Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 142281
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial en favor de Carlos Alberto Ortiz, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 142.281-RC, "Ortiz, Carlos Alberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 121.742 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
Del expediente radicado electrónicamente se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 3 de la ciudad de Quilmes, integrado con jurados, condenó a Carlos Alberto Ortiz a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja.
La defensa oficial interpuso un recurso de casación y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 27 de diciembre de 2023, rechazó el recurso y confirmó el veredicto y la condena.
Frente a ello, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue admitido por el Tribunal de Alzada (conf. resol. de 20-IX-2024).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial en favor de Carlos Alberto Ortiz?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurrente denunció la violación del debido proceso y la afectación del derecho de defensa. Requirió la nulidad del juicio y veredicto por la producción de prueba ilegal y por contradecir estipulaciones probatorias (arts. 18, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 8.1 y 8.2. "c" y "h", CADH; 14.1, 14.3. "b" y 14.5., PIDCP).
I.1. Sintéticamente, sostuvo que la producción de prueba ilegal tuvo lugar con la incorporación del perito Eduardo Vázquez (sustituto del médico autopsiante fallecido). Este perito, sin haber intervenido en la autopsia, produjo un informe y declaró durante el juicio, excediendo —a su modo de ver— su convocatoria, con gráficos y conclusiones.
Estimó que de ese modo se violaron las estipulaciones probatorias previamente acordadas entre las partes (puntualmente el disparo a "muy corta distancia o contacto angulado").
Señaló que la intervención de este perito indujo al jurado a error al presentar parámetros de distancia distintos (25-65 cm) a los estipulados, que permitían descartar la hipótesis defensiva de un forcejeo.
Explicó que, de ese modo, se afectó la teoría del caso de la defensa pues ante el jurado había sostenido la tesis de que la muerte se produjo accidentalmente durante un forcejeo. La estipulación probatoria, de acuerdo con lo dicho, resultaba central para la teoría de esa parte, pero la declaración del perito la desvirtuó, dejando al jurado con menos opciones reales de veredicto ("homicidio culposo" o "no culpable") e inclinándolo hacia la condena por homicidio agravado.
I.2. Repasó la respuesta de la Sala III por la cual rechazó el planteo y el ofrecimiento probatorio formulado (pericia del doctor Miñones) y cuestionó la decisión por arbitraria. Según el defensor, la Casación convalidó un procedimiento viciado y omitió ejercer su función revisora. En este sentido le reprochó "arbitrariedad" porque, según adujo, el fallo habría tratado de forma dogmática y superficial su planteo.
En esa línea, le achacó desentenderse de las constancias de la causa y de la estipulación probatoria formulada. De ese modo habría convalidado la actuación ilegal de la acusación dejando sin tutela efectiva los derechos de defensa y debido proceso.
En conclusión, pidió que se case por arbitraria la sentencia de Casación y se reenvíe la causa para nuevo pronunciamiento.
II. El Señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación; coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
El Tribunal de Casación, previo al dictado de sentencia desestimó el ofrecimiento de prueba por inadmisible (conf. resol. de 31-VIII-2023). Allí se señaló que los puntos de pericia no eran hechos nuevos ya que la parte interesada los conocía desde el inicio y nada había dicho al acordarse las estipulaciones probatorias. Se concluyó que no se demostró la relevancia ni la necesidad de la prueba ofrecida, ni su carácter indispensable a los fines de resguardar las garantías constitucionales del imputado, ni tampoco se acreditó que la denegación fuera responsabilidad del tribunal.
Luego, los planteos ya relatados en el punto I.1. fueron rechazados. De la respuesta brindada no se advierte una causal de arbitrariedad que proceda en esta instancia extraordinaria.
En lo que interesa, entre los fundamentos de Casación para descartar los agravios, se estimó que el perito Vázquez fue convocado solo para ilustrar al jurado tras la muerte del médico autopsiante. En el voto del doctor Violini se analizó el punto, destacándose que el juez técnico explicó claramente a los jurados que Vázquez no realizó la autopsia.
De igual manera, se puso de resalto que la defensa pudo objetar las preguntas de la Fiscalía y lo hizo en varias oportunidades; incluso el juez ordenó reformulaciones. De manera que cuando el perito dio respuestas que la defensa estimó impropias (por caso, la estimación en centímetros para definir "corta distancia"), el juez instruyó al jurado a no tenerlas en cuenta.
Se analizó lo referido a la estipulación probatoria ("disparo a muy corta distancia o contacto angulado"). Se concluyó que ésta fue leída al jurado y que lo declarado por el perito no la contradijo, sino que la ilustró.
Por lo demás, se advirtió que la defensa no cuestionó las instrucciones finales del juez al jurado, con lo que no se acreditó que éste fue inducido a error ni que el veredicto fue contrario a la prueba.
En definitiva, se analizaron los argumentos confrontados con los materiales disponibles y se decidió que el planteo defensivo era sólo un criterio discrepante en la ponderación de la prueba que no habilitaba anular el veredicto.
IV. Cómo se adelantó, el agravio no prospera. Los planteos que aquí trae ya fueron respondidos por el órgano revisor y de ese control del juicio y del veredicto del jurado no se advierte que Casación haya incurrido en alguna causal de arbitrariedad ni que, con sus respuestas, haya conculcado las garantías constitucionales que cita (debido proceso y derecho de defensa).
En rigor, se trata de una reedición que desoye los fundamentos dados por Casación, en particular, los que descartaron que la participación del perito Vázquez haya implicado una producción de "prueba ilegal", ni que haya inducido a "error" al jurado. Por el contrario, se destacó que el testigo experto precisó en términos más concretos el alcance del concepto "muy corta distancia" con la finalidad de ilustrar al jurado sobre ese punto, sin que ello implicara una contradicción con lo estipulado. De todos modos, el juez técnico —a pedido de la defensa— durante el interrogatorio indicó al jurado que no debían considerar esa apreciación.
En consecuencia, no es viable catalogar de arbitraria a la decisión cuando no es posible atribuirle ningún error grave en lo decidido ni que se trate de un fallo irracional o sin fundamentos. Se trata, en todo caso, de un mero disenso del recurrente que, como es sabido, no importa un medio idóneo de cuestionamiento desde el excepcional carril habilitado (causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 134.020, sent. de 28-VI-2021; e.o.).
Por lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Kohan, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la cuestión planteada también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial en favor de Carlos Alberto Ortiz, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2026 14:14:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/03/2026 10:32:37 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 19/03/2026 17:04:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/03/2026 19:13:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/03/2026 09:05:15 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/03/2026 09:14:03 hs. bajo el número RS-15-2026 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia