Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 142352
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa particular a favor de Sergio Daniel Bacigalupo, con costas (conf. art. 496, CPP).
Asimismo, se regulan los honorarios profesionales del doctor N. Francisco Oneto en la cantidad de veintitrés (23) jus por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 142.352, "Bacigalupo, Sergio Daniel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 127.503 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 de San Martín condenó a Sergio Daniel Bacigalupo a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores agravada por la convivencia preexistente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo menor de edad (hecho I), en concurso ideal con los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante —reiterado en al menos cuatro oportunidades— agravado por la convivencia preexistente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo menor de edad (hechos II y IV), y abuso sexual con acceso carnal —reiterado en al menos dos oportunidades— agravado por la convivencia preexistente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo menor de edad; siendo que estos últimos tres hechos, y los que integran cada uno de ellos concursan todos de manera material.
La defensa interpuso un recurso de casación contra la condena y la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el 31 de julio de 2024, luego de tratar todos los agravios, rechazó la impugnación y confirmó la sentencia en todos sus términos.
Contra lo así decidido, el defensor particular, doctor Norberto Francisco Oneto, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Alzada declaró admisible la impugnación en lo que respecta a la denuncia de errónea aplicación del art. 125 del Código Penal y desestimó los embates de pretenso cariz federal (conf. resol. de 2-X-2024).
Frente a ello, la parte dedujo queja ante esta Suprema Corte que fue rechazada, por improcedente (conf. causa P. 142.065, resol. de 27-III-2025).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, presentada la memoria y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue concedida la impugnación, se reseñará únicamente el agravio vinculado con la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal.
La defensa particular cuestionó que de la existencia de los hechos de abuso sexual se extrajo como si fuera una consecuencia necesaria la configuración del delito de corrupción, sin tratar el planteo de dicha parte consistente en que no siempre que se comete un hecho de abuso sexual necesariamente se configura el delito de corrupción de menores.
Indicó que siendo que el daño psíquico sufrido por la niña no se ponderó como agravante en los términos del art. 119 tercer párrafo inc. "a" del Código Penal, con menos razón se puede ponderar en los términos del art. 125 del citado cuerpo de leyes pues no se probó que tenga independencia de los efectos propios del abuso sexual. Alegó que siendo que no se abordaron tales puntos, la sentencia carece de motivación.
Agregó que la acción de su asistido no estuvo dirigida a corromper a la víctima sino a "...desfogar sus instintos sexuales". A su entender, la finalidad de obtener la corrupción [...] no se probó en el caso ni surge de la descripción de la materialidad ilícita que se tuvo por probada.
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso; coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso es improcedente (conf. art. 496, CPP).
III.1. En primer lugar, resulta pertinente recordar que el tribunal de mérito tuvo por probado que "En el lapso de tiempo comprendido entre los 12 y los 15 años de la víctima [B. C. W.] - nacida el 26 de abril de 2003-, generalmente en horarios nocturnos, sin poder precisar días exactos en virtud de la cantidad de hechos reiterados, el aquí imputado Sergio Daniel Bacigalupo, con el fin de satisfacer deseos sexuales propios, promovió la corrupción de la menor ya mencionada, aprovechando para ello su situación de convivencia con la niña, tanto en el interior de la finca sita en la calle Araoz nro. 3256 de la localidad de Los Polvorines, Pdo. de Malvinas Argentinas como en la sita en la calle Los Robles nro. 1916 de la localidad de Matheu, Pcia. de Buenos Aires, mediante la realización de actos corruptores consistentes en: acariciarle la zona de la vagina tanto por arriba como por debajo de sus ropas, llegando en más de una oportunidad a introducirle los dedos en dicha cavidad, accederla carnalmente con su miembro viril tanto por vía vaginal como oral y obligar a la niña a que lo masturbe hasta eyacular, todo ello sin protección profiláctica alguna bajo amenazas de que si contaba lo que sucedía nadie le iba a creer porque era una 'puta', como así también mediante manipulación consistente en que el imputado le decía que si ella decía algo su hermanito se quedaría sin padre. Tales actos que se reiteraron en varias oportunidades, no pudiéndose determinar el número de veces, resultaron idóneos para torcer el normal desarrollo sexual de la menor como así despertar prematuramente la sexualidad de la B. C. W."
Por su parte, el Tribunal de Casación, luego de reproducir el hecho que se tuvo por probado, descartó los agravios vinculados con la aplicación de la figura de corrupción de menores.
En particular, en lo que concierne a las críticas relativas al tipo subjetivo del delito en cuestión, advirtió que resulta suficiente con que el autor conozca la edad de la víctima y que los actos de contenido sexual que realiza, por su naturaleza, sean capaces de corromperla, tal como aconteció en el presente, en función de su carácter prematuro, excesivo o perverso de los actos de contenido sexual llevados a cabo por el acusado.
Puntualizó que se probó que el autor desarrolló un comportamiento querido y dirigido a sabiendas de sus implicancias. En lo que respecta a la faz cognoscitiva de dolo debe decirse que pertenece al conocimiento normal, de conformidad con el sentido más llano del acontecer ordinario de las cosas, el dato a partir del cual promover o favorecer esta clase de prácticas sexuales con una menor que contaba con apenas diez años de edad, supone una capacidad de corrimiento en el natural desarrollo de su sexualidad por resultar prematuro y excesivo.
Concluyó que la conducta de Bacigalupo "...fue guiada por el dolo que requiere el tipo del art. 125 del Código Penal, por lo que el recurso debe ser rechazado".
III.2. Como se anticipó, el recurso no procede (conf. art. 496, cit.). En lo que concierne a la tipicidad subjetiva, aspecto controvertido por la defensa, resulta pertinente recordar que se trata de un delito doloso, en el que, como lo señaló el Tribunal de Alzada, el autor debe conocer la edad de la víctima y el contenido potencialmente corruptor de su conducta, idónea a esos fines.
En el presente caso, como lo puso de manifiesto oportunamente el órgano de mérito y luego la Casación, de manera coincidente con la doctrina de esta Suprema Corte, se configuraron los elementos del tipo subjetivo del delito de corrupción de menores. En efecto, tal como tiene dicho este Tribunal en diversos pronunciamientos, el tipo subjetivo del art. 125 del Código Penal exige que el sujeto activo conozca la edad de la víctima y el contenido potencial corruptor de su conducta, sin que se reclame ninguna finalidad específica, como equivocadamente pareciera entender la defensa oficial al sostener que no se acreditó la "finalidad" de la figura en trato como pretendiendo hacer alusión a un elemento subjetivo diferente del dolo que la figura legal en cuestión no exige.
El conocimiento de ambos extremos (edad de la víctima y el contenido potencial corruptor de su conducta) se abastecieron en el caso examinado pues, conforme se desprende de la materialidad ilícita, las características de los hechos, el contexto en el que estos se enmarcaron y el vínculo entre el acusado y la víctima, así como también las amenazas que este le profirió para que la niña no revelara los abusos, permiten afirmar, sin lugar a dudas, que el imputado conocía las mencionadas circunstancias (conf. en lo pertinente, causas P. 132.773, sent. de 27-VIII-2020; P. 133.550, sent. de 9-XII-2020; P. 134.873, sent. de 12-XI-2021 y P. 135.118, sent. de 24-V-2023).
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar, por manifiestamente improcedente, el reclamo de la defensa y confirmar la aplicación del art. 125 citado.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan por la improcedencia de la impugnación, a tenor de la postura que expuse en las causas P. 132.773, sentencia de 27-VIII-2020; P. 133.550, sentencia de 9-XII-2020; P. 134.873, sentencia de 12-XI-2021; P. 142.787, sentencia de 25-XI-2025; entre otras.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Kohan, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa particular a favor de Sergio Daniel Bacigalupo, con costas (conf. art. 496, CPP).
Asimismo, se regulan los honorarios profesionales del doctor N. Francisco Oneto en la cantidad de veintitrés (23) jus por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/04/2026 14:39:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/04/2026 14:19:30 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 09/04/2026 11:03:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2026 10:03:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2026 11:11:12 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/04/2026 11:27:33 hs. bajo el número RS-35-2026 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia