Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74814
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.814, "Azar, Nelson Julio contra Instituto de Previsión Social. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Soria, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó parcialmente la sentencia dictada por la jueza de primera instancia, en lo que respecta a la aplicación retroactiva del decreto 386/12 (v. fs. 95/99).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 104/112).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 125), agregado el memorial de la parte demandada a fs. 126/133 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. La magistrada a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Nelson Julio Azar contra el Instituto de Previsión Social (IPS). En consecuencia, condenó a la entidad demandada a liquidar el haber jubilatorio del accionante en base al cargo de médico de la Empresa Hípica Argentina S.A. aplicando los coeficientes fijados por el decreto 386/12, con retroactividad al 12 de febrero de 2007, con los importes del cargo determinante de la prestación a los valores presupuestarios a la fecha de la liquidación, más los respectivos intereses. Impuso las costas a la demandada vencida (art. 51 inc. 1, CCA, texto según ley 14.437).
I.2. Apelada la sentencia por la Fiscalía de Estado a fs. 77/81, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, hizo lugar al recurso deducido y revocó parcialmente la sentencia de grado en lo relativo a la aplicación retroactiva del decreto 386/12 y las consecuencias patrimoniales resultantes (v. fs. 95/99).
I.2.a. Para así decidir consideró que la magistrada de grado incurrió en un error de juzgamiento al reconocer el derecho del actor a percibir su jubilación sobre la base del cargo de médico de la Empresa Hípica Argentina S.A. con la aplicación de los coeficientes del decreto 386/12 a partir del 12 de febrero de 2007. Ello, en virtud de la fecha en la cual el interesado realizó el reclamo en sede administrativa y el plazo previsto en el art. 62 del decreto ley 9.650/80.
A diferencia de la apreciación efectuada por la jueza que previno, el voto que concitó la mayoría sostuvo que, en el caso, no se verificaba una dilación irrazonable por parte del Instituto de Previsión Social que posibilite dejar de lado la doctrina sentada por este Tribunal por la cual -en principio- los actos que prevén mecanismos de movilidad del haber previsional no rigen en forma retroactiva (doctr. causas B. 54.653, "Miralles", sent. de 8-IV-1997; B. 53.441, "Tierno", sent. de 22-IV-1997; B. 59.351, "Gaddi", sent. de 18-XI-2003; B. 60.505, "Barbalarga", sent. de 27-X-2004 y B. 62.666, "Soverna", sent. de 13-II-2008).
Consideró que no hubo por parte de la entidad demandada una conducta morosa en relación al reclamo efectuado por el accionante respecto de la equivalencia del cargo que desempeñara en la Empresa Hípica Argentina S.A. a los fines de asegurar la movilidad previsional.
I.2.b. Por su parte, juzgó que el reconocimiento del reajuste del haber con los coeficientes fijados por el decreto 386/12, teniendo en cuenta los importes correspondientes al cargo base de la prestación a los valores presupuestarios a la fecha de la correspondiente liquidación, trae aparejado un mecanismo de actualización monetaria que se encuentra prohibido por nuestra legislación (arts. 7 y 10, ley 23.928 y su modif. ley 25.561).
En consecuencia, sostuvo que en esta parcela la decisión de primera instancia tampoco se ajusta a derecho, por cuanto propone para el pago del crédito objeto del proceso -en tanto constituye una deuda dineraria-, un método que equivale a indexar sus valores nominales, lo cual se encuentra prohibido por el art. 7 de la ley 23.928 (texto sustituido por el art. 4 de la ley 25.561).
Afirmó que en el sub lite corresponde utilizar el método de cálculo establecido por el propio decreto 386/12, a partir de su entrada en vigencia más el interés a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación y hasta el efectivo pago. Impuso las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 51, CCA, ley 12.008, texto según ley 14.437).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 104/112) en el cual denuncia la errónea aplicación de los arts. 41, 50 y 51 del decreto ley 9.650/80 y la vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte en relación a las equivalencias por correlación de cargos y movilidad previsional.
II.1. Señala que el Tribunal de Alzada yerra al considerar que la cuestión a resolver consiste en una correlación de cargos (art. 50 primer párrafo, dec. ley 9.650/80).
Explica, luego de transcribir las normas implicadas (arts. 41 tercer párrafo, 50 y 51, dec. ley 9.650/80), que el caso a resolver consiste en la actualización del haber jubilatorio del actor mediante el sistema de coeficientes.
En apoyo a su postura cita la causa "Miralles", en la cual este Tribunal sostuvo, para diferenciar los mecanismos de reajuste que prevé la ley previsional, que "la protección constitucional al derecho de propiedad no puede ser invocada eficazmente para asignar alcance retroactivo a las normas jurídicas que establecen la equivalencia por correlación de cargos suprimidos en el presupuesto de un organismo estatal en tanto ellas -en principio- rigen para el futuro (art. 3, Cód. Civ. entonces vigente). Máxime cuando la misma ley previsional establece un sistema alternativo de actualización de haberes" (causa B. 54.653, sent. de 8-IV-1997).
Afirma que la aplicación de coeficientes y la correlación de cargos son sistemas alternativos que garantizan la movilidad previsional, cuya limitación temporal al alcance retroactivo de uno de ellos se funda en la existencia del otro.
Destaca que, tal como reconoció la entidad demandada, se trata de asegurar la prestación móvil a través del sistema de coeficientes (v. resol. 685.561 de 14-VII-2010 a fs. 181/182), derecho que no fue garantizado por el organismo previsional.
Señala que lo resuelto por el Tribunal de Alzada vulnera el derecho a la movilidad jubilatoria del accionante, a la vez que permite que el Instituto demandado se exima de la obligación legal de fijar los coeficientes cada vez que se produzcan modificaciones en los sueldos del personal en actividad (v. arts. 41, tercer párrafo y 51 in fine , dec. ley 9.650/80).
II.2. No obstante los argumentos desarrollados en el punto anterior relacionados con los sistemas de actualización de haberes de la ley previsional (arts. 50 y 51, ley cit.), sostiene que, aun tratándose de una correlación de cargos, el Tribunal de Alzada sólo se limitó a manifestar de manera dogmática que, en el caso, no se verificaba una dilación irrazonable de la Administración que permitiera la aplicación retroactiva del decreto 386/12.
En ese rumbo se refiere al precedente "Laguardia" (B. 66.964, sent. de 28-IX-2016), en el que esta Suprema Corte consideró que la Administración había incurrido en una dilación irrazonable en el trámite administrativo (v. fs. 109 vta. y 110).
Resalta que el haber correspondiente al cargo desempeñado en la Empresa Hípica Argentina S.A. estuvo congelado desde el año 2007 hasta el año 2012, pese a las diversas presentaciones y reclamos efectuados por el interesado ante el organismo previsional.
II.3. Alega que el Instituto demandado tiene la obligación de fijar los coeficientes de actualización a fin de garantizar la movilidad previsional y el principio de proporcionalidad que debe existir entre el haber en actividad y en pasividad (art. 51, dec. ley 9.650/80).
Puntualiza que la mora del Poder Ejecutivo en fijar y publicar los coeficientes de actualización no puede ir en detrimento de los derechos de los beneficiarios del organismo, debiéndose garantizar la posibilidad de reajustar los haberes de los pasivos de manera que los mismos representen su justa cuantía.
Advierte que carece de lógica el argumento de que los coeficientes fueron publicados con posterioridad a la fecha del reclamo, en tanto dicha circunstancia legitima un incumplimiento legal y un obrar moroso del ente previsional que lesiona el patrimonio del accionante.
II.4. Por último, se agravia de la imposición de las costas de ambas instancias en el orden causado.
Destaca, en ese sentido, que el Tribunal de Alzada transgredió el principio de congruencia por cuanto la imposición de costas a la vencida fijadas por la magistrada de primera instancia no fue cuestionada por la demandada en su apelación.
Señala que, no obstante que la Cámara admitió el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado, el accionante tuvo que acudir a la instancia judicial a fin de que se le reconozca el derecho a la movilidad de su haber previsional, por lo que hacerle cargar con las costas, además de devenir injusto, resulta improcedente a la luz de la normativa vigente (art. 51, ley 12.008, texto según ley 14.437).
Solicitó que, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida, se considere lo previsto por el art. 39 apartado 3 de la Constitución provincial respecto de que en materia laboral y de la seguridad social, en caso de duda, debe interpretarse a favor del trabajador.
III. Considero, por los fundamentos que seguidamente desarrollaré, que el recurso debe prosperar.
Los agravios esgrimidos por el recurrente se asientan sobre el correcto contorno y alcance de los principios de movilidad jubilatoria y proporcionalidad, los que entiendo fueron desatendidos por el Tribunal de Alzada al considerar que corresponde, en el caso de autos, aplicar el decreto que fija los coeficientes de actualización de haberes 386/12 a partir de su entrada en vigencia.
III.1. De conformidad con las constancias de las actuaciones surgen los siguientes elementos útiles para la decisión de la causa:
a. Mediante la resolución 413.884 de 19-III-1998 el Instituto de Previsión Social le acordó al accionante el beneficio de jubilación ordinaria, con efectos patrimoniales a partir del 1 de noviembre de 1995, equivalente al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de la categoría 3, médico, desempeñados en la Empresa Hípica Argentina S.A.
Asimismo le reconoció el equivalente al 8,81% del 70% del cargo de la categoría 17, profesional con 30 horas, desempeñado en la Dirección General de Escuelas, a partir de la fecha de cese (1 de mayo de 1997).
b. Ante el reclamo del interesado por no poder actualizar la certificación de servicios del cargo base de la prestación, el organismo previsional modificó la resolución referida en el párrafo anterior y, en consecuencia, estableció como mejores cargos desempeñados el 70% de la categoría 17, profesional con 30 horas desempeñado en la Dirección General de Escuelas y el 7% de médico, categoría 3 de la Empresa Hípica Argentina S.A. a partir del 22 de marzo de 2003 (v. resol. 571.591 de 29-III-2007).
c. Con fecha 14 de julio de 2010 el Instituto de Previsión Social mediante la resolución 685.651 reconoció, respecto del cargo desempeñado en la Empresa Hípica Argentina S.A., que no era viable establecer la equivalencia por correlación de cargos, debiendo garantizarse la movilidad jubilatoria del haber previsional a través del sistema de coeficientes (art. 50 segundo párrafo, dec. ley 9.650/80) -ver fs. 181/182-.
d. El interesado solicitó al Instituto de Previsión (v. fs. 186) el cumplimiento de la aludida resolución reiterando, de ese modo, lo requerido a fs. 171/172.
e. El organismo previsional rechazó el pedido mediante la resolución 730.751 de 10-X-2012 (v. fs. 196), la que fue confirmada por su similar 790.748 de 4-VI-2014 (v. fs. 213).
f. Contra las referidas resoluciones el señor Azar promovió, mediante una acción contencioso administrativa, pretensión anulatoria y, a la vez, solicitó que se le liquide su jubilación en base al cargo de médico desempeñado en la Empresa Hípica Argentina S.A. aplicando los coeficientes establecidos en el decreto 386/12 con retroactividad al 12 de febrero de 2007, más sus respectivos intereses.
III.2. El Tribunal de Alzada consideró que el actor no tiene derecho a la aplicación retroactiva del decreto 386/12 y a sus implicancias patrimoniales, por cuanto no logró justificar una situación excepcional que permitiera desplazar la doctrina de este Tribunal mediante la cual -por vía de principio- los actos que prevén mecanismos de movilidad del haber previsional (v.gr. correlación de cargos suprimidos, sistema de coeficientes, etc.) rigen, -salvo disposición en contrario- para el futuro (conf. causas B. 54.653, "Miralles", sent. de 8-IV-1997; B. 53.441, "Tierno", cit.); principio que cede en los casos en los cuales el interesado alegue y pruebe una dilación irrazonable en el trámite administrativo para la resolución de la correlación (conf. doctr. causas B. 59.351, "Gaddi", sent. de 18-XII-2003; B. 60.505, "Barbalarga", sent. de 27-X-2004 y B. 62.666, "Soverna", sent. de 13-II-2008).
III.3. Como punto de partida resulta conveniente recordar que la movilidad de los haberes recibe sustento en el principio de la proporcionalidad que debe existir entre la situación patrimonial del jubilado y la que le correspondería de continuar en el desempeño del cargo tenido en cuenta para la determinación del haber (doctr. causas B. 61.255, "Bidart", sent. de 21-V-2008; B. 55.884, "Aguiar Tassano", sent. de 3-III-2010; B. 63.220, "Giffi", sent. de 22-IX-2010; B. 64.374, "Marino", sent. de 20-III-2013; B. 62.439, "Mottet", sent. de 1-IV-2015; e.o.).
Bajo ese parámetro, le asiste razón al recurrente cuando afirma que el a quo yerra al asimilar los sistemas que prevé la ley previsional para asegurar la movilidad de las prestaciones (arts. 41, segundo párrafo, 50 y 51, dec. ley 9.650/80) y, en consecuencia, aplicar la doctrina legal establecida para las normas que establecen la equivalencia por correlación de cargos al sistema de coeficientes.
En dicho entendimiento considero que no corresponde extrapolar al sistema de coeficientes lo dicho para el sistema de correlación de cargos, por lo cual en el caso no resulta aplicable la doctrina legal en la que el Tribunal de Alzada fundó su decisorio (causas B. 54.653, "Miralles", sent. de 8-IV-1997 y B. 53.441, "Tierno", sent. de 22-IV-1997).
Veamos.
El marco legal aplicable prevé expresamente dos procedimientos de ajuste de haberes ante la pérdida de individualidad presupuestaria o ante la reestructuración con supresión del cargo determinante del haber, a saber: a) el sistema de coeficientes sobre el haber que consigne la certificación de servicios y sueldos; y b) la correlación por equivalencia de cargos (arts. 41, 50 y 51, dec. ley 9.650/80).
Tanto la equivalencia por correlación como el sistema de coeficientes, resguardan la garantía de la movilidad previsional (art. 50, dec. ley 9.650/80). En el primer supuesto, actualiza los haberes en los casos en los que se presenten dificultades en la individualización del cargo presupuestario o cuando el cargo que determinó el haber inicial haya sido reestructurado o suprimido mientras que, en el segundo caso, supone que el cargo no encuentra cabida en la estructura orgánico funcional vigente y existe una imposibilidad manifiesta de establecer su equivalencia con alguno de los vigentes en el esquema funcional y salarial de la Administración (art. 51, ley cit.).
En orden a este segundo sistema (ajuste por coeficientes), este Tribunal ha expresado que reviste carácter excepcional y que resulta aplicable sólo en supuestos "donde no fuere posible determinar el cargo desempeñado por el afiliado" (arts. 41 y 50, dec. ley 9.650/80, t.o. 1994 y 41 -tercer párrafo- in fine , dec. 476/81). Afirmó, de la misma manera, que no constituye un mecanismo alternativo al que pueda recurrir el ente previsional ni una opción cuyo ejercicio quede librado al afiliado. La regla, como modo de actuar el principio de proporcionalidad entre la situación patrimonial del jubilado y lo que le correspondería percibir de continuar en el desempeño del cargo tenido en cuenta para la determinación del haber, a no dudarlo, es la correlación (doctr. causas B. 54.531, "Zonaro", AyS, 1994-IV-666; B. 55.109, "Marín", sent. de 14-III-1995; B. 62.864, "Cicinelli", sent. de 9-IV-2008).
III.4. En el caso corresponde analizar si se encuentra garantizada la movilidad previsional.
La respuesta no ofrece dudas a partir de la vigencia del decreto 386/12, lo cual llega indiscutido.
No obstante ello, surge de las actuaciones que el ente previsional -sin perjuicio de reconocer mediante la resolución 685.651 de 14-VII-2010 (v. fs. 181/182) que en el caso "no resulta viable establecer la equivalencia por correlación de un cargo nacional con otro del presupuesto provincial" y que "deviene procedente garantizar la movilidad del haber previsional [...] a través del sistema de coeficientes previsto en el art. 50, segundo párrafo, del decreto ley 9.650/80"-, no actualizó el haber del accionante, por lo cual la retribución de uno de los cargos regulatorios quedó congelada en base a la última remuneración informada en las actuaciones administrativas (v. certificado agregado a fs. 115 de fecha 8 de junio de 1996).
Las circunstancias expuestas implican un detrimento en los derechos previsionales del accionante, que contrarían el principio de proporcionalidad por el cual el haber previsional del cargo regulatorio ha de ser determinado por la remuneración que percibe el activo (doctr. causa B. 60.933, "Ninet", sent. de 22-X-2003 y sus citas; e.o.).
En consecuencia, corresponde admitir el agravio del recurrente por cuanto evidencia en la sentencia impugnada una errónea interpretación y consecuente aplicación de los arts. 41, 50 y 51 del decreto ley 9.650/80, como así también de la doctrina legal de esta Suprema Corte vinculada con los principios de movilidad y proporcionalidad en materia jubilatoria (art. 289 inc. 1, CPCC).
La solución propiciada guarda coherencia con la naturaleza sustitutiva de la prestación previsional, correspondiendo liquidar el haber de acuerdo a las variaciones que experimente el sueldo en actividad (conf. doctr. causa B. 61.376, "Ale", sent. de 9-IV-2008), que debe reflejar lo más fielmente posible la cuantía de la mejor remuneración percibida por el afiliado en actividad durante el desempeño del mejor cargo ejercido en su carrera. Si así no fuera, la prestación perdería el carácter sustitutivo que debe tener, al tiempo que significaría una retribución arbitraria y caprichosa, desprovista de toda justificación razonable (doctr. causas I. 68.019, "Rossi", sent. de 14-IX-2011; B. 63.762, "Lascano", sent. de 10-VIII-2016; B. 66.964, "Laguardia", sent. de 28-IX-2016; B. 62.817, "Perri", sent. de 1-IV-2015; B. 64.499, "Di Campli", sent. de 13-XI-2013 y B. 54.909, "Altamirano", sent. de 29-VIII-2017).
Por lo expuesto, teniendo en consideración la fecha del reclamo, 12 de febrero de 2009 (v. fs. 171/172), el reconocimiento explícito por parte del Instituto de Previsión del derecho a la movilidad a través del sistema de coeficientes (resol. 685.651 de 14-VII-2010), nunca concretada, el dictado del decreto 386/12 que fija los coeficientes previsionales de a
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