo cual no advirtió la afectación del derecho del justiciable a ser juzgado en un plazo razonable.
Indicó que esta multiplicidad y división de planteos fue la causa de que el juicio no se hubiera hecho en el año 2017 como se había fijado. No notó retardos en la administración de justicia en cuanto a omisiones o inactividad jurisdiccional, sino una intensa actividad procesal y jurisdiccional resolviendo variados pedidos de la defensa, los que resultaron en su totalidad inoficiosos a las resultas de los pronunciamientos dictados.
Consideró que la vigencia de la aplicación de una pena se encuentra dentro del mismo concepto de plazo razonable.
Concluyó que no se afectó el debido proceso al obtener la imputada, en forma satisfactoria y en todas las instancias procesales, una respuesta a sus demandas en un plazo razonable de duración del proceso, por lo cual desestimó el agravio.
De seguido, tuvo por acreditados los siguientes hechos:
En la IPP 17-00-3929-08: "El día 22 de junio de 2008 entre las 7:45 y las 8:00 horas aproximadamente, ingreso junto a sus familiares a la Guardia del Hospital Municipal de Carhue el Señor Juan Jesús Díaz, por sus propios medios y con una patología de base (Cáncer de Laringe), y en ese momento con una grave insuficiencia respiratoria. Que como responsable de la mencionada Guardia del nosocomio, se hallaba la médica a cargo, la imputada Dra. Carmen Beatriz Rantucho, quien a pesar de ser llamada en varias oportunidades por los enfermeros para que asistiera urgentemente al paciente, -pese a no tener ningún impedimento que obstaculizara dicha labor- al no concurrir al lugar para dispensarle la asistencia necesaria según el protocolo médico del tratamiento urgente para la dolencia que presentaba, provocó la muerte por una obstrucción laringea, de Juan Jesús Díaz todo ello como consecuencia de su obrar negligente y violando los deberes a su cargo y la posición de garante en la que se encontraba en ese momento en el marco de su profesión de médico, atento a que la misma le debería haber realizado una corrección de la hipoxemia, pudiendo según el caso particular realizar cánulas nasales, máscara con efecto venturi, máscara con presión positiva continua, intubación orotraqueal, traqueotomía según el protocolo médico correspondiente".
En la IPP 17-00-002532-09: "Entre los días 3 de julio de 2008 y el día 13 de Abril de 2009 la Dra. Carmen Rantucho, Jefa de Guardia del Hospital Municipal de Carhué, Partido de Adolfo Alsina, en ejercicio de sus funciones e incumpliendo los deberes a su cargo, sustituyó hojas de la Historia Clínica del Paciente Juan Jesús Díaz, e insertó datos falsos en la misma, suscribiéndolas de su puño y letra, modificando de esta manera el registro de los hechos sucedidos, con la finalidad de justificar su accionar negligente ante la atención que realizara en la Guardia del Hospital y que derivara en la muerte del Señor Díaz".
Luego de celebrado el debate, el juez correccional condenó a Carmen Beatriz Rantucho a la pena de dos años y seis meses de prisión, cuya ejecución dejó en suspenso, y a seis años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de medicina, por resultar autora penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo y adulteración de documento público en concurso real (arts. 84 —según ley 25.189—, 292 y 55, Cód. Penal).
III.2. Al acudir ante el tribunal revisor, la defensa particular de la imputada, como primer embate, planteó la extinción de la acción en base a un doble fundamento: a) por infracción a la doctrina del plazo razonable, tomando como basamento que en los primeros diez años de la causa no hubo casi intervención de la defensa y que no fue un caso de gran complejidad, así como también que en la actualidad perdía sentido la imposición de cualquier pena, ya que desde el año 2008 hasta la fecha continuó trabajando como médica sin ningún otro reclamo, teniendo como fin en este caso puntual el castigo y no la resocialización; b) por otra parte, fundó la solicitud en la prescripción de la acción por cumplirse en el año 2022 el plazo de pena máxima en expectativa; afirmó que transcurrió desde la fecha de citación a juicio (16-VI-2015) el plazo máximo de la pena de cinco años y seis meses que prevé el delito de falsificación de documento público.
Aclaró que se desdoblaron los planteos sobre prescripción, en virtud de que, al momento de formular el primero, aún no había transcurrido el plazo para el segundo, rechazando que haya sido como estrategia para alongar los plazos.
Alegó nuevamente la innecesariedad de imposición de la pena, puesto que la doctora Carmen Beatriz Rantucho desde el día 22 de junio de 2008 (fecha del hecho imputado) continuó trabajando como médica clínica sin ningún tipo de cuestionamiento, ni denuncia, ni reclamo de ninguna índole más que la presente investigación penal, por lo cual la aplicación de una sanción solo sería para castigo y no con el fin de resocialización.
En orden al delito de homicidio culposo, planteó la indeterminación de la causa de muerte y error en la valoración probatoria, en violación al principio de certeza que trae aparejado como consecuencia el principio in dubio pro reo.
Aseveró que se efectuó una valoración arbitraria y fragmentada de la prueba, que no permitía determinar fehacientemente las convocatorias a la imputada frente a una situación de emergencia; indicó que esas convocatorias no fueron debidamente acreditadas, como tampoco el aviso personal de la enfermera Betiana Freites, quien reconoció que pasaron pocos segundos desde que requirió su presencia hasta que se presentó frente al paciente Díaz. Solicitó que se revoque el veredicto y se declarare la absolución de la acusada por el delito de homicidio culposo (art. 84, Cód. Penal).
Con relación al delito de falsificación de documento público, postuló la violación a la doctrina del fruto prohibido del árbol envenenado, toda vez que el sentenciante se valió de unas supuestas fotocopias simples aportadas por Ana María González, quien reconoció que las "sustrajeron" de una sala del hospital
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.