Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 143156
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Víctor Javier Rojas y se ordena el reenvío al Tribunal de Casación para que, por su intermedio, se remitan las actuaciones y se dé intervención al órgano de mérito a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento acorde a la doctrina antes señalada (conf. art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 143.156 RC, "Rojas, Víctor Javier s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 132.981 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Kohan.
El día 30 de abril de 2024, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata condenó a Víctor Javier Rojas a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo.
La defensa oficial interpuso recurso de casación; la Sala I del Tribunal de Casación, mediante sentencia dictada el día 17 de octubre de 2024, trató los agravios y los rechazó.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La Casación, mediante resolución dictada el día 13 de febrero de 2025, admitió el recurso.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa oficial denunció la inconstitucionalidad del art. 80 del Código Penal por establecer una pena materialmente perpetua. Asimismo, tachó de arbitraria la respuesta del Tribunal de Alzada y se agravió de la violación de la defensa en juicio y del derecho a ser oído.
Puntualizó que, de acuerdo al derecho vigente, la pena impuesta es efectivamente perpetua, infinita, para siempre. De este modo, se diferencia de la pena "...indeterminada pero determinable" que regía en Argentina antes de la reforma de la ley 25.892, modelo que, además, se ajustaba al estándar fijado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Kafkanis c. Chipre).
Explicó que, en la actualidad, no existe ninguna norma que establezca para los condenados a prisión perpetua por ciertos delitos una revisión de la pena, con la correlativa posibilidad de acceder a la libertad y la eventual chance de agotamiento de la sanción. Eso impone, en su opinión, la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 u 80 del Código Penal.
Agregó que estamos frente a un encierro perpetuo en sentido estricto y, por ende, contrario al fallo "Giménez Ibáñez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en cuanto a que la pena privativa de libertad realmente perpetua lesiona la intangibilidad de la persona humana).
A su vez, notó que el caso queda por fuera de lo previsto por la Corte Suprema en el precedente "Álvarez" (Fallos: 342:1376), donde se estableció la imposibilidad de darle un alcance numérico a la pena perpetua, porque el supuesto allí analizado era anterior a la ley 25.892. Sobre este particular, denunció que se intentaron diversas soluciones jurisprudenciales "...para establecer una fecha de agotamiento para casos como el presente", en el que —a diferencia de lo que sucedía en el precedente "Álvarez"— no existe la posibilidad de acceder a la libertad condicional ni a otros institutos del régimen de progresividad, alzándose críticamente respecto de ellas (p.ej., límite de 40 años de encierro, derivado de sumar los 35 años del art. 13 del Cód. Penal, más 5 años del art. 16 de ese cuerpo de leyes; fijarlo en 45 años: al sumar a los 35 años antes referidos los 10 a que alude el mismo art. 13; determinarlo en 50 años, en virtud de lo establecido en el art. 55 del Cód. Penal, partiendo de la idea de que el condenado a perpetuidad no puede estar en mejores condiciones que el sujeto al máximo de la pena temporal; e.o.). Y, ello, a su entender, porque cualquiera de tales interpretaciones se alza contra el argumento sobre el que reposa el citado fallo: el juez no puede erigirse en legislador, por eso estas "...conspiran contra la división de poderes" en tanto prescinden del régimen vigente de los arts. 13, 15, 16, 17 y 53 del Código Penal que impiden predeterminar el agotamiento de una pena que el legislador ha llamado perpetua y ha caracterizado como tal al eliminar toda condición futura que pudiera revertir dicho carácter.
Luego, sostuvo que la indeterminación de la pena viola el "principio de identidad", y que el "derecho a la esperanza" no alcanza a cubrir el estándar convencional en la materia.
En cuanto al principio de identidad, dijo que sostener que la pena perpetua es "indeterminada pero no perpetua" es un mero eufemismo, pues tal afirmación está sujeta a condiciones plurales, futuras y eventuales: modificación del art. 14 del Código Penal o declaración de inconstitucionalidad, cumplimiento de los restantes requisitos previstos por el art. 13 para el acceso a la libertad condicional, etcétera. Por eso, enfatizó que la solución "...está en declarar la inconstitucionalidad de[l art. 80, Cód. Penal] y no [en principio] la de aquella que determina la inexistencia de la condición resolutiva -el art. 14 del [Cód. Penal]-". Porque ello implicaría la conversión de la pena perpetua en una eventualmente indeterminada, con la consiguiente violación al principio de identidad respecto del concepto de perpetuidad.
En lo que atañe al derecho a la esperanza, sostuvo, citando el voto concurrente de dos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Álvarez vs. Argentina, que el estándar interamericano es más elevado que el europeo, puesto que exigiría conocer, desde el inicio del cumplimiento de la condena, el monto máximo que deberá cumplir la persona condenada en prisión, así como las reglas para su primera revisión y las reglas para acceder a la libertad.
Afirmó que la prisión perpetua impuesta a su defendido vulnera el fin resocializador, el derecho a la integridad personal y resulta desproporcionada, en tanto sanciona delitos comunes con penas más gravosas que las previstas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Insistió con que el planteo de inconstitucionalidad de la pena efectivamente perpetua resulta actual y que diferir el tratamiento de la cuestión de si el condenado recuperará o no su libertad ambulatoria, cuándo y cómo ello ocurrirá, origina sobre su persona y sus derechos un efecto ineludible y concreto, de insusceptible reparación ulterior y que requiere tutela inmediata. Hizo hincapié en el deterioro que esa incerteza puede generar en la psiquis del condenado; aludió a la necesidad de respetar los principios de legalidad y seguridad jurídica (arts. 4.1. y 9, CADH), y al derecho a desarrollar un proyecto de vida.
Mencionó como posibles soluciones: aplicar el art. 79 del Código Penal; aplicar lo que describió como el "estándar interamericano" (convertir la prisión perpetua en una pena temporal que no puede superar los 30 años de encierro, con instancias de revisión periódicas); habilitar el acceso a la libertad condicional a partir de los 25 años de encierro (por aplicación del art. 77.1.b. del Estatuto de Roma).
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación. No coincido.
III. En mi opinión, el recurso debe prosperar parcialmente (conf. art. 496, CPP).
Pero antes de ingresar al fondo del reclamo haré una reseña de los antecedentes del caso.
III.1. De la lectura del fallo de mérito se desprende que el tribunal, luego de ponderar como atenuantes en favor de Rojas su condición de primario y de persona trabajadora, descartó la existencia de agravantes y le impuso la pena de prisión perpetua por el homicidio de su esposa —de quien se hallaba separado de hecho— ocurrido el día 19 de noviembre de 2019.
El pedido de inconstitucionalidad de este tipo de sanciones, formulado por la defensa oficial, lo desestimó por considerar que en nuestro sistema jurídico la perpetuidad no es absoluta sino indeterminada, siempre que "...en algún momento se le otorgue al condenado la posibilidad de retornar al medio libre...".
III.2. Frente a lo así decidido, el defensor dedujo recurso de casación.
En lo que interesa, expresó que la actual regulación de la prisión perpetua (ley 27.375) resulta inconstitucional, al haber excluido el delito imputado a Rojas del acceso a la libertad condicional. Indicó que la regulación legal sobre el punto elimina toda posibilidad de recuperar una vida digna y se contrapone con el principio de culpabilidad, el mandato socializador, la división de poderes, el principio de legalidad y se aparta de la prohibición de imponer penas crueles, inhumanas y degradantes.
Concluyó que la falta de certeza sobre la posibilidad de recuperar la libertad en un tiempo determinado atenta contra la dignidad humana y viola los arts. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.
III.3. Por su parte, el Tribunal de Casación advirtió, en respuesta al agravio reseñado, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe ser siempre el último recurso. En su apoyo, citó jurisprudencia de esta Suprema Corte.
A continuación, afirmó que la exégesis del término "perpetuidad" debía contextualizarse con lo previsto en la Constitución nacional y en los tratados internacionales de idéntica jerarquía en cuanto prevén que las cárceles son para seguridad y no para castigo, y que la pena tiene una finalidad de prevención especial positiva, con resguardo del concepto de persona y dignidad humana. Advirtió que tales principios, junto con el de proporcionalidad, impiden legitimar un encierro de por vida.
A su vez, indicó que en el ámbito del derecho internacional no existen normas que impidan la aplicación de una pena perpetua. Descartó que la sanción aplicada constituyera un acto cruel, inhumano o degradante de los que prohíbe el art. 16.1. de la Convención contra la Tortura, en virtud de que no se consideran tales aquellos dolores o sufrimientos que derivan de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas (conf. art. 1.1. de la citada Convención).
Recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido la posibilidad de imponer penas de encierro por tiempo indeterminado, pero bajo la premisa de que se asegure el control judicial de las condiciones de la liberación y de que haya existido un examen concreto de la situación del afectado.
Por todo lo expuesto, afirmó que las penas a perpetuidad, más allá de su nombre, son admisibles en la medida que el Estado garantice una revisión periódica del encierro, de modo que exista la posibilidad de acceder a una liberación anticipada y, en caso de denegación, la misma esté supeditada a un control regular.
En cuanto al impedimento previsto en el art. 14 del Código Penal, indicó que su alcance debería revisarse a la luz de los principios constitucionales mencionados anteriormente; sin perjuicio de ello, estimó que su aplicación aparecía como una "...cuestión eventual, hipotética y futura que no merece discusión actual, por no ser éste el momento oportuno ni configurar un perjuicio real para el encausado, por prematuro".
Por todo lo expuesto, el tribunal sostuvo que, dado que la prisión perpetua debe conciliarse con los principios de readaptación, dignidad humana, razonabilidad y culpabilidad —que impiden una interpretación literal del término "perpetuidad"—, los planteos de la defensa resultaban improcedentes.
IV. El recurso procede con el alcance que sigue (conf. art. 496, CPP).
IV.1. De la reseña efectuada se desprende que Rojas fue condenado a la pena de prisión perpetua y que tiene vedado el acceso a la libertad condicional (arts. 14 segunda alternativa inc. 1, Cód. Penal y 56 bis, ley 24.660 —redacción según ley 27.375—), la cual, en el caso, está legalmente establecida en 35 años, según la ley 25.892 que no ha sido repudiada en su constitucionalidad. Ello así, sin perjuicio de otras restricciones que emergen del citado art. 56 bis y de algunas posibilidades de ámbitos de libertad anticipada que emergen de la ley 12.256 y el régimen preparatorio para la liberación del art. 56 quater de la mentada ley 24.660, que, en todo caso, corresponderán considerar en la etapa de ejecución de la pena.
IV.2. Sentado ello, cabe destacar que el planteo principal fue mutando.
Pues, ahora se ciñe primordialmente a la declaración de inconstitucionalidad del art. 80 del Código Penal vinculada a una serie de argumentos que no fueron postulados en las instancias previas, de modo que no pueden ser aquí abordados (arg. art. 451, CPP). En particular, aquel que se relaciona con la violación al "principio de identidad" vinculado a que, aunque se pudiera declarar la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, ello conllevaría a la conversión de una pena perpetua en una indeterminada, pero determinable, por lo cual mutaría el carácter "...realmente perpetuo" del cual se agravia.
Por ello, las alternativas propuestas para establecer una solución diversa (utilizar la escala del art. 79, aplicar el régimen de libertad condicional que surge del Estatuto de Roma, etc.), suponiendo la inaplicabilidad del art. 80 del Código Penal, también decaen.
IV.3. No obstante, queda como remanente un planteo de la defensa oficial que ha sido formulado durante el juicio, llevado a la Casación y mantenido ante esta Suprema Corte y que radica —en definitiva— en que frente a la imposibilidad de acceder a la libertad condicional por la prohibición establecida en el art. 14 del Código Penal (t.o. según ley 27.375), la pena se torna efectivamente perpetua, en tanto su defendido tiene absoluta incertidumbre respecto a si en algún momento podrá recuperar su libertad, y en su caso, cuándo y bajo qué condiciones.
IV.4. Esta Suprema Corte tiene dicho en numerosos precedentes que, por regla, se halla fuera de la órbita del sentenciante establecer una determinación numérica de la pena a perpetuidad, que ya el legislador consideró que era absoluta (no individualizable). A su vez, ha advertido que una adecuada inteligencia del precedente "Giménez Ibáñez" (Fallos: 329:2440) que concilie con ese postulado no debe redundar necesariamente en la individualización de una pena perpetua, sino en proporcionar un hito temporal que habilite el acceso al paulatino avance hacia la libertad, conforme los institutos de la ley de ejecución penal disponibles (conf., mutatis mutandis, causas P. 131.026, sent. de 18-V-2020; P. 135.440 y P. 135.842, sents. de 24-VIII-2022; P. 136.432, sent. de 28-XI-2023; P. 138.806, sent. de 22-XI-2024; e.o.).
Ahora bien, de conformidad con el modo en que esta Suprema Corte aplicó el precedente "Giménez Ibáñez" (sent. de 4-VII-2006) en reiteradas oportunidades, en cuanto a que no necesariamente se debe individualizar la pena de prisión perpetua siempre que se garantice un acceso paulatino hacia la libertad, y dado que con posterioridad a ese fallo se sancionó la ley 27.375 (B.O. de 28-VII-2017) que, como afirma la defensa oficial, resulta plenamente aplicable a Rojas (condenado por un homicidio calificado por el vínculo cometido el día 19 de noviembre de 2019), corresponde, a la luz de lo resuelto —en lo pertinente— en los precedentes "Guerra, Sebastián Alejandro y otros s/ incidente de recurso extraordinario" (CSJN, sent. de 21-XI-2024 —Fallos: 347:1770—) y "Soto, Joaquín s/ homicidio agravado" (CSJN, sent. de 27-XII-2024 —Fallos: 347:2324—) abandonar la postura que venía sosteniendo este Tribunal en torno a la ausencia de un interés actual en el análisis de este tipo de agravios mientras no se cumpla el requisito temporal para poder pedir una libertad anticipada.
IV.5. En consecuencia, se impone hacer lugar al reclamo de la defensa en cuanto cuestiona el tramo del fallo de Casación que considera que las discusiones en torno a la posibilidad o no de Rojas de acceder a una liberación anticipada no configuran un perjuicio real "por prematuro".
En efecto, como lo advierte la defensa oficial, con sustento en los principios de legalidad, certeza en la etapa de ejecución de la pena y seguridad jurídica, el planteo reviste actualidad, en tanto su defendido tiene derecho a conocer desde el inicio del cumplimiento de la pena el momento en que podrá recuperar su libertad.
En los precedentes "Guerra" y "Soto" citados, el Máximo Tribunal nacional advirtió que el ius puniendi debe cumplir con el mandato de certeza, derivado del principio de legalidad, y permanecer sujeto a los principios constitucionales que establecen fines penológicos legítimos, acordes con el mandato resocializador.
Por lo tanto, es desde el momento de ingresar a la cárcel para cumplir la pena de prisión perpetua que las personas tienen derecho a saber qué es lo que deben hacer para ser consideradas para la liberación y bajo qué condiciones, lo que implica que puedan conocer el plazo de revisión del cumplimiento de la pena y sus requisitos (conf. CSJN causas "Guerra", cons. 14°; "Soto", cons. 16°).
V. Por todo lo expuesto, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial en cuanto considera que las discusiones en torno a la posibilidad o no de Rojas de acceder a una liberación anticipada no configuran un perjuicio real "por prematuro" y se ordena el reenvío al Tribunal de Casación para que, por su intermedio, se remitan las actuaciones y se dé intervención al órgano de mérito a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento acorde a la doctrina antes señalada sobre el punto (conf., CSJN Fallos "Giménez Ibáñez", "Guerra" y "Soto").
Voto por la afirmativa.
El señor juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Víctor Javier Rojas y se ordena el reenvío al Tribunal de Casación para que, por su intermedio, se remitan las actuaciones y se dé intervención al órgano de mérito a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento acorde a la doctrina antes señalada (conf. art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/06/2026 13:09:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/06/2026 18:24:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2026 09:12:19 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 10/06/2026 15:22:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2026 08:09:00 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 11/06/2026 08:21:40 hs. bajo el número RS-52-2026 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia