Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 123958
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 123.958, "Etcheverry, Daniel Ricardo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad en causa Nº 59.598 -y su acum. N° 59596- del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de junio de 2014, hizo lugar al recurso interpuesto por la parte fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea que, en decisión mayoritaria, declaró la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y condenó a Daniel Ricardo Etcheverry a la pena de dieciséis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso de dos o más personas y autor del de lesiones culposas, en concurso real; y a César Juan Manuel González y Mario Martín Varela, a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas para cada uno, como coautores responsables del delito de homicidio agravado por mediar concurso de dos o más personas. A la vez, el tribunal revisor rechazó, con costas, los deducidos por las defensas de los nombrados imputados. En consecuencia, revocó la referida declaración de inconstitucionalidad, e impuso a los acusados la pena de prisión perpetua, más las accesorias legales y costas, manteniendo las restantes declaraciones del fallo (v. fs. 129/145).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de González y Varela (v. fs. 177/182); y los defensores particulares de Etcheverry formularon los recursos extraordinarios de inaplicabilidad e inconstitucionalidad (v. fs. 201/209). El imputado González interpuso in pauperis los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 217/220 vta.), complementados por el señor defensor de Casación (v. fs. 228/230 vta.).
Esta Suprema Corte resolvió conceder los tres recursos de inaplicabilidad de ley antes referidos, con el complemento mencionado, y rechazó los extraordinarios de inconstitucionalidad y de nulidad, a tenor de las razones dadas en la resolución de fs. 232/235.
La Procuración General aconsejó el rechazo de las impugnaciones (v. fs. 239/249 vta.). Dictada a fs. 289 la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de Daniel Ricardo Etcheverry?
2ª) ¿Lo es el formulado in pauperis por César Juan Manuel González, con los agregados efectuados por el señor defensor oficial?
3ª) ¿Lo es el también deducido respecto de César Juan Manuel González y Mario Martín Varela?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Los defensores particulares del imputado Daniel Ricardo Etcheverry cuestionaron la prueba con la que ambas instancias precedentes dieron por acreditada la autoría adjudicada al nombrado con relación al homicidio reprochado, y que según esa parte, habría derivado en la errónea aplicación de la figura del art. 80 inc. 6 del Código Penal, solicitando por tanto la absolución del acusado. Para el caso que lo anterior no sea receptado, postularon el encuadre del hecho en la norma del art. 95 del citado Código.
I. Tras reseñar los argumentos con los que el tribunal intermedio desestimó los planteos en materia probatoria, la defensa hizo referencia a una serie de circunstancias que dijo no acreditadas en la causa, tales "...el secuestro de armas, tanto las que los testigos dicen portaban los coimputados como los cuchillos que, a la luz de los dichos de Nimo, había en la casa, la consecuente determinación de cuál de aquéllas provocó la herida que causase la muerte de Rodríguez Ajargo, el hecho que la víctima saliese de la precaria construcción sin observarse en su ropa manchas de sangre, los tiempos de recorrido de esta hacia el exterior y los del arribo del personal policial, entre otras" (fs. 204 vta.).
Con miras a puntualizar las omisiones en la apreciación de la prueba en que, según sostuvieron, habría incurrido el sentenciante, pronunciándose por ello de forma arbitraria, destacaron las precarias y reducidas dimensiones de la vivienda en la que encontrándose la víctima, los testigos y los imputados, sobrevinieron las discusiones y la pelea. Indicaron que según lo relató el subcomisario Arista -quien entrevistó a varias personas que habían visto lo que pasó adentro- se trató de una discusión; que ello había sido confirmado por las narraciones de Rogido, Reguilon Tubino, Hernández y Nimo; que el referido Reguilon Tubino expresó que en la pelea gritaban todos a la vez, mientras que Rogido mencionó un barullo general, sin recordar lo que se decía (v. fs. 205).
Argumentaron que tampoco pudo acreditarse que la víctima hubiera salido de esa precaria construcción con herida alguna y que ninguno de los presentes vio que su ropa tuviera manchas de sangre. Admitieron que el testigo Reguilon Tubino dijo haber visto un charco de sangre y un reguero hasta la puerta, pero objetaron que no se realizó peritaje para determinar si era o no sangre, si tenía origen animal o humano, factor, grupo y pertenencia (v. fs. 205 vta.).
Los recurrentes alegaron que a consecuencia de lo anterior, cabe preguntarse dónde fue herida la víctima, si dentro de la vivienda o en el lugar en el que la encontró el personal policial, a más de cien metros de ella. Citaron lo informado por el médico de policía Fabio Gabriele, quien dijo que una persona con las heridas de la víctima tendría vitalidad por unos dos minutos, y que podría correr en el primero de ellos, pero no en el restante (v. fs. cit.). Aseveraron que es virtualmente imposible que una persona herida y con parte del intestino afuera -según el testimonio del subteniente Massan- haya recorrido esa distancia en un minuto.
Estimaron poco probable que el nombrado Massan encontrara a Rodríguez Ajargo consciente y con posibilidades de hablar, pues según el funcionario lo había hallado acostado boca arriba y al preguntarle quién lo había herido le respondió, "González, Varela, y el Puma Quiñones" (fs. 206).
En función de lo explicado por el médico de policía, en cuanto a que una persona con las heridas de la víctima pierde el habla entre los dos y los siete minutos, aseveraron que seguramente fue mayor el tiempo transcurrido entre que Massan recibió la noticia del hecho y luego encontró a la víctima, que le habría dicho quiénes fueron sus atacantes (v. fs. cit.).
Según los impugnantes, tampoco hubo aprovechamiento de la indefensión de la víctima porque al momento del ingreso de los tres imputados había cinco ocupantes en la precaria vivienda, "...respecto de los cuales no ha sido acreditado si se encontraban -o no- armados" (fs. 206). Apuntaron que en el ambiente social al que pertenecen los intervinientes en el suceso, un ademán o un gesto pueden constituir una invitación a pelear, tal como lo refiriese durante la audiencia el testigo Nimo.
En suma, sostuvieron que en autos no se ha acreditado la predeterminación de los intervinientes para cometer en concurso el homicidio y con ello aprovechar la disminución de la defensa de la víctima; descartando que la circunstancia de que aquellos actuaran de forma conjunta permita caracterizar el suceso dentro de la calificante del art. 80 inc. 6 del Código Penal (v. fs. 206 vta.).
Concluyeron que por la orfandad probatoria indicada, debió absolverse al acusado Etcheverry por aplicación del beneficio de la duda (v. fs. 207).
Por último, haciendo pie en las mismas alegaciones fácticas antes referenciadas, criticaron que el hecho que culminase con la muerte de Ajargo no quedase subsumido en las previsiones del art. 95 del Código Penal
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso debe ser rechazado, por las razones expresadas en su dictamen de fs. 239/248 vta.
En principio vale advertir que ni ante la instancia anterior ni en esta extraordinaria, ha sido motivo de discusión el tramo de la imputación consistente en las lesiones que el procesado Etcheverry ocasionó a su consorte Varela, y que según dijo el tribunal de juicio importó lo que "...en dogmática penal se denomina error en el golpe o aberratio ictus"; pues en el intento de Etcheverry de impedir que la víctima escapara, "...tira un puntazo impactando en la humanidad de Mario Martín Varela, provocándole heridas en el abdomen que pusieron en peligro su vida" (fs. 57 vta. y fs. 58 vta., respectivamente).
También que el Tribunal de Casación analizó los agravios que las defensas sometieron a su conocimiento, a partir de dejar sentado que ninguna de ellas, ni durante el juicio ni ante esa sede, habían cuestionado que la muerte de Rodríguez Ajargo resultó consecuencia de heridas de arma blanca, ni que sus respectivos pupilos se encontraban en la construcción del predio en que se desarrollaron los hechos bajo juzgamiento.
Expuso de seguido el valor de cargo que cabía asignar a las declaraciones de los testigos presenciales Carlos Nimo, Reguilon Tubino y Alejandro Rogido, estimados creíbles y concordantes por el tribunal de juicio, que junto con lo informado por los profesionales de la medicina, conformaba un cuadro probatorio suficiente para mantener los juicios de autoría.
Destacó que Nimo había expresado durante el debate "...que los tres coimputados ingresaron al lugar e inmediatamente se distribuyeron [según lo relatado, González se dirigió hacia Rodríguez Ajargo, Varela lo hizo en dirección a Reguilón, mientras que Etcheverry se quedó en la puerta custodiando la salida], manifestándole [...] que con él 'no era', aclarando que portaban armas blancas, y Varela una cadena. Afirmó [...] que sin mediar palabra, González encaró a la víctima, la llevó discutiendo 'hasta la punta donde está la cama', y logró observar la pelea entre ambos y los puntazos que González arrojara. Explicó también que escuchó a la víctima decir 'ay', y que esa expresión no se emplea 'por un trompazo', aunque no observó sangre..." (fs. 134 vta.).
El órgano revisor valuó que dicha declaración resultase corroborada por lo manifestado en igual sintonía por los otros testigos presenciales, quienes relataron la agresión padecida, describieron las armas que portaban los atacantes, y los identificaron por conocerlos ya antes del hecho; sumó a ello su examen respecto de lo informado por los referidos profesionales de la medicina (v. fs. cit./135).
De allí que, en contra de los argumentos defensistas, tuvo por demostrado que "...los tres imputados llegaron al lugar donde se encontraba la víctima, e inmediatamente se distribuyeron, lo que importa decir que existió un acuerdo previo entre ellos, y que resulta irrelevante determinar si sabían o no previamente que Ajargo estaba en el lugar, pues en definitiva, y como surge evidente, lo estaban buscando, y lo encontraron" (fs. 135 vta.).
Y dado que según lo manifestado por los testigos, "...sin mediar palabra, González se abalanzó sobre Ajargo, observando todos que le propinaba 'puntazos', vocablo que inequívocamente alude al empleo de un arma blanca", el a quo apreció irrelevante que los testigos no observaran sangre, siendo que los tres habían coincidido en "...haber visto como González propinaba 'puntazos' a Ajargo, y se determinó por prueba científica, que éste falleció por shock hipovolémico secundario a heridas de arma blanca. En este contexto, mal puede afirmarse que no existió preordenación, y menos aún, cuestionarse la existencia de dolo en los tres coautores" (fs. 136).
En cuanto a la cuestión del lapso de sobrevida de Ajargo, destacada por la defensa, tuvo presente las palabras del autopsiante Fabio Gabriele sobre que ese tiempo no es preciso, pues dependiendo de la víctima, puede tardar entre dos a siete minutos para comenzar a desvanecerse. Abundó, a este respecto, que lo habitual es que la víctima pueda correr durante un minuto, pero que de todos modos, no podía determinarlo con certeza. A ello añadió que "...la patóloga Claudia del Giorgio también confirmó que el tiempo de sobrevida era de 'minutos' a horas 'de evolución'..." (fs. 135 y vta.).
Aclaró que la circunstancia de no haberse acreditado el móvil del homicidio, no podía interpretarse en el sentido de que el hecho era inmotivado, señalando en carácter de indicio, que según las palabras de Etcheverry, al menos existía una desavenencia (v. fs. 136 vta.).
En respuesta al planteo de que por la proporción numérica entre atacantes y ocupantes de la vivienda, no hubo indefensión de la víctima, señaló que el homicidio simple no requiere, para su configuración, que la víctima se encuentre indefensa, ni tampoco exige esta circunstancia la figura agravada aplicada en el caso del art. 80 inc. 6 del Código Penal, siendo en realidad propia del homicidio alevoso, que no había sido materia de acusación ni debate (v. fs. cit.).
Apreció que las versiones de descargo de González y Varela habían sido correctamente descartadas por su antecesor, teniendo en cuenta las contradicciones que exhibían entre sí; además de encargarse de señalar, que incluso apartando los dichos del funcionario policial Massan y los vertidos por los coimputados ante el servicio de emergencia, y considerando la ausencia de determinación de las manchas encontradas y de secuestro de las armas empleadas, el plexo probatorio remanente resistía la crítica y permitía alcanzar certeza sobre la autoría atribuida a los acusados (v. fs. 137).
De allí que coincidiera igualmente con el tribunal de origen en que las circunstancias fácticas tenidas por acreditadas en la causa, permitían descartar de plano la aplicación pretendida en subsidio de la figura prevista en el art. 95 del Código Penal (v. fs. cit.).
III. Más allá de las consideraciones dogmáticas que dejan incontrovertidos los argumentos vertidos por el tribunal revisor para desestimar similares objeciones al mérito de la prueba tenida en cuenta -o por el contrario, desconsiderada- en las instancias previas, la impugnación no cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional, como lo es el de la arbitrariedad.
Lo respondido por el tribunal del recurso demuestra el abordaje de los motivos de agravios llevados para su escrutinio, sin que la parte se haga cargo de las conclusiones probatorias establecidas en sentido contrario al pretendido a fin de evidenciar que padezcan de omisiones o desaciertos de tal gravedad que lleven a descalificar el pronunciamiento como acto judicial válido, tal como explica la Procuración a fs. 243 vta./245 vta. de su dictamen, con consideraciones que comparto y a las que remito en razón de brevedad.
En igual dirección, esta Corte tiene reiteradamente dicho que si bien una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conducir a una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal, salvo los casos de absurdo y arbitrariedad -que no se han demostrado en el caso- no le corresponde revisar los supuestos errores de hecho invocados por la defensa (causas P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 114.722, sent. de 3-X-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 110.540, sent. de 12-VI-2013; P. 116.825, sent. de 18-VI-2013; P. 122.759, sent. de 26-X-2017; entre tantas más).
Entonces, atendiendo a la situación de hecho que se mantiene enhiesta merced a lo que se lleva dicho, la impugnación no ofrece algún desarrollo atendible en pos de evidenciar que la ley de fondo aplicada en las instancias anteriores no se adecue a las constancias comprobadas del caso; siendo que además, la parte hizo depender su pretensión para el cambio de encuadre en las previsiones del art. 95 del Código Penal del éxito no obtenido en los cuestionamientos a la materia probatoria.
IV. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Por lo dicho, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Negri y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El imputado César Juan Manuel González denunció, en su presentación in pauperis , complementada luego por el señor defensor de Casación, que el sentenciante valoró de forma absurda y arbitraria la prueba empleada para acreditar su coautoría en el homicidio en juzgamiento (v. fs. 217/220 vta. y 228/230 vta., respectivamente).
Indicó que no hubo reconocimientos en la causa; restó credibilidad a lo declarado por el testigo Carlos Alberto Nimo por contener, a su entender, contradicciones entre lo declarado ante el fiscal y lo dicho en el juicio; señaló que no se tomó debida constancia de la herida de arma blanca que sufrió el coimputado Mario Varela, a manos de su consorte de causa Daniel Ricardo Etcheverry; afirmó que en ningún momento se dieron a la fuga, y que fue él quien llamó al número telefónico de urgencia 911; y que tampoco se verificó rastro alguno de ADN del occiso en sus ropas. Cuestionó que ni el fiscal ni la sentencia hayan considerado que lo que se produjo "...fue una reyerta general donde el único que estaba armado era Echeverr[y] (alias 'el puma')..." (fs. 217 vta.).
Apuntó que ni a él, ni a Varela, le fue realizado un peritaje médico para comprobar la ingesta de sustancias tóxicas (alcohol o drogas) que atenuarían su accionar, como tampoco una pericia psicológica; y que "...la única persona que se quedó en la habitación del crimen fue Echeverr[y], desconociendo tanto Varela como el suscripto lo sucedido" (fs. 218).
A continuación afirmó no haber cometido el delito que se le imputa y mencionó garantías constitucionales que estimó violadas en el caso, como las de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho a permanecer en libertad durante el desarrollo del proceso, y a una revisión amplia de la sentencia de condena (v. fs. 218/220 vta.).
En su escrito complementario, el señor defensor de Casación resumió los agravios de su asistido y opinó de igual modo que la condena fue arbitraria al no haberse podido demostrar cuál fue el móvil que habrían tenido los imputados para cometer el homicidio de autos; alegó que la salida de la vivienda en la que se encontraba la víctima no fue en su persecución sino para pedir ayuda por la herida que sufriera Varela; que no se valoró en debida forma la premeditación siendo que los imputados desconocían que la víctima estuviera en el lugar de los sucesos y no se probó la razón que habrían tenido para darle muerte; y que si la herida mortal lesionó la vena cava, debió provocar un sangrado suficiente para manchar la ropa, de modo que "...si los testigos se encontraban a tan escasos metr
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