Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136010
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.010-RC, "Villanueva, Cesar Raúl s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 91.635 y su acumulada n° 91.911 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea, integrado con jurados, dictó veredicto de culpabilidad contra César Raúl Villanueva por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediando violencia de género. El juez le impuso la pena de prisión perpetua, aunque con la posibilidad de que —cumplidos veinte años desde la condena—, la pertinencia, utilidad y mantenimiento de la pena, sea revisada.
La defensa oficial impugnó la decisión y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el día 21 de mayo de 2020, en lo que aquí importa, rechazó el recurso.
Frente a ello, el señor defensor oficial ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue admitido por el Tribunal de Alzada. Sin embargo, esta Suprema Corte lo declaró mal concedido por extemporáneo (conf. resol. de 16-IX-2021). En consecuencia, la defensa oficial presentó un recurso extraordinario federal que fue desestimado por inadmisible lo que derivó en la interposición de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte nacional en el marco del expediente "Villanueva, César Raúl s/ recurso de queja" (CSJ 2285/2022/RH1, sent. de 6-II-2025), con cita del precedente "Dielma", declaró procedente la queja, hizo lugar al recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la resolución de esta Suprema Corte.
En función de ello, este Tribunal concedió la vía extraordinaria en lo que hace a las denuncias de violación de las garantías de imparcialidad del jurado, defensa en juicio y debido proceso (resol. de 20-III-2025).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial en favor de César Raúl Villanueva?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, denunció la violación del debido proceso y del derecho de defensa, vulneración de la garantía contra la autoincriminación forzada, así como también la imparcialidad del juzgador.
Recordó que ante el Tribunal de Casación la defensa había llevado un agravio vinculado con el testimonio del policía Urrestarazu, por haber introducido dichos autoincriminatorios de Villanueva obtenidos mediante coacción —al menos psicológica—.
Estimó que esa declaración era esencial dado el contexto del caso (un proceso por un supuesto de femicidio sin hallazgo de cadáver), resaltando que el mencionado testigo había participado de distintos rastrillajes luego de la desaparición de la víctima y era el titular de la comisaría donde se encontraba detenido Villanueva.
Asumió que, aunque luego haya sido excluida en resguardo de la garantía que prohíbe ser obligado a declarar contra sí mismo, la declaración de Urrestarazu impactó en la mente de los juzgadores vulnerando de ese modo la defensa en juicio, el debido proceso y la imparcialidad.
A su modo de ver la exclusión resultó tardía, y apreció que no existieron cauces independientes de investigación que hubiesen llevado al lugar donde habrían estado los restos de la víctima.
Refirió que el jurado, luego de escuchar al funcionario policial, no pudo haber suprimido esa información "...ya que de otro modo no podrían haber construido la base fáctica sobre la que pronunciaron veredicto de culpabilidad". A su vez indicó que los dichos autoincriminatorios de Villanueva fueron obtenidos mediante coacción —al menos— psicológica.
Por otro lado, criticó el orden en que Casación abordó el agravio. Desde su punto de vista debió tratarse como una cuestión previa, pues su procedencia conllevaba a decidir la anulación del juicio. Señaló que, por el contrario, se le dio respuesta al final, a lo que sumó que incurrió en arbitrariedad por apartamiento de las constancias del caso.
Indicó que la defensa conoció los dichos del citado funcionario recién durante el juicio porque esa información no había sido expuesta durante la investigación preparatoria ni en la audiencia preliminar. En contraposición, sostuvo que la fiscalía sí conocía tales datos por haberse entrevistado previamente con el testigo, pese a lo cual, consintió su declaración en contra de las referidas garantías constitucionales.
Asimismo, rememoró haber citado el art. 357 del Código Procesal Penal en cuanto al procedimiento en el trámite de exclusión de prueba y citó doctrina en referencia a la regla de exclusión y el jurado. Sobre este punto volvió más adelante y cuestionó que el órgano revisor le reprochase a la defensa que no podía quejarse de la infracción del citado artículo si durante la declaración había omitido formular algún tipo de objeción. Manifestó que ese argumento era contrario a lo acontecido, pues refirió que en el registro fílmico del juicio (minuto 1:25:00 del archivo 09052018140618220) surgía que, ante la declaración del testigo, el señor defensor oficial había expresado "...'Usted sabe muy bien que no se puede interrogar a una persona acusada de un delito independientemente de que se corrobore que lo que diga sea verdad o no [...] obviamente este juicio ya está afectado de nulidad'".
Resaltó que, en el recurso de casación, había solicitado la nulidad del juicio por ocultamiento de prueba y quebrantamiento de la garantía contra la autoincriminación. Insistió con que la exclusión del testimonio y las instrucciones al jurado no impidieron la violación de la garantía contra la autoincriminación coacta, tomando como referencia los dichos de su asistido respecto a que en la comisaría lo habían amenazado con ponerle una bolsa en la cabeza y tirarlo al río si no decía la verdad, frente a lo cual, les habría respondido que nada tenía para decir.
Refrendó la gravedad de prácticas violatorias de derechos humanos por lo que no resultaba válido el temperamento adoptado en el fallo por el cual se afirmó que la exclusión del testimonio permitía resguardar la garantía contra la autoincriminación.
También cuestionó la confirmación de la validez de las instrucciones impartidas al jurado pues a su entender se debió analizar cuál había sido el sentido de ese proceder, reiterando la tesis de que el jurado ya había oído la declaración en su totalidad y por ende su imparcialidad ya estaba comprometida. Refirió que el Tribunal de Casación no ofreció ninguna explicación al respecto.
Insistió con que Casación debió examinar si efectivamente la instrucción fue seguida o no por el jurado y si en su deliberación no se tuvo en cuenta "de ninguna manera" la declaración de Urrestarazu. Estimó que ello no se cumplió y que no se fundamentó de qué otro modo independiente pudo haberse llegado al convencimiento para el veredicto de culpabilidad.
Concluyó que el revisor se apartó arbitrariamente de las constancias del caso y convalidó la violación de la prohibición contra la autoincriminación, la imparcialidad, el derecho de defensa y el debido proceso, por tales motivos, solicitó que se reenvíen las actuaciones para que se dicte un nuevo fallo conforme a derecho.
II. El señor Procurador dictaminó por el rechazo del recurso.
III. Recordemos —una vez más— que el jurado consideró probado que César Villanueva el día 20 de noviembre de 2016 mató a Adriana del Valle Caballero, con quien había mantenido una relación de pareja, y al día siguiente incineró su cuerpo para ocultar el crimen. Por este hecho, calificado como homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género (art. 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal), resultó condenado a prisión perpetua.
En lo que ahora interesa, la defensa llevó ante el órgano revisor agravios por una presunta valoración arbitraria de la prueba, una influencia indebida de prueba excluida, e insuficiente deliberación del jurado (además de alegar, respecto a la figura de fondo, sobre la inexistencia de vínculo y violencia de género).
El Tribunal de Casación, en lo que aquí interesa, rechazó el agravio sobre la valoración arbitraria de la prueba por parte del jurado. A modo de síntesis puede decirse que para ello se encargó de identificar la existencia de múltiples indicios (llamadas previas, pertenencias de la víctima en poder del acusado, sangre en su ropa, testimonios, peritajes de perros detectores) que, a su entender, permitieron que el jurado tuviese por acreditado el hecho sin "duda razonable".
Por otro lado, en lo referido a la prueba excluida, se sostuvo que el señor juez que dirigió el debate oportunamente instruyó al jurado para que no la considere, sin objeciones de la defensa en aquel momento.
IV. Como se reseñó en el punto I, son varias las críticas que hizo el señor defensor respecto de la solución arribada por Casación. Sin embargo, comenzaré por analizar la denuncia más grave y sensible para el sistema de garantías constitucionales que aquí se ha formulado: la violación de la garantía que protege contra la autoincriminación forzada, a partir de la declaración testimonial de Martín Ignacio Urrestarazu —aun cuando luego haya sido excluida—.
IV.1. La defensa sostuvo, por un lado, que este testimonio se excluyó en forma tardía, porque se hizo una vez que el jurado ya lo había escuchado y que, a su vez, esa versión no se había plasmado en ninguna diligencia a lo largo del proceso judicial. Por otro lado, adujo que, al margen de lo anterior, los dichos de Villanueva habrían sido obtenidos mediante —al menos— coacción psicológica.
IV.2. Corroboremos cada una de estas aseveraciones con lo que surge del expediente digital.
IV.2.a. En lo que hace a la versión de una presunta confesión espontánea de Villanueva, las constancias digitales documentan que la cuestión fue debatida y resuelta durante la investigación. Es decir, la defensa efectivamente sabía que la fiscalía sustentaba la hipótesis incriminatoria —entre otros elementos convictivos—, con base en testimonios de quienes presuntamente habrían oído confesar a Villanueva el crimen de Caballero.
Ciertamente, en la propia requisitoria de elevación a juicio, el Ministerio Público Fiscal hizo referencia a los presuntos dichos autoincriminantes del acusado, mediante el testimonio del oficial principal Nicolás Jorge Alberto Tiseira y del oficial subayudante Carlos Alberto Jaubelt. Ambos manifestaron que, en ocasión de auxiliar a Villanueva a raíz de agresiones que estaba recibiendo de parte de otros detenidos, al sacarlo del calabozo, éste habría manifestado en detalle los pormenores de la muerte de Adriana Del Valle Caballero.
La legalidad de esos testimonios fue oportunamente discutida por la defensa, pero el señor juez de garantías la validó. Apelada la decisión, la Cámara de Apelación y Garantías departamental, confirmó el criterio del juez y desestimó el planteo de la defensa (resol. de 4-IX-2017, según MEV). La defensa oficial dedujo entonces un recurso de casación que fue rechazado por inadmisible por la Cámara (resol. de 18-X-2017, MEV), lo que derivó en una queja también rechazada por la Sala III del Tribunal de Casación Penal (resols. de 23-X-2017 y 22-V-2018, MEV).
Entonces, la tesis de una supuesta confesión espontánea de Villanueva traída por quienes directamente la habrían oído fue, desde el inicio de la investigación, un eje central de la controversia judicial. Por otro lado, la defensa no logró —durante la etapa de investigación preparatoria—, invalidar tales datos.
En conclusión, la defensa no sólo conoció, sino que disputó en doble instancia —con resultado adverso— la utilización de la información autoincriminante incorporada por vía indirecta a través de testimonios dotados de autonomía de la que se valió la fiscalía durante la investigación penal preparatoria. Tampoco logró demostrar que su empleo en esa fase del proceso haya infringido el estándar que, en materia de validez de declaraciones espontáneas, estableció la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En efecto, más allá del menor peso convictivo que este tipo de información tiene, el Máximo Tribunal nacional no ha quitado toda validez a los datos aportados por personas detenidas, siempre que no hubiese ninguna circunstancia que permita dudar de la libertad y espontaneidad con que fueron brindados. Así lo sostuvo en la causa "Cabral" (CSJN Fallos: 315:2505), en el que refirió que "la mera comunicación de un dato por el imputado al personal policial, en la medida que no sea el producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal". También en la causa "Jofré" (CSJN Fallos: 317:241), donde afirmó que "Si los datos que permitieron a la policía individualizar a las víctimas fueron recabados sin coacción [...] no puede aplicarse la doctrina según la cual debe excluirse del proceso cualquier método de prueba obtenido por vía ilegítima".
Más adelante lo repitió en el caso "Schettini" (CSJN Fallos: 317:956), donde agregó que "Son válidas las pruebas obtenidas en virtud de manifestaciones efectuadas en sede policial si — aunque luego desconocidas en sede judicial — fueron el producto de la libre voluntad del imputado". Finalmente, en la causa "Minaglia" (CSJN Fallos: 330:3801), sostuvo que "Las manifestaciones que una persona detenida efectúa ante la autoridad policial, dadas ciertas circunstancias y con un alcance acotado, resultan válidas".
Es decir, la Corte fijó condiciones por las cuales viabilizar la incorporación al proceso de las llamadas "declaraciones espontáneas" anulándolas siempre que fueren producto de violencia física o coacción (CSJN Fallos: 303:1938 y 310:1847). En este sentido, ha sido muy clara la definición de la señora jueza Carmen Argibay: "Este estándar ha servido para precisar el alcance de la garantía en relación con los límites de los organismos del Estado en el ejercicio de la actividad encaminada a la persecución de los delitos. Por consiguiente, no resulta de aplicación, en principio, para los casos en los que la voluntad ha sido impulsada, por ejemplo, por la propia mortificación anímica o física de quien expone aquello que lo incrimina, si en ese desenlace no ha existido participación ilegítima de terceros, en particular de funcionarios estatales. Dicho de otra manera: la garantía constitucional contra la autoincriminación está dirigida contra los abusos de otras personas y no contra la acción de la naturaleza, las autoagresiones o incluso la fuerza ejercida dentro de la ley por los funcionarios encargados de hacerla cumplir" (conf. su voto CSJN causa "Baldivieso" Fallos: 333:405).
IV.2.b. Ahora bien, una vez en la etapa de juicio oral, la cuestión naturalmente volvió a tomar protagonismo. Así, del acta que refleja la audiencia de admisibilidad de prueba (conf. art. 338, CPP) se lee que, el señor juez Mario Juliano permitió —pese a la oposición de la defensa—, la declaración de quienes habrían conocido la confesión espontánea de Villanueva: los testigos Pedro Andrés Tiseira, Alan Leonardo Pueblas (ambos detenidos junto a Villanueva en la comisaría al momento del incidente) y, eventualmente, de los policías Nicolás Jorge Alberto Tiseira y Carlos Alberto Jaubelt.
El magistrado explicó que, si bien se iba a instruir a los jurados acerca de las garantías que amparan al imputado —entre ellas, la prohibición de autoincriminación coacta "...por la cual la policía no puede extraer una declaración al imputado"—, aclaró que la confesión espontánea de un crimen "...era una situación diferente". Consecuentemente, resolvió que los testigos debían ser escuchados por el jurado y, de advertirse alguna violación de las garantías del imputado, "...se hará saber que esa prueba no [deberá] ser tenida en cuenta" (pág. 8, acta audiencia preliminar). La defensa hizo la reserva de recurrir ante Casación lo resuelto.
Entonces, de acuerdo con lo antes expuesto, también en la etapa de juicio, respecto de la posible confesión espontánea de oídas, la cuestión, en principio, se decidió en favor del potencial conocimiento por parte del jurado.
IV.3. Yendo ahora a lo que aconteció en el debate, corresponde destacar que en una primera parte del juicio, la defensa mantuvo el temperamento tendiente a impedir el conocimiento por parte del jurado, de los supuestos dichos confesorios de Villanueva. Así lo hizo, por caso, cuando declaró el testigo Luciano Prigione, dejándose constancia de que el señor defensor solicitó "...que no se le indague sobre lo que el señor Villanueva declaró en DDI". En línea con ello, el juez le hizo saber al testigo que no podía declarar sobre ese aspecto. Es decir que, más allá de lo que previamente había resuelto en la audiencia preliminar, durante el juicio el magistrado —ante la objeción de la defensa—, impidió que el testigo Prigione introdujera presuntos dichos confesorios de Villanueva.
En lo que hace al testigo Martín Urrestarazu, este fue convocado a testimoniar durante la tarde de ese 9 de mayo de 2018, y lo hizo en el decimonoveno lugar. De las piezas digitales del expediente radicadas ante esta Suprema Corte (acta y registro fílmico), a diferencia de lo acontecido con Prigione, no surge ningún tipo de oposición ni de objeción por parte de la defensa durante su declaración. En cuanto al contenido de esta, la propia defensa, en el recurso extraordinario, transcribió los dichos que —una vez finalizada la producción de la prueba y los alegatos de las partes— fueron, a pedido de esa parte, excluidos por el juez. En lo pertinente, los dichos que deben entenderse suprimidos del marco probatorio del jurado, fueron los siguientes:
"...yo era titular de la comisaría tercera [...] alojando al detenido él me cuenta cómo la había trasladado hacia ese sector, por eso se realizaron esos rastrillajes, desde el lugar que tuvo un incidente él la golpea hasta que la lleva ahí al lugar ese [...] yo soy titular de la comisaría de la playa, había tenido una serie de inconvenientes el imputado [...] le explico al detenido las pautas que hay en la comisaría [...] estaba angustiado y me comenta cómo había suscitado el hecho, él se traslada por ese camino viejo [...] en ese lugar yendo hasta La Dulce, hay un monte sobre el lado izquierdo [...] se habían introducido al monte para tener relaciones [...] se ponen a hablar ella le manifiesta en un momento dado [...] 'vos sos un hijo de puta, como tu hermano' [...] una cosa así [...] dice él que en ese momento le pegó, es una persona, no es de esta provincia, él lo que me decía es que en su provincia a la madre no se la insultaba [...] cae la mujer [...] deja la bicicleta al lado de la ruta y trasladó a la mujer hasta la chacra [...], verificamos el alambre porque dice que la pasó por abajo [...] la había dejado esa noche en los [...] cardos ahí y al otro día, la había llevado al sector ese, donde estaban unas maderas viejas donde le había prendido fuego ahí...".
De la pieza digital invocada por el recurrente (archivo 09052018140618220) surge que el señor defensor observó y escuchó atentamente cómo el testigo relataba con detalle el momento en el cual Villanueva, angustiado, le habría confesado voluntariamente lo ocurrido con Adriana Caballero (examen de la fiscalía a partir de 1:18 hasta 1:24, sin oposición de la defensa). Una vez terminado el interrogatorio de la fiscalía, el señor defensor tomó la palabra y precisamente formuló distintas preguntas dirigidas a test
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