Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138050
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por los señores defensores oficiales adjuntos a favor de Carlos Emanuel Ortíz y Luis Alberto Vera, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.050, "Ortíz, Carlos Emanuel y Vera, Luis Alberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causas n° 101.937, 101.948 y 101.949 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 22 de marzo de 2022, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Martín que, en el marco de un juicio por jurados, condenó luego de la cesura de juicio a Carlos Emanuel Ortíz a prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor del delito de homicidio agravado por la causa en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego; a Luis Alberto Vera a prisión perpetua, accesorias legales, costas y multa de mil pesos por resultar coautor del delito de homicidio agravado por la causa en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y a Emanuel Joel Jofré a catorce años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito de robo con homicidio (arts. 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55, 80 inc. 7, 165, 166 inc. 2 párr. segundo y 189 bis inc. 2 párr. primero, Cód. Penal).
Los señores defensores oficiales adjuntos ante dicha instancia, doctores Ignacio Juan Domingo Nolfi y Nicolás Agustín Blanco, interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en favor de Carlos Emanuel Ortíz y Luis Alberto Vera, respectivamente, los que fueron declarados admisibles por el órgano intermedio.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de Carlos Emanuel Ortíz?
2ª) ¿Lo es el articulado en beneficio de Luis Alberto Vera?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto reclamó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua por entender que constituye una violación del derecho a la vida con infracción de los arts. 4 inc. 1 y 5 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
I.1. Estimó que -en este caso- la pena será efectivamente perpetua y solo culminará con la muerte del condenado. Citó el caso Baldeón García vs. Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y señaló que dicho Tribunal no limitó el derecho a la vida únicamente en términos biológicos, sino que lo extendió al vivir con dignidad, desarrollar un proyecto de vida y procurar un sentido a la propia existencia.
Describió la realidad carcelaria de la Provincia de Buenos Aires, con cita de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lori Berenson Mejías vs. Perú .
Sostuvo que el encierro a perpetuidad, convierte a la sanción penal en una verdadera "pena de muerte" paulatina pues, en definitiva, la vida de la persona se agotará en manos del Estado con invocación del citado tribunal internacional en el caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago .
I.2. Por otro lado, denunció la violación del art. 5 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Explicó que el encierro de por vida es una pena de eliminación social, al considerar que su asistido quedará apartado para siempre de la sociedad, lo que impedirá toda posibilidad de acceder a la libertad, circunstancia que estimó incompatible con el derecho a la integridad personal que determina que toda pena debe tener como finalidad la reforma y readaptación social.
Remarcó que la pena impuesta al impedir a su defendido acceder en algún momento a la libertad, es contraria al fin resocializador de las penas privativas de la libertad consagrado constitucional y convencionalmente, y que hace a la dignidad humana la posibilidad de retornar a la sociedad tras el cumplimiento de una sanción, lo cual no podría efectivizarse si se impone una pena a perpetuidad que solo culmine con la extinción de la vida.
I.3. Finalmente, precisó que la posibilidad que contempla el ordenamiento jurídico para que Ortíz acceda a la libertad, se encuentra ubicada al límite de la expectativa vital, con lo que las posibilidades de llevar a cabo una vida en libertad que le permita desarrollar un proyecto de vida y -al mismo tiempo- dar cumplimiento al fin resocializador de la pena, se tornan ilusorias. Adujo una incompatibilidad entre el art. 13 del Código Penal con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativas al derecho a la vida (art. 4) y a la integridad y dignidad personal (art. 5.6).
Por lo tanto, estimó que la vigencia de la ley 25.892 que modificó el art. 13 del Código Penal, sin que el Estado la haya adecuado para tornarla compatible con los arts. 4 y 5 inc. 6 de la Convención invocada, resulta violatoria de los arts. 1 inc. 1 y 2 en relación con los arts. 4 y 5 inc. 6 de la citada Convención.
Con base en tales argumentos, solicitó se declare la inconstitucionalidad de la pena perpetua por resultar contraria al derecho a la vida y al derecho a la integridad personal e importar una pena cruel e inhumana, y el consecuente reenvío de las actuaciones a fin de que se fije una nueva pena, respetuosa de los derechos humanos que se reputan violados.
I.4. Finalmente, refirió a la oportunidad del planteo, la inconveniencia de diferir la decisión sobre el punto porque importaría someter al imputado a la incertidumbre de saber si "...morirá en la cárcel o si tiene la expectativa vital de recuperar alguna vez su libertad ambulatoria".
II. El dictamen del señor Procurador General propició el rechazo del reclamo deducido.
III. Coincido con él.
III.1. En primer lugar, si bien en el recurso de casación interpuesto por la señora defensora oficial de la instancia, doctora Verónica Jolliffe, no se esbozaron agravios vinculados con la pena impuesta a Ortíz, lo cierto es que, frente al embate llevado por la defensa de Vera (que reclamó su declaración de inconstitucionalidad), la Sala III del Tribunal de Casación Penal -mediante el voto mayoritario de los señores jueces Borinsky y Maidana- hizo extensivo el alcance de su respuesta a ambos coimputados.
III.2. El órgano revisor estimó que la pena de prisión perpetua impuesta a Carlos Emanuel Ortíz y Luis Alberto Vera era compatible con la Constitución nacional. Para arribar a ese temperamento estimó que, con paulatinas atenuaciones de las restricciones inherentes a la pena y posibilidades de lograr salidas transitorias, así como incorporaciones a regímenes de liberación, no se configura -en rigor- una pena de por vida.
Destacó que la denominada interpretación constitucional del art. 80 del Código Penal remite a una cuestión de cómputo que es conjetural y prematura, tornando improcedente el motivo, de conformidad con el art. 421 del Código Procesal Penal.
Con cita de precedentes de esta Suprema Corte y lo resuelto por la Corte federal en el fallo "Giménez Ibáñez" afirmó que no existe agravio actual, por cuanto la necesidad de fijar a la pena perpetua un término de agotamiento surgiría si se negara al condenado la posibilidad de acceder al período de prueba previsto para su ejecución.
IV.1. Frente a lo así decidido, el recurrente insiste con argumentaciones genéricas y dogmáticas, que no alcanzan para evidenciar el compromiso de los principios y garantías constitucionales que estimó conculcadas (art. 495, CPP).
Es arraigada la doctrina de la Corte federal en cuanto a que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes constituye un acto de suma gravedad institucional que debe ser utilizado como última herramienta del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (CSJN Fallos: 321:441; 327:831; 328:4542; e.o.).
Además, es doctrina de esta Corte que la interpretación que se denomina constitucional de las penas a perpetuidad previstas en el art. 80 del Código Penal, remite a una cuestión de cómputo, por lo cual, además resulta conjetural y como tal improcedente.
Pues, se ha dicho -siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, que aún para el caso de las penas perpetuas (prisión o reclusión perpetua) habiéndose establecido aquí la menos severa: prisión perpetua, estas no son realmente tales -porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana-, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN Fallos: 329:2440, "Giménez Ibáñez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007 y P. 126.330, sent. de 29-III-2017).
También tiene dicho este Tribunal que la imposibilidad de aspirar a la libertad condicional no importa privar al condenado de otros mecanismos de atenuación paulatina de las restricciones propias de las penas de encierro carcelario a los que tiene derecho, en línea con el fin de reforma y readaptación social que el art. 5 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos asigna a las penas privativas de la libertad (conf. causa P. 133.520, sent. de 5-II-2021; e.o.).
En definitiva, la tacha de inconstitucionalidad exige un esfuerzo mayor para demostrar la relación directa e inmediata entre las particularidades del hecho cometido, las condiciones personales del imputado y las garantías constitucionales supuestamente afectadas por la pena impuesta (conf. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN causas "Strada", "Di Mascio" y "Christou", a contrario sensu ).
IV.2. Ahora bien, el cariz impugnativo que integra dicho agravio vinculado con la realidad carcelaria argentina y particularmente de la Provincia de Buenos Aires, en su relación con la advertencia de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme el comunicado de prensa n° 64/10 de dicho órgano, así como con la violación del derecho a la vida, en especial en relación con el art. 13 del Código Penal, no pueden ser atendidos por extemporáneos, en tanto que de ese modo y con tales argumentos, recién fueron articulados al interponer el recurso extraordinario en estudio (v. en lo pertinente, págs. 3 a 9 del recurso de casación de Ortíz y págs. 29 a 40 del recurso de casación interpuesto por la señora defensora oficial de Vera, doctora María Fabiana Natiello). Por lo que tal déficit sella la suerte adversa de esa pretensión (doctr. art. 451, CPP).
Y si bien el recurrente no se apresta a invocar ningún argumento en pos de salvar la evidente extemporaneidad de su solicitud, no está de más señalar que la potestad y el ejercicio de la atribución que los magistrados poseen de declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando la justicia y razón del caso así lo exijan de conformidad con el art. 31 de la Constitución nacional, no tiene operatividad para hacer ingresar en el ámbito de la competencia imperativa del Tribunal cuestiones que no fueron oportunamente articuladas (conf. causas P. 95.853, sent. de 12-VI-2013; P. 102.725, sent. de 24-VI-2015; e.o.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
El recurso interpuesto a favor de Luis Alberto Vera presenta agravios de idéntico tenor a los articulados en beneficio del coimputado Ortíz.
Por tal motivo corresponde, en razón de brevedad, remitirse íntegramente a lo expuesto en la cuestión anterior (pto. III.2. y sigs.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por los señores defensores oficiales adjuntos a favor de Carlos Emanuel Ortíz y Luis Alberto Vera, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/05/2024 17:48:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2024 20:03:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/05/2024 09:55:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2024 23:26:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/05/2024 09:12:04 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/05/2024 11:20:21 hs. bajo el número RS-100-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia