Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129477
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 28 de noviembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.477, "Altuve, Carlos Arturo Agente Fiscal-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 77.267 seguida a P. H. A., del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, mediante el pronunciamiento del 22 de marzo de 2016, confirmó la suspensión de juicio a prueba concedida por el Juzgado en lo Correccional n° 1, del mismo departamento judicial, en favor de H. A. P. (v. fs. 15/16).
Frente a ello, el fiscal general departamental dedujo recurso de casación (v. fs. 20/27), el que fue denegado por la Cámara el 28 de abril de 2016 (v. fs. 28). El aludido fiscal interpuso recurso de queja (v. fs. 30/37), que fue rechazado por inadmisible por la Sala Quinta del Tribunal de Casación, pese a lo cual ingresó al tratamiento del planteo de fondo, para concluir que no se hallaban conculcadas las garantías constitucionales invocadas (v. fs. 45/52).
El señor Fiscal ante la aludida sede, doctor Carlos Arturo Altuve, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 66/77), el que fue admitido por el Tribunal de Alzada el 11 de julio de 2017 (v. fs. 78/81 vta.).
Para adoptar tal temperamento, y luego de afirmar que la decisión debía ser equiparada a sentencia definitiva, trayendo a colación el fallo P. 112.755 (resol. de 11-XI-2015) estimó que si bien no se encontraban satisfechos los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal, dicha regla debe ceder si se ha puesto en juicio una típica cuestión federal que comprometa de manera directa e inmediata derechos constitucionales. Sostuvo que la parte acompañó fundamento argumental autónomo suficiente, en tanto consideró que la resolución impugnada importó la errónea aplicación del art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer y el apartamiento del precedente "Góngora" de la Corte federal, encontrándose, de esa forma, involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que permiten sortear los requisitos objetivos previstos en el art. 494 del Código Procesal Penal, y estimó el recurso admisible de conformidad con los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la Corte nacional (v. fs. 78/81 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 94/98), dictada la providencia de autos (v. fs. 99) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Liminarmente, cabe destacar que conforme lo decidido en la resolución de admisibilidad reseñada en los antecedentes, solo se dará respuesta a los reclamos que han justificado la apertura de la instancia recursiva extraordinaria (v. fs. 87/90 vta.).
En dicho marco, el recurrente tachó de arbitraria la sentencia casatoria por fundamentación aparente y por apartamiento de la doctrina legal aplicable, inobservancia de lo resuelto por la Corte federal en el caso "Góngora" y violación del art. 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, "Convención de Belém do Pará" (v. fs. 73, apdo. "b").
Explicó que "...la decisión de la Sala V del Tribunal de Casación resulta contraria a normas constitucionales y convencionales, y desconoce arbitraria e injustificadamente la doctrina legal aplicable a los casos en que se ventile la posibilidad de otorgar la suspensión de juicio a prueba a un imputado de un delito que constituye violencia contra las mujeres" (fs. 73 y vta.).
Con sustento en la doctrina del citado fallo "Góngora", expresó que la concesión de la suspensión de juicio a prueba respecto de imputados por delitos que involucran violencia de género, resulta contraria a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino a través de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de Belém do Pará), más precisamente en el art. 7 de la misma (v. fs. 73 vta.).
Luego de transcribir los arts. 1 y 7 de la citada Convención, señaló que es claro que la calificación de los hechos que enmarcan dentro del concepto de violencia de género no descansa en la libre discrecionalidad de los jueces, ni mucho menos depende del consentimiento de la víctima, de la falta de antecedentes penales del imputado o de su conducta posterior, sino que es un compromiso asumido por el Estado Argentino que emana de la propia Convención, la cual reviste jerarquía supralegal (v. fs. 74).
Expresó que frente a idéntico agravio al aquí argüido el tribunal se limitó a fundar el rechazo de la queja en la insuficiencia del planteo federal de modo general y claramente dogmático (v. fs. 75). En apoyo de su reclamo, citó el caso "González y otras. (Campo Algodonero) vs. México", sentencia de 19-IX-2009, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. cit.).
Concluyó que, si lo expresado no resultara suficiente, añade como motivo de agravio que los magistrados del Tribunal intermedio desconocieron por completo el dictamen oportunamente emitido por el fiscal interviniente (v. fs. 76).
Finalmente, solicitó se haga lugar a su reclamo y se proceda a casar la resolución impugnada (v. fs. 76 vta.).
II. El señor Procurador General propició hacer lugar al recurso y reenviar la causa a la instancia casatoria para que nuevos jueces habilitados dicten un pronunciamiento ajustado a derecho (v. fs. 94/98 vta.).
III. Considero que el recurso es insuficiente (art. 495, CPP).
IV.1. A fin de alcanzar un adecuado entendimiento del presente proceso, resulta conveniente realizar una breve reseña de las distintas alternativas seguidas en la tramitación de la causa en lo que concierne al otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba a favor de H. A. P..
En el requerimiento de elevación a juicio presentado el 3 de agosto de 2015, la señora agente fiscal describió como "Hecho 1", que en la ciudad de Lincoln, el 12 de julio de 2014, siendo aproximadamente las 17:30 hs., en circunstancias en que la víctima de autos, se dirige a la casa de su suegra es agredida físicamente por su cuñado, H. A. P. quien "...la agarra del cuello y la lleva contra el piso pegándole patadas, ocasionándole hematoma en región anterolateral del cuello siendo caracterizadas como de carácter leves de acuerdo al informe médico obrante en la presente, haciendo entrega voluntaria en ese momento el sr. Pérez de una escopeta marca Bersa que no se encuentra registrada y sin autorización legal"; y como "Hecho 2", que en la misma ciudad el 17 de julio de 2014, a las 19:00 hs., una persona de sexo masculino H. A. P., procede a hacer entrega voluntaria de un arma de fuego, tipo carabina, calibre 22 marca Diana que tenía en su domicilio, y que según informe adjunto a la presente no se encontraba registrada y sin la autorización legal (v. fs. 1 y vta.).
Conforme las constancias probatorias allí analizadas, tuvo por legalmente acreditada la autoría y responsabilidad penal de H. A. P., en los delitos de lesiones leves y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal en concurso (arts. 89 y 189 bis, Cód. Penal) del cual resultó víctima Florencia Costa (v. fs. 3 vta.).
El 3 de diciembre de 2015, la referida agente fiscal no prestó conformidad con la solicitud de suspensión de juicio a prueba formulada por la defensa, con fundamento en que el hecho fue cometido en el marco de una situación de violencia familiar y de género (v. fs. 5 y vta.).
IV.2. El 10 de febrero de 2016, el Juzgado en lo Correccional n° 1, concedió la suspensión de juicio a prueba por el término de dos años (v. fs. 6/9).
Para así decidir, explicó que la opinión del fiscal, para ser oponible, debía ser fundada, motivada y razonable (v. fs. 6 vta.). Recordó que, en el caso particular, la fiscalía solicitó la aplicación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, pues los hechos que la motivaron se dieron en el marco de violencia familiar y de género (v. fs. 7). Y que sin bien de un análisis preliminar pareciera asistirle razón "...existen otras aristas por considerar". Así, que en el encuadre legal del requerimiento de elevación a juicio como lesiones leves, la fiscal "...no merituó calificar la misma con el agravante previsto por el art. 92 en relación al art. 80 inc. 11 del Cód. Penal en lo que hace a la violencia de género" (fs. cit.); que de las constancias de la causa surge que la víctima "...no deseaba instar la correspondiente acción penal en lo que hace a las lesiones leves, en los términos del art. 72 inc. 2, del CP, prestando conformidad a fs. 9 a someter la cuestión a la resolución alternativa de conflicto", por lo cual, estimó el sentenciante que era su deseo no instar la acción (v. fs. 7 y vta.).
Con relación al caso, sostuvo que "...las lesiones que habría ocasionado P. se debió a un hecho puntual, por circunstancias del momento" y que "...la misma víctima manifestó, conforme surge de la declaración testimonial de fs. 37/37 vta. que desde el 12 de julio de 2014 fecha del hecho que diera lugar a las presentes actuaciones, hasta el día de la referida declaración 24 de julio del mismo año- P. no ha vuelto a molestarla o agredirla, manifestándose en igual sentido en su declaración del día 15 de agosto de 2014 obrante a fs. 61/62" (fs. 7 vta. y 8).
De tal forma, afirmó que la conducta enrostrada a P. no encuadra dentro de la Convención de Belem Do Para, dado que para determinar si un caso constituye violencia de género se debe partir del análisis de las características del hecho puntual pues no toda violencia contra la mujer es violencia de género (v. fs. 8).
Por otra parte, con relación al delito de tenencia de arma de fuego de uso civil que también se enrostra a P., tuvo en cuenta que de las especiales circunstancias fácticas no surge que la aplicación de la suspensión resulte incompatible con la citada Convención, ya que "...el hecho investigado no se trataría precisamente de un caso de violencia de género" (fs. 8).
Explicó que la suspensión de juicio a prueba resulta procedente sin la venia del fiscal desde que el dictamen emitido no resulta un acto procesalmente válido, es decir fundado y no arbitrario, por lo que su opinión no resulta vinculante. Por último, conforme las constancias de la causa y la falta de antecedentes penales condenatorios del imputado, resolvió declarar la procedencia formal del beneficio de suspensión del juicio a prueba (v. fs. 8 vta.).
IV.3. Frente a lo así decidido, la citada agente fiscal dedujo recurso de apelación, el que fue mantenido por el Fiscal General Departamental con sustento en la doctrina del plenario "Kosuta" de la por entonces Cámara Nacional de Casación Penal (v. fs. 10/11, y 12/14, respectivamente).
IV.4. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, el 22 de marzo de 2016, confirmó la resolución del órgano de mérito (v. fs. 15/16).
En lo medular, luego de referirse al sentido que llevó al surgimiento del instituto de la suspensión de juicio a prueba y el principio de oportunidad, destacó que el caso que nos ocupa tiene una pena en expectativa que es la de ejecución condicional. Señaló que la negativa a la operatividad del instituto debe fundarse en razones excepcionales que ameriten, verdaderamente, darle un sentido distinto a la pena efectiva que aquél que corresponde según el art. 27 bis del Código Penal porque, aun cuando socialmente pueda ser reprochable la conducta que se le endilga al prevenido, la ausencia de antecedentes penales condenatorios y la pena que puede esperarse de los hechos, tornan aplicable el beneficio sin que la mera invocación de la Convención "Belén do Pará" desatienda las fundadas razones del sentenciante de grado para resolver como lo hizo (v. fs. 15 vta. y 16).
IV.5. En oposición a ello, el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación (v. fs. 20/27).
Esencialmente, adujo que si la postura del fiscal carecía de fundamentos, correspondía el dictado de la nulidad del acto, y si el sentenciante disentía con sus fundamentos, no procedía confirmar el decisorio, puesto que el consentimiento fiscal es vinculante.
Así, luego de efectuar diversas consideraciones referidas al carácter vinculante de la opinión del Ministerio Público Fiscal, concluyó que la oposición fiscal, debidamente fundada, resulta un valladar indisoluble para la viabilidad de la suspensión del juicio a prueba, en tanto que afirmar lo contrario significaría un avance de las facultades propias de los órganos jurisdiccionales, que culminaría usurpando la órbita del Ministerio Público; reclamó la anulación del decisorio por resolver en contra de la normativa que rige la materia.
IV.6. La Cámara, el 28 de abril de 2016, rechazó el recurso (v. fs. 28), lo que derivó en la presentación de una queja (v. fs. 30/37).
IV.7. El 13 de diciembre de 2016, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, lo rechazó por inadmisible, no obstante lo cual como fue reseñado en los antecedentes-, dedicó el segundo tramo de la resolución a los cuestionamientos de índole federal que presentó el impugnante.
En tal sentido, el doctor Celesia, al que adhirió el Juez Ordoqui, resolvió que "...los argumentos de la queja federal no logran demostrar que la decisión controvertida en esta instancia casatoria importe la afectación constitucional que se pregona, no logrando sortear el valladar formal que constituyen las normas que regulan las diversas vías impugnativas (en el caso concreto, el art. 450 del C.P.P.)" (fs. 49).
Resaltó que la crítica fiscal subsumiendo el caso como un supuesto de violencia de género resulta insuficiente para controvertir los argumentos brindados por ambos órganos intervinientes, no revistiendo un caso de arbitrariedad (v. fs. cit.).
Luego de afirmar que la anuencia del fiscal es, en principio, necesaria en todos los supuestos del art. 76 bis del Código Penal, destacó que dicha salvedad se relaciona con la necesidad de que la postura fiscal esté debidamente motivada y que el fundamento que esgrima sea razonable (v. fs. 49 vta.).
Con relación al caso, sostuvo que coincidía con los argumentos de las instancias anteriores acerca de que la oposición del fiscal, sustentada en las características y naturaleza del hecho dentro de una problemática de violencia de género y los Convenios asumidos por nuestro país, no se encuentra debidamente fundada y no resulta razonable (v. fs. 49 vta. y 50). De seguido, trajo a colación lo resuelto por la Cámara en punto a que la negativa a la operatividad del instituto debe fundarse en razones excepcionales que ameriten, verdaderamente, darle un sentido distinto a la pena efectiva que aquél que corresponde según el art. 27 bis del Código Penal porque, aun cuando socialmente pueda ser reprochable la conducta que se le endilga al prevenido, la ausencia de antecedentes penales condenatorios y la pena que puede esperarse de ellos, tornan aplicable el instituto, sin que resulte suficiente para su negativa la mera invocación de la Convención Belén do Pará (v. fs. 50).
Resolvió que la arbitrariedad no puede resultar de la sola disconformidad con la solución adoptada, sino que requiere la constatación de un apartamiento de los criterios mínimos de la argumentación jurídica (v. fs. 50 vta.).
Desestimó también el planteo de nulidad, pues "...más allá de no compartir el quejoso los argumentos vertidos en las instancias, se observa que la Cámara de Apelación y Garantías interviniente ha dado debido tratamiento a las cuestiones incoadas" (fs. 50 vta. y 51).
En suma, concluyó que "...no se observa que lo decidido conculque las garantías constitucionales invocadas, no encontrándose exteriorizados con suficiencia los recaudos que permitirían prosperar el planteo del Ministerio Público Fiscal" (fs. 51).
V. Como lo anticipé, el recurso es insuficiente (conf. mutatis mutandi causa P. 122.114, sent. de 26-X-2016).
V.1. El Ministerio Público fiscal insiste en que debió denegarse la suspensión de juicio a prueba en razón de constituir el hecho un caso de violencia de género, pero no se hace cargo idóneamente de las razones que llevaron a las instancias previas a decidir de modo contrario a su pretensión.
Es que tales alegaciones sólo se aprecian como una mera oposición a lo fallado, que no reparan en el análisis del juez en lo correccional (ratificado luego por la Cámara; v. reseña acápite "IV.2" y "IV.4").
V.2. En este escenario, debe recordarse que la opinión del representante fiscal por la negativa a la concesión del beneficio de suspensión de juicio a prueba, no está exenta del debido contralor en cuanto a su motivación y razonabilidad (conf. causa P. 121.548, sent. de 13-XII-2017).
En el caso, el recurrente no logró evidenciar de modo suficiente que frente a un hecho que según su criterio- importó un caso de violencia de género, resultase desacertada la valoración de los demás elementos tenidos en cuenta por el juez correccional al momento de decidir.
En efecto, la parte pudo argumentar por qué aun cuando el hecho incriminado a P. fue puntual y obedeció a las circunstancias del momento, el mismo debió ser considerado de todas formas como violencia de género, y no lo hizo. Además se advierte que el consentimiento de la víctima fue valorado por el sentenciante con relación a que ésta no se oponía al sometimiento de la cuestión a la resolución alternativa del conflicto, y que de allí se entendía que no deseaba instar la acción, más no tuvo incidencia en la decisión de si el suceso debía enmarcarse como un caso de violencia de género.
En definitiva, el fiscal no ha reparado en todos los aspectos esgrimidos, oponiendo en cambio- un criterio discrepante, circunstancia que constituye un mecanismo ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Por ello, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia